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Los retos de la participación política

category venezuela / colombia | imperialismo / guerra | opinión / análisis author Wednesday December 26, 2012 22:22author by Palabras al margen Report this post to the editors

Editorial de la revista digital "Palabras al margen"

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La participación política es uno de los temas fundamentales de la construcción de paz en el diálogo entre la insurgencia y el gobierno colombiano. Para lograr dicha participación es necesario dejar de hacer política desde la guerra, pero este cambio no sólo es asunto de la insurgencia, sino de los diferentes actores –entre ellos el Estado- que durante años han utilizado la violencia para resolver los conflictos en el país. Sin embargo, además del tema de la violencia, hay que considerar otros factores económicos, sociales y culturales que son condición inaplazable de la participación política.
Las garantías para la participación

La discusión sobre la participación política en la mesa de negociación no es, principalmente, un asunto de repartir cargos públicos a la insurgencia, sino de reconocer las distintas formas de hacer política en el país, sin el uso de las armas, y de dar hoy garantías reales para que estas diversas formas existan e, incluso, puedan llegar a transformar por la vía democrática las instituciones y las realidades existentes. La participación no es un negocio de puestos burocráticos, sino una demanda histórica de una ciudadanía que ha vivido en carne propia la exclusión de la vida pública a causa de diversos factores, entre ellos la estigmatización, señalamientos y capturas arbitrarias por parte del gobierno, la falta de regulación para el ejercicio de la oposición y la violencia del Terrorismo de Estado en su complicidad con el paramilitarismo.

Por eso, el reto de las garantías para la participación política pasa por revisar ciertas herramientas penales contenidas en la Seguridad democrática y en el Estatuto de seguridad ciudadana que contribuyen a la criminalización de la protesta y de la movilización social, la construcción de un Estatuto de oposición como el que viene exigiendo el Polo hace ya un tiempo y, lo que es más difícil, pero donde ciertamente se encuentra el corazón del asunto, desmantelar las estructuras estatales y paraestatales –el poder económico y militar del paramilitarismo– que por medio de asesinatos selectivos, masacres y desaparición forzada han silenciado durante años a una parte considerable de la oposición de este país.

Así pues, las bases políticas de la construcción de paz trascienden las demandas específicas de aquellos que están sentados en la Habana, porque la participación pública es un asunto que involucra a toda la sociedad y toca el fondo de las formas como se ha construido la democracia en Colombia. Para construir la paz es necesario aprender a resolver los diversos conflictos por la vía del derecho. Pero el problema es que esto no podrá ser logrado mientras se siga construyendo la política desde la guerra. Detener esta forma de hacer política es tarea de todos los sectores, pero si miramos nuestra historia, dicha tarea debe comenzar por las élites en el poder que tiene que parar la “combinación de todas las formas de lucha” que ha caracterizado la acumulación capitalista en nuestro país.

La participación política y el modelo económico

Ahora bien, para hablar de democracia en Colombia no se puede dejar a un lado la conexión entre la exclusión de la participación política y las precarias condiciones económicas y sociales –o, para decirlo más claramente, el inmenso estado de desigualdad- en las que se encuentra gran parte de la población. Para algunos, Colombia es uno de los países más institucionales y liberales del continente, sin embargo no es un secreto que las instituciones colombianas parecen funcionar adecuadamente sólo para algunos sectores de la sociedad. Es un hecho que la injusta distribución de la riqueza en el país ha excluido de entrada a grandes capas de la población de las instituciones públicas y, por eso, los cambios estructurales de fondo del modelo económico están estrechamente relacionados con la participación política de estas capas. Pero el asunto no es sólo para quién funcionan las instituciones, sino también quién tiene acceso a ellas. La profundización de nuestra democracia exige un cambio en la composición social de las instituciones políticas y esto significa seguir en el proceso de deconstruir la política de linaje que ha primado durante décadas. Sin duda esta composición ha ido variando desde la constitución del 91, pero todavía sigue siendo marginal en el mapa político.

La participación democrática más allá de la disputa electoral

La creciente dinámica de organización y movilización de los movimientos sociales y populares en el país plantea también otros retos frente al significado del ejercicio de la política democrática. La acción política de estos movimientos no se reduce al juego de partidos y al ejercicio electoral, ya que se compone también de mingas, cabildos, congresos, encuentros, marchas, huelgas, paros y demás formas de organización y participación ciudadana. La construcción de mandatos, cabildos abiertos, constituyentes regionales, entre otras propuestas de base de confluencias y movimientos como el Congreso de los Pueblos, la Minga Social y Comunitaria, la Marcha Patriótica, Comosoc, plantean formas alternativas de democracia directa y radical que demandan su lugar en la política colombiana.

De este modo, dentro de los retos de la participación política se encuentra el reconocimiento de estas otras formas de expresión, organización y participación pública que desafían las formas representativas de la democracia. Por eso, cuando se habla de garantías para la oposición, no sólo debe pensarse en la oposición partidista, sino en la oposición social y popular que ha tenido y tiene cada vez más un papel fundamental en la profundización de la democracia.

La democratización de los medios de comunicación

Pero poco se gana en términos de participación política si no se pone en cuestión el monopolio de la información y de la comunicación en el país. Como es sabido, los medios de comunicación son ellos mismos un poder técnico-mediático que conservan un papel ideológico en la vida pública y privada de los ciudadanos: defienden una manera de organización social, determinado modelo político y económico, construyen modos de subjetivación, apoyan una cierta manera de vivir. Dado que en el país –con unas pocas excepciones– los medios masivos de comunicación son propiedad de los grandes grupos económicos, la “opinión pública” es construida y moldeada desde ciertos sectores que acomodan y regulan la información según sus intereses particulares. Es por esta razón que una participación política, enfocada en la construcción de paz, debe suponer la democratización de los medios de comunicación, no sólo en términos de regulación y acceso a los medios ya existentes, sino en lo que se refiere a las garantías públicas para la creación de nuevos medios masivos informativos y comunicativos.

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