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Farc divulgan ’Síntesis de las propuestas de la sociedad civil sobre desarrollo agrario integral’

category venezuela / colombia | imperialismo / guerra | non-anarchist press author Thursday January 10, 2013 06:12author by Delegación de paz de las FARC-EP - FARC-EP Report this post to the editors

Agencia Prensa Rural -Las Farc dieron a conocer la primera sintesis de las propuestas presentadas por la sociedad colombiana ante la mesa de conversaciones a través de internet y las presentadas ante las mesas regionales, las cuales fueron recogidas por el Congreso de la República y el PNUD.

’Síntesis de las propuestas de la sociedad civil sobre el primer punto de la agenda: Política de desarrollo agrario integral’

Por: Delegación de paz de las Farc

"Las FARC-EP, en el periodo de receso de los diálogos, han aprovechado el tiempo para leer, discutir, analizar y resumir las diferentes propuestas de la sociedad civil que nos han llegado a través de las mesas regionales y también a través de la página web www.mesadeconversaciones.com.co Quisiéramos exponer aquí una síntesis de ellas, teniendo en cuenta:".

ue para la Delegación de Paz de las FARC-EP, como lo ha reiterado ya multitud de veces en la mesa y también por fuera de ella, es fundamental escuchar la voz del pueblo. Para nosotros, el pueblo es el constituyente primario, es decir, si se quiere realmente construir una sociedad nueva donde haya participación política, económica y social de todos los sectores del país, es absolutamente lógico e indispensable que todos participen. Pensamos que para implementar las propuestas de la población no se puede condicionar algo que es un deber del Estado a que se produzca la dejación de armas por parte de la insurgencia. Ni muchos menos se pueden hacer pender amenazas sobre le movimiento sociales o personas que aspiran o efectivamente están aportando sus ideas al desarrollo del proceso.

Que hay una realidad de miseria y pobreza generalizada en el campo colombiano. Son muchas las expresiones concretas de esa miseria, mencionadas en la gran mayoría de propuestas hechas por organizaciones campesinas y populares de la nación: falta de vías terciarias, falta de mercado para los productos, deficiencias en el sistema de créditos, en salud, educación, vivienda. En muchas áreas no hay ni siquiera agua potable, bueno, todos coincidimos en que hay que buscar formas de contrarrestar esta situación. Pero la Delegación de Paz de las FARC-EP cree que no se puede curar un cáncer con paños de agua tibia, no. Cuando alguien está enfermo, se le hace primero un diagnóstico y se buscan las causas que han producido la enfermedad. El campo colombiano también está gravemente enfermo, los síntomas ya los nombramos y los conocemos, pero tenemos que buscar las causas de la enfermedad.

Que la Delegación de Paz de las FARC-EP considera que un estado existe en primer lugar para garantizar la vida y los derechos de sus ciudadanos. El Estado colombiano reclama y dice ser un representante democráticamente elegido por sus ciudadanos. Como tal, pensamos que está en la obligación de no solo escuchar, sino también implementar las propuestas que ellos hagan. Semejante magnitud de propuestas hechas por la ciudadanía de un país es una señal de que esa ciudadanía está pidiendo participar en la construcción del país, y lo pide a gritos. Además, el conjunto de las propuestas es de tal tamaño, que se podría considerar una convocatoria multitudinaria a hacer un referéndum por la paz, es decir, ahí está reflejado la voluntad de la gran mayoría de colombianos y como tal tiene que ser tomada en cuenta

Tratamos de hacer una síntesis, o más bien encontrar un hilo común, en las propuestas transmitidas por los miles de ciudadanos. Es un primer intento, y todas las opiniones, inquietudes o sugerencias son más que bienvenidas. El debate debe desatarse, y a través de él debemos llegar a conclusiones de consenso que nos permitan construir entre todos la Nueva Colombia.

Muchas organizaciones proponen una reforma agraria integral, democrática e incluyente. Nos escribe el compañero Luis Javier Franco Agudelo, de Barbosa, Antioquia: 1. Que el derecho a la tierra se eleve a rango constitucional y cada familia colombiana tenga derecho a un mínimo vital de tierra de una UAF. 2. Que ningún colombiano pueda poseer más de 100 hectáreas de Tierra. 3. Que cada empresa no pueda poseer más del 10 por ciento de la tierra por Municipio colombiano. 4. Que la guerrilla, los paramilitares, los empresarios, la clase política sea controlada para que su acceso a la tierra no sea especulativa y no sobrepase los límites anteriores. 5. Para cumplir el propósito de que la tierra sea para todos los colombianos, y que cada familia pueda poseer una UAF y se haga el control del techo máximo, se haga un censo catastral nacional. En general, se quiere una democratización de la tenencia de la tierra y los suelos de vocación agropecuaria. La Organización de Víctimas de Nuevo Horizonte, las Palomas, hacia el Cambio Rural propone: La legalización del predio donde vivimos y adjudicación de parcelas a unos desplazados que conviven con nosotros en el mismo predio. La Empresa Comunitaria de Reforma Agraria El Tambor de Malambo, Atlántico, propone entregarle tierra a los campesinos y acompañados con proyectos productivos que verdaderamente mejoren la calidad de vida de los campesinos. La Asociación de Víctimas del conflicto armado del Sur de Bolívar, ASVICSUR, propone que se realice mediante ley un límite a la propiedad de la tierra rural que no exceda las 300 hectáreas, que exista titulación de predios en todo el país y que se realice una gran reforma agraria. Se quiere eliminar la acumulación improductiva e ilícita de las tierras mediante la aplicación eficaz de la extinción de dominio, la expropiación por vía administrativa y la aplicación de fuertes gravámenes para las tierras inadecuadamente explotados en términos de producción, generación de empleo y sostenibilidad ambiental.

El desplazamiento de gran parte de la población rural también es objeto de reflexión y propuestas. Al respecto dice José Buenaventura Parada Moreno: Reincorporar a los campesinos desplazados, que fueron llevados a las periferias de miseria de las grandes e intermedias ciudades, reubicándolos en viviendas en concentración subsidiadas, a muy bajo valor y cuotas de amortización mínimas; que sean dignas del ser humano y cuenten con servicios de salud, educación básica primaria, secundaria técnica superior, recreación y cultura; beneficio del que también podrán hacer uso las personas que aún se encuentren en sus humildes y aisladas moradas. El Movice, del Meta, propone: El retorno de desplazados y otros al campo con garantías de permanencia y rodeados de condiciones políticas, económicas y culturales para que siembren alimentos y garanticen la seguridad alimentaria a sus familias comunidades y al país.

Hay una representación muy significativa por parte de organizaciones femeninas que están reclamando sus derechos y su participación en todos los ámbitos de la vida nacional: desde participación política como tener acceso a la tierra. La Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, de Carmen del Bolívar y San Onofre, quiere: Dar cumplimiento a los acuerdos nacionales e internacionales en materia de igualdad de género. Fomentar oportunidades a las mujeres para la tenencia de tierra en calidad de propietarias. En Colombia, la mujer y muy especialmente la mujer campesina ha sido discriminada históricamente; muchas organizaciones piden que también a ellas se les puedan otorgar títulos de tierras, ya que muchas mujeres son cabezas de hogar y son discriminadas a la hora de adquirir tierra para trabaja. La mujer campesina muchas veces, aparte de atender su hogar y criar sus hijos, trabaja en el campo y son trabajos no remunerados. Así que ellas piden decididamente que se les respete sus derechos y que se haga énfasis especial en el problema de género cuando se habla del problema agrario.

Fortalecimiento y ampliación de Zonas de Reserva Campesina. En este sentido, Germán Gaona Amado, de Vistahermosa, Meta, propone: Que la reserva natural del parque de La Macarena se convierta en una zona de reserva campesina que le dé garantías, derechos y deberes al campesino que lleva más de 50 años de asentamiento en este lugar y que a esta fecha ni siquiera puede utilizar su posesión como garantía para apalancarse de un crédito. Un compatriota anónimo, de Aguas de Dios, Cundinamarca, dice: Las zonas de reserva campesina y agrícola bien delimitadas y priorizadas son la garantía de viabilidad futura como país. Las zonas de reserva campesina hay que estimularlos como zonas esenciales para el desarrollo agropecuario ecológicamente y humanamente sostenible, y hay que crear muchas ZRC más.

Dinamizar proceso de titulación de las tierras indígenas comunales y territorios colectivos para afros. El compatriota de Aguas de Dios, de Cundinamarca, dice: Que las tierras y fincas arrebatadas a los campesinos - indígenas y negros por los generadores de violencia (guerrilla - paramilitares - narcotraficantes - parapolíticos - bacrím - corruptos y otros) les sea devuelta sin ninguna clase de restricciones ni mucho menos aduciendo tenencia de buena fe. Redistribución de las tierras improductivas. Una propuesta anónima, desde Bogotá: Expropiar tierras que no produzcan que estén en manos de terratenientes y entregarlas a los campesinos subsidiarlos y apoyar la agricultura en esas tierras, nacionalizar infraestructura minera, petrolera (…).

Además, la mayoría coincide en que hay que complementar la titulación de tierras con programas de capacitación y asistencia técnica para la producción, administración, el mercadeo y créditos subsidiados. Respecto a los créditos nos escribe Jorge Vargas Vargas, desde Firavitoba, Boyacá, que se debe crear una política real de crédito planificado y blando para los agricultores. El Comité por la Defensa de la Tierra y el Territorio en Córdoba, de Montería, Córdoba, dice: Que se rediseñe la política agraria vigente y se enmarque en unos espacios más incluyentes, donde la acción del Estado llegue hasta el mediano y pequeño productor del campo, con líneas de créditos de bajos intereses y fácil acceso, y políticas claras y programas que faciliten la realización de proyectos productivos sostenibles en el tiempo.

Se quiere que los programas de desarrollo sean previamente discutidos y concertados con las comunidades indígenas, campesinas y afro-descendientes y contemplen en su concepción, el enfoque de género y la diversidad ecológica, regional y cultural. Ian Acuña hace una propuesta sobre cómo respetar esa diversidad: El estado debe auto escriturarse inmediatamente todo el territorio nacional "baldío" para que nadie pueda llegar a apropiarse por vías de hecho ningún territorio. Mediante una figura general (o varias) estos territorios "baldíos" o improductivos deben cambiarse a una clasificación por nivel de conservación (definido por su ecosistema original: sabanas en las sabanas, selvas en las selvas, paramo en el páramo, perdonando la obviedad) y aquellos con cierto nivel de conservación DECLARARLOS BIEN PUBLICO INALIENABLE, PROPIEDAD DE TODOS Y NO NEGOCIABLE. Sobre la concertación con las comunidades dice Arturo González Patrón, promotor del movimiento político Cartagena Raizal y Progresista: En este sentido, nuestra propuesta concreta es que se ejerza un fuerte intervencionismo de Estado para poner coto al festival de licencias que otorgan oficinas de control urbano o curadurías urbanas e incluso concesiones inconsultas de uso de playas, sin antes socializar suficientemente dichos proyectos con las comunidades. Los indígenas Waunana –Nonam, del Bajo Calima, municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, proponen: Que se incluya como política de desarrollo integral, nuestra propuesta de Resguardo Biodiverso construida a partir de un plan de ordenamiento territorial en total identidad con nuestras prácticas milenarias de vida, de respecto con la Pacha mama y de solidaridad con la humanidad.

Impulso de política de recomposición de la economía campesina que fortalezca la soberanía y seguridad alimentaria en Colombia. La organización EVOCULTURAL propone un huerto escolar comunitario: Que estudiantes, madres, padres y maestros, quienes necesitan alimento y carecen de tierra, sembrando juntos, en tierra adjudicadas a las escuelas, por el Estado, aprendan a sembrar y alcancen la autosuficiencia de alimentos orgánicos, para compartir no para vender y recuperen el uso de la tierra en comunidad, aportando así a la solución de la crisis ambiental, económica y social.

Que el campesinado sea reconocido en el marco normativo y constitucional como sujeto de especial atención y grupo social diferenciado con voz y voto para su inclusión política. Dice María Margarita Obdul, de Bogotá: Mi propuesta es otorgarle a los campesinos la oportunidad real de desarrollar sus proyectos productivos, proponiéndolos desde un consejo de comunidad para ser avalados por el estado y no que el estado sea quienes lo propongan y ellos acepten. Tiene más sentido hacerlo de esa manera pues son ellos quienes conocen sus necesidades y de acuerdo a lo que saben y piensan de su comunidad propondrán buscando los mejores beneficios de su comunidad.

Diseñar un nuevo Código Minero que responda a las necesidades del territorio, que sea debidamente concertado con las comunidades y que respete el trabajo de la mediana minería y de mineros artesanales. (Derogar Resolución 0045 de 2012, revisar, discutir y concertar con las comunidades la actual política minero-energética. Así pide el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del Río Naya, Buenaventura: Garantizar la protección de nuestra identidad cultural y del territorio biodiverso como garantía de vida para la humanidad, prohibiendo toda concesión que multinacionales y empresarios soliciten para la extracción o privatización de nuestros recursos. Esta comunidad de afro-descendientes es una comunidad que practica la agricultura, minería, pesca, cacería, artesanía en uno de los territorios más biodiversos del pacífico. La comunidad de El Crucero KM 9, cuenca del Bajo Calima, fue víctima durante 40 años de la multinacional papelera SMURFIT KAPPA CARTON DE COLOMBIA, quienes con el consentimiento del gobierno nacional arrasaron todo el bosque primario, causando daños ambientales y sociales que están en la total impunidad. Proponen que el Estado y la fuerza pública les garanticen el deber constitucional de proteger vida, honra y bienes de la comunidad, reparando sus actuaciones en las que protegen intereses empresariales.

Implementar programas de desarrollo infraestructurales (carreteras, agua y electricidad, transporte) que respondan a una política de autoabastecimiento alimentario para Colombia. Que esos programas tenga veeduría ciudadana y que sean administrados por entes territoriales (para eso, capacitar pequeños y medianos productores). Un compatriota de Bucaramanga, Santander: Sugiero una acción sobre las vías terciarias de las tierras improductivas, para garantizar al campesino seguridad, estabilidad, y productividad de la tierra. Marcela Daniels afirma: El desarrollo de la infraestructura vial de Colombia debe considerar la necesidad de conectar los centros de producción con los principales centros de consumo. Es necesario que los productos de los campesinos de Nariño, Cauca, Huila y la Orinoquía puedan llegar a las grandes ciudades para hacer frente a la creciente importación de alimentos.

En materia de salud, se proponen iguales oportunidades para todos los colombianos para acceder a un sistema público de alta calidad. La salud es un derecho, y debe ser de calidad y tener accesibilidad. La mayoría de las propuestas son claras y concretas: Hay que hacerle una reforma a la ley 100. El sector salud debe cubrir el 100% de la población colombiana, propone un compañero de Bogotá. La Mesa Regional campesina de Montes de María propone: Construcción de puestos de salud rurales – bien dotados- con visitas periódicas de los médicos y enfermeras. Crear una norma que otorgue la salud subsidiada al 100% del campesino de estratos 1, 2 y 3, prestar atención de medicina especializada en los municipios.

Respecto a la educación: que el Estado garantice una educación pertinente, acorde con los usos y costumbres de las comunidades y grupos étnicos, dando cumplimiento al Convenio 169 de la OIT y la Ley 21 del 1991. Debe ser gratuita y de calidad, debe haber formación técnica, se debe promover la investigación. Un compañero de Bucaramanga, Santander, se pregunta: ¿Que hacemos sin educación rural? ¿Los entes territoriales cómo apoyan al campesino si no se generan fuentes de trabajo? ¿Qué sentido tiene llevar un concierto de jazz a Mompos, cuando la zona de la depresión momposina se hunde en la pobreza absoluta, donde no pueden obtener su mínimo vital? Sin salud, sin vías, sin educación, sin trabajo…Le agrega José Fernando Salcedo, del municipio de Sogamoso, Boyacá: Pensar en un buen sistema educativo y de salud pilares de la sociedad rescatar verdaderamente el campo llegar a miles de veredas abandonadas por el estado brindarles los beneficios que por derecho tienen, fortalecer la educación en las ciudades y municipios dar más apoyo al sena creando el sena rural para que muchos de los hijos campesinos puedan acceder a este beneficio. Un compañero de Jamundí, Valle del Cauca: Es importante también que esta calidad de educación llegue a las zonas rurales. Se debe generar una educación de calidad publica, tanto profesional como técnica, se debe proporcionar mecanismos de financiación de fácil acceso a extractos bajos (BECAS), se debe fortalecer el deporte y el desarrollo artístico desde la infancia y generar la logística necesaria para lograrlo. Una compañera de Bogotá propone: Inversión integrada, exponencial y progresiva en Educación y Salud a través del establecimiento del monopolio Estatal de esos servicios, y la creación del tribunal nacional independiente de salud y educación. Se trata de establecer por medio de ley la obligación del Estado de realizar una inversión anual para educación y salud públicas, siempre por encima del presupuesto de defensa e infraestructura, creciendo un 10% cada año fiscal. Es decir, el presupuesto de salud y educación debe ser más grande siempre que la sumatoria de los presupuestos de defensa e infraestructura. Un compatriota de El Copey, del departamento del Cesar, propone: Determinar, definir y montar un programa que dé solución al problema de analfabetismo en el campesinado colombiano.

En cuanto al problema de vivienda en el país, se dice que hay que garantizar el derecho a una vivienda adecuada, con servicios de electricidad y agua, con diseños que sean armónicos con el territorio, que tenga en cuenta las tradiciones de los pueblos. Dice José Buenaventura Parada Moreno: Viviendas que pudieran ser alimentadas con biogás, producto del procesamiento de los desechos vegetales en biodigestores explotados y administrados por la misma comunidad. Jorge Orozco Suarez propone: un programa para Resarcir a los que somos "damnificados" por el funesto sistema UPAC (política económica impuesta por el estado en el gobierno de Misael Pastrana Borrero) al tener que dar endación de pago a la Corporación Colmena un apartamento ante la imposibilidad de cumplir las voraces cuotas (tengo el acta o carta de entrega, del bien que nunca pudimos recuperar) Hoy 11-12-2012 con 60 años y medio, desempleado sin esperanza de recuperar vivienda pues es un tema olvidado por todos los gobiernos, salvo que los "defensores" del pueblo, sugieran en la mesa de negociación que nos incluya en el programa de 100.000 viviendas gratis pues en cierta manera somos "desplazados" de un techo, sin que a las lumbreras "asesores" de políticas sociales del gobierno se les ocurra mencionar. Para que comprueben que hace 10 años no tengo trabajo estable y 11 años sin techo. ¿Qué calidad de vida es esta, para la tercera edad?

Fortalecer la organización campesina en cooperativas y asociaciones para la producción, transformación y comercialización de los productos agropecuarios, aprovechando el TLC, pero al mismo tiempo revisión de ese TLC: generar mecanismos de protección a la producción local. La Asociación de usuarios campesinos de Salamina, Caldas, escribe al respecto: -Se debe garantizar el mercadeo de los campesinos a través de sus propias organizaciones sociales, tales como cooperativas o sección de mercadeo de cada organización.

Programas de asistencia técnica rural. Escribe Otoniel Díaz Otero, del municipio de Zapatoca, Santander, que: Desarrollar un permanente proceso de capacitación y asistencia técnica en aspectos organizativos, productivos y de comercialización y mercadeo y de intercambio de experiencias, de manera que haya un constante interés y verdadero estímulo del productor agropecuario en participar en el proceso de transformación del sector. La Plataforma Municipal de Organizaciones Sociales de Carmen de Bolívar: Fomentar y promover procesos ampliados de tecnología, tierras con calidad, infraestructuras, créditos, distritos de riegos, investigación científica agropecuaria, subsidios, oportunidades de comercialización con garantías para todos y todas.

Proteger la producción nacional de alimentos y consagrar el derecho a la soberanía alimentaria como deber del Estado. Propone un compatriota de Chaparral, Tolima: (…) implementar proyectos de investigación, tecnologías de última generación y sobre todo por la defensa de la soberanía y seguridad alimentaria, como los bancos de semillas nativas. Hay una gran cantidad de propuestas que nos hablan de la seguridad y la soberanía alimentaria, por ejemplo esta propuesta que viene del Atlántico: Frenar la compra de tierras por extranjeros, quienes buscan comprar gran cantidad de tierras para producir alimentos lo que genera un problema de soberanía. Que el gobierno subsidie la producción de alimentos. Si no hay comida hay rabia, y si hay rabia hay violencia. Por ahí empieza la paz. La Mesa Regional campesina de Montes de María, de Sincelejo, Sucre, quiere crear mediante alianzas interinstitucionales bancos de semillas especialmente nativas, para la preservación de la seguridad y soberanía alimentaria.

Que las comunidades mantengan control local de sus territorios, de sus semillas y de sus medios productivos, para que puedan producir de manera autónoma y soberana sin depender de empresas nacionales y transnacionales de alimentos. La producción ancestral con saberes y semillas de los campesinos tendrá prioridad en el consumo interno del estado y gozará del subsidio y blindaje contra cualquier manipulación extraña, escribe la Asociación de usuarios campesinos de Salamina, Caldas. Un autor anónimo, de Barranquilla, Atlántico, nos dice: La idea fundamental es que se crearan unas condiciones que les obligara a estas compañías cumplir labores sociales notorias, que si quieren explotar nuestras riquezas, nuestros recursos, nuestro subsuelo, no solo ganen ellas y para sí, absurdas cantidades de dinero sino que también estas ganancias se reflejen en las poblaciones aledañas. La Junta de Acción Comunal de Cañaverales afirma: Rechazamos rotundamente la presencia de los megaproyectos en nuestros territorios y presencia ministerial haciendo las consultas previas, ya que con la llegada de los megaproyectos, acabarán con la agricultura, manantiales y afectarán el medio ambiente. La Red de Mujeres Comunitarias de Maicao, Guajira, propone una producción agroecológica libre de semillas transgénicas, basada en la recuperación, manejo e intercambio de la biodiversidad, semillas nativas y la soberanía alimentaria. ¡¡No a los alimentos transgénicos!! En cuanto las semillas, se ha propuesto derogar el artículo 4 del Código penal (ley 1032/06), la Resolución del IA 970/10, la Ley 1518/12, el Convenio Internacional UPOV 91, Decreto 4525/05. Hay que proteger las semillas nativas y realizar campañas sobre los efectos nocivos de las semillas transgénicas.

Hay varias propuestas que son Proyectos de Ley, demasiado extensas para exhibir en este espacio, por ejemplo el Proyecto de Ley de Franco Romo Lucero de la Federación de juntas de Acción Comunal de Nariño, llamado “SOBERANÍA ALIMENTARIA, MINERÍA ARTESANAL, CONSERVACIÓN DE CUENCAS Y BIODIVERSIDAD”.

Como ya dijimos, ésta es solo una pequeña muestra de las miles de propuestas, pero es una muestra particular de unas ideas reflejadas en casi la totalidad de las organizaciones campesinas, indígenas, afrocolombianas, de mujeres, desplazados, etc.

Los integrantes de la Delegación de Paz creemos que la mayoría de las propuestas implican una mirada integral al problema de la ruralidad en Colombia, entendiendo que el asunto no se refiere en exclusivo a los graves problemas de nuestro campesinado sino que se trata de problemas que afectan al país en su conjunto. No está por demás decir que no se puede considerar una repartición equitativa de la tierra sin analizar el problema del latifundio; no se puede siquiera pensar en seguridad y soberanía alimentaria si no se analiza la explotación de nuestros recursos por parte de empresas multinacionales extranjeras y nacionales; no se puede hablar de políticas frente a los productos y semillas transgénicos si no se consideran las políticas económicas del Estado colombiano. En conclusión: se piensa que hay que tratar el problema del desarrollo agrario desde una perspectiva panorámica, y eso también se ve reflejado en las propuestas, ya que muchas organizaciones proponen una reforma profunda de las políticas económicas y sociales del momento. El gobierno no puede ni debe obstinadamente cerrarse a esas posibilidades, ya que son propuestas y pedidos de muchísimos ciudadanos que están viviendo dentro del territorio que ellos gobiernan. En otras palabras: hay una Presión –con letra mayúscula- de la ciudadanía colombiana y si el gobierno no se la va a tener en cuenta seguirán existiendo los problemas sociales, la desigualdad, la injusta distribución de la tierra, la falta de oportunidades para el campesinado y por lo tanto los conflictos, haya o no haya desarme de las guerrillas.

De todas formas, el pueblo colombiano puede estar seguro que sus propuestas y aportes al proceso de paz sean objeto de estudio y análisis por parte de las FARC-EP y serán llevados a la Mesa de Conversaciones. Es legítimo y justo pedir participación directa en la mesa, como lo han hecho varias organizaciones y comunidades, y las FARC-EP hemos pugnado por ese espacio que nos fue entregado a cuentagotas. Pareciera que para el Estado colombiano hay que levantarse primero en armas para ser escuchado.

Fuentes:

Mesas de Trabajo Regional para contribuir al fin del conflicto: Propuestas de la sociedad civil. Comisiones de Paz del Senado y de la Cámara de Representantes, con el apoyo logístico, técnico y metodológico de Naciones Unidas. Tomos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

Propuestas enviadas a la página
www.mesadeconversaciones.com.co, recogidas hasta 31 de diciembre 2012

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