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Una interpretación de la lucha de clases en Chile

category bolivia / peru / ecuador / chile | la izquierda | opinión / análisis author Monday September 10, 2012 20:39author by Pablo Pérez - Perspectiva Diagonal Report this post to the editors

Alcances y proyecciones de las movilizaciones sociales

El año 2011 significó un momento especial para el movimiento popular chileno. El incremento explosivo de la movilización social –el cual incluyó la irrupción pública de movimientos regionalistas y ambientalistas y, por supuesto, del movimiento estudiantil–marcó para muchos el agotamiento (o al menos el cuestionamiento profundo) del régimen político y económico imperante desde inicios de la transición democrática.

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El año 2011 significó un momento especial para el movimiento popular chileno. El incremento explosivo de la movilización social –el cual incluyó la irrupción pública de movimientos regionalistas y ambientalistas y, por supuesto, del movimiento estudiantil–marcó para muchos el agotamiento (o al menos el cuestionamiento profundo) del régimen político y económico imperante desde inicios de la transición democrática.

En términos políticos dicho régimen estaba (y aún está) caracterizado por la exclusión de amplios sectores de la sociedad –en especial de los sectores populares– de los procesos de decisión colectiva. Como es sabido, esta exclusión política de los sectores populares no es más que el resultado del modo en como las elites políticas negociaron el término de la dictadura militar y la inalterabilidad de muchos de sus legados políticos (constitución antidemocrática, sistema electoral binominal, etc.) Esto produjo un escenario político extremadamente hostil para el la movilización popular, en especial para el fortalecimiento de organizaciones que durante gran parte del siglo XX representaron a los diversos sectores de la clase trabajadora (por ejemplo sindicatos y organizaciones de pobladores).

Esta ausencia de un movimiento popular organizado significó la estabilización de un modelo de desarrollo neoliberal basado en la privatización de todos los servicios sociales (bajo el supuesto de que el mercado es el mejor distribuidor de los recursos y recompensas sociales) y en la afirmación ideológica del empresariado como el principal agente de desarrollo nacional. Tanto para la derecha como la concertación esto se presentó como incuestionable. Así, en gran parte de la década de los 90 el discurso hegemónico sostenía que la carencia de canales de participación popular democrática –la cual garantizaba la gobernabilidad, evitando el riesgo de una regresión autoritaria– era un hecho relativamente menor, comparado con los niveles de crecimiento económico y con el aumento de los estándares de vida obtenidos por el desarrollo de una sociedad de mercado.

Sin embargo, esta conjunción de exclusión política de grandes masas de la población e ideología neoliberal es, precisamente, lo que ha comenzado a ser cuestionado mayoritariamente, y a una escala nunca antes vista en los 22 años de democracia, con las movilizaciones sociales comenzadas el 2011. En la base de estas movilizaciones se encuentra una fuerte crisis de legitimidad de un modelo social, económico y político que no ha garantizado igualdad ni integración social, en virtud de que sus principales mecanismos de distribución de beneficios se han acompañado de fuertes elementos de precariedad y explotación en el trabajo, más grandes porciones de consumo basado en el endeudamiento.

Existen diversas interpretaciones de este proceso emergente de movilización social. En lo que sigue se pretende demostrar brevemente que el escenario actual es la expresión de un conflicto entre clases sociales que aunque estuvo latente durante los años 90 y la primera década del 2000, se mantuvo en un proceso de constante acumulación. A partir de esto, los hechos de los últimos dos años pueden ser vistos como el puntapié inicial de un proceso de mayor envergadura que eventualmente puede terminar en un cambio en la correlación de fuerzas de la sociedad chilena y, consecuentemente, en un cambio social de mucho mayor envergadura.

El conflicto de clases como base de las actuales movilizaciones sociales

Una de las interpretaciones más comunes sobre el actual proceso de movilización, reproducido por gran parte de los intelectuales de derecha y por la prensa, señala que éste es el resultado de una ciudadanía “empoderada” o de una “clase media emergente” que reclama por “más y mejor mercado”. De acuerdo con esta perspectiva, el régimen neoliberal ha asegurado a tal punto la integración económica de la población –a través de criterios de mercado como el consumo–, que ésta ha pasado a “otro nivel de exigencia”. Según se dice, y tal como supuestamente ha ocurrido en los países desarrollados, las críticas al modelo económico están lejos de ser una crítica al neoliberalismo. Por el contrario, detrás de ellas se encontraría una demanda por “más mercado” expresada tanto en el deseo por incrementar la capacidad de consumo como de corregir ciertos “excesos” del mercado (por ejemplo, las estafas conocidas por todos en casos como en el de multitienda La Polar, la colusión de las cadenas farmacéuticas o la existencia de lucro en instituciones de educación superior). Desde esta perspectiva, entonces, de lo que se trata es de solucionar tales “accidentes” del mercado, antes que de cambiar la lógica con la cual se organiza la distribución de beneficios sociales.

Lejos de esa interpretación existen hechos irrebatibles que muestran que en la base de las actuales movilizaciones sociales se encuentra un conflicto de clases, en particular un conflicto entre el conjunto de la clase trabajadora y la clase dominante. A partir de la manera en que se ha expresado dicho conflicto (a través de movilizaciones masivas en torno a la educación, y no tanto en movilizaciones lideradas por el movimiento sindical, por ejemplo), se podría pensar que el conflicto social en Chile no se mueve por una lógica clasista, tal como muchos lo plantean.

Sin embargo, al afirmar esto no se toma en cuenta el hecho que tanto el conflicto social como las formas que él toma es un resultado de las propias condiciones históricas en las que él se desarrolla. En el caso chileno tales condiciones históricas provocaron el establecimiento una sociedad altamente despolitizada, en la cual difícilmente se podía expresar masivamente, y en términos políticos, los intereses de la clase trabajadora. En efecto, las condiciones de la sociedad chilena durante las primeras dos décadas de régimen democrático no favorecieron la articulación política de actores de clase trabajadora (o incluso de clase media), pero sí significaron la consolidación de la dominación política e ideológica, es decir, la consolidación de la hegemonía de la clase dominante. El poder hegemónico de esta clase se expresó, por ejemplo, en su capacidad para limitar los más bien tibios intentos por fortalecer el movimiento sindical en el ciclo de reformas laborales de 1991-1993. Así, en un contexto en donde la clase dominante llegó a ser una comunidad fuertemente comprometida con el proyecto neoliberal –con incluso más poder que en la época dictatorial– la desarticulación política de la clase trabajadora puede ser entendida, más que como expresión de la irrelevancia del conflicto de clases, como un resultado mismo de éste.

En tales condiciones históricas, si bien se ha podido apreciar un incremento en la capacidad de consumo de gran parte de la población chilena –sustentado en los altísimos niveles de endeudamiento por todos conocidos– también se ha visto un sinnúmero de desigualdades económicas que han tendido a distanciar enormemente los niveles de bienestar materiales de las clases sociales, en especial el de la clase dominante (compuesta por grandes empresarios y altos ejecutivos) y el de la clase trabajadora, calificada o no calificada.

Por ejemplo, según datos de la Fundación Sol se puede observar que, en Chile sólo el 52% de los trabajadores asalariados posee un empleo protegido (es decir, con contrato de trabajo escrito, indefinido, con liquidación de sueldo y cotizaciones para pensión, salud y seguro de desempleo). De modo similar, a partir de la Encuesta Casen 2009 se puede observar que casi el 37% de los obreros y empleados del sector privado ganan 1,5 salarios mínimos o menos, lo cual afecta de sobremanera la brecha de desigualdad salarial. Así, mientras en los países de OECD –el patrón de comparación comúnmente utilizado por las autoridades para medir el grado de desarrollo económico– la distancia salarial entre un gerente general y un trabajador que obtiene el sueldo mínimo es de 32 veces, en Chile dicha distancia llegó a ser de 102 veces en 2011.

Tales cifras no presentan nada desconocido para la inmensa masa de la población que ante la falta de salarios dignos y empleos de calidad sustenta su capacidad de consumo, así como su acceso a la educación, la salud y la vivienda, a través del endeudamiento. Lo interesante de los datos es que muestran que actualmente no hace falta estar sin trabajo ni pertenecer, como antaño, a una masa marginal de “desempleados estructurales” para vivir en condiciones de extrema precariedad. Así, grandes sectores del pueblo, aun cuando se encuentren trabajando, poseen sueldos que ni siquiera le alcanzan para salir de su situación de pobreza. A modo de ejemplo, el 70% de todas las personas definidas como “pobres” por la última encuesta CASEN (2011) corresponden a trabajadores asalariados.

En este escenario surge, pues, el proceso de movilización social que explotó el año 2011, especialmente a partir del movimiento estudiantil. Si bien esto es claro, ¿por qué este tipo de conflicto social debe ser leído como expresión de un conflicto entre clases sociales? Sencillamente porque ante la debilidad de los actores clásicos de clase (por ejemplo, los sindicatos), estas luchas pueden ser vistas –en la medida en que no se expresan en conflictos en el ámbito trabajo– como la expresión “desencajada” de un descontento de la clase trabajadora. Esto implica cuestionar la afirmación común que señala que el conflicto educacional –expresado, por ejemplo, en el movimiento universitario– sea por definición la expresión de un interés de la clase media que busca en la educación pública el apoyo estatal del que gozó hace décadas atrás. En efecto, si bien pueden existir importantes componentes de ese tipo de demandas en las movilizaciones estudiantiles, esto representa más bien al núcleo clásico del movimiento estudiantil que se ha movilizado constantemente durante los últimos 20 años (es decir, aquel movimiento universitario ligado principalmente a las universidades tradicionales).

A diferencia de lo que pasó durante la década de los 90 e inicios del 2000, en 2011 despertó fundamentalmente un actor estudiantil proveniente de familias de clase trabajadora. En efecto, producto de la ampliación privada de la matrícula en educación superior todo este contingente de estudiantes (primera generación que entra a la educación superior) ha ingresado mayoritariamente a instituciones como Institutos Profesionales y Universidades privadas “no selectivas”, donde el problema del lucro y, muchas veces, el de la calidad en la educación, es pan de cada día. Así por ejemplo, al analizar datos de la encuesta CASEN que indican las tendencias generales sobre este respecto se puede ver que mientras la mayoría (el 44%) de los estudiantes con origen de clase “alta” (familias con jefes de hogar que ocupan puestos directivos y profesionales) estudia en universidades públicas o privadas “de excelencia” (es decir, universidades selectivas), los hijos de familias de trabajadores no calificados han accedido a la educación superior estudiando fundamentalmente en Institutos Profesionales (25%) y en grandes universidades privadas docentes –que no investigan– y con bajos filtros de ingreso (15%). A ellos se debe sumar el contingente de estudiantes secundarios, los cuales han sido, en términos del nivel de movilización mostrado, una de las expresiones más concretas del malestar en los sectores populares. Con ello se puede entender por qué en 2011 las calles hayan sido ocupadas tanto por estudiantes de universidades tradicionales como por estudiantes secundarios (algo ya conocido), además de estudiantes de universidades privadas, IPs y CFTs , es decir, estudiantes de educación superior cuyo origen es en gran medida de clase trabajadora (lo cual marcó una gran diferencia).

A partir de esto, el conflicto por la educación debe ser leído como la expresión de un cuestionamiento radical por parte de la mayoría de la clase trabajadora (y de ciertos sectores de clase media precarizados) a un proyecto de dominación de clase neoliberal sustentado en la precariedad y explotación del trabajo y en la ausencia de democracia política real. El hecho de que el conflicto haya explotado por el tema educacional podría ser el resultado de que ante condiciones políticas y económicas que limitaron la aparición de actores colectivos de clase, gran parte de los sectores populares haya dado respuestas individualizadas ante sus condiciones de precariedad social. Así, ante la imposibilidad de defender colectivamente sus intereses a través de sindicatos (como antaño), gran parte de las familias de clase trabajadora centraron sus esfuerzos en la inversión de sumas importantísimas de dinero para financiar la educación de sus hijos.

Como resultado de tales esfuerzos, sin embargo, han aparecido enormes problemas de endeudamiento asociados, entre otras cosas, a problemas de empleabilidad derivados de la mala calidad de algunas instituciones de educación superior. Con ello el sueño meritocrático tan hábilmente afirmado por la ideología liberal ha quedado materialmente cuestionado. No se puede pensar, en efecto, en movilidad o ascenso social cuando el vehículo escogido para ello –la educación– supone el origen de una vida de deudas e incertidumbres. Menos aún se puede pensar en eso, cuando la tan afirmada igualdad de oportunidades no es más que un sueño en las sociedades capitalistas –un sueño que no ha sido logrado ni siquiera en periodos con altas tasas de crecimiento económico–.

Sobre la base de este cuestionamiento al neoliberalismo, las experiencias de movilización social de los dos últimos años han permitido grandes avances en términos de aprendizaje político. Para que tales experiencias tengan resultados concretos –que beneficien materialmente a la clase trabajadora, que terminen con su precariedad, y que le permitan aumentar su conciencia revolucionaria es pos de transformaciones de largo alcance– es sumamente necesario contar con una mayor organización en los ámbitos que hasta ahora ha sido un tema pendiente, en especial el ámbito sindical. Como se ha señalado, el conflicto de clases puede tomar diversas expresiones en una coyuntura concreta, siendo algunas de ellas más explosivas que otras. En este caso, la lucha de clases se ha expresado tanto en la crítica radical –por parte del pueblo– a los abusos e injusticias derivadas de la mercantilización de los derechos sociales como en la defensa irrestricta que la clase dominante –además de sus políticos e intelectuales– ha hecho de ella. De ahí que la consigna de “no al lucro” (en especial al lucro en educación) haya llegado a ser el eje del conflicto en una sociedad que, precisamente, se ha caracterizado por la mercantilización de todos los aspectos de la vida y la ausencia de derechos universales.

Sin embargo, para que tal crítica a la mercantilización –así como al proyecto neoliberal que durante décadas lo sustentó– tenga consecuencias positivas para todo el pueblo, es absolutamente necesario la articulación de la clase trabajadora en torno a sus instrumentos clásicos de organización: los sindicatos. A pesar de las dificultades que existen para la articulación sindical, hay hechos que indican la existencia de un panorama alentador, con la articulación de importantes núcleos de organización sindical entre sectores tradicionalmente no sindicalizados (por ejemplo, trabajadores subcontratados y trabajadores de servicio). Más importante aún, tales núcleos parecen tener un alto grado de articulación con los vastos sectores del movimiento social en general, entablando demandas tan importantes como la renacionalización del cobre y los recursos naturales. Este panorama alentador tiene que ser aprovechado por los sectores avanzados, comunistas y libertarios, del pueblo chileno. Sólo a través de los sindicatos la clase trabajadora organizada puede cuestionar las bases mismas del neoliberalismo. Sólo ellos, en efecto, tienen el peso estratégico que les permite poner el jaque acumulación capitalista llevada a cabo por la clase dominante, que durante décadas ha tenido libertad absoluta para actuar. Solamente los sindicatos tienen el peso real para transformar la correlación de fuerzas y, finalmente, generar las bases para la consolidación verdaderos espacios de poder popular que cuestionen tanto la injusticia en las relaciones de mercado (expresadas, por ejemplo, en la idea de “lucro”) como la explotación del trabajo que condena a unos y favorece a otros. En este sentido, aun cuando se ha avanzado en los niveles de aprendizaje político en el seno del pueblo, todavía queda mucho por hacer. Y para ello, los trabajadores y las trabajadoras tienen un rol central que jugar.

Pablo Pérez


Publicado en "Perspectiva Diagonal"

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