Colombia: La paz y el fuero militar

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Friday January 04, 2013 01:21

by Andrés Felipe Parra

Parece una gran contradicción que en medio de las negociaciones de paz se apruebe una reforma constitucional que parece hecha para la guerra. Mientras que el gobierno y algunos sectores radicales de derecha piden a la insurgencia seriedad y compromiso con las víctimas del conflicto armado, se ha firmado un cheque en blanco para la impunidad de las Fuerzas Militares.

La reciente aprobación de la reforma constitucional al Fuero Militar ha preocupado a algunos analistas jurídicos y a defensores de Derechos Humanos. Entre los puntos más polémicos de la reforma se encuentra el hecho de que deberá ser la propia Justicia Penal Militar la que evalúe si un delito cometido por un militar en servicio activo corresponde a una acción que se enmarca dentro de las acciones habituales de guerra o si es, en cambio, un delito de lesa humanidad. Todo esto supone una primacía de la Justicia Penal Militar sobre la Justicia Ordinaria, pues depende de los militares que los casos tengan conocimiento de los jueces ordinarios. De acá que el reconocimiento que se le da a la Justicia Ordinaria como facultada para juzgar delitos de lesa humanidad no termine operando en la práctica, ya que la remisión de los casos depende de la Justicia Penal Militar.

No es difícil darse cuenta que la reforma plantea una interpretación fácil y cómoda del problema jurídico del Fuero Penal Militar. Frente a la pregunta de qué acciones comprenden la prestación del servicio, la reforma deja la cuestión abierta para que sean los propios militares los que la decidan en cada caso.

La prestación del servicio no puede verse como el conjunto de hechos que suceden dentro de un operativo militar. Los delitos ligados a la prestación del servicio deben ser los que atenten contra la reproducción de la estructura castrense y sean violaciones de sus códigos y normas de conducta específicos: la deserción o escupir a un alto mando, son ejemplos de conductas que deben ser juzgadas por los propios militares. Las acciones que se perpetran en contra de civiles y que supongan una violación de derechos no hacen parte de la reproducción de la estructura castrense y deben ser excluidas del Fuero como lo han sugerido algunas de las sentencias de la Corte Interamericana que se refieren al caso. El poner a los propios militares que decidan si una acción corresponde al servicio o no, es volver a la idea abstracta y equívoca –pero sobre todo abusiva contra los civiles- de que las violaciones de derechos, al suceder dentro de un operativo militar, no deben ser competencia de la Justicia Ordinaria.

Parece una gran contradicción que en medio de las negociaciones de paz se apruebe una reforma constitucional que parece hecha para la guerra. Mientras que el gobierno y algunos sectores radicales de derecha piden a la insurgencia seriedad y compromiso con las víctimas del conflicto armado, se ha firmado un cheque en blanco para la impunidad de las Fuerzas Militares. Pero más allá de lo que podría considerarse como un caso de hipocresía y de un doble discurso sobre la paz de la clase dirigente (dominante) de nuestro país, creo que se debe plantear que esta contradicción es un indicador y un buen reflejo de la idea de paz que tiene el propio gobierno.

Para el gobierno, la paz es un sinónimo de la victoria de la institucionalidad del Estado. A primera vista, la idea es completamente acertada: el objetivo central de un diálogo entre la insurgencia y el Estado es que los alzados en armas acepten las reglas del juego de la democracia para exponer sus puntos de vista políticos. La paz comprendería esa aceptación por parte de la insurgencia. Pero en el fondo, hay una idea tramposa aquí: un diálogo entre puntos de vista donde uno de ellos (el del Estado) no puede ser cuestionado.

La cuestión crucial está en que la consolidación de la institucionalidad del Estado es el objetivo a alcanzar en el proceso de paz: si las guerrillas y los actores armados aceptan ser parte de la dinámica democrática, la incidencia del Estado sobre el campo social sería completa y cerrada. Por eso, no se puede cuestionar la institucionalidad del Estado durante el proceso. El significado y el sentido de la democracia imperante no pueden ponerse en tela de juicio durante los diálogos, ya que el proceso busca consolidar esa misma democracia imperante: la inclusión de todos los actores y puntos de vista al proceso electoral.

Es esta la lógica argumentativa del gobierno. De acá que sea comprensible la insistencia en que el modelo económico, la política inversionista y muchos otros temas no están en cuestión. El mensaje a la insurgencia es claro en este sentido: no se puede poner en velo las reglas del juego a las que posteriormente se va a entrar.

Pero este argumento es peligroso. Cuando la paz significa la aceptación de las normas del Estado, ésas normas quedan por fuera del proceso de paz y de negociación. Con esto, el Estado se coloca a sí mismo por fuera del diálogo, estableciendo puntos que no se pueden negociar pues son los que le dan la directriz al proceso. Frente a esta situación, es posible que las víctimas de las acciones delictivas del Estado queden en una situación totalmente vulnerable, ya que sus exigencias de reparación y justicia no podrían ser tramitadas dentro de la mesa, puesto que el Estado no negocia su propia normatividad en el proceso, en tanto la legislación y las reglas del juego de la democracia se construyen en otros lugares, como en el Congreso. En el Congreso que, precisamente, acabó de aprobar la Reforma Constitucional al Fuero Militar.

Hay una tendencia a que el Estado niegue y oculte sistemáticamente los actos de violencia y de vulneración de derechos que vienen de parte suya. Esta tendencia es la que marca el rumbo de la idea de la paz que tiene el gobierno y la que puede llegar a explicar el nuevo Fuero. Una tendencia que crea la paradoja de la impunidad de quien tiene la obligación de proteger los derechos de los ciudadanos y aun así los viola.

Es tarea urgente de los movimientos sociales y de las víctimas movilizar la palabra para disputar esa idea peligrosa de la paz construyendo un tejido social y popular que exija Justicia por los crímenes del Estado.