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El Cauca y la reforma a la justicia: por la solución política y la legislación popular desde abajo

category venezuela / colombia | la izquierda | opinión / análisis author Tuesday September 04, 2012 16:10author by CILEPauthor email cilepinvestigacion at yahoo dot com Report this post to the editors

El pasado 20 de julio el Congreso de la República volvió al Capitolio, luego del incidente de la fallida reforma a la justicia. Santos, en su discurso de apertura de la legislatura 2012-2013, se refirió a los “avances” de la locomotora legislativa, habló de su gobierno “reformador”, se refirió a los recientes hechos ocurridos en el Cauca y disparó dardos sutiles contra el uribismo y sus propuestas para reactivar el Estado de opinión, a través de una constituyente.

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Y es que el gobierno de Santos, y el país en general, se encuentra en el momento de mayor convulsión desde agosto de 2010, sin que sea esto una sorpresa o un hecho salido de la nada. Dos situaciones recientes han precipitado lo que llamamos “una crisis de favorabilidad”: la reforma a la justicia y la agudización de los conflictos armados, sociales, políticos y económicos en el Cauca. En el presente artículo quisiéramos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el momento político, sobre las “crisis” y sobre posibles caminos para pensar la salida de la crisis, por la vía de la transformación del país y no por la vía del fortalecimiento del régimen político tradicional.

Desde la campaña para las elecciones presidenciales de 2010 era claro que Uribe no estaba de acuerdo con el candidato elegido para darle continuidad a su gobierno, y desde el discurso de posesión de Santos, fue claro que éste no era, como muchos pensábamos, Uribe III. La distancia entre Uribe y Santos se fue perfilando y precisando con el paso del tiempo, constituyéndose en un hecho mediático central y mostrando una evidente ruptura en el bloque dominante que tuvo como consecuencia lógica la repartición y consecuente disminución del apoyo a cada sector. El 90% de “favorabilidad” con el que Santos inició su gobierno se repartió, siendo éste el primer elemento que afectó la favorabilidad del gobierno. La disputa entre Uribe y Santos, que tiene diversas lecturas, no debe hacernos olvidar que ambos sectores están ligados a la acumulación de capital y, por ende, a la explotación del pueblo colombiano, aunque las formas de realizarlo varíen. En términos político-institucionales, el uribismo podrá ser hoy “oposición”, pero los antagonismos hacen referencia a diferencias radicales como las que tiene el pueblo colombiano con las clases dominantes.

La estrategia de creación de legitimidad de Santos ha sido hábil: cooptación, “moderación”, diplomacia, o como lo llama él mismo, “buenas maneras”. El episodio generado en torno a la reforma de la Ley 30, la movilización estudiantil y su posterior retiro por parte del gobierno, da cuenta de la disposición estratégica de Santos para echar atrás, si no se tiene la suficiente apariencia democrática.

No obstante, esas estrategias no han sido suficientes, y los sectores populares organizados hemos manifestado nuestra oposición al gobierno Santos a través de actos masivos de movilización: la sesión de instalación del Congreso de los Pueblos, el Congreso de tierras, territorios y soberanías en Cali, el Encuentro de comunidades por la paz en Barrancabermeja, y la creación del Consejo Patriótico y la aparición de la Marcha Patriótica en la escena política, son muestra de ello. También es necesario reconocer, entre muchas otras que se nos escapan, las luchas de los trabajadores del petróleo en Puerto Gaitán y las de trabajadores de palma en Puerto Wilches, que dan cuenta de un considerable porcentaje de la población que rechaza las políticas del gobierno Santos, en tanto éstas hacen parte del histórico ejercicio de represión sobre el pueblo colombiano. Estas expresiones de organización popular desbordan la mera oposición a Santos: son una nueva expresión de luchas históricas, de gentes que por décadas se ha encontrado para construir y proyectar un país para los pueblos. Desde el trabajo de base y la construcción popular resistimos, proponemos y tomamos la política en nuestras manos, por medio de la construcción del poder del pueblo.

Estos dos años también estuvieron marcados por la tendencia final del gobierno Uribe: el aumento de las acciones militares de las FARC y del ELN, por cuenta de los cambios en los planes de acción de las organizaciones insurgentes, que les ha permitido reacomodarse en territorios luego de la brutal ofensiva militar y paramilitar del gobierno Uribe.

Así, a la situación creada por la creciente oposición uribista, la puja de los sectores populares, la agudización del conflicto armado dinamizado por la insurgencia y por el aumento de las acciones de guerra sucia del paramilitarismo atentando contra líderes de restitución de tierras y defensores de derechos humanos, se vinieron a sumar los hechos recientes de la reforma a la justicia y de la tensión en el Cauca que agudizan la crisis de favorabilidad del gobierno Santos y tienen en su seno discusiones políticas centrales del país.

Las situaciones del Cauca y de la reforma de la justicia, como parte del conflicto colombiano, dan cuenta de su complejidad y de la profundidad de sus discusiones. El primero es un hecho mediático, publicitado y aireado por los grandes medios de comunicación (radiales, de prensa y televisión), que dio cuenta de una situación escandalosa, imposible de mantener dentro de los muros del Capitolio. El Congreso de la República, “fuente de ley”, “expresión de la democracia”, intentó modificar la Constitución Política de 1991 con el argumento de favorecer la justicia para la “ciudadanía de a pie”, legislando en causa propia (prevaricato [1]) , extendiendo sus garantías judiciales, trasladando procesos (de personas tan indecentes como Andrés Felipe Arias o los más de cien congresistas investigados por parapolítica) que implicaban su nulidad y ampliando el período de los magistrados de las altas cortes (forma de pagar el silencio de los magistrados ante el accionar del Congreso).

Es decir, 102 personas que no sólo no cumplen con su deber constitucionalmente asignado, sino que además utilizan su posición de poder para favorecerse a sí mismos, a quienes los antecedieron y a quienes vendrán, es decir, para beneficiar la pléyade de charlatanes y magos de las cifras que compone la clase política colombiana, sea ésta santista o uribista. Así, el problema no es, como diría el delfín de la comunicación colombiana, Julio Sánchez Cristo en la W, que no queremos a los congresistas que tenemos hoy; el problema es que la inmensa mayoría del pueblo colombiano, en el mejor de los casos, no cree, no le importan o no le generan identidad las instituciones políticas, y en el peor, habla pestes y despotrica de ellas. No es un problema de las personas que hoy están en el Congreso de la República, sino de la clase política que construyó dicha institución alejada de los intereses del pueblo y a través de ésta ha legislado para la acumulación, la muerte y el despojo.

Las reacciones fueron diversas: renunció el ministro Esguerra, el Polo Democrático Alternativo y Progresistas propusieron referendos para revocar e inhabilitar a los congresistas que votaron la conciliación y a sus familias, el uribismo (que no votó la reforma, pero que habría sido el principal beneficiario de ella) propone una constituyente y la agita como bandera con ceguera y torpeza, y Roy Barreras cree que “asumir la responsabilidad política” es decir “yo asumo la responsabilidad política” y luego ser presidente del Senado. En el Congreso de los Pueblos ya habíamos caracterizado la ilegitimidad de ese Congreso, que llegó a tener 35% (por poco) de influencia paramilitar, y por eso presentamos la propuesta de legislación popular: “¡Que el pueblo mande!, ¡que el país de abajo legisle!, ¡que camine la palabra!”, son las consignas de miles de personas.

Por eso, la crisis de la reforma a la justicia, que es una crisis político-institucional, con espacio de circulación en los medios masivos de comunicación y con un efecto “grave” en términos de imagen, representa para los sectores populares, sociales y políticos una posibilidad para visibilizar las otras propuesta de construcción de poder y de país que se vienen tejiendo desde abajo.

La situación del Cauca, segundo tema a abordar, visibilizada con fuerza de manera posterior al suceso de la reforma a la justicia, profundiza la crisis, abre discusiones centrales para el país y da cuenta de la manera como el conflicto armado vuelve a desbordar la presión militar. Los cuervos uribistas, prestos a la rapiña morbosa que les brinda el dolor del pueblo, vociferan su quejadera y proyectan su Puro Centro Democrático. El Congreso de los Pueblos, la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, entre muchas otras expresiones y espacios de articulación del pueblo, manifestamos nuestro respaldo a la ACIN y al CRIC, y llevamos el seminario del Congreso de Paz a Caloto en muestra de solidaridad, pero también como muestra de un movimiento popular que se apropia de su país y construye amplia y horizontalmente vida digna y paz para los pueblos.

Analizada en detalle en diversos artículos, esta situación caucana muestra las consecuencias de la guerra que la oligarquía colombiana se ha empeñado en mantener por más de 60 años. La complejidad de la situación está marcada por la multiplicidad de actores y de intereses, con una historia de conflictividad profunda. No tenemos duda que la solución es el diálogo entre los actores inmersos en los conflictos. Este diálogo, que hoy los indígenas del Cauca están convocando, es una lección de sensatez, de autodeterminación, soberanía y poder popular que debe ser repetido una, dos y tres veces, y que debe contar con el apoyo del movimiento social y político en su conjunto. La intensificación del conflicto armado y sus graves implicaciones humanitarias exige prontos escenarios de diálogo, no obstante, la descarnada lógica de la guerra y los excesos que ésta implica no deben hacernos perder de vista los matices y antagonismos que existen entre los actores involucrados y la manera como éstos se ubican en el mapa de fuerzas y de proyectos políticos de país. Que la insurgencia y el Estado sean actores armados no los iguala ni los hace un único sujeto, las diferencias entre ellos y su relación con los pueblos existe, y deben ser las organizaciones del pueblo las que determinen, de manera privilegiada, las condiciones de los diálogos.

En síntesis, los recientes hechos confirman la tendencia de cómo el aparataje de dominación montado por la clase política, paraca y aburguesada, terrateniente y financiera, mafiosa y aristócrata, santista y uribista, se va al traste. Y deja tras de si un espacio de legitimidad, un vacío de aceptación y de favorabilidad que, por pequeño que sea, debe ser aprovechado por el movimiento popular y en general por una izquierda amplia y radical, para mostrarle a quien no nos conoce que no estamos condenados a vivir regentados por una oligarquía que gestiona los intereses del capitalismo internacional a costa de buenas propinas y del sudor rojo y ensangrentado de millones de personas.

Es este el momento para que los movimientos sociales y políticos de izquierda se suban al escenario de la discusión “pública” como protagonistas dispuestos a desplazar los lugares de la fidelidad tradicional y violentamente asignada; es el momento para que el trabajo de base se fortalezca e intensifique, y para que el poder del pueblo proyecte su potencia y su energía. La salida de la crisis no es la renuncia de Esguerra y la presidencia del Senado para Roy Barreras: la salida de la crisis es el despliegue de poder popular que haga de éste un país para la vida digna.



[1] “Prevaricato por acción”, artículo 149 código penal colombiano.

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Revista "Socialismo Libertário" num. 2

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