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Negociación, construcción de paz y la acción política de los movimientos sociales

category venezuela / colombia | la izquierda | opinión / análisis author Saturday December 22, 2012 22:29author by Carlos Andrés Manrique y Laura Quintana Report this post to the editors

Más allá de la importante y oportuna distinción entre la negociación con miras al término del conflicto armado y la construcción de paz, tal vez haga también falta pensar mejor las imbricaciones entre estos dos procesos, en la medida en que algunos de los obstáculos que se pueden presentar en el primero, tienen que ver con condiciones de posibilidad de la futura construcción de paz en un sentido más amplio.

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Quizás uno de los puntos más álgidos en los debates que se han suscitado en torno al esperanzador desarrollo de la mesa de negociación entre las delegaciones del gobierno y de las FARC, tiene que ver con dos maneras distintas de entender el proceso mismo de la negociación, y el papel de éste en otro proceso más amplio, de mayor alcance y profundidad, que es el de la así llamada “construcción de paz”.

El “Acuerdo general…” firmado en agosto pasado en la Habana, concibe la terminación del conflicto como la “condición esencial” para la “construcción de una paz estable y duradera”, y al hacerlo traza, de manera prudente y sin embargo un tanto indeterminada, la diferencia entre estos dos procesos. Ahora bien, el trazado de esta diferencia abre un amplio espacio de ambigüedad en el cual han entrado ya en disputa, implícita o explícitamente, diferentes interpretaciones no solamente de lo que puede implicar la “construcción de paz” en nuestro país (lo que era de esperarse), sino también, de los alcances de la misma mesa de negociación con miras a este objetivo. Se ha generado así una tensión entre dos maneras distintas de entender la negociación: por un lado, el énfasis en la necesidad pragmática de mantener las conversaciones y los resultados en la mesa dentro de ciertos plazos expeditos; y, por otro lado, la necesidad de atender a la complejidad de los desacuerdos que están en juego sobre lo que supone, justamente, la construcción de la paz en un sentido amplio. Así, con el énfasis en los plazos rigurosos y expeditos para la consecución efectiva de un acuerdo que ponga fin al conflicto armado, desde la perspectiva del gobierno la negociación pareciera querer enfocarse cada vez más en la mera inserción de las FARC en los canales institucionales ya dados, otorgando garantías de participación política a algunos de sus cuadros en los procesos electorales, tras la reinserción en la vida civil. Por otro lado, desde la posición de las FARC, pareciera insistirse en que la negociación debe introducir temas sustanciales de fondo sobre el proyecto de sociedad que está en juego en la posición de cada una de las partes (el problema de la tierra, por ejemplo), y ello supondría entonces que debe conducir a algunas transformaciones, así sean modestas, de los marcos institucionales y las estructuras sociales y económicas ya existentes.

Ahora bien, en contrapunto con esta tensión (expresada de manera acentuada en la diferencia de tono y de perfil de los pronunciamientos de la delegación del gobierno y de las FARC en la apertura de la mesa en Oslo), es fundamental tener en cuenta el papel de las reivindicaciones y luchas que han venido adelantando desde hace muchos años los movimientos sociales en nuestro país, en toda la pluralidad de sus discursos y manifestaciones. En efecto, uno de los elementos cruciales para trazar la distinción entre el proceso de negociación y el proceso de construcción de paz, es que mientras el primero se lleva a cabo principalmente por los actores directamente implicados en el conflicto armado, el segundo debe entenderse como un camino de largo aliento y alcance en el que resulta decisiva la participación de los movimientos sociales y populares en el planteamiento de los problemas y la propuesta de soluciones con respecto a diversos factores económicos, políticos, culturales, ambientales, en particular la desigualdad económica y la exclusión social, que han estado en el centro del conflicto armado. Con respecto a esta participación de los movimientos sociales parece haber algunos interrogantes sobre los que valdría la pena pensar más detenidamente.

En primer lugar, es importante atender con toda seriedad, y resaltar, las manifestaciones expresas de los movimientos sociales con respecto a su necesidad de mantener una posición de total autonomía e independencia con respecto a las partes de la negociación. Si los movimientos han de ser escuchados en la mesa, ello ha de realizarse sobre la premisa del reconocimiento de la singularidad de su historia de lucha y de movilización; una historia que se caracteriza por el valiente e invaluable esfuerzo de haber abierto un espacio de acción política que no puede ser cooptado por ninguna de las partes en la mesa. Ni por el gobierno, pues este espacio de acción política se lo han abierto los movimientos en una actitud sostenida de crítica ante la estrechez e insuficiencia de los canales estatales y electorales existentes; ni por las FARC, pues este espacio de acción política se ha abierto también a través de movilizaciones que han adoptado otras vías, prácticas y estrategias de crítica, y de desafío, al status quo, marcadamente distintas al camino de la lucha armada. Es importante resaltar esta posición de autonomía e independencia de los movimientos sociales frente a las partes de la mesa de negociación, por varias razones: primero, porque en los discursos y pronunciamientos de los negociadores de las FARC, es claro que éstas están buscando presentarse como voceras, o defensoras, de la causa de los movimientos sociales hasta el punto de hacerlo una de las banderas centrales de su agenda de negociación. Frente a esto, es necesario defender la singularidad de los movimientos, y de su historia de lucha, como uno de los principales impulsores de una construcción de paz a largo plazo, justamente porque en estas luchas distintos sectores sociales han encontrado formas de organización política al margen de las estructuras de la democracia “representativa”. Su riqueza política, y su enorme potencial de contribuir a la construcción de paz, tiene que ver con su no ser representados por nadie, y con el haber creado espacios y formas de acción política alternativas a través de sus modos directos, muchas veces inventivos, de manifestación, de organización, de movilización.

Pero, así mismo, es también necesario afirmar y resaltar el modo como la historia de lucha de los movimientos sociales, en su ya en sí misma ejemplar pluralidad de orientaciones y estrategias, les da una perspectiva de autonomía e independencia que problematiza y desestabiliza el conformismo y la auto-complacencia institucionalista que caracterizan la posición de la delegación del gobierno en la mesa de negociación. Si se insiste en la importancia del papel de los movimientos sociales en la construcción de paz, más allá de la negociación del término del conflicto armado, es necesario precisar lo que supone tal participación. Ésta no puede ser reducida simplemente al objetivo de garantizar las condiciones institucionales y jurídicas que permitan la participación de actores previamente excluidos, en los canales estatales y electorales ya dados. Por el contrario, se trata más bien de posibilitar que tales voces excluidas permitan reconfigurar el proyecto de sociedad de tal manera, por ejemplo, que la participación y la acción política no se puedan restringir a la inclusión en los procesos electorales de la democracia representativa ya instituida, sino que se legitimen en una escala diferente a la actual los escenarios de participación ya creados, laboriosamente, por los movimientos. Escenarios que implican la puesta en juego de otra noción de “democracia”, que, entre otras cosas, privilegia aquellas formas de manifestación y movilización en las que sectores sociales marginados han venido reivindicando por años, de manera directa, su potencial de reconfigurar los trazados de lo común, las relaciones y estructuras sociales, el proyecto mismo de país.

Ahora bien, si de lo que se trata a la hora de pensar el papel que pueden jugar los movimientos sociales en la construcción de paz, y por lo tanto, en la mesa negociación como un primer paso en la dirección de ese camino, es de atender a la singularidad de las formas de acción colectiva que éstos han cultivado laboriosamente, la pregunta esencial es: ¿cómo se está pensando y ejerciendo la acción política desde los movimientos sociales mismos? Y al confrontar esta pregunta, nos encontramos con un espacio de ambigüedad e indeterminación, que, bien manejado, puede ser sumamente productivo: por un lado, tal acción parece concebirse en un sentido más estrecho como propuestas de reforma en el orden jurídico, bien sea para garantizar la participación política de todos los sectores sociales en pie de igualdad, bien sea en el marco de una justicia retributiva para reparar daños de la violencia; pero, por otro lado, en el discurso de los movimientos sociales también hay una noción de acción política más amplia, pensada como “transformación” de los modos de vida (la noción de “buen vivir”), y del tejido social (la construcción de “un renovado sentido de lo público”); transformaciones de las formas de vida y del tejido social que trascienden las fronteras del orden jurídico. Valdría la pena entonces preguntarse cómo el nivel de las prácticas mismas de los movimientos sociales –dimensión que parece no ser tenida en cuenta en los debates actuales como una dimensión política significativa- es fundamental para entender la acción política en un sentido más amplio de transformación de las formas de vida y de los trazados de lo común. También habría, por otro lado, que pensar esa transformación excediendo la dicotomía entre “reformismo jurídico” y “transformación plena de lo social” (en sentido revolucionario) para sugerir otro vocabulario de lo político y otra forma de entender lo institucional.

Por otro lado, la historia de lucha de los movimientos sociales nos enseña que es importante mantener separadas la lógica del consenso, y la lógica del conflicto político, y seguir pensando la acción política en este último registro. Una comprensión agonística de lo político, como la que parece atravesar las luchas y formas de reivindicación de los movimientos sociales, reconoce el carácter conflictivo de lo social, y asume que todo consenso y trazado de lo común produce exclusiones que habrán de tener que ser confrontadas, de nuevo, políticamente. Por otro lado una lógica del consenso como la que mayormente respalda las formas estatales, asume que hay unas posiciones, reglas de juego o principios que les pueden permitir a las partes implicadas llegar a una perspectiva común integradora, máximamente inclusiva. Consideramos, empero, que una traba para el actual proceso de paz es pensar que el acuerdo debe darse en término de un consenso que integre las partes a un marco común ya dado, y no como un escenario de negociación que permite precisamente reconfigurar las posiciones hegemónicas en juego. Un claro ejemplo de esto han sido las reacciones mayoritarias de rechazo que el discurso polémico, confrontador, de Iván Márquez generó en el consenso de la así llamada “opinión pública”; ello muestra la prevalencia de una cultura política orientada justamente hacia el consenso e incapaz de aceptar que el conflicto social y su transformación en conflicto político implica la escenificación de verdaderos desacuerdos. De la mano con el esfuerzo de fracturar la cultura bélica que se ha incorporado a nuestra realidad social, sería importante también pensar en la tarea de construir una cultura política del desacuerdo, que confronte la prevaleciente cultura política del consenso.

Más allá, entonces, de la importante y oportuna distinción entre la negociación con miras al término del conflicto armado, y la construcción de paz, tal vez haga también falta pensar mejor las imbricaciones entre estos dos procesos, en la medida en que algunos de los obstáculos que se pueden presentar en el primero, tienen que ver con condiciones de posibilidad de la futura construcción de paz en un sentido más amplio. Por ejemplo, cuando en respuesta al discurso polémico de Iván Márquez, Santos tilda al discurso de las FARC como anacrónico, en tanto que el Gobierno ya ha avanzado en la agenda política y le está quitando las “banderas” a las FARC con proyectos de ley como “la ley de víctimas y restitución de tierras”, ello supone desconocer que el punto de partida de la negociación es un verdadero conflicto o desacuerdo sobre las estructuras vigentes del Estado, sus instituciones y su papel en la construcción de paz. Frente a este desconocimiento, y atendiendo a las enseñanzas que nos debe dejar la historia de las luchas de los movimientos sociales, es menester asumir que la negociación exige un tratamiento de un conflicto político que, en lugar de propender por la integración de una de las partes a un consenso ya dado, sea capaz de abrirse a una reconfiguración de los discursos y las posiciones de ambas partes, para trazar otro marco de lo común, y otros posibles modelos de sociedad y de país.

Carlos Andrés Manrique
Laura Quintana

Publicado en la revista digital "Palabras al Margen"

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