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Tras el 7D: La lucha de los medios comunitarios y de los trabajadores de medios audiovisuales

category argentina/uruguay/paraguay | cultura | opinión / análisis author Monday December 10, 2012 06:13author by Bandera Negra - Bandera Negraauthor email bandera.negra.estudiantil at gmail dot com Report this post to the editors

Tras el 7D: La lucha de los medios comunitarios alternativos y populares, y de los trabajadores de medios audiovisuales

Por más que a través de una ley se busque separar el lugar de los trabajadores y el marco comunicacional, el lugar de los estudiantes deberá ser el mismo de siempre: junto a los trabajadores de medios audiovisuales para defender los puestos de trabajo y hacer cumplir sus derechos, y junto a los medios comunitarios alternativos y populares para lograr más inclusión y arrancarle al Estado y al Capital lo que al pueblo corresponde.

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El 7 de diciembre hubiera vencido la medida cautelar que le permitía al Grupo Clarín postergar el plazo de desinversión postulado en el artículo 161 de la llamada Ley de Medios (Nº 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual). Aún así, el grupo empresario que supo defender a las distintas dictaduras y hacer negociados con cuanto gobierno le acomode, puso en marcha su capacidad de tracción en los tribunales para lograr un prórroga de último momento, ganando así un poco de tiempo antes de tener que presentar un plan técnico ante el Estado. En cualquier caso la ocasión es propicia para discutir las perspectivas cruzadas que desde el movimiento popular y clasista puede tenerse, dado que importa a futuro porque será una componente determinativa sobre cómo enfrentar lo que pueda pasar (y probablemente ya esté pasando) en los ámbitos mediáticos, tanto desde los actuales trabajadores de medios audiovisuales como de los medios comunitarios, alternativos y populares.

Lejos de tratarse de un aspecto puramente económico en el que los trabajadores de medios audiovisuales ven peligrar sus fuentes de trabajo, el debate tiene una dimensión comunicacional (como toda actividad, incluso las económicas) que en este caso pesa de un modo central. La ausencia de un plan técnico y la falta de resoluciones de fondo por parte de la autoridad de aplicación (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, encargada de aplicar la ley, AFSCA), pinta un panorama gris desde el cual, mediante la tan mentada aplicación, pueda montarse cualquier resolución que le acomode al gobierno. También contribuyó a este panorama, la construcción mítica de una fecha (tras la conjunción alfanumérica “7D”, ahora caída en saco roto) que puede implicar cuestiones muy distintas, juntas o separadas: bien podrían desmantelarse a los grupos empresarios no tan afines al gobierno, así como también favorecer a los amigos, amigotes, y organizaciones del palo propio, y por supuesto cajonear la posibilidad de que organizaciones comunitarias alternativas y populares ingresen formalmente en el panorama audiovisual, cuestión que fue el mascarón de proa en las campañas previas a la promulgación de la ley que realizó el gobierno y que ahora parece poco menos que el furgón de cola.

Otra de las construcciones discursivas del gobierno ha sido la de sostener en el pedestal de enemigo máximo al Grupo Clarín, identificándolo como “el” grupo concentrado. Ciertamente Clarín no solamente es el grupo mediático más concentrado del país, acumulación conseguida con los apoyos y presiones que supo cosechar desde todos los gobiernos desde su fundación en 1945 (incluso el gobierno de Kirchner con el decreto 527/05 que prorrogó el llamado a concurso durante 10 años, y el hecho de haber aprobado la fusión de Multicanal y Cablevisión). Sin embargo, si esa construcción tiene fundamento real cuando denuncia a Clarín, se torna en mítica cuando oculta la misma concentración que el gobierno favoreció para con otros empresarios afines. Sin ir muy lejos se puede mencionar a Sergio Spolsky (quien en 2011 recibió el 21% de la pauta oficial entre sus medios gráficos como Diario El Argentino, Tiempo Argentino, Diagonales, Buenos Aires Económico, y revista Veintitrés, además de sus medios audiovisuales como Radio América, CN23, o Vivra en televisión digital), o Cristóbal López (quien compró en un combo de 40 millones de dólares los medios de Hadad, a saber C5N, Radio 10 y las FM Vale, Mega, Pop y TKM). Estos son sólo unos pocos de una lista que podría extenderse más si se considera a los grupos que supieron avanzar con el menemismo (como Telefónica, controlante de Telefé, y Prisa, dueño de la mayor cadena de radios privadas del país) y que el kirchnerismo está tan cerca de reparar en su situación como esos medios de criticar en algún aspecto al gobierno.

La Ley de medios ha funcionado hasta el momento como un margen de maniobra para que el gobierno logre conformar un sector de grupos concentrados que le respondan con distintos grados de lealtad. A veces esto se ha dado a través de vista gorda de la AFSCA, o a través de decisiones ejecutivas directas, como el reparto de la pauta oficial. Al mismo tiempo la AFSCA ha funcionado como una valla de contención para que los medios comunitarios, alternativos y populares bien poco puedan hacer para acceder al sistema formal de medios (puesto que ya existen hace varios años). Toda ley burguesa tiene sus límites para el avance de conquistas populares. Si esta ley pintaba un marco en el cual se podría avanzar sobre ciertas reivindicaciones, lo hecho por el gobierno hasta el momento tanto para favorecer nuevas concentraciones de los empresarios kirchneristas, como para obstruir el avance de los medios que los oprimidos y explotados han sabido levantar, da mucho para pensar que el espíritu democratista con el cual fue y es difundida es más una retórica que una disposición real para permitir que el pueblo avance en conquistas culturales.

La adecuación como argumento de un ajuste sobre los trabajadores

Yendo puntualmente a la situación de los trabajadores de los medios audiovisuales que con la aplicación del artículo 161 de la nueva ley deben desinvertir, su situación es por demás incierta. Dado que el 7 de diciembre es la fecha a partir de la cual el Estado (a través) de la AFSCA “actuará de oficio” sobre aquellos medios que no hayan presentado un plan técnico para desinvertir, los trabajadores no tienen certeza alguna de que pasará con ellos cuando el Estado “actúe de oficio”. Por el momento, sólo se consta de lo que ha salido por boca de Martín Sabatella (actual titular de la AFSCA): “se van a preservar las fuentes de trabajo”, le gusta repetir al nuevo heraldo del gobierno en la materia.

Esta situación bien puede contraponerse contra el 37% de precarización laboral (datos del propio INDEC nacional y popular) que impacta aún más entre los trabajadores de la comunicación donde la precarización ha sido institucionalizada hace ya mucho tiempo con la famosa figura del “colaborador” (trabajador con menos de 24 participaciones al año). De hecho, cabe preguntarse sobre el porcentaje de trabajadores bajo contrato (los cuales caducan y ocasionalmente se renuevan cada 6 meses) que mantiene hace años el mismo gobierno en los medios estatales (Télam, Canal 7, Radio Nacional AM y FM, etc). Tanto la precarización general, que puede darle a las empresas de medios margen para dejar en la calle a una parte importante de sus plantillas de trabajadores en el proceso de adecuación a la ley, como la precarización que mantiene el Estado en sus propios medios, son argumentos que poco aportan a seguir sosteniendo la frase “se van a preservar las fuentes de trabajo”.

Como siempre, la tarea de resistir el ajuste más o menos pronunciado que se quiera instrumentar será obra de los trabajadores organizados y no de una ley llena de bonitas palabras que apenas si los incluye formalmente. Muy poco hizo en estos años el ministerio de Trabajo para que los trabajadores de Clarín recuperasen su comisión interna, así como muy poco hizo el mismo ministerio de Tomada para frenar los despidos en el diario Perfil. Si la “pluralidad de voces” fue y es uno de los caballitos de batalla de la nueva ley de medios, se trata de una pluralidad en la que la voz de los trabajadores no está incluida.

En todo caso el debate tiene una dimensión comunicacional que está lejos de agotarse en las fuentes de trabajo que peligren, aunque es igualmente importante resaltar la cuestión dado que una nueva ley, como toda ley burguesa, por su misma naturaleza separa el debate acerca de la condición laboral de los trabajadores de medios audiovisuales respecto del marco comunicacional en el que venden su fuerza de trabajo y capacidad de producción intelectual. Es nuestra tarea de reflexión entender que sin cambiar la relación subordinada que a través de la estructura de propiedad se mantiene el yugo sobre los trabajadores, no podrán cambiarse en última instancia buena parte de las dominaciones culturales que pesan sobre el resto del pueblo.

Una participación muy indirecta incluso para la democracia representativa

Otro de los puntos para resaltar es que uno de motivos-fuerza en todas las campañas que el gobierno realizó desde la promulgación de la ley en 2009 es que la ley era más inclusiva en términos participativos. Sin embargo al examinar la participación decisoria que pueden alcanzar tanto los trabajadores como organizaciones populares está muy dejada a un costado de este debate. La Ley apenas contempla la participación dentro del llamado “Consejo Federal Audiovisual”, un organismo que tiene 2 votos dentro de la AFSCA, sobre 7 totales. A su vez, los 2 votos del el Consejo Federal Audiovisual descansan en el presidente y el vicepresidente del consejo los cuáles son elegidos por un total de 40 miembros. Entre estos 40, se puede advertir que la ley guarda tres lugares para las organizaciones sindicales de los trabajadores de medios, 3 para las llamadas entidades “sin fines de lucro”, y 1 para un representante de los Pueblos Originarios reconocidos ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Es decir que la mayor participación popular que puede haber en la aplicación de la ley se diluirá entre los 40 votos del Consejo Federal que se traducen en 2 votos (sobre 7) en la AFSCA, organismo encargado en última instancia de aplicar la ley. Este entramado de “participación” en el que se ve embrollado el papel formal que pueden jugar las organizaciones populares y los trabajadores, sólo sirve para hacernos entender el ninguneo que han sufrido estos sectores luego de que las campañas de agitación del gobierno durante estos tres años pasaron principalmente por la inclusión de los medios comunitarios como motivo central de la ley. Incluso se ha llegado a sostener desde sectores kirchneristas que la nueva ley “dará más trabajo”, cuestión por demás discutible, puesto que no está garantizado quién ni cómo se sostendrá la cuota del 30% de producción nacional que, según la nueva ley, deben mantener todos los medios. “Participación”, incluso tomada en abstracto, es algo que poco hizo la AFSCA para darle a los trabajadores y organizaciones populares, aún cuando en concreto, fueron esos mismos actores quienes durante 26 años lucharon por lograr un marco comunicacional al menos un poco más democrático, por más que se tratase del mismo Estado burgués y capitalista.

Los medios alternativos, comunitarios y populares continúan una lucha que nunca dejaron

La disputa comunicacional por lograr que las organizaciones del pueblo a través de los medios comunitarios, alternativos y populares puedan acceder a mejores condiciones en las cuales difundir otras voces (capacidad de transmisión, financiamiento, reconocimiento estatal para que no le decomisen los equipos, etc), es una parte importantísima dentro de la batalla cultural apuntando a construir una subjetividad contrahegemónica.

Sin embargo las acciones del gobierno en este sentido han sido de pobres a nulas. Por empezar, el eufemismo de “entidades sin fines de lucro” puede albergar tanto a sindicatos, como clubes barriales, como fábricas recuperadas, tanto como a iglesias, fundaciones dependientes de empresas de medios, y asociaciones estilo ONG, lo cual significa que no necesariamente esa parte del radioespectro será adjudicado a los medios comunitarios alternativos y populares (sino que deberán disputarlo con entidades como la Iglesia, ONGs de diversa índole, o sindicatos empresariales como la UOCRA que ya dispone de su propio canal para TV digital). Al mismo tiempo los pliegos para acceder a una licencia tienen un piso de $ 40.000 para las “entidades sin fines de lucro” (monto que va en aumento según la zona y la potencia con la que se busque transmitir), lo cual deja bastante margen para sospechar de donde vendrán los fondos en caso de que alguna entidad “sin fin de lucro” llegue a esa suma como excedente (además de mantenerse a sí mismo), así como también se trata de una exclusión directa para medios comunitarios, alternativos y populares que no tienen más financiamiento que el aporte de sus propios integrantes. Otra cuestión largamente denunciada es que para poder acceder a las licencias se les exige poseer una personería jurídica que poco tiene que ver con las formas de organización y estructura de funcionamiento que tienen los medios comunitarios, alternativos y populares(*).

En lo referente al otorgamiento de las licencias, es que en la ley de la dictadura (22.285) solo podían ser ajudicatarias de licencias las entidades comerciales, mientras que en la ley 26.522 (la nueva ley) se suman a las “entidades sin fines de lucro”. Este es un punto que coaligó a un arco progresista muy importante, porque ven en él la posibilidad de que sus radios y televisiones comunitarias o barriales pasen a ser legales y no estén expuestas a las arbitrariedades de las policías locales. Si bien esto es cierto en términos formales, el radioespectro tiene un límite, y para las “entidades sin fines de lucro” el porcentaje es el de 33% por cada lugar de cobertura. Si sumado a ello consideramos que las licencias las sigue dando una autoridad de aplicación (AFSCA), en la que, como dijimos antes el voto de los sindicatos y entidades populares están muy relegadas en la pirámide de decisión, la cuenta da muy poco margen para que todo el arco popular y combativo saque una tajada importante sobre ese 33% del espectro radioeléctrico.

La expresión más cercana a poder adecuar la actual disposición del espectro radioeléctrico de modo tal que los medios comunitarios alternativos y populares pudieran acceder de algún modo, se dió en el fracasado censo de medios impulsados por las AFSCA. El mismo fue dado de baja el 24 de julio de 2012, cuando la AFSCA reconoció el fracaso en la convocatoria a nuevos medios, dejó sin efecto el censo, y en consecuencia toda la cuestión de la redistribución del espectro radioeléctrico quedó en “veremos…”. De este modo quedaron colgados los medios “sin fines de lucro” y ahora no saben cuándo podrán acceder.

En suma de nuevo, como en toda ley burguesa, tenemos una inclusión formal que poco margen deja para evitar la represión práctica dado que, el que quede afuera de ese 33% del espectro, será tan ilegal como cuando estaba vigente la ley de la dictadura y encima no estará respetando la “ley progresista”.

Un reacomodamiento mediático en sintonía cno los sectores hegemónicos de la burguesía

En cuanto a la batalla, si se quiere mas comunicacional, es decir en lo que respecta a la distribución del espectro radioeléctrico y las licencias de cable, claramente el Grupo Clarín es a quién más le toca desinvertir. Sobre casi un total de 360 licencias de cable en todo el país, el grupo de la corneta detenta 237, lo cual lo posiciona como el oligopolio más concentrado con el 65% del mercado. De este modo, dado que la nueva ley permite un máximo de 24 licencias de cable en todo el país para el mismo grupo empresario, Clarín deberá vender alrededor de 213 licencias. A su vez deberá desprenderse de los canales de aire que posea en los lugares donde decida seguir prestando cable (la matriz de su negocio). Por si esto fuera poco, el grupo posee 25 licencias en el espacio radioeléctrico cuando el máximo es de 10 a nivel nacional.

Si bien el gobierno se ha encargado una y otra vez de resaltar cada cuestión en la que el Grupo Clarín debe desprenderse de medios para lograr adecuarse a la ley (y bienvenido que lo sea), no ha sido tan enfático con el resto de los grupos empresarios, mucho menos con los amigos o socios. Sería muy engorroso detallar cada caso, pero sin embargo pueden repasarse algunos de ellos. En caso más escandaloso es el de Telefónica de España quién controla indirectamente Telefé (a través de otra empresa llamada Enfisur) y otras licencias de televisión a nivel nacional, siendo que al tratarse de una empresa de servicios públicos no puede acceder a licencias de servicios audiovisuales. Sin embargo Martín Sabatella elije creer la versión de que la controlante directa de Telefé (Enfisur) no tiene estructura productiva que lo vincule a Telefónica de Argentina, por más que Telefónica de España controle ambas empresas. En este caso Sabatella salió del paso diciendo “la AFSCA va investigar” por más que se trate de una relación societaria que ya lleva casi 20 años. Otro caso es el de la sociedad entre los empresarios Matías Garfunkel y Sergio Spolsky (el segundo más afín al gobierno que el primero) en distintos canales del interior del país. Una vez más Sabatella dice: “la AFSCA va a investigar”. Así pueden seguirse citando casos de empresarios unos más afines al gobierno y otros no tanto (Rudy Ulloa en Santa Cruz, el ultra kirchnerista Cristóbal López del grupo Indalo, Grupo Uno principalmente en Mendoza, el viejo y conocido menemista Moneta en distintas partes del país, etc, etc) que no se adecuan a la ley y que el peso de la AFSCA les está cayendo a unos más livianito que a otros.

Demás está decir que la ley no vuelve sobre los pasos de la ley menemista (las modificaciones a la 22.285, en realidad), ni mucho menos sobre los de la ley de la dictadura, en cuanto a la conformación de multimedios. Originalmente la ley 22.285 promulgada por el dictador Videla en 1981, no permitía que los medios gráficos accedieran a licencias de TV o de radio AM/FM. Sin embargo, y como hizo en todo su período, el turco patillón “mejoró” los términos oligopólicos en los que se regulaba a los medios permitiendo que accedieran los medios gráficos a licencias de TV (con lo cual entraron Clarín a canal 13, Editorial Atlántida al 11), además de ampliar el máximo de licencias permitidas a un mismo grupo de 4 a 24, y además de decretar la transferibilidad de las licencias (con el decreto 1005/99). La actual ley sigue permitiendo la conformación de multimedios así como establece un máximo de 10 licencias por grupo, mientras que la original de la dictadura un máximo de 4. Muy lejos de estar a favor de una ley ultra centralista y estatista como la de la dictadura, es importante resaltar que con los mismos términos con los que el arco progresista juzga y exalta la ley del kirchnerismo, podría exaltar aspectos generales de la ley original de la dictadura. En cuanto a la transferibilidad, el actual mapa de medios tiene su primera perlita con la transferencia de la totalidad de los medios del grupo Hadad al kirchnerista Cristóbal López, bajo la argumentación de que la operación estaba incluida dentro de un plan de adecuación cuando ya de por sí la totalidad de los medios de Hadad no se adecuaban a la ley.

Que al Grupo Clarín se le quite poder de fuego comunicacional, ajustándolo a un nuevo marco normativo es sin dudas una condición fundamental para que los trabajadores y el pueblo organizado pueda avanzar en la disputa cultural. Sin embargo, el gobierno se ha encargado mucho más de tratar de desmantelar a Clarín y en armar mediáticamente a sus socios empresariales, y muy poco en tratar de incluir o ampliar la cuota de los medios comunitarios, alternativos y populares. La situación así planteada da para pensar que la nueva Ley de Medios y su aplicación concreta se trata mucho más de la expresión mediática de un reacomodamiento en la correlación de fuerzas burguesas que de un espacio abierto para que las organizaciones populares a los sectores ganen espacios reales frente al Estado y el Capital.

Por más que a través de una ley se busque separar el lugar de los trabajadores y el marco comunicacional, el lugar de los estudiantes deberá ser el mismo de siempre: junto a los trabajadores de medios audiovisuales para defender los puestos de trabajo y hacer cumplir sus derechos, y junto a los medios comunitarios alternativos y populares para lograr más inclusión y arrancarle al Estado y al Capital lo que al pueblo corresponde.

BANDERA NEGRA – Tendencia Estudiantil Libertaria
(*) Estos cuestionamientos y más, pueden encontrarse en los planteos realizados por la Red Nacional de Medios Alternativos (RMNA), organización que hace años viene luchando por lograr la inclusión de los medios comunitarios, alternativos y populares.

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