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En Ituango, en Caloto, en todo el territorio… que cese la represión contra el pueblo organizado

category venezuela / colombia | represión / presos | opinión / análisis author Tuesday September 04, 2012 08:07author by José Antonio Gutiérrez D. Report this post to the editors

Ha sido una constante histórica en Colombia que los momentos de negociaciones de paz y diálogos coinciden con el recrudecimiento de la guerra sucia. En los ‘80 se asistió al genocidio de la Unión Patriótica, así como de otras experiencias como A Luchar o el Frente Popular. A finales de los ‘90, los diálogos del Caguán coincidieron con la unificación de los ejércitos privados de los narcotraficantes y terratenientes de toda Colombia en la peor maquinaria de muerte que ha existido en este país: las AUC. La oligarquía extiende con una mano la rama de oliva, y con la otra, afila el machete. Mientras de día se habla de paz y de acallar los fusiles, en medio de la Noche y Niebla, se desaparece, tortura y asesina a las organizaciones populares que encarnan la fuerza social que se moviliza por el cambio social en Colombia.

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En Ituango, en Caloto, en todo el territorio… que cese la represión contra el pueblo organizado

Ha sido una constante histórica en Colombia que los momentos de negociaciones de paz y diálogos coinciden con el recrudecimiento de la guerra sucia. En los ‘80 se asistió al genocidio de la Unión Patriótica, así como de otras experiencias como A Luchar o el Frente Popular. A finales de los ‘90, los diálogos del Caguán coincidieron con la unificación de los ejércitos privados de los narcotraficantes y terratenientes de toda Colombia en la peor maquinaria de muerte que ha existido en este país: las AUC. La oligarquía extiende con una mano la rama de oliva, y con la otra, afila el machete. Mientras de día se habla de paz y de acallar los fusiles, en medio de la Noche y Niebla, se desaparece, tortura y asesina a las organizaciones populares que encarnan la fuerza social que se moviliza por el cambio social en Colombia.

Sabemos que la naturaleza del Estado colombiano y de la clase dominante que representa, no cambia con el anuncio de los próximos diálogos. Antes bien, desde su lógica, profundizar la violencia contra los movimientos populares en Colombia es una manera de limitar el impacto de éstos en las negociaciones, de amedrentar al pueblo para que no se tome la palabra, y así fortalecer las cartas de la oligarquía en la mesa. Que el gobierno de Santos tiene intenciones de profundizar la guerra sucia queda claro cuando hace apenas un par de días, el Ministro de Defensa Pinzón afirmaba que se intensificaría la militarización y la impunidad a las fuerzas represivas del Estado, dejando en claro la ausencia de “buena fe” por su parte en las negociaciones[1]. Por ello es preocupante que, en un contexto en que nuevamente las negociaciones de paz están en la agenda, el garrote de la represión oficial y paramilitar, comience a machacar las cabezas del pueblo organizado.

En los últimos 15 días se han registrado hechos gravísimos, parte de una campaña sistemática de arrestos masivos y de agresiones en contra de movimientos como la Marcha Patriótica:

  • En el Cauca, el 14 de Agosto la XXIX Brigada del Ejército asesinó, en Cajibío, al campesino Daniel Valenzuela Mosquera; el 17 de Agosto, en Caloto y en Santander de Quilichao, la Brigada XIV del Ejército procedió al arbitrario arresto ilegal de 11 personas, todos pertenecientes a FENSUAGRO, la Marcha Patriótica y la Red de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”[2];
  • En el municipio de Ituango, por su parte, en las veredas de Santa Rita y La Pascuita, así como en el casco urbano de Ituango, el 26 de Agosto se arrestó masivamente a 23 personas en operativos ilegales en los que participó la Brigada Móvil XVIII del Ejército junto al CTI. Los medios dijeron que se trataba de miembros de las FARC-EP; por su parte, la Asociación de Comerciantes de Ituango salió a la defensa de los detenidos y a denunciar esto como un montaje, diciendo que todos los arrestados eran personas que han tomado parte en la movilización popular contra el proyecto Hidroituango y que esta era la quinta captura masiva de personas en esa localidad en una década[3]. Es de recordar que Ituango ha sido golpeado de manera salvaje por el paramilitarismo: por citar sólo algunos hechos de violencia paramilitar, el 11 de Junio de 1996, en La Granja, los paramilitares asesinaron a 4 campesinos; el 22 de Octubre de 1997, en El Aro, asesinaron a 15 campesinos más; el 7 de Agosto del 2002, los paramilitares asesinaron a 15 campesinos y violaron a numerosas mujeres en El Conguital; el 14 de Agosto del 2008, en un día de fiesta, paramilitares activaron una bomba, matando en el acto a 7 personas e hiriendo a más de 50; en total, más de 350 personas fueron asesinadas selectivamente por el paramilitarismo en ese municipio. Todo esto, mientras funcionarios del Estado acusan al “100%” de los pobladores de Ituango de estar coludido con las FARC-EP[4].

  • Creemos que estos golpes no son casuales y lo que buscan es debilitar a las fuerzas sociales que, en el marco de un proceso de negociación política con la insurgencia, pueden movilizarse demandando soluciones estructurales a las causas que originan el conflicto. Es una manera de tratar de contener al conflicto armado mediante la negociación, y de contener al conflicto social mediante la represión. Tal fórmula, lo único que hace es demostrar que en Colombia siguen sin existir garantías para ejercer ninguna clase de oposición, mientras la represión oficial, que ocurre a plena luz del día, azuzada por los señalamientos de generales y funcionarios contra movimientos populares (principalmente contra la Marcha Patriótica), es disfrazada con un manto de impunidad por medios serviles que dan su bendición a estos “falsos positivos” judiciales.

    Igualmente preocupante es la situación del paramilitarismo, que de la mano de la dizque “limpieza social” y de los llamados “Ejércitos Anti Restitución”, está asomando nuevamente su horrible cabeza por todas partes, con masacres y asesinatos selectivos. No es que el paramilitarismo se esté reorganizando; en realidad, nunca se fueron y están empezando a aceitar sus armas para enfrentar al nuevo ciclo de luchas sociales y campesinas, mientras el uribismo desarrolla una campaña de agitación proto-fascista en todos los medios y cuarteles.

    Recuerdo, nuevamente, las palabras de Jaime Pardo Leal en 1987, poco antes de ser asesinado, en que interpelaba al presidente Virgilio Barco: “Le hemos dicho al gobierno nacional que nos defina si tenemos derecho o no a vivir en nuestro país”. Esta pregunta, que jamás fuera contestada por Barco, tiene plena vigencia hoy. El gobierno dirá que no puede controlar a las fuerzas paramilitares. Pero estas fuerzas existen, son alimentadas y, en última instancia, controladas por el Ejército, las Fuerzas Armadas del Estado, así como por gamonales y caciques políticos locales, todos aliados al gobierno[5]. Si el gobierno se declara incapaz de controlar a sus propias fuerzas, si el gobierno de declara entonces incapaz de poner rienda a sus “perros salvajes”, nos preguntamos qué sentido tiene negociar con un gobierno que no controla, que no se impone entre sus propias fuerzas. Queremos que se aclare, entonces, si es que hay que negociar con algún poder “superior y oculto”.

    Esa es la gran pregunta que se hacen quienes, desde el movimiento popular, se han comprometido en apoyar un proceso de paz que abra las puertas a la solución de las causas estructurales del conflicto social y armado. Pero sabemos que esta es una pregunta retórica que nada tiene que ver con la “capacidad” de la oligarquía y su Estado, sino que tiene que ver con su voluntad política.

    Pero al menos Santos debería ser capaz de controlar a sus fuerzas oficiales. En una reunión el 31 de Agosto con el Partido Comunista, Santos se comprometió a evitar las acusaciones de sus funcionarios contra la Marcha Patriótica. Sin embargo, exigió a los comunistas para ello mantener una clara diferenciación entre este movimiento y las FARC-EP, como si no la hubiera[6]. Nos queda la duda qué significa esta vaga exigencia… ¿significa, acaso, que la Marcha renuncie a alzar su voz ante las negociaciones o que decline a incluir en su programa temas como la reforma agraria integral? ¿quién definiría si esta diferenciación es lo suficientemente clara o no, y qué parámetros usaría? ¿cuál sería el precio a pagar por los movimientos sociales si el Estado estima que se ha cruzado una línea necesariamente borrosa en su esquema contrainsurgente?

    No podemos permitir que el compromiso con una Colombia mejor se convierta hoy en la razón para la persecución oficial y para-oficial, la cobarde amenaza y el asesinato por parte de hampones a sueldo. Hoy, al igual que ayer, “El debate no es si la guerrilla sigue o no sigue, sino, si la élite va a dejar de hacer la guerra sucia y de poner todo su aparato de Estado para eliminar a la oposición”[7], como dijera el comandante del ELN Pablo Beltrán. Un proceso de negociación política de un conflicto que no sólo es armado, sino ante todo social, requiere que el pueblo sea capaz de hablar sin miedo a ser asesinado o desaparecido. Hoy la tarea fundamental es blindar mediante la solidaridad a las expresiones populares como la Marcha Patriótica, exigir garantías para su libre actividad y movilizarse contra la represión oficial que encarcela al pueblo organizado y en las cárceles tortura a los presos por luchar. Sin estas mínimas garantías, estas conversaciones no serán sino el preludio de un nuevo ciclo de exterminio.

    José Antonio Gutiérrez D.
    3 de Septiembre, 2012


    [1] http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_....html
    [2] Para más detalles ver http://anarkismo.net/article/23704
    [3] Ver la noticia en los medios: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-...oquia Ver el comunicado de la Asociación de Comerciantes de Ituango: http://prensarural.org/spip/spip.php?article9000
    [4] http://www.colectivodeabogados.org/CONDENA-AL-ESTADO-CO...O-POR y http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloim...uango Del atentado del 14 de Agosto del 2008, fueron culpadas las FARC-EP por el gobierno en ese momento.
    [5] Lo que no significa que estas fuerzas paramilitares, que reclutan sus efectivos entre hampones y mafiosos, no tenga una “autonomía relativa” debido al móvil eminentemente de beneficio personal que les anima. Pero, en última instancia, no dejan nunca de estar bajo el control último de las fuerzas del Estado, al que le deben su existencia, aunque tengan un amplio margen de libertad de acción que, en ocasiones puntuales, los lleva a entrar en ciertas contradicciones con éste. Ver, al respecto, un análisis anterior que hicimos sobre el Paro Armado de los Urabeños en Enero y la naturaleza del paramilitarismo colombiano.
    [6] http://www.eltiempo.com/politica/partido-comunista-habl...711-4
    [7] “De la Resistencia al Poder Popular, Diálogo con el comandante Pablo Beltrán” Ed. OceanSur, 2008, pp.35-36.

    author by Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Bordapublication date Sun Sep 09, 2012 13:28author email secretaria at colectivoofb dot orgReport this post to the editors

    Del 24 al 28 de Agosto de 2012, miembros de nuestra organización, el Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda, se encontraban realizando una jornada de formación en Derechos Humanos, DIH y mecanismos de protección, en la Vereda Santa Lucía y los Corregimientos de Santa Rita y la Granja del Municipio de Ituango – Antioquia, en coordinación con la ASOCBAC (Asociación Campesina del Bajo Cauca) y la ASCIT (Asociación Campesina de Ituango).

    El domingo 26 de Agosto, mientras se llevaba a cabo la jornada de formación, se realizó una captura masiva de 23 pobladores de este municipio sindicados de pertenecer a la red de apoyo del Frente 18 de las FARC, en desarrollo de un operativo del CTI por orden del Fiscal 29 de la ciudad de Medellín, Señor LUIS AMIN MORENO MOSQUERA, en coordinación con el Ejército Nacional adscrito a la Brigada Móvil No. 16 y No. 18 de la Fuerza Conjunta de Acción Decisiva – FUCAD.

    En el proceso de captura masiva se realizaron operaciones de registro y control sobre la población; allanamientos en muchos casos sin orden judicial de viviendas, almacenes y establecimientos de comercio; se impidió el derecho al libre tránsito a los campesinos que se movilizaban al casco urbano del municipio; se retuvieron vehículos de transporte de pasajeros por más de tres horas bajo el argumento que no se podían dejar transitar por el desarrollo de allanamientos en el área; no permitió a la población y al periodista del canal regional “Tele Antioquia” informar sobre el desarrollo del operativo, las irregularidades y abusos presentados como las labores de policía judicial realizadas por miembros de la FUCAD.

    Los capturados fueron trasladados a la ciudad de Medellín en helicópteros y durante 10 días permanecieron privados de la libertad mientras se adelantaban las audiencias de legalización de capturas e imputación de cargos; el 05 de Septiembre fueron dejados en libertad todos los capturados por orden del Juez 41 Penal Municipal de Medellín con Funciones de Control de Garantías, sin que los medios masivos difundieran de la misma manera que lo hicieron al momento de la captura.

    2. Capturas en el Corregimiento de Santa Rita

    
En el casco urbano de este corregimiento fueron capturadas las siguientes personas: Juan Rafael Castañeda, mototaxista; María Rosalba Giraldo Gómez, ama de casa; Gabriel Oliveros Higuita, comerciante; Wilder Alonso Giraldo, arriero en la región; Jairo de Jesús Rodríguez, trabajador en su finca en la vereda La Francia; Doralba Inés Meza Pinillo, ama de casa y tiene una pequeña botica; Oliva Alzate Carvajal, ama de casa y quien tiene un pequeño almacén de ropa; Miller Alonso Guerra Salas, comerciante, a quien le allanaron al parecer sin orden judicial su negocio de abarrotes y la bodega, allí encontraron y retuvieron 5 litros de ácido muriático, 8 kilos de soda caústica, $15.000.000 de pesos, tres celulares, libros de contabilidad del negocio, libro de cuentas de clientes y facturas. La causa de su captura fueron estos productos encontrados en el allanamiento ilegal. Por otra parte, en el sector de “La Trampa”, vereda Camelia Baja, jurisdicción del corregimiento de Santa Rita, fue capturado Jhon de Jesús Carvajal Tobón, comerciante. Igualmente, en la vereda Pascuitá, jurisdicción del corregimiento de Santa Rita, fueron capturadas las siguientes personas: Elkin de Jesús Lopera Alvarez y María Trinidad Lopera Alvarez, primos hermanos; Sor Eulandi Oliveros Higuita, hermana de Gabriel Oliveros, capturado en Santa Rita, a quien le sustrajeron de su vivienda la suma de $5.260.000 y María Nelly Gómez Granda, viuda y madre de cuatro menores de edad, quienes quedaron bajo el cuidado del presidente de la JAC. A María Nelly el ejército le asesinó a su esposo José Aldemar García Oquendo, el 7 Mayo del 2007 y fue presentado al parecer como guerrillero dado de baja en combate; igualmente le sustrajeron cerca de $3.000.000 de su vivienda y una escopeta de cacería.

    Al presidente de la JAC de Pascuitá, José Abraham García Oquendo, quien estaba informando sobre las irregularidades a los Defensores de Derechos Humanos fue intimidado por el CTI y miembros del Ejército Nacional, al tomarle fotografías e impedirle que pudiera informar sobre lo que estaba pasando; lo obligaron a cortar la llamada y anotaron su número celular con el argumento de “registrarlo” y amenazaron con llevárselo detenido si seguía dando información.

    Por último, en la bomba de gasolina ubicada en el barrio Mina Vieja obligaron al administrador, Jorge Zapata, entregar todo el dinero correspondiente a la suma de $19.222.075 sin dar razón alguna. El administrador de la bomba solicitó un documento que certificara que se llevaban el dinero y dijeron que ellos no hacían eso. Además, el ejército realizó registros fotográficos de las viviendas de las personas detenidas e ingresó a varias de ellas. En la vivienda de Edilma Gómez, que se encontraba sin habitar, el Ejército ingresó sin autorización, pateando la puerta.

    3. Capturas en el casco urbano de Ituango

    De manera simultánea el operativo fue realizado en el casco urbano de Ituango donde fueron detenidos comerciantes, campesinos, amas de casa, transportadores y mecánicos, entre ellos Argiro de Jesús Correa Espinal, conductor y mecánico; Luis Emilio Zapata Correa, conductor a quien le sustrajeron de la vivienda $4.500.000, su vehículo tipo “Escalera” fue inmovilizado y llevado a la base militar donde permanece retenido al parecer sin ninguna orden judicial alguna; Javier Dario Upegui Londoño, campesino–ganadero en la finca de la vereda El Naranjo, a quien le sustrajeron de su vivienda $4.000.000 y varias letras de cambio de una hipoteca; Luz Eleyda Uribe Arboleda, ama de casa de 18 años de edad; Rubén Arley López Henao, comerciante; Jhon Jairo Zapata Múnera; Bernardo Yepes Echeverri; Wilson Alonso Usuga Giraldo; José Roberto Agudelo López; Andrés Felipe Correa Giraldo; Nelson David Chavarría López, mecánico, fue el último capturado a las 7:00 P.M. y quien pasó la noche privado de la libertad en la base militar de donde fue trasladado a Medellín en horas de la mañana del 27 de Agosto. Natalia Andrea Correa, llegaron a su vivienda en el barrio La Plazuela y la obligaron a salir del baño en toalla mientras le gritaban “malparidos abran la puerta que es un allanamiento de la Fiscalía”, tumbaron la puerta y al hacer el reclamo respondieron “así toca entrar y si va a demandar hágalo a nombre del Fiscal 29 Amin Moreno”. La obligaron a vestirse en presencia de un miembro del CTI. Trataron mal a los menores de edad que se encontraban en la vivienda y durante una hora y media revolcaron todo el lugar sin encontrar nada, afirmando que buscaban armas.

    El total de dinero sustraído en allanamientos, en su mayoría al parecer sin orden judicial, asciende a la suma aproximada de $50.982.075, el cual no fue reportado en su totalidad en las diligencias de legalización de capturas.

    4. Exigencias

    Es la quinta vez que desde el año 2003 se presentan capturas masivas en contra de los pobladores del Municipio de Itaungo, quienes en la mayoría de los casos son puestos en libertad y los procesos cerrados ante la debilidad de las pruebas aportadas por la Fiscalía. Esta captura masiva del 26 de Agosto de 2012 fue ordenada por el Fiscal LUIS AMIN MORENO MOSQUERA, quien de tiempo atrás mantiene una persecución en contra de los pobladores de este municipio. Así por ejemplo, en el escrito de acusación de los procesados por la captura del 29 de Marzo de 2011 sostuvo de manera irresponsable que “prácticamente el 100% de la población de Ituango tiene que ver con el negocio del narcotráfico y con las FARC”, tal como lo ha referenciado el Comunicado de la Asociación de Comerciantes de Ituango en Agosto de 2012. Es por ello que las organizaciones abajo firmantes solicitamos a la comunidad nacional e internacional que nos apoyen para presionar al Estado colombiano con el fin de que:

    1. Se tomen las medidas necesarias para hacer cesar de manera inmediata la estigmatización que existe en contra de los pobladores del Municipio de Ituango, Departamento de Antioquia.

    2. Se tomen las medidas por parte de los organismos de control e investigación del Estado colombiano con el fin de hacer cesar las acciones de policía judicial realizadas de manera inconstitucional por los miembros del Ejército Nacional, Brigadas Móviles 16 y 18 de la FUCAD.

    3. Se inicien las investigaciones del caso por parte de los organismos competentes con el fin de judicializar y sancionar a los responsables de los hechos denunciados en los cuales al parecer se cometieron serios abusos de autoridad por parte del CTI, el Ejercito Nacional y la Fiscalía 29 de Medellín.

    4. Se den las garantías de protección a la población civil y los Defensores de Derecho Humanos que se encuentran en terreno exigiendo el respeto de los derechos de las comunidades estigmatizadas y perseguidas.

    Para mayor información contactarnos el correo electrónico:

    secretaria@colectivoofb.org

    Atentamente,
    Asociación Campesina de Ituango – ASCIT
    Asociación Campesina del Bajo Cauca – ASOCBAC
    Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda – COLECTIVO OFB

    author by Asociación Campesina de Ituangopublication date Thu Sep 20, 2012 18:47Report this post to the editors

    La Asociación Campesina de Ituango, registrada ante la Cámara de Comercio de Medellín, denuncia a la opinión pública que en el Corregimiento de La Granja, jurisdicción del municipio Ituango, Departamento de Antioquia, vienen presentandose algunos acontecimientos que infrinjen el DIH, que a continuación mencionaremos:

    HECHOS:

    1. El día sábado 8 septiembre de 2012 llegaron tropas del Ejército Nacional de Colombia, pertenecientes a la Brigada Móvil 18 a la casa del señor Bernardo López, ubicada en la vereda El Capote, allí estuvieron hasta el día 13 del mes en curso.

    2. En las fincas de los señores Víctor Monsalve y de Abelino Guzmán, lugar conocido como Cerro Colombia, hace varios meses las tropas de la Brigada Móvil 18 pertenecientes al ejército se encuentran acantonadas perturbando las labores agrícolas de los señores aludidos.

    3. En la vereda Buen Vista esta también se encuentra miembros de la brigada en mención en la casa del señor José Isaac Echavarría Meza, este mismo hecho viene sucediendo en la vivienda del señor Israel González en lugar conocido como vereda Yolombó.

    4. También denunciamos al bloqueo alimentario que vienen padeciendo algunas comunidades de Ituango por parte del Ejército Nacional de Colombia bajo el mando del Coronel Gonzalo Antonio Gómez Amaya. A los campesinos les toca hacer firmar las facturas de sus viveres que compran ya que solo pueden comprar la cantidad víveres que el ejército autorice y no contentos con esto les toca dejar el número del documento de identidad y del celular, algunos personas han recibidos llamadas de algunos miembros del ejército en especial las mujeres.

    5. Se vienen presentándose patrullajes con personas que ocultan el rostro con pasamontañas, utilizando prendas militares y armamento exclusivo de las fuerzas militares, como fue caso del 13 de septiembre en el Corregimiento de la Granja.

    Exigimos al gobierno nacional que haga cumplir las normas del Derecho Internacional Humanitarios a las fuerzas militares.

    author by Agencia Prensa Ruralpublication date Thu Sep 20, 2012 18:50Report this post to the editors

    Luego de que la Policía reportara la captura de un primo de la exsenadora Piedad Córdoba y a otras tres personas, acusadas de pertenecer a las Farc, Andrés Gil,vocero del movimiento Marcha Patriótica, rechazó dichas acusaciones.

    Andrés Gil, quien también había sido detenido esta semana, aseguró que no hay pruebas que conecten a los cuatro detenidos con los supuestos delitos de rebelión y extorsión.

    Según Gil, las detenciones son un “intento desesperado” de demostrar que el movimiento tiene relaciones con las Farc, como en su momento lo dijo el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

    “Estas detenciones son una muestra de la persecución política a la que estamos sometidos los que integramos este movimiento”, dijo.

    El vocero de la Marcha Patriótica hizo un llamado al gobierno para que les brinde las garantías necesarias para ejercer su libre derecho a participar en política desde la oposición. “En este momento no hay garantías para nuestra participación y queda en evidencia con estas detenciones arbitrarias”, puntualizó.

    Los detenidos

    Juan Alberto Galeano Ruíz - Secretario de Educación del municipio antioqueño de Valdivia, primo de la exsenadora Piedad Córdoba

    Ana Francisca Pérez Zapata, presidenta de la Asociación Campesina del norte de Antioquia -ASCNA,

    Luz Helena Hernández y José Gómez, pobladores del norte de Antioquia.

    "Estigmatización"

    Se está construyendo una matriz mediática, según la cual ser militante de la Marcha Patriótica o miembro de Colombianos y colombianas por la paz es equiparable a un delito.

    Related Link: http://prensarural.org/spip/spip.php?article9144
    author by ASCNApublication date Thu Sep 20, 2012 18:54Report this post to the editors

    La Asociación Campesina del Norte de Antioquia ASCNA con NIT:900488021-4, organización de base que Asocia a familias Campesinas de los municipios del Norte de Antioquia denuncia públicamente a la opinión pública nacional e internacional la persecución y los señalamientos de que viene siendo víctima por parte del estado colombiano y del del Ejército Nacional.

    Hechos:

    Hoy 14 de septiembre de 2012 ha sido detenida arbitrariamente, en el Municipio de Campamento, Antioquia, nuestra Presidenta Ana Pérez. Bajo cargos de rebelion, terrorismo y hurto. La detención fue realizada por hombres de civil por órdenes de la Fiscal 51 epecializada Maria Fabiola Muñetón, reconocida nacionalmente por sus violaciones al debido proceso. Exigimos se garantice el debido proceso de nuestra Presidenta y que cese la persecución contra nuestra organización

    El día 9 de septiembre de 2012 en el parque del municipio de campamento fueron capturados por la Policía Nacional los campesinos, Federico Antonio Taborda Adarbe e Ignacio León Zabaleta Ruíz, habitantes del corregimiento Raudal viejo de Valdivia, quiénes hacen parte de una comisión del Comité de Trabajo de nuestra Asociación en dicho corregimiento y se dirigían al Municipio de Campamento para participar en una Audiencia de derechos humanos el día 10 de Septiembre donde se denunció la grave situación que soportan los y las habitantes del Norte de Antioquia.

    Durante la captura varias personas asociadas a la ASCNA y acompañantes internacionales del Observatorio Internacional de Paz, IPO (por sus siglas en inglés) estuvieron atentas al procedimiento e indagando por información sobre la causa de la detención, la cual no fue suministrada por la fuerza pública, argumentando que esta información solo la entregarían a un abogado.

    En este procedimiento los acompañantes internacionales y los asociados a la ASCNA fueron fotografiados ilegalmente por agentes de la policía

    El día 12 de septiembre de 2012, en horas del medio día la emisora del Ejercito Nacional con sede en el corregimiento El Doce (12) de Tarazá, emitió una información donde anunciaban la captura en combate de Federico Antonio Taborda Adarbe e Ignacio León Zabaleta Ruíz, siendo esto totalmente falso, pues estos campesinos no fueron capturados en combate como lo puede constatar el acompañamiento internacional.

    Así mismo en este mismo espacio radial, el Ejército Nacional “informaba” que la ASCNA realizó un defensa vehemente de los dos campesinos tratando de impedir la captura y acusando a la Asociación de cómplice de actividades ilegales, otra falsedad total. Las personas pertenecientes a la Asociación y a IPO realizaron fue una supervisión del procedimiento.

    Estas falsas afirmaciones hacen parte de un proceso de señalamiento, hostigamiento y persecución contra la Asociación Campesina del Norte de Antioquia.

    Exigimos del Estado Colombiano frenar la persecución contra nuestra Asociación y quegarantice el derecho a la organización y defensa del territorio y los derechos humanos del pueblo colombiano.

    Exigimos del Estado Colombiano el cumplimiento de los compromisos en el marco de la Mesa Nacional de Garantías para la labor de defensores, líderes y lideresas sociales por la defensa de los Derechos Humanos.

    Exigimos del Estado Colombiano garantizar el debido proceso.

    Convocamos a la comunidad nacional e internacional para que estén atento frente la persecución a la Asociación Campesina del Norte de Antioquia y al movimiento social colombiano en general

    Related Link: http://prensarural.org/spip/spip.php?article9135
    author by Cahucopanapublication date Thu Sep 20, 2012 19:09Report this post to the editors

    Más de ochenta mil personas los días 21, 22 y 23 de abril de 2012 nos hemos encontrado para constituir el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, con el propósito de contribuir a producir el cambio político que requiere nuestro país, superando la hegemonía impuesta por las clases dominantes y avanzar en la construcción de un proyecto alternativo de sociedad, para la segunda y definitiva independencia. Somos un Movimiento que vincula todas las clases sociales excluidas de este país y un movimiento en el cual vemos una luz esperanzadora para la búsqueda de la solución política y social al escalonado e histórico conflicto interno del cual el pueblo es y ha sido el único perjudicado.

    Nacimos y estamos creciendo como Marcha Patriótica en la geografía nacional. Cada vez se vincula más pueblo a este hermoso proyecto de país, desde nuestros procesos sociales y populares, pero no nacimos solos, nacimos estigmatizados por el gobierno y la maquinaria de los medios de comunicación, medios a través de los cuales los enemigos de la esperanza se han encargado de señalarnos de ser el escenario político de la guerrilla de las FARC-EP. Pero se equivocan los señores que ostentan el poder de los medios de comunicación, se equivocan los políticos y fuerzas de seguridad del Estado y el ministro de defensa[1], se ha equivocado hasta el señor presidente Juan Manuel Santos y se seguirá equivocando el “señor” Álvaro Uribe Vélez y aún más los títeres de la oligarquía colombiana, al señalarnos. Al contrario señores, somos un pueblo, un pueblo de luchadores y soñadores que trabajamos por un cambio que vincule ese pueblo vilipendiado en sus derechos, ese pueblo conformado por niños, mujeres y hombres trabajadores, estudiantes, campesinos, artistas y trabajadores de la cultura, de los derechos de los LGTBI, procesos barriales, comunitarios, de jóvenes, de defensores de derechos humanos y partidos políticos, que hastiados con esta prolongada falta de redistribución de la riqueza en nuestro país, hemos venido creando las condiciones para construir el país que sí queremos para nosotros y nosotras y para el presente y futuro de las nuevas generaciones.

    Pero lamentablemente el peligroso e intencionado señalamiento y hostigamiento se ha venido evidenciando, la respuesta del gobierno contra nuestro movimiento Marcha Patriótica se hace realidad con las sistemáticas violaciones de derechos humanos contra miembros de nuestro movimiento, quien antes de su lanzamiento el día 23 de abril del presente año, ya tenía que registrar la desaparición forzada de la que fue víctima uno de sus miembros, además de los frecuentes señalamientos a través de los medios masivos de comunicación.

    Hoy, las masivas y selectivas detenciones arbitrarias entre ellas la detención del vocero Nacional de Marcha Patriótica, miembro de la Junta Patriótica Nacional y miembro de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) el día 13 de septiembre, la detención de la presidenta de la Asociación Campesina del Norte de Antioquia (ASCNA) el día 14 de Septiembre, la detención del funcionario de la Asociación Campesina del Alto Sinú el día 8 de septiembre, la detención el 9 de septiembre de 2012 de los campesinos Federico Antonio Taborda Adarbe e Ignacio León Zabaleta Ruíz, capturados por la Policía Nacional y quienes son habitantes del corregimiento Raudal viejo de Valdivia, pero además días antes habíamos registrado también en la ciudad de Medellín la detención y maltratos a la que fue sometida la joven Jennifer Rueda el pasado 9 de agosto por miembros de la policía metropolitana, pero también de la aguda situación de riesgo y vulnerabilidad que se registra en las zonas donde tienen presencia nuestro Movimiento Social y Político Marcha Patriótica y nuestros procesos organizativos campesinos

    El gobierno piensa que con estigmatizar y realizar montajes judiciales contra nuestros compañeros van a callar nuestras voces y nuestra hambre de solución política al largo conflicto interno y la paz con justicia social que reclama el pueblo; encierran nuestros cuerpos, pero no el pensamiento, porque nuestras voces quedan con gran eco en las calles, en las aulas de estudios, en las reuniones de juntas comunitarias y en cada vereda que recorremos para hablar de organización comunitaria

    ¿A que le temen entonces a quienes nos persiguen?, es la pregunta que nos hacemos los miembros de la Marcha Patriótica. ¿A caso preparan las operaciones y planes de exterminio con los cuales vergonzosamente el país puede registrar el genocidio político contra la Unión Patriótica?

    Somos Marcha Patriótica y en Marcha Patriótica nos quedamos.

    Hemos puesto en Marcha nuestro Corazón. Seguirá en Marcha la Esperanza, para alcanzar en Marcha la Dignidad.

    ¡A Marchar por la Solución Política!

    ¡A Marchar por la Soberanía y la Integración de los Pueblos!

    ¡A Marchar por la Unidad Popular, por la Segunda y Definitiva Independencia!

    Firman:

    Asociación Campesina del Norte de Antioquia (ASCNA)

    Asociación Campesina de Ituango

    Asociación Campesina del Ato Sinú (ASOCAS)

    Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño (ASOCBAC)

    Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra (ACVC)

    Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (AHERAMIGUA)

    Consejo Mayor Comunitario de Porce IV (CMC)

    Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (CAHUCOPANA)

    author by Asociación Campesina de Ituangopublication date Thu Oct 04, 2012 11:43Report this post to the editors

    La Asociación Campesina de Ituango registrada ante la Cámara de Comercio de Medellín hace conocer a la opinión varios hechos que infrinjen el DIH por parte del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea colombiana, en las siguientes veredas: el Ocal, la Prensa, Badillo, Buena Vista San Bartolo, Birri- Birri, Leones y Conguital Socorro, jurisdicción del municipio de Ituango, Departamento de Antioquia, acontecimientos que narraremos a continuación:

    HECHOS.

    1. El martes 4 de septiembre de 2012 a las 11:55 am tres (3) aviones de la fuerza área de Colombia sobre volaron las veredas del Ocal y Badillo.

    En la vereda el Ocal arrojaron varias bombas de alto poder destructivo una de esta hizo impacto en la finca del señor Franco Ramírez, la cual quedo unos 350 metros de distancia de la vivienda del señor Franco, artefacto que causo daños en cultivos de maíz y frijol. Y en la vereda Badillo fueron afectados los predios de los señores Cipriano Graciano y Ramón Sucerquia.

    Este mismo hecho se presento el domingo 9 de septiembre del 2012 a la 1: 17 pm en la finca del señor Julio Sucerquia ubicada en la vereda Buena Vista san Bartolo, el cual puso en peligro la vida de varios campesinos que en ese momento transitaban cerca la potrero donde cayó la bomba. Y el 26 de septiembre del año en curso se presento un bombardeo indiscriminado varios cerros de a vereda el Ocal, a esta situación bombardeos tampoco ha escapado la vereda de Leones.

    3. En la vereda Conguital- Socorro, el día 26 de septiembre del presente año fueron capturados varios campesinos por miembros del Ejército Nacional de Colombia, estos se hicieron pasar como paramilitares, luego obligaron a los capturados a amolar varios cuchillos.

    4. En la vereda Birri- Birri, se vienen presentando reiteradamente ametrallamientos y disparos de morteros por parte de miembros del ejército acantonados dicho lugar, allí hacen presencia miembros de la Brigada Móvil 17 y 18.

    Exigimos al Gobierno Nacional le exija a las fuerzas armadas que paren estos hechos los cuales generan pánico a la población civil y en especial a los niños que son los más afectados.

    Le hacemos un llamado muy respetuoso a los organismos de control como: Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y a la Personería municipal de Ituango para que tomen cartas en el asunto.

    Y a las Organizaciones de Derechos Humanos para que nos acompañen en la difusión de estos hechos los cuales son violatorios al DIH, ya que son operaciones militares sin ningún objetivo militar fijo.

    author by Asociación Campesina de Ituangopublication date Sun Oct 14, 2012 04:27Report this post to the editors

    En la madrugada del 12 de octubre de 2012, tropas de la Brigada Móvil No 18 sitian el campamento de la comunidad campesina de Ituango en el lugar llamado el Valle de Toledo, amenazan a la gente con "levantarlos" haciendo ocupación de las cocinas de la población.

    Esta Brigada ha desplegado un fuerte operativo contra las comunidades que se encuentran reunidas en este lugar, causando terror entre los que se encuentran allí, intimidando a los defensores de derechos humanos de las asociaciones campesinas y del Colectivo Orlando Fals Borda.

    Por lo anterior solicitamos la solidaridad urgente, comunicarse con el Coronel Gómez al teléfono 3112110775, Comandante de la Brigada Móvil No. 18 de la Fuerza de Acción Decisiva FUCAD, exigiéndole que retire sus tropas de este lugar y no siga restringiendo el derecho a la libertad de expresión, reunión, oposición, estigmatizando a los campesinos y campesinas e impidiendo la realización del Foro y demás actividades que pretende abordar salidas a la grave CRISIS HUMANITARIA de la región. Así mismo solicitarle el respeto por el Derecho Internacional Humanitario.

    author by Asociación Campesina de Ituangopublication date Tue Oct 16, 2012 16:35author email colectivosociojuridico at gmail dot comauthor address Carrera 10 No. 15 - 39 Oficina 509, Bogotá DCauthor phone (01) 3414157Report this post to the editors

    Bloqueo alimentario y económico, restricción de libre circulación, empadronamientos y estigmatización sobre los campesinos, comerciantes y población en general. Militarizacion de la vida cotidiana y el territorio campesino.

    Denunciados: Miembros del Ejército Nacional, Brigada Móvil No. 18 y 16, coronel Gómez Fuerza Conjunta de Acción Decisiva (Fucad) en jurisdicción de Ituango. Brigada No. 4, Batallón Mecanizado “Juan del Corral”, a cargo del cabo primero Candón y del sargento Álvarez y Batallón de Artillería No. 4 “Jorge Sánchez”, a cargo del teniente Bonilla, en jurisdicción vía Ituango-Medellín.

    Lugar de los hechos: Vereda Quebrada del Medio, Santa Lucía, El Capote, Corregimientos de Santa Rita y La Granja, Ituango (Antioquia). Vía Ituango-Medellín.

    Afectados: Asocbac, Ascit, Colectivo OFB y comunidad de Ituango en general.

    El domingo 7 de octubre de 2012, en horas de la tarde, fue asesinado en extrañas circunstancias el campesino Luis Alberto Benítez Rojas, identificado con CC 1.131.859.047, de 23 años de edad, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Candelaria Baja, jurisdicción de la Inspección de Policía de La Granja, municipio de Ituango, departamento de Antioquia. Según información de su familia y pobladores de la región, Luis Alberto se dirigía a una reunión de la Junta de Acción Comunal cuando se escucharon varios disparos. Al dirigirse al lugar de los hechos, varios campesinos hallaron el cuerpo con varios impactos de bala y heridas de machete.

    Este hecho se presenta días antes que las comunidades campesinas inicien su movilización en el marco de la Semana de la Indignación Nacional y la concentración de campesinos en el Valle de Toledo entre el 12 y 13 de octubre, donde realizarán un foro denominado “Ituango: Alternativa para la construcción de la paz”. En el foro esperan la participación de cerca de dos mil campesinos de la zona rural de Ituango, quienes construirán alternativas de solución de la crisis humanitaria que padecen ante el bloqueo alimentario y económico, la restricción de libre circulación, empadronamientos y estigmatización en contra de los dirigentes sociales, comerciantes y población en general.

    Entre los casos documentados a través de testimonios de pobladores se evidencia la existencia de una crisis humanitaria en la región, desarrollada desde el bloqueo alimentario y médico, la estigmatización hacia la población traducida en persecución judicial desde el actuar del fiscal 29 de Medellín y los señalamientos realizados por altos funcionarios del gobierno departamental. Entre las situaciones que evidencian la crisis humanitaria se encuentran:

    1. Bloqueo económico y restricción de bienes indispensables de la población civil: alimentos, insumos agrícolas y pecuarios, medicamentos.

    2. Restricción al derecho de libre circulación y residencia. Retenes ilegales del Ejército Nacional con acciones de empadronamiento.

    3. Uso de bienes civiles. Vulneración del principio de distinción. Utilización de la población civil como escudo e informantes en medio de hostilidades.

    4. Abuso de autoridad, funciones de policía judicial por parte del Ejército Nacional. Allanamientos ilegales, amenazas, señalamientos.

    5. Bombardeos indiscriminados que generan terror y afectación de bienes civiles

    6. Ataque e irrespeto a la labor de defensores de derechos humanos. Estigmatización y señalamientos contra líderes y funcionarios de la Asociación Campesina del Bajo Cauca (Asocbac) y la Asociación Campesina de Ituango (Ascit).

    1. Bloqueo económico y restricción de bienes indispensables de la población civil: alimentos, insumos agrícolas y pecuarios, medicamentos

    Desde inicios del presente año hasta inicios del mes de octubre se vienen desarrollando infracciones al DIH a través del permanente bloqueo alimentario y sanitario por parte de unidades militares adscritas a la Fucad y Brigada Móvil No. 18.

    El 24 de agosto de 2012, a las 12:30 del día, miembros del Colectivo OFB fueron testigos de cómo a la salida del casco urbano del municipio de Ituango, tropas de la Brigada Móvil No. 18 de la Fuerza Conjunta de Acción Decisiva (Fucad) del Ejército Nacional exigieron facturas firmadas por el comandante de esta brigada autorizando la circulación de alimentos, suministros, insumos agrícolas, de construcción, médicos, entre otros bienes indispensables para la supervivencia de la población civil.

    Los pobladores de las veredas y corregimientos de Ituango son obligados a dirigirse a la base militar de la cabecera municipal de Ituango, realizar una fila diariamente, presentar las facturas de compra de alimentos, suministros, insumos agrícolas, de construcción, médicos, entre otros bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, bajo el argumento de que “se debe verificar por parte del Ejército las cantidades de alimentos, porque pueden ser para la guerrilla”, al igual que dicen que están aplicando la Resolución 019 del 2008 del Consejo Nacional de Estupefacientes, la cual determina restricción de circulación de insumos combustibles y químicos en diversos departamentos del país, pero no incluye a Antioquia. Estas restricciones y bloqueos de alimentación y suministros son realizadas también en los corregimientos de Santa Rita y La Granja.

    Según testimonios, en la base militar, mientras se realiza la firma de las facturas por el Ejército Nacional, hacen presencia personas desmovilizadas uniformadas o de civil, en algunos casos encapuchados, utilizados por el ejército para señalar “presuntos auxiliadores de la guerrilla”. Así mismo, en el lugar las unidades militares le manifiestan a los pobladores que “si colaboran con información pueden aumentarles las cantidades de mercado autorizado para transportar”.

    Adicional a que a los campesinos les toca hacer firmar las facturas de los víveres que compran y sólo pueden comprar la cantidad de víveres que el Ejército Nacional autoriza arbitrariamente, son obligados a entregar copia del documento de identidad y el número del celular. Posteriormente, algunas personas, especialmente las mujeres, reciben llamadas de miembros del Ejército Nacional con propuestas indecentes y obscenas.

    A las personas que no presentan en los retenes militares las facturas firmadas por el Ejército Nacional, sus bienes son decomisados, dañados o destruidos, y los combustibles vertidos en el suelo en presencia de los pasajeros de los vehículos de transporte público. Ante la exigencia de la población y las autoridades civiles de Ituango de acabar con el bloqueo alimentario y de insumos, la respuesta del Ejército Nacional es que es parte de las acciones contra el Frente 18 de las FARC.

    2. Restricción al derecho de libre circulación y residencia. Retenes ilegales del Ejército Nacional con acciones de empadronamiento

    En lo corrido del presente año se vienen desarrollando permanentes retenes ilegales por parte de la Fucad y la Móvil No. 18 en Ituango, La Granja, Santa Rita y veredas de la zona rural, con el argumento de realizar funciones de policía judicial, investigando a los campesinos sobre su presunta vinculación con la guerrilla o sobre su paradero.

    El 24 de agosto de 2012, a las 12:30 pm, miembros del Colectivo OFB fueron testigos de cómo a la salida del casco urbano del municipio de Ituango, tropas de la Brigada Móvil No. 18 de la Fuerza Conjunta de Acción Decisiva (Fucad) del Ejército Nacional realizaron labores de policía judicial al investigar a los pobladores que se movilizaban en un vehículo de servicio público. Los militares indagan a los pobladores por su documento de identidad, dónde y con quién viven, a qué se dedican, de dónde vienen, entre otras preguntas sobre sus labores cotidianas. En los retenes militares, los documentos de identidad son recogidos y revisados por los uniformados en lugares distantes al lugar del retén con el argumento de que “se hará verificación de antecedentes penales”.

    Parte de las acciones de empadronamiento e investigación a la población civil por parte del Ejército Nacional es la relación por escrito de los nombres de las personas, sus documentos de identidad, entre otras informaciones que son recogidas en formatos militares. Una de estas situaciones se presentó en el corregimiento de Santa Rita el 26 de agosto de 2012, cuando el cabo Galvis de la Móvil No. 16 del Ejército, bajo el engaño de la realización de un censo, realizó verificación de antecedentes penales y órdenes de captura a través de una máquina que hacía lectura del código de barras de las cédulas de ciudadanía.

    Al ser cuestionado por esta acción por uno de los defensores de derechos humanos del Colectivo OFB, afirmó que “era una comisión dada por el CTI de la Fiscalía al Ejército”, en desarrollo de las capturas masivas realizadas este día.

    El 28 de agosto de 2012, en la vía Ituango-Medellín, unidades militares adscritas a la Brigada IV realizaron retenes y labores de policía judicial sobre los pasajeros del bus de servicio público de la empresa Coonorte. En dos ocasiones los pasajeros fueron objeto de requisas personales y a sus bienes transportados, exigiéndoles la entrega del documento de identidad para la “verificación de antecedentes penales”, los cuales eran cotejados haciendo uso de teléfonos celulares.

    El primer retén militar se realizó en el sitio conocido como San José de la Montaña por militares del Batallón Mecanizado Juan del Corral, de la Brigada IV, al mando del cabo primero Candón y el sargento Álvarez. El vehículo y sus pasajeros fueron retenidos durante 25 minutos, haciendo descender a todos los pasajeros, revisando antecedentes judiciales. Ante la exigencia de los defensores de derechos humanos de no realizar la acción, los uniformados expresaron que era la orden de la Brigada.

    El segundo retén se encontraba a 15 minutos del anterior, al frente de la finca “La Carolina”, en el sitio conocido como Llanos de Cuivá, jurisdicción del municipio de Yarumal, vía Ituango-Medellín, realizado por el Batallón de Artillería No. 4 Jorge Sánchez, de la Brigada IV, al mando del teniente Bonilla. Retuvieron el vehículo y sus pasajeros durante 45 minutos, recogieron los documentos de identidad, cuya información era cotejada en un teléfono celular, bajo el argumento de “verificar antecedentes judiciales”.

    Los defensores de derechos humanos del Colectivo OFB no se bajaron del vehículo y explicaron a los militares que el procedimiento realizado no estaba dentro de sus funciones, exigiendo que pararan la retención ilegal. Ante la solicitud, los militares mostraron actitud hostil y mantuvieron la retención del vehículo y pasajeros.

    Una persona de civil vestida de sudadera de color azul oscuro se encontraba entre los militares, fotografiando a los pasajeros del vehículo y a los defensores de derechos humanos. Los militares se negaron a identificar a esta persona y, cuando se escondió en la base militar, los centinelas activaron sus armas apuntando a los defensores de derechos humanos que exigieron su identificación.

    Pasados 45 minutos, el vehículo y sus ocupantes lograron seguir su recorrido hacia Medellín, cuando dos patrulleros motorizados de la Policía de Yarumal hicieron presencia en el lugar y aclararon al ejército que no tienen función de policía judicial y no podían retener el vehículo y los pasajeros.

    Durante los 45 minutos de retención ilegal, ningún otro vehículo fue detenido o requisado. La acción en ambos retenes militares estaba dirigido al único vehículo de servicio público que había salido de Ituango, lo que hace presumir que hace parte de la acción de estigmatización y señalamiento hacia los pobladores de este municipio.

    Desde el 30 de agosto y hasta el 1 de septiembre del 2012, en las veredas de Quebrada del Medio y de Santa Lucía del municipio de Ituango, se realizaron operativos por parte del Ejército Nacional a través de la Fucad, Brigada Móvil No. 18, extralimitando las funciones constitucionales, ejerciendo labores de policía judicial, investigando a los campesinos, realizando empadronamientos, solicitud de cédulas, toma de fotografías a documentos de identidad, desarrollo de bloqueo alimentario, de insumos médicos, entre otros.

    En lo corrido del mes de septiembre e inicios de octubre, se mantiene el desarrollo de operativos militares que extralimitan sus funciones ejerciendo labores de policía judicial.

    3. Uso de bienes civiles. Vulneración del principio de distinción. Utilización de la población civil como escudo e informantes en medio de hostilidades.

    La presencia militar de la Fucad, y en especial de la Brigada Móvil No. 18, viene realizando un copamiento de la vida civil, en lógica de militarización de lo cotidiano, lo que se expresa entre otras situaciones a través de la ocupación de bienes civiles, entre centros educativos, viviendas campesinas y lugares de trabajo de la comunidad.

    El 7 de agosto de 2012, y por varios días, en la vereda El Capote, corregimiento La Granja, de Ituango, cerca de 300 miembros del Ejército Nacional, adscritos a la Brigada Móvil No. 18, instalaron un campamento en la casa de la señora María del Carmen Nisas, colocando en peligro a su familia así como a los demás habitantes de la vereda.

    Del 8 al 13 de septiembre de 2012, unidades militares de la Móvil No. 18 usaron como campamento la vivienda del señor Bernardo López, ubicada en la vereda El Capote, corregimiento La Granja, de Ituango.

    Durante estos días, nuevamente fueron ocupadas las fincas de los campesinos Víctor Monsalve y Abelino Guzmán, ubicadas en el lugar conocido como Cerro Colombia, donde desde hace varios meses las tropas de la Brigada Móvil No. 18 se encuentran acantonadas, perturbando las labores agrícolas de los campesinos.

    Otras viviendas y fincas utilizadas como campamentos del Ejército Nacional son las de los campesinos José Isaac Echavarría Meza en la vereda Buena Vista y la de Israel González en la vereda Yolombó, jurisdicción del corregimiento La Granja.

    Mientras las unidades militares usan los bienes de la población civil como sitios de campamento, se desarrollan patrullajes con personas que ocultan el rostro con pasamontañas, utilizando prendas militares y armamento exclusivo de las Fuerzas Militares, como ocurrió el 13 de septiembre en el corregimiento de La Granja.

    En el casco urbano del municipio de Ituango, las Fuerzas Militares instalaron el comando de operaciones conjuntas de la Fucad y Brigada Móvil No. 18 en una institución educativa, al frente de una escuela y locales comerciales, en el centro poblado. La Policía tiene instalada su base en medio de la población y restringe la libre circulación al impedir el paso por varias calles, donde tienen trincheras. Igual situación ocurre en Santa Rita-Ituango, donde la Policía cierra varias calles a la redonda donde se encuentra instalada la estación e impide el uso de estas vías después de determinada hora o durante varios días.

    4. Abuso de autoridad, funciones de policía judicial por parte del Ejército Nacional. Allanamientos ilegales, amenazas, señalamientos

    El 12 de agosto de 2012, hacia la 1:00 pm, unidades militares del Ejército Nacional sin portar distintivos visibles allanaron de manera ilegal las viviendas de los campesinos Egidio Graciano Pérez y Hernando Zapata, ubicadas en el sitio conocido como El Llano de la vereda Las Cuatro, jurisdicción del municipio de Ituango.

    Primero llegaron a la vivienda de Egidio Graciano Pérez, exigieron que presentara su documento de identidad y su teléfono celular. Ambos datos fueron registrados por el Ejército.

    Mientras registraban los datos e intimidaban a Egidio, su vivienda fue allanada sin orden judicial.

    Los militares señalaron a Egidio de pertenecer a la guerrilla y le expresaron “desmovilícese, hay una buena recompensa”. A lo que el joven respondió que él no era nada de lo que lo señalaban y no tenía por qué desmovilizarse. Ante la respuesta fue objeto de amenazas: “Ojalá que cuando volvamos, lo encontremos armado para capturarlo”. Luego de varios minutos el ejército se marchó del lugar.

    Los militares se dirigieron a la vivienda de Hernando Zapata y al llegar dieron la orden a varios soldados de ir a la casa de Egidio y capturarlo “vivo o muerto”. Nuevamente Egidio es capturado por varios minutos y dejado en libertad.

    En la vivienda de Hernando practican un allanamiento ilegal y expresan que tienen una orden de captura en su contra, le quitaron el teléfono celular y registraron su contenido.

    Hernando y su señora madre Rosa María Zapata Arango, de 60 años de edad, fueron humillados, objeto de malos tratos, de palabras soeces. Le dijeron: “Usted es alcahuete de la guerrilla y le da información al guerrillero conocido como Molina de la presencia del ejército”. A la señora Rosa María le dijeron: “Perra, alcahuete... se merece por lo menos 15 años de cárcel”.

    Durante varias horas permanecieron retenidos por el ejército, quienes antes de retirarse del lugar obligaron a Hernando a firmar un documento, el cual no se lo permitieron leer.

    El 26 de septiembre del 2012, en la vereda Conguital-Socorro, fueron capturados sin orden judicial varios campesinos por miembros del Ejército Nacional de Colombia, quienes se hicieron pasar por paramilitares. Los campesinos capturados de manera ilegal fueron obligados a afilar unos cuchillos y posteriormente dejados en libertad.

    5. Bombardeos indiscriminados que generan terror y afectación de bienes civiles

    El martes 4 de septiembre de 2012, a las 11:55 am. tres aviones de la Fuerza Área de Colombia (FAC) sobrevolaron las veredas del Ocal y Badillo, jurisdicción del municipio de Ituango.

    Este mismo día en la vereda el Ocal arrojaron varias bombas de alto poder destructivo, una de estas hizo impacto en la finca del señor Franco Ramírez, impactando a cerca de 350 metros de distancia de la vivienda, causando daños en cultivos de maíz y frijol.

    Y en la vereda Badillo fueron afectados los predios de los señores Cipriano Graciano y Ramón Sucerquia.

    El domingo 9 de septiembre del 2012 a la 1:17 pm se realizaron nuevos bombardeos por parte de la FAC, cayendo una de las bombas en la finca del señor Julio Sucerquia ubicada en la vereda Buena Vista San Bartolo, colocando en peligro la vida de varios campesinos que en ese momento transitaban cerca del potrero donde cayó el artefacto.

    El 26 de septiembre del 2012, nuevamente la FAC realizó un bombardeo indiscriminado sobre los cerros de la vereda El Ocal.

    En la vereda Birri-Birri se vienen presentando reiteradamente ametrallamientos y disparos de morteros por parte de miembros de las Brigadas Móviles No. 17 y No. 18 del Ejército Nacional acantonados en este lugar.

    6. Ataque e irrespeto a la labor de defensores de derechos humanos. Estigmatización y señalamientos contra líderes y funcionarios de Asocbac y Ascit

    El 25 de agosto de 2012, en el desarrollo de jornadas de formación a los campesinos de Santa Rita-Ituango, los defensores de derechos humanos Pablo Cala y Carolina Hoyos fueron víctimas de hostigamientos y presiones indebidas por parte de miembros de la Policía Nacional. De manera particular se puede registrar que el subintendente Bedoya ingresó al sitio donde se impartían los cursos de formación de manera irrespetuosa perturbando el desarrollo de las labores. Ante la solicitud de que se retirara del recinto y de que permitiera el normal desarrollo de las actividades programadas, informó a su comandante, el mayor Peña, que “allí se está haciendo algo raro porque esa actividad era programada por Asocbac”.

    El 25 de agosto de 2012, el teniente Rubio y cabo segundo Usme Mártinez de la Brigada Móvil No. 18 de la Fucad del Ejército Nacional trataron de privar de la libertad al defensor de derechos humanos Fernando Sanmiguel, cuando se encontraba realizando labores de difusión y protección de los derechos humanos en el corregimiento La Granja-Ituango.

    El 27 de agosto de 2012 en el casco urbano del municipio de Ituango, tres defensores de derechos humanos, Edinson Cuéllar Oliveros, César Santoyo y Pablo Cala, solicitaron una entrevista con el coronel Gómez, comandante de la Móvil No. 18 (Fucad), con el fin de poner en su conocimiento las actuaciones ilegales que viene realizando su tropa.

    Sin embargo, al llegar a su despacho, éste de manera agresiva e intimidante no permitió que los defensores de derechos humanos hablaran, sino que exigió la identificación de todo el equipo que se encontraba realizando las labores de formación dado que los iba a denunciar y de manera particular preguntó por la abogada Carolina Hoyos, quien había exigido a sus tropas el respeto a las labores de los defensores de DDHH. Ante esta situación de irrespeto e intimidación no se pudo realizar la reunión y los delegados de nuestra organización se retiraron del lugar.

    En La Granja-Ituango, unidades militares de la Brigada Móvil No. 18 de la Fucad del Ejercito Nacional, en la extralimitación de sus funciones constitucionales viene realizando señalamientos, estigmatización y persecución a directivos y afiliados de las organizaciones campesinas Asocbac y Ascit, al tildarlos de hacer parte de la guerrilla de las FARC.

    Igualmente, los militares han manifestado que aquellas personas que asistieron a la jornada de formación realizada del 25 al 28 de agosto del presente año por el Colectivo OFB en diferentes puntos del municipio de Ituango, eran colaboradoras de la guerrilla de las FARC.

    El sábado 1 de septiembre de 2012, la señora Luz Mary Álvarez fue a la base militar instalada en la cabecera municipal de Ituango con el fin de presentar las facturas para que le coloquen el sello de autorización y lograr transportar un material de construcción hacia la vereda. En el momento de la presentación de la factura, el oficial de turno le dijo que “Usted no tiene nada que hacer aquí, no le vamos a firmar la factura” y de manera intimidante le manifiesta que “debe venir su esposo, Ananías Manuel Vega, para ver cuál es su problemita”. Ananías es líder campesino, defensor de derechos humanos y vicepresidente de la Ascit.

    El comandante de la Brigada No. 18 en reuniones con Asocomunal ha estigmatizado al señor Julián Cabrera Marín, líder campesino, defensor de derechos humanos y funcionario de Asocbac como asesor acompañante para Ascit, afirmando que es un guerrillero de las FARC y que éste “cae porque cae”.

    Informe elaborado por:
    Asociación Campesina del Bajo Cauca
    Asociación Campesina de Ituango
    Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda

    author by Asociación Campesina de Ituangopublication date Tue Oct 16, 2012 16:35author email colectivosociojuridico at gmail dot comauthor address Carrera 10 No. 15 - 39 Oficina 509, Bogotá DCauthor phone (01) 3414157Report this post to the editors

    Bloqueo alimentario y económico, restricción de libre circulación, empadronamientos y estigmatización sobre los campesinos, comerciantes y población en general. Militarizacion de la vida cotidiana y el territorio campesino.

    Denunciados: Miembros del Ejército Nacional, Brigada Móvil No. 18 y 16, coronel Gómez Fuerza Conjunta de Acción Decisiva (Fucad) en jurisdicción de Ituango. Brigada No. 4, Batallón Mecanizado “Juan del Corral”, a cargo del cabo primero Candón y del sargento Álvarez y Batallón de Artillería No. 4 “Jorge Sánchez”, a cargo del teniente Bonilla, en jurisdicción vía Ituango-Medellín.

    Lugar de los hechos: Vereda Quebrada del Medio, Santa Lucía, El Capote, Corregimientos de Santa Rita y La Granja, Ituango (Antioquia). Vía Ituango-Medellín.

    Afectados: Asocbac, Ascit, Colectivo OFB y comunidad de Ituango en general.

    El domingo 7 de octubre de 2012, en horas de la tarde, fue asesinado en extrañas circunstancias el campesino Luis Alberto Benítez Rojas, identificado con CC 1.131.859.047, de 23 años de edad, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Candelaria Baja, jurisdicción de la Inspección de Policía de La Granja, municipio de Ituango, departamento de Antioquia. Según información de su familia y pobladores de la región, Luis Alberto se dirigía a una reunión de la Junta de Acción Comunal cuando se escucharon varios disparos. Al dirigirse al lugar de los hechos, varios campesinos hallaron el cuerpo con varios impactos de bala y heridas de machete.

    Este hecho se presenta días antes que las comunidades campesinas inicien su movilización en el marco de la Semana de la Indignación Nacional y la concentración de campesinos en el Valle de Toledo entre el 12 y 13 de octubre, donde realizarán un foro denominado “Ituango: Alternativa para la construcción de la paz”. En el foro esperan la participación de cerca de dos mil campesinos de la zona rural de Ituango, quienes construirán alternativas de solución de la crisis humanitaria que padecen ante el bloqueo alimentario y económico, la restricción de libre circulación, empadronamientos y estigmatización en contra de los dirigentes sociales, comerciantes y población en general.

    Entre los casos documentados a través de testimonios de pobladores se evidencia la existencia de una crisis humanitaria en la región, desarrollada desde el bloqueo alimentario y médico, la estigmatización hacia la población traducida en persecución judicial desde el actuar del fiscal 29 de Medellín y los señalamientos realizados por altos funcionarios del gobierno departamental. Entre las situaciones que evidencian la crisis humanitaria se encuentran:

    1. Bloqueo económico y restricción de bienes indispensables de la población civil: alimentos, insumos agrícolas y pecuarios, medicamentos.

    2. Restricción al derecho de libre circulación y residencia. Retenes ilegales del Ejército Nacional con acciones de empadronamiento.

    3. Uso de bienes civiles. Vulneración del principio de distinción. Utilización de la población civil como escudo e informantes en medio de hostilidades.

    4. Abuso de autoridad, funciones de policía judicial por parte del Ejército Nacional. Allanamientos ilegales, amenazas, señalamientos.

    5. Bombardeos indiscriminados que generan terror y afectación de bienes civiles

    6. Ataque e irrespeto a la labor de defensores de derechos humanos. Estigmatización y señalamientos contra líderes y funcionarios de la Asociación Campesina del Bajo Cauca (Asocbac) y la Asociación Campesina de Ituango (Ascit).

    1. Bloqueo económico y restricción de bienes indispensables de la población civil: alimentos, insumos agrícolas y pecuarios, medicamentos

    Desde inicios del presente año hasta inicios del mes de octubre se vienen desarrollando infracciones al DIH a través del permanente bloqueo alimentario y sanitario por parte de unidades militares adscritas a la Fucad y Brigada Móvil No. 18.

    El 24 de agosto de 2012, a las 12:30 del día, miembros del Colectivo OFB fueron testigos de cómo a la salida del casco urbano del municipio de Ituango, tropas de la Brigada Móvil No. 18 de la Fuerza Conjunta de Acción Decisiva (Fucad) del Ejército Nacional exigieron facturas firmadas por el comandante de esta brigada autorizando la circulación de alimentos, suministros, insumos agrícolas, de construcción, médicos, entre otros bienes indispensables para la supervivencia de la población civil.

    Los pobladores de las veredas y corregimientos de Ituango son obligados a dirigirse a la base militar de la cabecera municipal de Ituango, realizar una fila diariamente, presentar las facturas de compra de alimentos, suministros, insumos agrícolas, de construcción, médicos, entre otros bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, bajo el argumento de que “se debe verificar por parte del Ejército las cantidades de alimentos, porque pueden ser para la guerrilla”, al igual que dicen que están aplicando la Resolución 019 del 2008 del Consejo Nacional de Estupefacientes, la cual determina restricción de circulación de insumos combustibles y químicos en diversos departamentos del país, pero no incluye a Antioquia. Estas restricciones y bloqueos de alimentación y suministros son realizadas también en los corregimientos de Santa Rita y La Granja.

    Según testimonios, en la base militar, mientras se realiza la firma de las facturas por el Ejército Nacional, hacen presencia personas desmovilizadas uniformadas o de civil, en algunos casos encapuchados, utilizados por el ejército para señalar “presuntos auxiliadores de la guerrilla”. Así mismo, en el lugar las unidades militares le manifiestan a los pobladores que “si colaboran con información pueden aumentarles las cantidades de mercado autorizado para transportar”.

    Adicional a que a los campesinos les toca hacer firmar las facturas de los víveres que compran y sólo pueden comprar la cantidad de víveres que el Ejército Nacional autoriza arbitrariamente, son obligados a entregar copia del documento de identidad y el número del celular. Posteriormente, algunas personas, especialmente las mujeres, reciben llamadas de miembros del Ejército Nacional con propuestas indecentes y obscenas.

    A las personas que no presentan en los retenes militares las facturas firmadas por el Ejército Nacional, sus bienes son decomisados, dañados o destruidos, y los combustibles vertidos en el suelo en presencia de los pasajeros de los vehículos de transporte público. Ante la exigencia de la población y las autoridades civiles de Ituango de acabar con el bloqueo alimentario y de insumos, la respuesta del Ejército Nacional es que es parte de las acciones contra el Frente 18 de las FARC.

    2. Restricción al derecho de libre circulación y residencia. Retenes ilegales del Ejército Nacional con acciones de empadronamiento

    En lo corrido del presente año se vienen desarrollando permanentes retenes ilegales por parte de la Fucad y la Móvil No. 18 en Ituango, La Granja, Santa Rita y veredas de la zona rural, con el argumento de realizar funciones de policía judicial, investigando a los campesinos sobre su presunta vinculación con la guerrilla o sobre su paradero.

    El 24 de agosto de 2012, a las 12:30 pm, miembros del Colectivo OFB fueron testigos de cómo a la salida del casco urbano del municipio de Ituango, tropas de la Brigada Móvil No. 18 de la Fuerza Conjunta de Acción Decisiva (Fucad) del Ejército Nacional realizaron labores de policía judicial al investigar a los pobladores que se movilizaban en un vehículo de servicio público. Los militares indagan a los pobladores por su documento de identidad, dónde y con quién viven, a qué se dedican, de dónde vienen, entre otras preguntas sobre sus labores cotidianas. En los retenes militares, los documentos de identidad son recogidos y revisados por los uniformados en lugares distantes al lugar del retén con el argumento de que “se hará verificación de antecedentes penales”.

    Parte de las acciones de empadronamiento e investigación a la población civil por parte del Ejército Nacional es la relación por escrito de los nombres de las personas, sus documentos de identidad, entre otras informaciones que son recogidas en formatos militares. Una de estas situaciones se presentó en el corregimiento de Santa Rita el 26 de agosto de 2012, cuando el cabo Galvis de la Móvil No. 16 del Ejército, bajo el engaño de la realización de un censo, realizó verificación de antecedentes penales y órdenes de captura a través de una máquina que hacía lectura del código de barras de las cédulas de ciudadanía.

    Al ser cuestionado por esta acción por uno de los defensores de derechos humanos del Colectivo OFB, afirmó que “era una comisión dada por el CTI de la Fiscalía al Ejército”, en desarrollo de las capturas masivas realizadas este día.

    El 28 de agosto de 2012, en la vía Ituango-Medellín, unidades militares adscritas a la Brigada IV realizaron retenes y labores de policía judicial sobre los pasajeros del bus de servicio público de la empresa Coonorte. En dos ocasiones los pasajeros fueron objeto de requisas personales y a sus bienes transportados, exigiéndoles la entrega del documento de identidad para la “verificación de antecedentes penales”, los cuales eran cotejados haciendo uso de teléfonos celulares.

    El primer retén militar se realizó en el sitio conocido como San José de la Montaña por militares del Batallón Mecanizado Juan del Corral, de la Brigada IV, al mando del cabo primero Candón y el sargento Álvarez. El vehículo y sus pasajeros fueron retenidos durante 25 minutos, haciendo descender a todos los pasajeros, revisando antecedentes judiciales. Ante la exigencia de los defensores de derechos humanos de no realizar la acción, los uniformados expresaron que era la orden de la Brigada.

    El segundo retén se encontraba a 15 minutos del anterior, al frente de la finca “La Carolina”, en el sitio conocido como Llanos de Cuivá, jurisdicción del municipio de Yarumal, vía Ituango-Medellín, realizado por el Batallón de Artillería No. 4 Jorge Sánchez, de la Brigada IV, al mando del teniente Bonilla. Retuvieron el vehículo y sus pasajeros durante 45 minutos, recogieron los documentos de identidad, cuya información era cotejada en un teléfono celular, bajo el argumento de “verificar antecedentes judiciales”.

    Los defensores de derechos humanos del Colectivo OFB no se bajaron del vehículo y explicaron a los militares que el procedimiento realizado no estaba dentro de sus funciones, exigiendo que pararan la retención ilegal. Ante la solicitud, los militares mostraron actitud hostil y mantuvieron la retención del vehículo y pasajeros.

    Una persona de civil vestida de sudadera de color azul oscuro se encontraba entre los militares, fotografiando a los pasajeros del vehículo y a los defensores de derechos humanos. Los militares se negaron a identificar a esta persona y, cuando se escondió en la base militar, los centinelas activaron sus armas apuntando a los defensores de derechos humanos que exigieron su identificación.

    Pasados 45 minutos, el vehículo y sus ocupantes lograron seguir su recorrido hacia Medellín, cuando dos patrulleros motorizados de la Policía de Yarumal hicieron presencia en el lugar y aclararon al ejército que no tienen función de policía judicial y no podían retener el vehículo y los pasajeros.

    Durante los 45 minutos de retención ilegal, ningún otro vehículo fue detenido o requisado. La acción en ambos retenes militares estaba dirigido al único vehículo de servicio público que había salido de Ituango, lo que hace presumir que hace parte de la acción de estigmatización y señalamiento hacia los pobladores de este municipio.

    Desde el 30 de agosto y hasta el 1 de septiembre del 2012, en las veredas de Quebrada del Medio y de Santa Lucía del municipio de Ituango, se realizaron operativos por parte del Ejército Nacional a través de la Fucad, Brigada Móvil No. 18, extralimitando las funciones constitucionales, ejerciendo labores de policía judicial, investigando a los campesinos, realizando empadronamientos, solicitud de cédulas, toma de fotografías a documentos de identidad, desarrollo de bloqueo alimentario, de insumos médicos, entre otros.

    En lo corrido del mes de septiembre e inicios de octubre, se mantiene el desarrollo de operativos militares que extralimitan sus funciones ejerciendo labores de policía judicial.

    3. Uso de bienes civiles. Vulneración del principio de distinción. Utilización de la población civil como escudo e informantes en medio de hostilidades.

    La presencia militar de la Fucad, y en especial de la Brigada Móvil No. 18, viene realizando un copamiento de la vida civil, en lógica de militarización de lo cotidiano, lo que se expresa entre otras situaciones a través de la ocupación de bienes civiles, entre centros educativos, viviendas campesinas y lugares de trabajo de la comunidad.

    El 7 de agosto de 2012, y por varios días, en la vereda El Capote, corregimiento La Granja, de Ituango, cerca de 300 miembros del Ejército Nacional, adscritos a la Brigada Móvil No. 18, instalaron un campamento en la casa de la señora María del Carmen Nisas, colocando en peligro a su familia así como a los demás habitantes de la vereda.

    Del 8 al 13 de septiembre de 2012, unidades militares de la Móvil No. 18 usaron como campamento la vivienda del señor Bernardo López, ubicada en la vereda El Capote, corregimiento La Granja, de Ituango.

    Durante estos días, nuevamente fueron ocupadas las fincas de los campesinos Víctor Monsalve y Abelino Guzmán, ubicadas en el lugar conocido como Cerro Colombia, donde desde hace varios meses las tropas de la Brigada Móvil No. 18 se encuentran acantonadas, perturbando las labores agrícolas de los campesinos.

    Otras viviendas y fincas utilizadas como campamentos del Ejército Nacional son las de los campesinos José Isaac Echavarría Meza en la vereda Buena Vista y la de Israel González en la vereda Yolombó, jurisdicción del corregimiento La Granja.

    Mientras las unidades militares usan los bienes de la población civil como sitios de campamento, se desarrollan patrullajes con personas que ocultan el rostro con pasamontañas, utilizando prendas militares y armamento exclusivo de las Fuerzas Militares, como ocurrió el 13 de septiembre en el corregimiento de La Granja.

    En el casco urbano del municipio de Ituango, las Fuerzas Militares instalaron el comando de operaciones conjuntas de la Fucad y Brigada Móvil No. 18 en una institución educativa, al frente de una escuela y locales comerciales, en el centro poblado. La Policía tiene instalada su base en medio de la población y restringe la libre circulación al impedir el paso por varias calles, donde tienen trincheras. Igual situación ocurre en Santa Rita-Ituango, donde la Policía cierra varias calles a la redonda donde se encuentra instalada la estación e impide el uso de estas vías después de determinada hora o durante varios días.

    4. Abuso de autoridad, funciones de policía judicial por parte del Ejército Nacional. Allanamientos ilegales, amenazas, señalamientos

    El 12 de agosto de 2012, hacia la 1:00 pm, unidades militares del Ejército Nacional sin portar distintivos visibles allanaron de manera ilegal las viviendas de los campesinos Egidio Graciano Pérez y Hernando Zapata, ubicadas en el sitio conocido como El Llano de la vereda Las Cuatro, jurisdicción del municipio de Ituango.

    Primero llegaron a la vivienda de Egidio Graciano Pérez, exigieron que presentara su documento de identidad y su teléfono celular. Ambos datos fueron registrados por el Ejército.

    Mientras registraban los datos e intimidaban a Egidio, su vivienda fue allanada sin orden judicial.

    Los militares señalaron a Egidio de pertenecer a la guerrilla y le expresaron “desmovilícese, hay una buena recompensa”. A lo que el joven respondió que él no era nada de lo que lo señalaban y no tenía por qué desmovilizarse. Ante la respuesta fue objeto de amenazas: “Ojalá que cuando volvamos, lo encontremos armado para capturarlo”. Luego de varios minutos el ejército se marchó del lugar.

    Los militares se dirigieron a la vivienda de Hernando Zapata y al llegar dieron la orden a varios soldados de ir a la casa de Egidio y capturarlo “vivo o muerto”. Nuevamente Egidio es capturado por varios minutos y dejado en libertad.

    En la vivienda de Hernando practican un allanamiento ilegal y expresan que tienen una orden de captura en su contra, le quitaron el teléfono celular y registraron su contenido.

    Hernando y su señora madre Rosa María Zapata Arango, de 60 años de edad, fueron humillados, objeto de malos tratos, de palabras soeces. Le dijeron: “Usted es alcahuete de la guerrilla y le da información al guerrillero conocido como Molina de la presencia del ejército”. A la señora Rosa María le dijeron: “Perra, alcahuete... se merece por lo menos 15 años de cárcel”.

    Durante varias horas permanecieron retenidos por el ejército, quienes antes de retirarse del lugar obligaron a Hernando a firmar un documento, el cual no se lo permitieron leer.

    El 26 de septiembre del 2012, en la vereda Conguital-Socorro, fueron capturados sin orden judicial varios campesinos por miembros del Ejército Nacional de Colombia, quienes se hicieron pasar por paramilitares. Los campesinos capturados de manera ilegal fueron obligados a afilar unos cuchillos y posteriormente dejados en libertad.

    5. Bombardeos indiscriminados que generan terror y afectación de bienes civiles

    El martes 4 de septiembre de 2012, a las 11:55 am. tres aviones de la Fuerza Área de Colombia (FAC) sobrevolaron las veredas del Ocal y Badillo, jurisdicción del municipio de Ituango.

    Este mismo día en la vereda el Ocal arrojaron varias bombas de alto poder destructivo, una de estas hizo impacto en la finca del señor Franco Ramírez, impactando a cerca de 350 metros de distancia de la vivienda, causando daños en cultivos de maíz y frijol.

    Y en la vereda Badillo fueron afectados los predios de los señores Cipriano Graciano y Ramón Sucerquia.

    El domingo 9 de septiembre del 2012 a la 1:17 pm se realizaron nuevos bombardeos por parte de la FAC, cayendo una de las bombas en la finca del señor Julio Sucerquia ubicada en la vereda Buena Vista San Bartolo, colocando en peligro la vida de varios campesinos que en ese momento transitaban cerca del potrero donde cayó el artefacto.

    El 26 de septiembre del 2012, nuevamente la FAC realizó un bombardeo indiscriminado sobre los cerros de la vereda El Ocal.

    En la vereda Birri-Birri se vienen presentando reiteradamente ametrallamientos y disparos de morteros por parte de miembros de las Brigadas Móviles No. 17 y No. 18 del Ejército Nacional acantonados en este lugar.

    6. Ataque e irrespeto a la labor de defensores de derechos humanos. Estigmatización y señalamientos contra líderes y funcionarios de Asocbac y Ascit

    El 25 de agosto de 2012, en el desarrollo de jornadas de formación a los campesinos de Santa Rita-Ituango, los defensores de derechos humanos Pablo Cala y Carolina Hoyos fueron víctimas de hostigamientos y presiones indebidas por parte de miembros de la Policía Nacional. De manera particular se puede registrar que el subintendente Bedoya ingresó al sitio donde se impartían los cursos de formación de manera irrespetuosa perturbando el desarrollo de las labores. Ante la solicitud de que se retirara del recinto y de que permitiera el normal desarrollo de las actividades programadas, informó a su comandante, el mayor Peña, que “allí se está haciendo algo raro porque esa actividad era programada por Asocbac”.

    El 25 de agosto de 2012, el teniente Rubio y cabo segundo Usme Mártinez de la Brigada Móvil No. 18 de la Fucad del Ejército Nacional trataron de privar de la libertad al defensor de derechos humanos Fernando Sanmiguel, cuando se encontraba realizando labores de difusión y protección de los derechos humanos en el corregimiento La Granja-Ituango.

    El 27 de agosto de 2012 en el casco urbano del municipio de Ituango, tres defensores de derechos humanos, Edinson Cuéllar Oliveros, César Santoyo y Pablo Cala, solicitaron una entrevista con el coronel Gómez, comandante de la Móvil No. 18 (Fucad), con el fin de poner en su conocimiento las actuaciones ilegales que viene realizando su tropa.

    Sin embargo, al llegar a su despacho, éste de manera agresiva e intimidante no permitió que los defensores de derechos humanos hablaran, sino que exigió la identificación de todo el equipo que se encontraba realizando las labores de formación dado que los iba a denunciar y de manera particular preguntó por la abogada Carolina Hoyos, quien había exigido a sus tropas el respeto a las labores de los defensores de DDHH. Ante esta situación de irrespeto e intimidación no se pudo realizar la reunión y los delegados de nuestra organización se retiraron del lugar.

    En La Granja-Ituango, unidades militares de la Brigada Móvil No. 18 de la Fucad del Ejercito Nacional, en la extralimitación de sus funciones constitucionales viene realizando señalamientos, estigmatización y persecución a directivos y afiliados de las organizaciones campesinas Asocbac y Ascit, al tildarlos de hacer parte de la guerrilla de las FARC.

    Igualmente, los militares han manifestado que aquellas personas que asistieron a la jornada de formación realizada del 25 al 28 de agosto del presente año por el Colectivo OFB en diferentes puntos del municipio de Ituango, eran colaboradoras de la guerrilla de las FARC.

    El sábado 1 de septiembre de 2012, la señora Luz Mary Álvarez fue a la base militar instalada en la cabecera municipal de Ituango con el fin de presentar las facturas para que le coloquen el sello de autorización y lograr transportar un material de construcción hacia la vereda. En el momento de la presentación de la factura, el oficial de turno le dijo que “Usted no tiene nada que hacer aquí, no le vamos a firmar la factura” y de manera intimidante le manifiesta que “debe venir su esposo, Ananías Manuel Vega, para ver cuál es su problemita”. Ananías es líder campesino, defensor de derechos humanos y vicepresidente de la Ascit.

    El comandante de la Brigada No. 18 en reuniones con Asocomunal ha estigmatizado al señor Julián Cabrera Marín, líder campesino, defensor de derechos humanos y funcionario de Asocbac como asesor acompañante para Ascit, afirmando que es un guerrillero de las FARC y que éste “cae porque cae”.

    Informe elaborado por:
    Asociación Campesina del Bajo Cauca
    Asociación Campesina de Ituango
    Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda

    author by Asociación Campesina de Ituangopublication date Tue Oct 30, 2012 18:46Report this post to the editors

    MILITARES IMPIDEN PARTICIPACION DE CAMPESINOS AL FORO “Ituango: Alternativa para la construcción de la paz” y a la movilización en el marco de la Semana de la Indignación Nacional.

    Autoridades civiles del departamento de Antioquia y de Ituango, ordenaron al Coronel GÓMEZ, Comandante de la Móvil No. 18 y FUCAD, respetar la movilización de los campesinos. A pesar de ello persisten los retenes que impiden el derecho a la libre circulación.


    Como lo hemos expresado en los anteriores comunicados, militares adscritos a la Brigada Móvil No. 18 de la FUCAD, al mando del Coronel GÓMEZ, restringen el derecho a la libre circulación de los campesinos de Ituango que se dirigen de sus veredas al casco urbano y de allí hacia el Valle de Toledo donde realizarán un Foro para abordar la crisis humanitaria de la región y elaborar propuestas hacia la construcción de la paz.

    La vulneración del Art. 24 de la Constitución Política y la persistencia en mantener instalado el retén militar ilegal en el sitio conocido como “Pío X”, evidencia que las unidades militares al mando del Coronel GOMEZ hacen caso omiso a la autoridad civil, instaurando con ello un régimen militar de hecho, militarizando la vida campesina, la cotidianidad de los habitantes del Territorio de Ituango, transgrediendo sus funciones constitucionales, consagradas en el Art. 217 de la Constitución.

    Los cerca de 600 campesinos que permanecieron en el Corregimiento de La Granja en espera que llegaran las “escaleras” para transportarlos al casco urbano, el 9 de octubre, tuvieron que padecer hambre por causa del retén militar, vulnerándose el Protocolo II de Ginebra, aprobado por la Ley 171 de 1994, que establece la prohibición de hacer pasar hambre a la población civil.

    Los campesinos que han logrado llegar al Valle de Toledo y aquellos que siguen movilizándose, temen por su seguridad, temen por represalias contra sus vidas ya que el Coronel GOMEZ afirmó en la mañana de hoy por la emisora del Ejército Nacional que la movilización campesina es “Una movilización guerrillera”. De manera contradictoria, el subcomandante de la Móvil No. 18 le expresó al Alcalde Municipal que “el ejército no ha cometido ningún abuso”.

    En comunicación telefónica con el COLECTIVO OFB, el delegado de derechos humanos de la Gobernación de Antioquia informó que “Ya le dimos la orden al Coronel GOMEZ de respetar la movilización. No obstante, el Coronel GOMEZ dice que no puede retirar los retenes. Estaremos alertas”.

    Urge la solidaridad de todos, en especial de los medios de comunicación que hasta el momento no han informado sobre estos hechos, para que soliciten:

    1. A los militares que suspendan la restricción de circulación y respeten a la población civil en todos sus derechos, que se retracten públicamente de los señalamientos hechos de que es una “movilización guerrillera”.

    2. A las autoridades civiles, que intervengan haciendo prevalecer el orden constitucional de un Estado de Derecho, evitando que se impongan regímenes de facto por los militares en Ituango.
    3. Se garantice el derecho a la movilización de los campesinos, a la realización del Foro “Ituango: Alternativa para la construcción de la paz” y se brinden las garantías necesaria para el regreso de los participantes a sus veredas.

    SOLICITUDES DE COMUNICACIÓN A:

    * Defensor de Antioquia, Dr. Luis Osorio, 310 853 94 29
    * Brigadier General Hernán Giraldo Restrepo, comandante de la Séptima División del Ejército. Tel: (4) 2308715 – 2308595 – 2308700 Ext. 146 – 124 MK: 041 225 – 041 226 Ext. 146 E-mail: div07ayujem@ejercito.mil.co
    * En Ituango, Coronel GOMEZ, Comandante de la Brigada Móvil No. 18 de la FUCAD (Fuerza Conjunta de Acción Decisiva), 311 211 07 75

    Con profunda preocupación,

    Asociación Campesina del Bajo Cauca
    Asociación Campesina de Ituango
    Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda

    Related Link: http://www.cjlibertad.org/index.php?option=com_content&...dades
    author by Asociación de Campesinos de Ituango - ASCITpublication date Sat Jan 19, 2013 04:04Report this post to the editors

    La campesina SULENI YAZMIN VILLA DAVID, identificada con CC. No 1.037.262.810 de Ituango, mayor de edad y vecina del municipio, con 26 años cumplidos, con nivel de escolaridad secundaria incompleta; soltera y madre cabeza de hogar de la niña SICLARI ALEJANDRA HENAO VILLA; vecina del corregimiento de Santa Rita, con domicilio en su casa materna, quien se desempeña como trabajadora en labores propias del campo ituanguino, condición que pueden certificar diversos testigos dentro del municipio de Ituango; denuncia a través de la Asociación de Campesinos de Ituango ASCIT y del Colectivo OFB que:

    HECHOS

    1. El día 14 de enero de 2013 a las 17:30 horas, aproximadamente fue detenida por unidades de la Policía Nacional en la peluquería propiedad de la señora Claudia Correa, siendo dirigida al comando establecido en Santa Rita.

    2. Estando en el comando de la Policía de Santa Rita fue reseñada y posteriormente fue informada de su presunta vinculación a un proceso por los delitos de Concierto para delinquir, terrorismo y rebelión, sindicada por la Fiscalía 29 especializada de Medellín. La señorita VILLA DAVID, en todo momento se prestó voluntariamente sin presentar resistencia alguna ante el procedimiento de policía que se practicaba.

    3. SULENI YAZMIN estuvo detenida por la Policía en Santa Rita desde el lunes 14 de enero, a las 17:30 aproximadamente hasta el día miércoles 16 de enero, fecha en la que es trasladada en helicóptero al municipio de Tarazá.

    4. Siendo las 14:30 horas del miércoles 16 de enero, aproximadamente, la citada ciudadana es dejada en libertad en el municipio de Tarazá, indefensa y lejos de su terruño, sin los recursos económicos para retornar a Santa Rita, Suleny logró reunir lo del pasaje terrestre de retorno a la ciudad de Medellín.

    5. Según la Señorita, hay una serie de antecedentes en los que unidades de la Policía y el Ejército en las calles del corregimiento la gritan y abuchean señalándola de ser integrante de grupos al margen de la ley, con motes como “guerrillera”, “terrorista”, “bandida” y otros calificativos soeces; en una de esas ocasiones, un miembro de la policía nacional bota al piso uno de los proveedores de su arma de dotación y de inmediato le gritaba “vea, bandida, cógalo pa’ que nos matemos”, Suleny asustada ante los continuos ataques del policía, lo ignoraba, dejando el sitio donde lo encontraba. Hechos que se vienen cometiendo desde julio de 2012 aproximadamente, hasta el día de hoy.

    6. En otra ocasión, SULENI YAZMIN se encontraba conversando por celular en una de las calles de Santa Rita y un Cabo de la Policía la golpeó en la oreja derecha y le dijo “ahí estas informando, hijo de’puta”, y le arrebató el Celular de número 320 606 1439. Cuando ella intentó reclamarlo el policial le dijo que “yo se lo entrego cuando se me dé la gana”. Una semana después Suleny, por medio de un vecino amigo de ella, logró recuperarlo.

    PETICIONES

    1.La ASCIT y el Colectivo OFB muestran su total preocupación por la situación que se presenta en Ituango y exige a las autoridades competentes que inicien de inmediato las investigaciones del caso para esclarecer los hechos aquí denunciados y se inicien los procesos de responsabilidad frente a las unidades de la fuerza pública mencionadas, así como exigimos que se garantice la integridad de la señorita SULENI YAZMIN VILLA DAVID.

    2. Convocamos a los organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales para que acompañen las denuncias que se están presentando, teniendo en cuenta que la Crisis Humanitaria que presenta el municipio de Ituango es de gran profundidad.

    3. Exigimos el respeto a los Derechos Humanos y reclamamos su acatamiento en cualquier procedimiento de policía; exigimos, de igual forma, a la Fuerza Pública que garantice la vida, honra e integridad de la población ituaguina y de Antioquia, así como el debido proceso y la presunción de inocencia que reza nuestra Constitución Política.

    author by Colombia Informapublication date Tue Jan 29, 2013 17:05Report this post to the editors

    La denuncia según la cual Andrés Felipe Correa Giraldo había sido ejecutado extrajudicialmente fue interpuesta por el Colectivo Socio-jurídico Orlando Fals Borda y el Comité de Derechos Humanos de la Asociación Campesina de Ituango -Antioquia- ante la fiscalía general de la Nación.

    El municipio de Ituango ha sido mencionado en los últimos años en razón de la construcción de la obra de la central hidroeléctrica Pescadero y, especialmente, las constantes protestas de los habitantes de la zona que se oponen a la obra.

    Rubén y Genaro, lideres de la comunidad, denunciaron que el 27 de agosto en medio de una audiencia popular realizada en el Valle de Toledo y en presencia de Santiago Londoño, Secretario de Gobierno del departamento de Antioquia, que se escucharon disparos muy cerca del lugar donde estaban asentados los manifestantes. Varias personas de la población comentaron que el ejército simuló enfrentamientos con la guerrilla en lugares cercanos a la concentración de la comunidad. Además, denunciaron que en agosto de ese mismo año se presentaron detenciones arbitrarias orientadas a desarticular el proceso de organización de la comunidad de Ituango.

    En el documento que denuncia la ejecución extrajudicial, se afirma que el 24 de diciembre de 2012 en horas de la tarde, soldados de la Brigada Móvil número 18 llegaron a la vereda Pio X del municipio de Ituango, acordonaron la vivienda de Correa Giraldo, tomaron fotos del lugar y de las personas que se encontraban allí. Según testigos del caso, los militares insultaron a todos los presentes haciendo caso omiso a las peticiones de los campesinos quienes solicitaban su retiro.

    Tras estos hechos, la comunidad llegó a la casa del campesino insistiendo en la petición de los habitantes de la casa. La respuesta de la fuerza pública, dice el texto, fue dispersar a los campesinos con granadas de aturdimiento y tiros al aire. En medio de la confusión generada por la respuesta de los militares, el comandante de la tropa apuntó su arma al cuerpo de Andrés Felipe Correa Giraldo y le propinó 2 disparos que le produjeron la muerte.

    Andres Felipe ya había sido víctima de persecuciones por parte de algunos miembros de la Fuerza Pública cuando fue capturado el 27 de agosto junto a otros habitantes de Ituango; el reporte de algunos medios afirmaba: “la operación, que constó de 38 allanamientos, se realizó en conjunto con la Brigada Móvil Número 18 del Ejército Nacional en las veredas Santa Rita y La Pascuita, en el corregimiento de Santa Rita, en el municipio de Ituango (Antioquia)...” Además, se aseguraba que los retenidos pertenecían a la red de apoyo del frente 18 de las FARC-EP, a la par que se justificaba su detención por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, rebelión, terrorismo, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fabricación, trafico o porte de armas de fuego de uso privativo de la fuerzas militares y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. Así mismo, se aseguró que Andres Felipe Correa Giraldo, respondía al alias de “Bocadillo” y hacía parte de la mencionada estructura guerrillera.

    Por su parte, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos comentó a propósito de los hechos, que las detenciones realizadas por orden del fiscal 29 de Medellín, Luis Amín Moreno Mosquera, fueron ampliamente difundidas por los medios de comunicación -donde se señaló a los comerciantes y campesinos como guerrilleros- pero que de su liberación, 10 días después al no encontrarlos culpables de los delitos que les imputaban, no se informó nada en los medios.

    author by Movimiento Ríos Vivospublication date Sun Mar 17, 2013 04:37Report this post to the editors

    Se dictó orden de captura a 11 de las 77 personas retenidas en el Valle de Toledo, Antioquia.

    Un juez de Antioquia acaba de dictar orden de captura contra 11 de los 77 retenidos esta mañana en el Valle de Toledo (Antioquia) alegando obstrucción de vía pública, sin embargo, la protesta iniciada el pasado 10 de marzo y en la que han participado cientos de personas de las comunidades locales pertenecientes al Movimiento Ríos Vivos ha tenido un carácter de pacífica, como todas las protestas realizadas por el Movimiento, y en ningún momento ha obstruido la vía pública.

    La protesta se realiza con el propósito de denunciar los impactos sociales, culturales y ambientales que está causando y podría causar la construcción del proyecto hidroeléctrico Hidroituango propiedad de la empresa EPM, perteneciente al Sindicato Antioqueño.

    Entre las personas detenidas se encuentran: Isabel Cristina Zuleta de la coordinación nacional del Movimiento Ríos Vivos, Piedad Maso y Leonardo Echavarría, líderes de las comunidades locales, además se nos ha informado que entre los detenidos se encuentra también un menor de edad. En estos momentos, están siendo trasladados a Santa Rosa de Osos donde serán atendidos por un juez.

    El Movimiento Ríos Vivos denuncia ante la comunidad nacional e internacional la falta de garantías desde el inicio de la movilización, en días pasados el ESMAD atacó con gases lacrimógenos la pacífica movilización. Tantos las autoridades nacionales como regionales han violado los derechos constitucionales que los manifestantes tienen para demandar sus derechos. También denunciamos el interés de la empresa EPM, de los gobiernos nacional y regional de criminalizar la legítima lucha contra el proyecto Hidroituango como una estrategia para debilitar y estigmatizar al Movimiento.

    Por todo lo anterior hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional para denunciar los hechos sucedidos y demandar al gobierno nacional la libertad inmediata de los detenidos y el establecimiento de un espacio nacional para dialogar sobre la política minero – energética y para debatir el estatus de afectados y afectadas por los proyectos hidroeléctricos.

    El Movimiento Ríos Vivos hace un llamado a las organizaciones sociales nacionales e internacionales para estar atentos tanto de la situación de los detenidos y las detenidas sino también de las comunidades y activistas que mantendrán la movilización en El Valle de Toledo.

    Mayores informes: riosvivoscolombia@gmail.com

    Todos somos afectados. La vida no se represa.

    Movimiento Ríos Vivos, 16 de marzo de 2013

    ACCIÓN URGENTE EN TWITTER:

    Exijimos al gobernador de Antoquia que libere los 11 detenidos miembros de Rios Vivos, para mandar un mensaje a @sergio_fajardo y @GobAntioquia

    author by Coordinación Colombia Europa Estados Unidos - Nodo Antioquiapublication date Sun Mar 17, 2013 16:18Report this post to the editors

    El nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos denuncia ante la comunidad nacional e internacional las detenciones arbitrarias y las judicializaciones contra líderes, lideresas campesinas, defensores y defensoras de derechos humanos en el marco de la protesta pacífica de habitantes de los 12 municipios afectados por el megaproyecto hidroeléctrico- Hidroituango, judicializaciones y detenciones que son una clara violación al derecho a la protesta y a defender los derechos humanos

    Hechos

    Desde el pasado 10 de marzo de 2013 las comunidades afectadas por el proyecto Hidroituango iniciaron nuevamente una jornada de movilización regional para protestar por los impactos negativos generados por la construcción de este megaproyecto, los cuales han sido manifestados y denunciados de manera permanente por habitantes de los 12 municipios afectados pero que al momento no han tenido respuesta concreta por parte de las Empresas Públicas de Medellín- EPM- ni de la Gobernación de Antioquia.

    En el marco del debate frente al megaproyecto, la Asamblea Departamental de Antioquia citó a un debate público el 13 de marzo de 2013, en el cual participaron pobladores y pobladoras de los municipio de Briceño, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Ituango, Sabanalarga, Peque, Liborina y Yamural quienes pertenecen al movimiento Ríos Vivos y hacen parte de los afectados por el megaproyecto.

    En un acto inexplicable e indigno a este evento no asistieron ni la Gobernación de Antioquia ni las Empresas Públicas de Medellín –EPM-, lo que no permitió un debate amplio y abierto frente a las denuncias que las comunidades realizaron en materia de incumplimientos por parte de EPM y las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que se presentan de manera repetida en la zona.

    Para el 14 de marzo de 2013 en el Valle de Toledo, el Movimiento Ríos Vivos convocó a una asamblea de las comunidades de los 12 municipios afectados por la construcción del megaproyecto para continuar el debate acerca de los impactos que genera dicha obra en los territorios; las comunidades que participaron en le debate de la Asamblea Departamental se desplazaron de Medellín a dicho municipio el día 14 de marzo, y siendo aproximadamente las 9am en vía que comunica los municipios de Yarumal y San José de la Montaña, en el retén instalado en la base militar de la Hacienda la Carolina fue detenido el bus por hombres pertenecientes al Batallón de Artillería número 4 -BAJES- perteneciente a la Cuarta Brigada y adelantan una requisa e impiden continuar el viaje pues argumentaron problemas de orden público, lo paradójico es que durante 30 minutos no impidieron la movilidad de los vehículos de transporte público ni los de EPM, solo ante la protesta de delegación campesina, interrumpieron todo paso vehicular. Y prosiguieron a verificar antecedentes únicamente a las personas que hacían parte dela delegación de afectados por Hidroituango. Luego de esto se acercó un mayor de la policía de apellido Narvaez, acompañado de otros dos individuos quienes filmaron a la delegación, y nuevamente, pero esta vez la policía solicita los documentos de identidad para verificar antecedentes. Después de dos horas la delegación pudo continuar con el viaje.

    El 15 de marzo de 2013 el Movimiento Ríos Vivos y la Comunidad habían denunciado el hostigamiento de miembros de la policía nacional que irrumpió de forma intimidante en una asamblea que realizaban los participantes de la movilización.

    El día de hoy 16 de marzo de 2013, aproximadamente a las 9:30am fueron detenidas arbitrariamente 77 personas que hacen parte de la protesta pacífica contra los graves impactos que desde ya está ocasionando la construcción de Hidroituango; estas personas pertenecen a las comunidades afectadas y al Movimiento Ríos Vivos.

    Estas personas fueron hostigadas por la policía nacional para que firmaran un acta de buen trato.

    11 personas de las detenidas fueron remitidas al municipio de Santa Rosa de Osos, Norte de Antioquia, pues fueron judicializadas de manera arbitraria y siendo un claro ejemplo de persecución contra las organizaciones sociales, campesinas, ambientales y de derechos humanos que se han movilizado pacíficamente contra impactos negativos de esta mega obra.

    Los líderes y lideresas judicializados son:

    Isabel Cristina Zuleta

    Piedad Mazo.

    Jorge García.

    Leodider Echavarría

    Robinson Monsalve.

    Juan David Sucerquia.

    Edwin Villegas.

    Tana García.

    Carolina Jaimes.

    Y dos personas más

    Exigimos al Estado Colombiano:

    v La libertad inmediata para los líderes y lideresas campesinas judicializados.

    v Detener las judicializaciones como estrategia de represión para atacar la movilización social y popular y como respuesta al descontento ciudadano frente a las políticas e intervenciones que afectan a la población colombiana.

    v Garantizar el derecho a la protesta social y a defender los derechos humanos.

    v La urgente e inmediata presencia en la zona de movilización, de una delegación de la Defensoría del Pueblo, la Vicepresidencia y del Ministerio del Interior.

    v Exigimos al Estado Colombiano una respuesta clara y concreta sobre sus compromisos reales y voluntad política con las organizaciones sociales y de derechos humanos en la Mesa Nacional de Garantías, cuando en la práctica reprimen movilizaciones, judicializan líderes y lideresas y no se avanza en las investigaciones por los asesinatos de defensores y defensoras en nuestro país.

    Nodo Antioquia Coordinación Colombia Europa Estados Unidos

    Proceso Social de Garantías Antioquia

    author by Asociación Campesina de Ituangopublication date Tue Jul 22, 2014 22:05Report this post to the editors

    Miembros de la comunidad de la vereda el Ocal Santa Bárbara, municipio de Ituango, manifiestan estar preocupados por la pérdida varios animales como: cerdos, reces y aves de corral.

    Afirman los campesinos de la vereda que el día 13 de julio en la finca el Bosque llegaron miembros de la Brigada Móvil 18 del Ejército Nacional de Colombia. Al señor Fidel Berrio, propietario de la finca este se encontraba allí realizando labores agrícolas, los soldados lo trataron con palabras soeces y le ordenaron retirarse del lugar y que no lo querían ver más en ese sitio.

    Los vecinos de la vereda dan fe que de la finca del señor Fidel Berrio los soldados sacrifican dos reses ese mismo 13 de julio para el consumo de estos.

    En la finca Gualanday de propiedad de la señora Ana Isabel Mazo fue sacrificada una res a consecuencia de un disparo de mortero

    En la finca la Esperanza aprovechando que la dueña no se encontraba en la parcela, se hurtaron allí un cerdo y varias aves de corral.

    Los habitantes de la vereda en mención denuncian la estigmatización de la que vienen siendo por parte de los miembros de la Brigada Móvil 18 del Ejercito quienes los sindican de guerrilleros, e igualmente, comentan los poblares que las tropas continúan con los ametrallamientos y con los disparos de morteros cerca a los caminos, a los potreros, las viviendas y los sembrados poniendo así en peligro la vida de los labriegos y sus semovientes

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    Verso lo sciopero generale e sociale nel mondo del lavoro, nei territori, nelle piazze

    Venezuela / Colombia | Represión / presos | es

    Thu 23 Oct, 20:24

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    Luis Alberto Plazas durante su refugio temporal en Asturias image“Esto no va a detener la lucha ni voy a encerrarme”. Sobre el atentado al sindicalista Luis Alberto ... 11:31 Sun 18 May by José Antonio Gutiérrez D. 0 comments

    Un sindicalista del país más peligroso en el mundo para quienes defienden los derechos de los trabajadores (Colombia), relata el atentado del que fue víctima el día viernes 16 de Mayo, el cual desmiente todas la retórica espuria e interesada del gobierno en torno al supuesto mejoramiento de las garantías para el sindicalismo en ese país. Este crimen ocurre en el contexto del paro adelantado por el magisterio y del desmonte gradual de las medidas de protección de diversos sindicalistas y dirigentes populares en todo el territorio. Hoy día, han puesto precio sobre la cabeza de Luis Alberto Plazas, demostrando la ausencia total de garantías para la oposición política y social en Colombia.

    José Norbey Lugo Caballero imageLiberado José Norbey Lugo Caballero 16:26 Fri 28 Feb by José Antonio Gutiérrez D. 0 comments

    Finalmente ha salido a la calle José Norbey Lugo Caballero, dirigente campesino del corregimiento de La Marina (Chaparral), afiliado a la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima (ASTRACATOL). Salió libre cinco días después de que el Juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Chaparral, Tolima, le otorgara la libertad.

    José Norbey Lugo Caballero, dirigente campesino de Astracatol-Fensuagro injustamente detenido imageNueva audiencia por el caso de José Norbey Lugo Caballero, afiliado a Astracatol-Fensuagro 18:23 Tue 05 Nov by José Antonio Gutiérrez D. 1 comments

    El día 12 de Julio fueron liberados 7 de los 8 presos en el proceso contra dirigentes sociales y del sindicato campesino Astracatol en La Marina, Chaparral (Tolima), acusados de rebelión y financiamiento del “terrorismo”. Uno de ellos, José Norbey Lugo Caballero, hermano de Edwin, pese a evidenciarse el montaje judicial, quedó tras las rejas. Mañana 5 de Noviembre, esta programada la audiencia preparatoria en la que ya debería terminar de aclararse la situación de José Norbey.

    349491_11735_1.jpg imageProtesta social recibe tratamiento militar en Colombia 09:27 Thu 22 Aug by José Antonio Gutiérrez D. 29 comments

    El gobierno colombiano siempre insiste en que el derecho a la protesta social en Colombia se respeta. Sin embargo, el Paro Nacional Agrario y Popular, convocado desde el 19 de Agosto por las principales organizaciones campesinas del país, junto con sectores como transportistas, salud y mineros, ha recibido un tratamiento militar por parte de las autoridades, que han violentado toda clase de derechos de los manifestantes. Una situación particularmente grave, es la que se vive en el departamento del Cauca, donde los dos puntos de concentración, en el norte y en el sur del departamento, enfrentan un cerco militar en el cual el ejército y la fuerza pública demuestran su interpretación de la doctrina del “enemigo interno”. En esos dos puntos, en El Cairo (Cajibío), y en El Pilón, corregimiento de Galindez (Patía) se está cercando militarmente a los campesinos, mientras se les agrede, se les queman los cambuches que han improvisado, los soldados les roban los alimentos y les botan el agua. [Português]

    paro19.jpg image4 menores de edad, 23 adultos detenidos en el Valle del Cauca durante el Paro Agrario y Popular 19A 19:34 Tue 20 Aug by José Antonio Gutiérrez D. 3 comments

    Durante el primer día del paro agrario y popular, en la ruta de San Pedro a Tulua, Valle del Cauca, a la altura de Chambimbal, se registraron graves hechos de violencia que terminaron con un herido grave, Alejandro Vargas Niño (de 17 años), quien después de recibir un impacto de fusil en el abdomen, requirió una intervención quirúrgica de emergencia. Las jornadas de protesta dejaron también un saldo de más de 70 detenidos en el Valle del Cauca, pero en el transcurso del día algunos fueron siendo liberados. Entre los detenidos que aún se encuentran en poder de la policía en la localidad de Buga, se encuentran cuatro menores de edad y 23 adultos.

    Militarizadas las vías en Colombia: esta es la respuesta oficial al hambre de los campesinos imageViolenta represión en Chambimbal (Valle del Cauca), un herido grave y 40 detenidos 02:18 Tue 20 Aug by José Antonio Gutiérrez D. 3 comments

    Gobierno colombiano por fin cumple una promesa. Prometió violencia del Estado y es lo que hemos tenido. Violenta represión contra campesinos participantes del paro agrario nacional convocado para el lunes 19 de Agosto en Colombia. Ya hay un herido de fusil y 40 detenidos en el Valle del Cauca. Las víctimas de la represión suman y siguen. El descontento del pueblo también crece.

    Fotografía de Noviembre 2011: Armando Montilla Rey, Alexander Guerrero, Saan Maceto, Arcesio Díaz, presentados como ganado, víctimas de un montaje judicial image¡Presos de la Marina, 7 libres, 1 por liberar! 21:12 Sat 13 Jul by José Antonio Gutiérrez D. 1 comments

    Después de una maratónica audiencia de ocho horas en el juzgado de Ibagué, Tolima, han dejado en libertad a siete de los ocho presos de La Marina. Edwin Lugo Caballero, Arcesio Díaz, Aycardo Morales Guzmán, Saan Maceto Marín, Fredynel Chávez Marín, Alexander Guerrero Castañeda y Armando Montilla Rey han salido libres, tras un año y medio de estar privados de libertad por el delito de ser luchadores sociales. Queda aún en la cárcel José Norbey Lugo Caballero, hermano de Edwin, quien tiene que enfrentar todavía cargos por rebelión en Chaparral.

    afiche10.edwin_lugo_caballero_1.jpg imageLibertad para el compañero Edwin Lugo Caballero y los demás lideres de ASTRACATOL 19:22 Fri 28 Jun by Cruz Negra Anarquista 0 comments

    Edwin Lugo Caballero es un líder de la Asociación de Trabajadores del Campo de Tolima (ASTRACATOL) detenido arbitrariamente el 20 de Noviembre del 2011, por su trabajo político y a las diferentes campañas de sensibilización que adelantaba en contra del proyecto hidroeléctrico de la multinacional ISAGEN.

    Fotografía de Armando Montilla Rey en su finca en el municipio de Ríoblanco, sur del Tolima. Hoy él junto a varios otros campesinos tolimenses es víctima de un grotesco montaje judicial. image[Colombia] ¡Libertad a los presos de La Marina! 20:26 Wed 17 Apr by José Antonio Gutiérrez D. 1 comments

    Una vez más lo repetimos: Edwin Lugo Caballero, José Norbey Lugo Caballero, Arcesio Díaz, Aycardo Morales Guzmán, Saan Maceto Marín, Fredynel Chávez Marín, Alexander Guerrero Castañeda y Armando Montilla Rey ni están solos, ni están olvidados. Tampoco nos olvidamos de los otros presos de La Marina, Enzo Fabián Díaz Bermúdez, preso desde Julio del 2012 en un proceso aparte, ni de los cuatro soldados de este pueblo, Vilman Useche Pava, Wilmer Javier Pérez Parra, Isidro Alape Reyes y Jason Orlando Castañeda, presos desde Septiembre del 2011. Los queremos libres ya, libres para vivir, libres para amar, libres para organizar y para seguir luchando por una Colombia nueva.

    webcolombia_9.jpg image[Colombia] Sobre la retención ilegal de los dirigentes campesinos tolimenses de Astracatol 21:39 Sun 10 Mar by José Antonio Gutiérrez D. 1 comments

    El día 3 de Marzo, tres dirigentes campesinos de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima (Astracatol) fueron detenidos ilegalmente, en el marco de operaciones de contrainsurgencia, por efectivos del Ejército adscritos a la Sexta Brigada, que opera en el Tolima. Esta detención ilegal, así como el trato intimidatorio que recibieron durante esas 24 horas de angustia, es prueba de los atropellos que cotidianamente tienen que aguantar los campesinos en el Sur del Tolima y en todas las zonas de consolidación militar de Colombia. En particular, Astracatol ha venido sufriendo una persecución feroz, siendo uno de los casos emblemáticos el de los presosde La Marina, en el municipio de Chaparral. Urgen acciones solidarias con esta organización y con otras expresiones organizativas del pueblo tolimense.

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    imageGustavo Bocanegra fue declarado inocente y absuelto del cargo de rebelión Jul 28 by Fernanda Sánchez Jaramillo 0 comments

    Después de varios años de persecución por parte de El Ejército y estar en prisión injustamente el campesino Gustavo Bocanegra termina un capítulo de angustia al ser absuelto del cargo de rebelión. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Descongestión de Ibagué absolvió a Gustavo Bocanegra acusado de rebelión y de pertenecer a la red de apoyo, célula subversiva del frente XXI de las Farc, de Cajamarca.

    imageProcesos de Organización de Lucha Carcelaria en Colombia Feb 26 by William Mesa 0 comments

    Los procesos de organización al interior de las cárceles en Colombia han configurado uno de los elementos menos tratados en la historia de lucha y la confrontación política y social de los movimientos revolucionarios, las reivindicaciones y las propias dinámicas de los individuos.

    image“Estar presos así, tan inocentemente”: Sobre los cuatro soldados de La Marina acusados de rebelión Dec 16 by José Antonio Gutiérrez D. 1 comments

    Sobre el montaje judicial en contra de los soldados Yeison Orlando Castañeda Rojas (de la vereda El Cauchal), Wilmer Javier Pérez Parra (de la vereda Las Juntas), Isidro Alape Reyes (de la vereda Aguas Claras) y Bilman Useche Pava (de la vereda Las Juntas), presos sin condena desde Septiembre del 2011. Este atropello es parte de los abusos que se están viviendo en el Sur del Tolima en el marco de la militarizació del territorio. Este artículo había sido preparado a fines de Octubre pero desde entonces estábamos a la espera de que se anunciara una nueva audiencia. Hasta la fecha, no hay audiencia y la fiscalía sigue dilatando el proceso.

    imageSangre para el progreso Nov 14 by Javier Orozco 0 comments

    Siguen muriendo con impunidad los sindicalistas y los opositores de la minería en Colombia. Y no es un sufrimiento originado en un desastre natural, sino el resultado de planes de exterminio cada vez más evidentes.

    imageAsesinado dirigente campesino que se opuso a mina La Colosa (Cajamarca, Tolima) Nov 04 by José Antonio Gutiérrez D. 9 comments

    En la tarde del día 2 de Noviembre, el dirigente campesino César García, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cajón La Leona (Cajamarca, Tolima), fue asesinado, a sangre fría, de un tiro a la cabeza mientras regresaba a su finca junto a su compañera y su hijo. García se había destacado por su participación en el Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca por ola Defensa de la Vida, el Agua y el Alimento, organización que ha venido liderando la lucha de la comunidad contra el proyecto mega-extractivo de La Colosa. Nos parece clave preguntarnos, ¿quién se beneficia de este crimen? Nos es, lamentablemente, demasiado familiar la situación de que, cuando los intereses de gente muy poderosa se ven amenazados, surjan "fuerzas obscuras" que siembran la desestabilización, el terror, la muerte… después de lo cual, en medio de la arremetida represiva para garantizar la “seguridad inversionista”, hacen entrada triunfante los "pacificadores" con su portafolio rebosante de negocios y contratos.

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    imageLibertad para el compañero Edwin Lugo Caballero y los demás lideres de ASTRACATOL Jun 28 0 comments

    Edwin Lugo Caballero es un líder de la Asociación de Trabajadores del Campo de Tolima (ASTRACATOL) detenido arbitrariamente el 20 de Noviembre del 2011, por su trabajo político y a las diferentes campañas de sensibilización que adelantaba en contra del proyecto hidroeléctrico de la multinacional ISAGEN.

    imageColombia:CNA-Desde Adentro llama a generar solidaridad internacional con la jornada de desobediencia Aug 22 Desde Adentro 0 comments

    Nota CNA-GB: este pequeño texto lo escribieron los compas de la CNA- Desde Adentro, nos sumamos a este documento y esperamos que en diversas latitudes aquellos y aquellas que están en pie de lucha contra las cárceles, la explotación y el capital hagan actos de solidaridad y rebeldía tanto para con los compas de la CNA- Desde Adentro como para los presos políticos, prisioneros de guerra y presos sociales que están en esta jornada.

    imageSolidaridad con FRIO y sus integrantes encarcelados Aug 08 FARV 0 comments

    La FARV se solidariza con el FRENTE REVOLUCIONARIO DE INQUILINOS Y OCUPANTES (FRIO) y sus integrantes encarcelados.

    imagePresos Colombianos crean la Cruz Negra Anarquista Desde Adentro Jul 26 Cruz Negra Anarquista Bogotá 0 comments

    Nota CNA-BOGOTA/GB: Si deseas mandar cartas, noticias, saludos a los compas lo puedes por medio del correo electrónico cruznegrabogota@riseup.net. A su vez invitamos a los grupos e individualidades que trabajan con presos anarquistas en diversos sitios del mundo a que vean la posibilidad de generar correspondencia entre los compas colombianos y los otros presos anarquistas, rompamos la incomunicación.

    imageSaludos de la CNA-GB a acto por la libertad de los presos políticos colombianos en Dublín Dec 08 Grupo Bifurcación 0 comments

    El 6 de Diciembre se realizó en Dublín un acto por la libertad de los presos políticos colombianos, el cual fue co-organizado por Justicia para Colombia y el Grupo Raíces de solidaridad con las luchas populares colombianas. En este acto, que tuvo lugar en el local del pricipal sindicato irlandés ante una nutrida asistencia de alrededor de 60 personas, tomó la palabra la ex presa política Rosalba Toro Gaviria. Ella es dirigenta de la principal organización campesina colombiana, Fensuagro, y pasó 27 meses en prisión acusada de "rebelión" sin ninguna prueba en su contra. Finalmente, tras mucha presión internacional, fue liberada en Junio. Reproducimos el saludo enviado al acto por los compañeros de la Cruz Negra Anarquista-Grupo Bifurcación, desde Bogotá. Este mensaje es un recuerdo de la situación represiva que enfrentan los luchadores sociales en Colombia y la cual se deteriora día a día. Esta dramática situación requiere urgentemente de nuestra solidaridad y de visibilizar las vejaciones a que son sometidos los entre 7.500 y 9.500 presos políticos y de guerra que hay en Colombia.

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