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Representación Política, Legitimidad e Insurgencia

category venezuela / colombia | la izquierda | opinión / análisis author Monday September 17, 2012 16:52author by José Antonio Gutiérrez D. Report this post to the editors

El doctor Rodolfo Arango, en una reciente columna en El Espectador (29/08), titulada sin rodeos “Las Farc: ¿a quiénes representan?”, se refiere con esperanza a la negociación entre los insurgentes y el Estado. Esta columna constituye un interesante ejercicio en el que se busca conciliar, en el contexto de la negociación, el principio democrático de la “representatividad” con la supuesta “ilegitimidad” del movimiento guerrillero, según se desprende de las encuestas. Termina el artículo con una interesante defensa de la naturaleza necesariamente política que debe tener esta negociación que va mucho más allá de la paz, para abarcar "las diferencias de fondo en sus concepciones de la sociedad, de la economía y del Estado".

Imagen de un hospital de civiles de las FARC-EP en el Meta, 2010 (imagen de Carlos Villalón)
Imagen de un hospital de civiles de las FARC-EP en el Meta, 2010 (imagen de Carlos Villalón)


Representación Política, Legitimidad e Insurgencia

Reflexiones en torno a una columna de Rodolfo Arango


El doctor Rodolfo Arango, en una reciente columna en El Espectador (29/08), titulada sin rodeos “Las Farc: ¿a quiénes representan?”[1], se refiere con esperanza a la negociación entre los insurgentes y el Estado. Arango ha sido un demócrata consistente que no ha vacilado en denunciar las perversiones y la corrupción del modelo económico y político que se ha impuesto a sangre y fuego en una década de uribismo-santismo desenfrenado y de Plan Colombia. Se ha negado a callar su voz crítica rechazando sumarse al unanismo que reina entre los opinólogos a sueldo de los grandes medios. La lectura de sus columnas, aunque muchas veces tengamos diferencias con ellas, siempre entrega una visión fresca sobre los problemas que enfrenta la sociedad colombiana, en medio de tanta mediocridad, lambonería y cinismo.

Esta columna constituye un interesante ejercicio en el que se busca conciliar, en el contexto de la negociación, el principio democrático de la “representatividad” con la supuesta “ilegitimidad” del movimiento guerrillero, según se desprende de las encuestas. Termina el artículo con una interesante defensa de la naturaleza necesariamente política que debe tener esta negociación que va mucho más allá de la paz, para abarcar “las diferencias de fondo en sus concepciones de la sociedad, de la economía y del Estado”.

El artículo, aunque estimula el debate, puede ser mal entendido, precisamente en el sentido contrario al que el autor pretende. Al preguntarse sobre la representatividad política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia hoy en día, Arango plantea:

La respuesta no es fácil. Amerita toda una investigación histórica sobre sus orígenes y desarrollo. En el imaginario colectivo aparecen el despojo campesino y la opresión social. Aun si para otros se trata de meros carteles del crimen. Por ahora basta responder un interrogante surgido de datos contrapuestos: en las encuestas sobre la legitimidad de los autores políticos, el respaldo a las Farc no pasa del 3% de la población. Pero, cuando se pregunta si se apoya una salida negociada del conflicto, el 60% de los encuestados responde afirmativamente. ¿Si las Farc representan a tan pocos colombianos, por qué la mayoría quiere que se negocie con ellas?.”

La fuente de esta paradoja, es precisamente la naturaleza equívoca de las encuestas, las cuales Arango asume con total naturalidad como “objetivas”, aún cuando está claro que desde el gobierno de Uribe Vélez las encuestas han sido amañadas, inventadas y manipuladas a gusto para legitimar un régimen ilegítimo, al que se le dieron irrisorios niveles de “popularidad” de hasta el 90%. Sin lugar a dudas, Arango es consciente de lo equívoca que puede ser una encuesta telefónica en las cuatro ciudades principales de Colombia, en la que se le pregunte a la gente si apoya, o no, a la guerrilla. Primero que nada porque no todos los colombianos tienen teléfono y claramente el apoyo a la insurgencia es más marcado entre sectores que no tienen acceso a los servicios más básicos. Segundo, porque ni Barranquilla, Cali, Medellín o Bogotá son los escenarios principales de la guerra interna que azota a Colombia, la cual tiene un carácter marcadamente regional: tampoco estas ciudades han sido nunca las reservas principales de apoyo a la insurgencia, las cuales se encuentran fundamentalmente en zonas rurales, principalmente, en el caso de las FARC-EP, en zonas de colonización. Tercero, porque en el actual ambiente de persecución, estigmatización, amenazas y agresiones en contra de quienes remotamente expresen la menor simpatía con el movimiento guerrillero es extraordinariamente improbable que alguien en su sano juicio diga simpatizar con la insurgencia, menos en una encuesta telefónica. ¡Estoy seguro que consultado en esta clase de encuestas, ni siquiera el mismísimo Timochenko reconocería simpatizar con la guerrilla! Preguntar a un colombiano si apoya o no a la insurgencia en una encuesta, es como hacer una encuesta sobre la homosexualidad en Arabia Saudita.

El periodista Garry Leech, autor de un excelente libro sobre las FARC, llama la atención sobre la paradoja de una guerrilla, supuestamente, sin respaldo, y las alucinaciones paranoicas de un Estado que ve la mano de la guerrilla en toda asociación comunitaria, en toda huelga, en toda movilización social para exigir los derechos más básicos. “Esta posición contradictoria –que las FARC no tienen respaldo popular pero que a la vez importantes sectores de la sociedad civil apoyarían a la guerrilla- es repetida hasta la saciedad por los derechistas y dicho argumento rara vez se confronta en los medios. Pero la derecha no puede tener siempre lo que quiere. O bien las FARC tienen un respaldo significativo en las organizaciones de la sociedad civil y entre los campesinos, o no lo tiene (…) En última instancia, la realidad se encuentra en algún punto intermedio entre estas dos posiciones contradictorias que agita la derecha”[2].

Difícilmente una organización de campesinos insurgentes podría enfrentar de manera exitosa, como lo hacen las FARC-EP, una ofensiva tan devastadora como la que libra el Ejército Nacional (formidable fuerza de medio millón de hombres respaldados con inteligencia, financiamiento y tecnología de punta por los EEUU, la UE e Israel, entre otros), sin un apoyo sustancial de la población, al menos en aquellas regiones rurales que, históricamente, han sido baluartes de la lucha guerrillera. Habrá quien diga que es una organización que la mantiene el narcotráfico, afirmación discutible pues nadie ha podido demostrar de manera inequívoca que los guerrilleros trafiquen (aún cuando cobren impuesto a los narcos al igual que a otros empresarios) como sí lo hacen los paramilitares o hasta el mismo Ejército, según lo demuestra el caso Santoyo. La pregunta es, ¿por qué apoyar a una organización perseguida por el Estado, si otros actores ilegales son tolerados y hasta auxiliados por la oficialidad? Obviamente esta explicación, que reduce la persistencia de la lucha guerrillera al narcotráfico, se queda coja y no esclarece la realidad de que, pese a la persecución oficial y paraoficial, la insurgencia tiene una base social de apoyo significativa, que distingue al proyecto insurgente de otros “actores armados ilegales” y esa es la razón por la cual no solamente ha sobrevivido al Plan Colombia, sino que ha sido capaz de revertir la suerte de las armas ligeramente a su favor en los últimos cinco años.

Lo grave del argumento, es que esa supuesta falta de representatividad es esgrimida por parte del establecimiento como una de las principales razones por las que oponerse a una negociación política para solucionar el conflicto social y armado [3]. Es decir, aunque el artículo de Arango está encaminado a justificar la necesidad de la negociación política, el argumento de la representatividad y la aceptación acrítica de los resultados de una encuesta cuestionable, terminan por entregar baterías a quienes se oponen a la negociación política por considerarla, como Arango lo menciona, un premio al uso de la violencia política, un “chantaje por las armas” de la insurgencia al país [4]. Esta lógica simplista y ahistórica no es del todo satisfactoria para Arango, según se desprende de su columna:

la negociación adquiere pleno sentido si se piensa que la representación política lo que refleja es un proceso circular entre las instituciones estatales y las prácticas sociales, como la define Nadia Urbinati en su libro Representative Democracy (University of Chicago Press, 2006). ¿Cuáles son las instituciones estatales en las zonas tradicionalmente ocupadas por las guerrillas? ¿Responden dichas instituciones a las prácticas sociales en tales territorios?

Lo cual lleva la discusión a otro terreno, en el que nociones simplistas de representatividad política y encuestas a sectores urbanos de clase media no son de mucha ayuda. Primero, porque se reconoce que las zonas que tradicionalmente tienen presencia guerrillera representan dinámicas sociales propias, en muchas de las cuales la insurgencia, por décadas, ha sido vista como la autoridad legítima. Para comprobarlo basta darse una vuelta por departamentos como Putumayo, Tolima, Cauca, Caquetá, Meta, Arauca, por nombrar sólo algunos. Muchos campesinos en las zonas de consolidación militar se resienten ante la llegada del Ejército, al cual asocian a violencia, abusos, desplazamiento y despojo. Segundo, porque las prácticas sociales que se dan en esos territorios, difícilmente son compatibles con nociones estrechas de democracia representativa como las que maneja la izquierda “respetable” y el propio Arango.

Esas “comunidades díscolas”, como las definió Fals Borda, han construido otras formas de representaciones políticas y colectivas. En los pueblos de esa otra Colombia, invisible desde las grandes urbes, se han construido experiencias de poder popular, de democracia directa, experiencias autogestionarias muchas veces, que no han recibido la necesaria atención por parte de investigadores. Por algo el corresponsal francés Romeo Langlois se quejaba amargamente de que los periodistas no vayan a las zonas de conflicto, que no visiten las zonas rurales, prefiriendo la cómoda y aséptica transmisión de partes militares desde el Ministerio de Defensa. Allá, en esas zonas, la gente dice cosas que uno no escucha en los medios, como que el Estado es terrorista; allá la gente se siente orgullosa de ese “Ejército del Pueblo” al cual se unen sus muchachos, sus hijos, sus amigos, sus vecinos[5]. En un trabajo de Francisco Toloza, de la Universidad Nacional de Colombia, se reconoce que “las FARC, como pocas en el mundo es una guerrilla telúrica, en estrecha relación con las zonas que actúa, obviamente no sólo con su geografía (…) sino especialmente con su población”[6]. Negociar con la insurgencia es mucho más que negociar con diez mil hombres y mujeres en armas.

La insurgencia, además, encarna una parte importante de esa larga tradición de luchas y de programas de país elaborados por cuatro generaciones de luchadores sociales, muchos de los cuales fueron exterminados físicamente, a sangre y fuego; de esas elaboraciones, recogidas y asimiladas bien o mal por la insurgencia, miles sino millones de personas tomaron parte. El reconocimiento de esa otra Colombia, históricamente negada e ignorada en todos los intentos de negociación del pasado, así como de la legitimidad de la que se ha dotado a sí misma en medio siglo de resistencia[7], es un factor de primer orden para avanzar hacia una solución política, estructural, de fondo, de las causas que originaron el conflicto. El reconocimiento político del proyecto insurgente como expresión histórica de un acumulado de luchas populares, pero ante todo, como expresión política actual de muchas comunidades, está en el corazón de la negociación política vigente. Desde ese espacio de representatividad política, puede también articularse el proyecto político insurgente con el de otros sectores marginados, oprimidos y excluidos que tampoco tienen posibilidad de representación en el actual modelo. Es que el problema de la representatividad de un movimiento como el insurgente es más complejo que según lo plantea Arango: las propuestas de la insurgencia pueden representar los intereses y aspiraciones de sectores que no necesariamente se sienten representados por sus métodos. Y es, precisamente, la posibilidad de que esa convergencia de intereses se materialice en el marco del proceso de negociación al conflicto lo cual constituye la pesadilla última del bloque dominante.

Desde ese espacio de convergencia es desde donde se podrían reinventar, radicalmente, nuevas formas de representación y, en última instancia, de democracia. Proyectos como los contenidos en el Congreso de los Pueblos o la Marcha Patriótica toman en consideración realidades que son vivencia cotidiana en muchos rincones de Colombia donde rara vez los medios dirigen su mirada. Es a partir de esas realidades y proyectos de vida desde las cuales se debe construir una nueva Colombia, una donde todo el mundo sea tomado en serio.

El reconocimiento de la representatividad y, consecuentemente, de la legitimidad política de la insurgencia (así como de otros sectores políticos y sociales oprimidos y subalternos) es un aspecto central para quienes creen en la solución política al conflicto social y armado colombiano más allá de los saludos a la bandera y las buenas intenciones. Y para ello, es necesario “desuribizar” el discurso de la guerra y la paz, aún el de personas que como el doctor Arango no tuvieron pelos en la lengua para criticar al régimen.

José Antonio Gutiérrez D.
31 de Agosto, 2012



[1] http://www.elespectador.com/opinion/columna-371191-farc...entan
[2] Garry Leech “FARC, the Longest Insurgency”, Zed Books, 2011, pp.92-93
[3] Hay otras, como supuestamente la bandolerización o la desideologización de los guerrilleros, o su carácter supuestamente terrorista, término extremadamente elástico y mal definido.
[4] Es curioso que el argumento del “chantaje de las armas” es utilizado por quienes han impuesto por las armas, no un debate sobre temas de importancia nacional, sino que un proyecto de país y de Estado mediante la herramienta paramilitar, por quienes han sido cómplices del despojo de tierras del campesinado y del exterminio de partidos enteros de oposición.
[5] http://anarkismo.net/article/23219
[6] En “FARC-EP, Temas y Problemas Nacionales, 1958-2008” Ed. Carlos Medina Gallego, Universidad Nacional, 2009, p.63
[7] El concepto de legitimidad está íntimamente ligado al de representatividad, aunque no representan lo mismo. Para discutir el concepto de “legitimidad” hay que entrar a debatir temas como los instrumentos del derecho internacional, o incluso la misma declaración de los Derechos Humanos que consagra el derecho a la rebelión. Eso, obviamente, es un tema muy importante a debatir, pero queda por fuera del debate de este artículo.

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Este artículo apareció originalmente en la revista CEPA (año IX, Vol. II, No.19 –Agosto/Diciembre 2014) y fue escrito entre abril y junio de 2014 cuando se conmemoraba el medio siglo de vida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP). El objetivo de este artículo no era ni hacer una historia exhaustiva de este movimiento insurgente, ni una apología, ni una exposición sistemática de la ideología y la práctica del movimiento guerrillero. El objetivo, en realidad, era mucho más simple: demostrar que la resistencia no ha sido estéril ni en vano. Quería salir al paso a una determinada línea argumentativa en un sector liberal y socialdemócrata de la izquierda que plantea, de manera simplista, que la lucha armada, en el mejor de los casos, ‘no ha servido para nada’ o, en el peor de los casos, ha sido el principal factor del estancamiento de la izquierda colombiana –a esto último lo he llamado la tesis de la “guerrilla-tapón”, que bloquea el aparentemente “inevitable” cauce de la izquierda legal al poder–. Ambas tesis parten de la discutible base de que la resistencia armada fue sencillamente una opción que se asumió dogmáticamente en medio de un abanico de oportunidades que la izquierda tenía a mediados del siglo XX. En este sentido la gran responsable de la violencia en Colombia sería, en realidad, el movimiento guerrillero y no el Estado. De esta manera, estas reflexiones deben ser entendidas como una contraparte de una polémica previa,¿Qué paz para Colombia?, escrito con un amigo y colaborador que prefirió usar el seudónimo de Uriel Gutiérrez.

Creo que es importante volver a rescatar el significado de la resistencia armada en la historia reciente colombiana de una visión condenatoria a priori, precisamente, porque esa visión sirve para que el Estado oculte su responsabilidad histórica fundamental ante los horrores experimentados en más de medio siglo de violencia “desde arriba”, y en consecuencia, se diluya en el imaginario público la urgencia de reformas estructurales para garantizar una superación a las causas que están en la raíz de este ciclo del conflicto social y armado. De paso se quiere endilgar toda responsabilidad a la insurgencia, como ya se está viendo en la elaboración del discurso post-conflicto –que pudo ser ensayado con ocasión del sincero acto de perdón del comandante de las FARC-EP Pastor Alape en la comunidad de Bojayá–, donde la reconciliación pasa porque la sociedad “perdone” a la insurgencia, precisamente, por el acto de rebelión, no por hechos puntuales. La reconciliación de la oligarquía consiste en que el hijo descarriado vuelve a casa, el padre sacrifica un cordero, y todos felices en la finca. William Ospina lo señalaba en un artículo con su prosa fina y a la vez desgarradora:
“la astuta dirigencia de este país una vez más logra su propósito de mostrar al mundo los responsables de la violencia, y pasar inadvertida como causante de los males. A punta de estar siempre allí, en el centro del escenario, no sólo consiguen ser invisibles, sino que hasta consiguen ser inocentes; no sólo resultan absueltos de todas sus responsabilidades, sino que acaban siendo los que absuelven y los que perdonan” [1].

Dentro de esta estrategia de amnesia histórica es fundamental quitar cualquier piso de legitimidad al accionar de la insurgencia. Ahí es donde el discurso de que la resistencia de décadas fue en vano juega un rol clave pues resta todo sentido a más de medio siglo de lucha insurgente. Dice el sociólogo Charles Tilly que
“el hecho trágico y fundamental, es sencillo: la coerción funciona; aquellos que aplican una fuerza considerable en contra de sus semejantes obtienen obediencia, y gracias a esa obediencia obtienen múltiples ventajas, dinero, bienes, deferencia, acceso a placeres que le son negados a las personas que tienen menos poder” [2]. El consenso que se ha generado en ciertos círculos y el proceso de recomposición gradual de la hegemonía del Estado colombiano, es indisociable del terror paramilitar, del desplazamiento masivo, de los falsos positivos, de las desapariciones en masa de activistas sociales, en fin, de todo el repertorio de violencia física y estructural a disposición del Estado colombiano y fortalecido por el Plan Colombia. El consenso en importantes sectores sociales, que incluye a importantes sectores de izquierda o “progresistas”, de que la resistencia armada ha sido inútil o una anomalía histórica, es el resultado de esa coerción. Aunque nos encante la idea de pensar que vivimos en un mundo de leyes, de estado de derecho, de derechos inalienables que portamos todos por igual desde que nacemos, la verdad es que todo esto es una ficción: en el mundo real, la fuerza siempre antecede a la razón. Las ideas dominantes lo son porque reflejan el dominio de la clase en el poder, no por sus cualidades intrínsecas.

Mi intención con este ensayo era demostrar que Tilly tiene razón, pero que su argumento es incompleto. Así como la coerción de los poderosos funciona, también funciona la resistencia de los de abajo [3]. La acción colectiva, la resistencia, en todas sus vertientes y expresiones, que incluyen la lucha armada, pero que no se agotan ni mucho menos en ella, también han sido creadoras de realidad. Debido a la asimetría de las partes en conflicto, las FARC-EP han tenido un rol limitado, muy limitado, en la dirección de los eventos que han dado forma a Colombia en las últimas décadas. Pero su sola existencia, ha puesto un cierto límite al poder absoluto que la oligarquía colombiana habría tenido de otra manera. La resistencia ha tenido un impacto enorme en ciertos derechos conquistados y en ciertos beneficios que hoy se dan por sentado. Si bien ese impacto ha sido, como es apenas lógico, más fuerte en las zonas rurales donde la influencia insurgente ha sido mucho mayor, incluso hegemónica en algunos casos, la impronta de las reformas que han sido sacadas mediante la resistencia al establecimiento se ha hecho sentir en todo el país.

El tono es polémico y lo prefiero así: hay veces, cuando el contradictor exagera, en que la mesura no es aconsejable. Insisto, este ensayo no pretende ser un balance completo, ni una exposición exhaustiva de los objetivos de la insurgencia, ni un análisis crítico de lo coherente o no que han sido, ni una historia de éstas. Tampoco pretendo acá defender tal o cual acción, o forma de acción, ni una determinada estrategia o falta de ella, ni defender los avances o los silencios en el proceso de paz en La Habana. Mucho menos pretendo defender todo lo que la insurgencia ha hecho o dejado de hacer. El objetivo, como lo he dicho, es mucho más humilde, pero a la vez más apremiante. Es hacer un ejercicio de memoria histórica y echar por suelo la tesis reaccionaria que se ha incrustado aún en sectores de izquierda, de que medio siglo de luchas ha sido en vano. Es demostrar que la resistencia, nos guste o no, ha sido un motor de la historia colombiana y que ha dado frutos para algunos de los sectores más oprimidos, explotados y marginalizados del país. Ahora que estamos prontos a presenciar el cierre de un ciclo histórico para Colombia, la historia y las ciencias sociales nos pueden servir de brújula para ver por dónde seguir transitando en la larga marcha hacia una sociedad emancipada.

José Antonio Gutiérrez D.
8 de Enero 2016

image[Colombia] Nada Se Ha Perdido Queda Todo Por Ganar Nov 03 by Colectivo ContraInformativo Sub*Versión 0 comments

“Que el mundo va a cambiar, nos dicen…
que cuando votemos, nos escucharán.
Si en cambio no votáis, nos dicen…
los del otro lado nos aplastarán,
y así se quedarán, nos dicen,
con las manos libres para hacer su plan.

Malditas elecciones, decimos,
si la voz rebelde se domesticó.
Malditas elecciones, decimos,
quieren el gobierno,
y nosotros no…”

-Chicho Sánchez Ferlosio-

image[Colombia] ¡Nuestros sueños no caben en sus urnas! Oct 12 by Grupo Estudiantil Anarquista 0 comments

En un par de semanas, el domingo 25 de Octubre del año en curso, se realizará una nueva jornada electoral donde se impondrán los nuevos alcaldes, concejos municipales, gobernaciones departamentales, asambleas de diputados, y en el caso distrital, edilatos de localidades. En los últimos días esta contienda se ha ido calentando con explosividad, especialmente en lo que refiere a la elección del alcalde o alcaldesa de Bogotá (segundo cargo burocrático de importancia en el país), mostrando con agresividad las campañas a través de los medios de comunicación hegemónicos (sobre todo en la guerra sucia y las encuestas, que terminan definiendo gran parte del contingente electoral indeciso), la publicidad callejera y el despliegue de las maquinarias que, al igual que hace décadas en Colombia, buscan votos en los barrios y veredas a través de prácticas de clientelismo, compra de votos y el trasteo de votantes, entre otras sucias artimañas.

imageHabemus presidente: mandato por la paz con injusticia social Jun 17 by José Antonio Gutiérrez D. 2 comments

El triunfo de Santos no debería sorprender a nadie: las elecciones no definen nada, sino que sancionan apenas, con un tenue barniz democrático, lo que ya estaba decidido. Con el respaldo del capital financiero, de los empresarios, de los EEUU y de la Unión Europea, era imposible que Santos perdiera. Aunque es discutible el peso de la izquierda en el resultado electoral, lo cierto es que la izquierda tuvo un rol clave no en decidir las elecciones, sino en ayudar a lavar la imagen de Santos ante la opinión pública. Además, al personalizar –junto a los santistas- el proceso de paz en la figura del presidente, han ayudado a que la paz, originalmente una conquista del pueblo movilizado (y en últimas hasta un deber constitucional), pueda ser redefinida en este segundo período de gobierno en los términos de Santos. El presidente tiene las llaves de la paz, ahora sí, bien guardaditas en su bolsillo y no las compartirá con nadie, a menos que sea hacia la derecha.

imageNo Voto por la Paz, Tampoco por la Guerra Jun 15 by Steven Crux 0 comments

En medio de locas de naranjas e hijos no prestados para la guerra transcurre el actual circo electoral, que llega a su tercer clímax después del 9 de marzo y el 18 de mayo. Al igual que en las anteriores oportunidades hoy salen los payasos protagonistas: desde mujeres de la “clase media”[1] trabajando para Uribe hasta, quienes con la alternativa no tan “Clara”, llaman a votar por el Santismo Positivo. Todo un espectáculo, donde a las de abajo se nos ve de nuevo como simples espectadoras cuyo único rol será legitimar por medio del voto su “democracia”, es decir, la explotación y la miseria durante por lo menos 4 años más.

Este articulo pretende analizar brevemente este panorama, pero también proponer líneas de acción y elementos con los cuales podamos romper este guion ya escrito, escapar de él para ser nosotras mismas –las históricamente excluidas- quienes llevemos las riendas de nuestras vidas y nuestras comunidades, barriendo hoy con el bochornoso espectáculo de derechas peleándose e izquierdas tibias cargándole ladrillos al enemigo.

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En ese pueblo multitudinario que sale a la calle en Venezuela hay expresión de dolor, sentimiento de pérdida de algo querido. Al mismo tiempo dentro del dolor marcan que hay un rumbo a seguir, que quedó una línea trazada. Así lo viven, lo sienten y lo dicen. “Nuestro deber hoy es seguir más a fondo con el socialismo, con la lucha del proyecto que nos legó el comandante”, responde a un reportero un entrevistado al paso. Otros dicen cosas parecidas y mencionan lucha y socialismo una y otra vez. ¿Qué subjetividad produjo esta experiencia social en los de abajo? Difícil para responder y menos rápidamente y hoy. Se vive en le dimensión de la emoción, la angustia, el sentimiento aporreado. También la rebeldía. Que trajeron estos vientos tan fluidos, con tanta contradicción, con tanto de esperanza para amplios sectores de los de debajo de verdad. Lugar donde fue más extenso el respaldo a Hugo Chavez. ¿Qué elementos ideológicos se produjeron? ¿Cómo se expresarán estos elementos en el mañana cercano?

imageFrente a la desaparición física del Compañero Hugo Chávez Mar 08 FARV 0 comments

Como anarquistas, siempre consideramos a Chávez un compañero, un hermano, uno más en nuestras trincheras de lucha. A pesar de nuestras diferencias y de nuestras críticas mutuas, siempre fue la unidad del pueblo y la potencialidad de su organización las consignas que mantuvieron articuladas nuestras acciones. Son tiempos de continuar la lucha iniciada el 27F de 1989. Son tiempos de reivindicar el sendero de la lucha por la vida, por el comunismo libertario, por la revolución, por la verdadera revolución.

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