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Recrudece la violencia estatal en el Wallmapu hacia el Pueblo Mapuche

category bolivia / peru / ecuador / chile | luchas indígenas | news report author Tuesday October 30, 2012 18:55author by Espartaco Gatti - Periódico Solidaridad Report this post to the editors

Durante los últimos meses, la “opinión pública” ha vuelto a poner sus ojos en la “zona roja” del conflicto Mapuche. Nuevamente hemos presenciado en los noticieros las imágenes de niños y niñas baleados por perdigones provenientes de armas policiales, mujeres y viejos apaleados brutalmente, tomas y ocupaciones de fundos de grandes latifundistas, camiones y maquinarias de propiedad forestal envueltos en llamas y el trasladado de cada vez más efectivos policiales a una zona que hace bastante tiempo ya se encuentra militarizada.

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Un poco de historia, acerca del origen del conflicto

La lucha por la libertad enarbolada por el Pueblo Mapuche ha sido impulsada por cada generación, siglo tras siglo, desde la llegada del español a sus tierras. En 1641 la corona española reconoció en el pacto de Quilín la inviolabilidad del territorio y la autodeterminación mapuche al sur del Río Bío-Bío, lo que fue ratificado en el Parlamento General de Negrete en 1803. Posteriormente, la naciente República chilena estableció en el Tratado de Tapihue que no violaría esta frontera. Sin embargo, el Estado chileno traicionaría este acuerdo, aludiendo a la necesidad de incorporar el territorio para el desarrollo agrícola del país, llevando adelante una sangrienta guerra de ocupación que se denominaría eufemísticamente en los libros de historia oficial como “La pacificación de la Araucanía” (1862-1833). De ahí en adelante, todo sería engaño y despojo; los mapuche serían radicados en pequeñas reducciones de tierra, que no abarcaban ni siquiera un 5% de su territorio original.

Con la Ley de Reforma Agraria 16.640 (1967), dictada por la “Revolución en Libertad” del gobierno de Eduardo Frei Montalba, se inició un incipiente proceso de recuperación de tierras y de mejoras paulatinas de la situación de pobreza de las y los mapuche, que se profundizaría en el gobierno de la Unidad Popular, en donde fueron restituidas cerca de 200.000 hectáreas a las comunidades indígenas.

Todas las mejoras alcanzadas, fueron abruptamente interrumpidas bajo la Dictadura de Pinochet. Se puso fin al proceso de reforma agraria, se persiguió y aniquiló a los dirigentes mapuche y se inició la expansión forestal en territorio mapuche, reemplazando miles de hectáreas de bosque nativo por monocultivos de especies foráneas y de rápido crecimiento como el pino insigne y el eucalipto.

Con la llegada de la Concertación y el fin de la Dictadura, la situación no mejoró sustancialmente. Promesas incumplidas y expectativas frustradas marcaron las dos décadas en que los partidos de la Concertación estuvieron a cargo de administrar el Estado. Se construyeron centrales hidroeléctricas que provocaron el desplazamiento de varias comunidades, aumentó la pobreza, la precarización laboral, la degradación ambiental y se persiguió y encarceló a los luchadores sociales mapuche que no se quedaron cruzados de brazos viendo como su pueblo era nuevamente relegado al olvido y la miseria.

Convivir con la represión en la puerta de tu casa

Las instituciones policiales, tanto Carabineros de Chile, como la Policía de Investigaciones (PDI) son el principal instrumento a que recurre el Estado para implementar sus políticas represivas en el territorio Mapuche. Unidades especializadas de las policías han sido radicadas en la zona de manera permanente, para aplacar cualquier intento de las comunidades a reclamar sus espacios ancestrales. El Estado a implantado una política de militarización del Wallmapu, lo que según el Informe de Derechos Humanos 2012 elaborado por la Comisión Ética Contra la Tortura, ha obligado a que las comunidades mapuche “convivan” a diario con la presencia constante de agentes armados en caminos y pueblos, y sufran en carne propia de su agresividad y prepotencia indiscriminada. Los allanamientos brutales y continuos, que sufren las comunidades en lucha, se han caracterizado por su desproporcionada masividad y por el uso indiscriminado de armas de fuego contra comuneros de toda edad, incluidos niños pequeños. A todo esto, se le suma la acción paramilitar de grupos como el “Hernán Trizano”, que realizan “incursiones” en las comunidades más combativas, con el beneplácito del gobierno y las fuerzas policiales.

Además, muchas autoridades y dirigentes (lonkos y werkenes) que impulsan junto a sus comunidades procesos de recuperación de tierras son recurrentemente perseguidos, detenidos, amenazados, procesados y torturados, motivos suficientes, para verse en algunos casos, en la obligación de tomar la difícil decisión de pasar a la clandestinidad, abandonando su hogar y sus familias.

Los reclamos y las denuncias expresadas por las comunidades, las organizaciones representativas mapuche y los organismos de derechos humanos, como era de esperarse, nunca han hecho eco alguno en los tribunales de justicia.

Asesinatos impunes

El asesinato de 3 jóvenes mapuche en la última década, se enmarca perfectamente en esta lógica de erradicación del “enemigo interno” que se ha instaurado desde el Estado chileno. Alex Lemún Saavedra (17 años), Matías Catrileo Quezada (22 años) y Jaime Mendoza Collío (24 años), son los hasta el momento los tres weichafe abatidos por balas policiales en medio de ocupaciones de distintos fundos. La impunidad con que actúan las fuerzas represivas, es por lo menos preocupante; en ninguno de los tres casos los responsables materiales han pagado con prisión su crimen; la decisión de la Corte Suprema de cerrar definitivamente en Diciembre pasado el proceso por la muerte de Matías Catrileo y la absolución de Patricio Jara Muñoz, efectivo del GOPE (Grupo de Operaciones Policiales Especiales) autor de los disparos que le quitaron la vida a Mendoza Collío, son una clara muestra de la parcialidad de la justicia en Chile.

La criminalización de la lucha y la prisión política mapuche

El Estado chileno para impulsar la criminalización y encarcelación de los grupos mapuche que han asumido la tarea de reconstruir su identidad, cosmovisión y recuperar lo que les pertenece como pueblo, ha tenido un aliado fundamental: “La Ley Antiterrorista”. Ley promulgada por la Dictadura para acabar con la disidencia, ha sido el arma principal de la que se han dotado fiscales para dar un “tratamiento excepcional” y “castigos ejemplares” a los comuneros que han participado activamente de los procesos de lucha. Esta Ley puede extender por largos plazos el período de investigación y el juicio mismo, y aumenta desmesuradamente las condenas. Además, se han utilizado sistemáticamente en los juicios la declaración de “testigos sin rostro” y la implementación de delaciones compensadas. De esta manera, centenares de Mapuche han sido procesados y otros tantos han pasado a poblar los penales de la Araucanía.

Todo lo anterior, se complementa con una fuerte campaña comunicacional, que en complicidad con los grandes medios, crea un clima de inseguridad y condena de antemano a las comunidades de hechos de violencia de dudosa procedencia. Ejemplo de esto, fueron las acusaciones hacía los Mapuche lanzadas por el Gobierno respecto a los incendios forestales producidos en la localidad de Carahue en enero de este año, así como también el “montaje” en la muerte del sargento de carabineros Hugo Albornoz en un allanamiento en la Comunidad Mapuche Wente Winkul Mapu, que fue víctima de “fuego amigo”, o la afirmación de que los comuneros ocupan como “escudo humano” a sus niños o niñas.

Así, están las cosas en el territorio ancestral mapuche. Sin embargo, a pesar de este panorama, las y los mapuche, siguen dignamente levantando la frente, recuperando su tierra y reconstruyendo su pueblo, cosmovisión e identidad.

Espartaco Gatti


Publicado en el nº13 del periódico comunista libertario "Solidaridad"

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