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Colombia: Los alcances del fuero militar a la luz de la masacre de Santo Domingo

category venezuela / colombia | imperialismo / guerra | opinión / análisis author Saturday February 02, 2013 08:35author by Emilse Galvis Report this post to the editors

El fallo de la Corte constituye, por un lado, uno de los tantos desacuerdos que existen entre el Estado colombiano y las disposiciones de algunas organizaciones internacionales que han hecho seguimiento a la violación de derechos humanos en el país. Y por el otro, es una prueba fehaciente de que hechos tan atroces como una masacre podrían llegar a ser justificados como un daño colateral en el marco de la guerra.

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Como es sabido, el pasado 18 de diciembre de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al Estado colombiano por el caso de la “masacre de Santo Domingo”. La sentencia, que ya había sido objeto de varias audiencias, puso de manifiesto la clara responsabilidad de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) por la muerte de 17 civiles, incluidos 6 niños, en diciembre de 1998, en Tame (Arauca). En efecto, esta masacre ha resultado ser un caso paradigmático a la hora de pensar los umbrales de la justicia penal militar, puesto que fue precisamente por este acontecimiento que el gobierno, y el Congreso de la República, abrieron las puertas al debate sobre la reforma al fuero militar en 2001. En ese momento, más que un apoyo a las víctimas, el Estado dio rienda suelta al debate en defensa de los militares juzgados quienes, en palabras de Roy Barreras, fueron “víctimas de un falso positivo judicial" (1).

Ahora, 14 años después de la masacre, coinciden paradójicamente el reciente fallo de la Corte y la reciente aprobación del fuero militar. Mientras por un lado el fallo asegura que los pilotos de la FAC sí cometieron violación del derecho a la vida en el caserío de Santo Domingo, por otro lado el Congreso aprueba una ampliación al fuero militar según la cual, los casos de violación a los derechos humanos en combate sólo deben ser juzgados por la Justicia Penal Militar. Si, en efecto, la Corte ratifica la masacre como una violación al derecho de la vida, el Congreso, por su parte, sigue creando mecanismos de legitimación de las arbitrarias acciones militares.

Ante esta paradoja lo que sorprende no es la aprobación de la reforma al fuero militar, cuestión que ya se gestaba hace rato, sino el constante rechazo a la masacre por parte del Estado aún después del fallo de la Corte. Basta con leer la reacción de Juan Carlos Pinzón quien afirma que: “sí resulta muy doloroso, porque ahí lo que termina poniéndose en entredicho son las acciones de miembros de la Fuerza Pública” (2). ¿Qué otra cosa, entonces, podría ponerse en entredicho? Lo anterior también se pone en evidencia cuando el comandante de la FAC, el general Tito Saúl Pinilla, insiste, después del fallo, en que la Fuerza Pública "nunca ha usado su armamento contra civiles" y además agrega que la FAC "no ha lanzado ningún tipo de dispositivo aéreo contra el municipio de Santo Domingo” (3) .¿Nunca? ¿Ningún dispositivo? Pues bien, simplemente queremos insistir en que este rechazo al fallo de la Corte permite anticipar algunos alcances que pretende darle el gobierno al fuero militar: los elevados índices de impunidad y las distintas formas de legitimación de los crímenes de Estado.

Es claro que el fuero militar se aprobó con el objetivo de dar potestad a la justicia castrense de juzgar las violaciones de derechos humanos cometidas por militares en acciones de combate: torturas, asesinatos, actos de violencia sexual y otros (4). Tal potestad significa que los delitos cometidos por las fuerzas armadas durante el conflicto sólo podrían ser juzgados por la justicia penal militar y no por la justicia ordinaria. Sin embargo, a la luz de la sentencia de la Corte, se ratificó que “en Colombia las violaciones cometidas aún en operaciones militares, aun en el conflicto interno, sí constituyen violaciones a los derechos humanos que deben ser juzgadas por la justicia ordinaria y no por la justicia militar”(5). De manera que el fallo de la Corte constituye, por un lado, uno de los tantos desacuerdos que existen entre el Estado colombiano y las disposiciones de algunas organizaciones internacionales que han hecho seguimiento a la violación de derechos humanos en el país (tal es el caso de las denuncias de persecución y desaparición de sindicalistas); y por el otro, es una prueba fehaciente de que hechos tan atroces como una masacre podrían llegar a ser justificados como un daño colateral en el marco de la guerra. Así, resulta que lo que entró en vigencia a partir de la reforma no fue nada menos que un salvavidas para los militares y, en este marco, la posibilidad de un incremento de casos de violación a los derechos humanos y de impunidad.

Ahora bien, este incremento de la impunidad no es sólo una cuestión retórica, pues algunas organizaciones de derechos humanos ya venían alertando un aumento progresivo en el gobierno de Santos. En cifras, la impunidad era en el 2011 de un 97% (6) como resultado de un hilo conductor entre el gobierno de Uribe y el actual gobierno. El departamento de Arauca, en donde fue perpetrada la masacre de Santo Domingo, es un caso ilustrativo de esta situación: no es una coincidencia que este departamento sea uno con mayor número de pie de fuerza, ejército y policía militarizada, y que a la par se presenten recurrentes hechos que violentan la vida de los pobladores y organizaciones populares presentes en la región.

Allí la mayoría de los casos se hallan en la impunidad como el asesinato de la jueza Penal del Circuito de Saravena, a pocas cuadras de las garita de la policía nacional; la muerte del joven indígena miembro del pueblo Sikuani, Yamith Mendez Becerra, en el área rural del municipio de Tame; la violación y asesinato de Jenny Narvey Torres y sus dos hermanos en el mismo municipio, entre otros actos. Aunque en el caso de los hermanos Torres ya existe una sentencia, los intentos de parte de la Fuerzas Armadas para dilatar el juicio fueron reiterados, al punto de justificar este hecho con el argumento de que las relaciones entre el militar y algunas menores de edad eran comunes. Esto último es un llamado a reflexionar sobre los impactos que puede tener el fuero militar y el peso de la guerra sobre la mujer: violaciones, prostitución, o el uso de su cuerpo como botín de guerra, entre otras ¿Acaso este tipo de acciones pueden ser justificadas como parte de la dinámica del conflicto?

Como corolario se puede señalar que la ampliación del Fuero Militar dio un carácter legal al constante negacionismo que ha caracterizado al Estado sobre sus crímenes. Tal carácter nos permite reflexionar sobre las intenciones reales del Estado ante la posibilidad de un acuerdo de paz. Lo anterior porque, sin lugar a dudas, las distintas reformas adelantadas por el gobierno (seguridad ciudadana, reforma tributaria, ley de restitución de tierras, fuero militar, etc.) pueden ser consideradas como una manifestación real de la profundización de la guerra en un sentido amplio.

Aquí se puede aplicar el viejo aforismo del militar prusiano Clausewitz: “la guerra es la continuación de la política por otros medios” ya que la mayor militarización del país, su inscripción en las políticas hemisféricas de los Estados Unidos y el creciente número de reformas parecen indicar que el gobierno se está preparando más para la continuación de la guerra, o por lo menos para su mantenimiento a largo plazo, que para una verdadera construcción de paz en Colombia. Además, podemos invertir el aforismo y señalar que “la política es la continuación de la guerra por otros medios” puesto que, posiblemente, los diálogos de paz no son más que un intento por reinscribir la guerra en las instituciones, en las desigualdades sociales, en el lenguaje y en la vida cotidiana en general. En este sentido, la política es una manifestación de la “sanción y la prórroga del desequilibrio de fuerzas manifestado en la guerra” (7).

Emilse Galvis

Publicado en la revista digital "Perspectiva Diagonal"

1- http://www.semana.com//nacion/articulo/caso-santo-domin...26079
2- http://www.radionacionaldecolombia.gov.co/component/con...presa
3- http://www.europapress.es/latam/colombia/noticia-colomb....html
4- http://www.elespectador.com/opinion/columna-387641-sin-...ado-i
5- http://noticiasunolaredindependiente.com/2012/12/23/not...itar/
6- http://justiciaypazcolombia.com/La-UE-no-puede-seguir-c...lando
7- Foucault, M. Defender la sociedad. Curso del Colegio de Francia 1975 – 1976. FCE. Buenos Aires: 2001 p 28

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