Horizontes de paz

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Thursday August 30, 2012 20:41

by Juan Diego García

El presidente santos ha conseguido dar un vuelco a una situación que parecía hundir a su gobierno y frustrar sus planes para una nueva opción a la presidencia en 2014. El anuncio de conversaciones de paz con las FARC ha dado un vuelco inesperado a la situación y le ha supuesto el apoyo de los partidos políticos, las instituciones y la opinión pública (más del 75% a favor, según las mismas encuestas en las cuales hace pocos días su gobierno caía en picada). Más importante aún: su decisión ha recibido el respaldo de los grandes medios de comunicación locales, fieles exponentes de los mayores grupos de intereses -es decir, del poder real-, y hasta diarios conservadores de todo el mundo han mostrado beneplácito por el paso dado en Bogotá. Solamente el ex presidente Uribe, portavoz de la derecha más cavernaria, manifiesta su oposición sin obtener por el momento apoyos significativos.

Se sabe poco sobre los términos concretos del acuerdo. Según el gobierno serán dados a conocer pronto. Tampoco hasta el momento ha habido pronunciamiento de las FARC pero se supone que será confirmando lo anunciado, entre otras cosas porque es su propuesta desde hace muchos años. Seguramente que como todo indica en la declaración oficial, el gobierno se limitará a debatir la manera de desmovilizar al movimiento guerrillero sin incluir en la agenda de la negociación reformas significativas que afecten las relaciones de propiedad (sobre todo las rurales), el régimen político o el modelo económico. Tampoco parece que exista disposición a permitir un proceso en que tengan activa participación las organizaciones populares. Santos buscará una negociación cerrada, discreta y rápida, intentando compensar a los alzados en armas con determinados beneficios materiales y legales de tipo personal o de grupo. Por su parte, la insurgencia (seguramente se unirá a la mesa de negociaciones la otra guerrilla, el ELN) va a presentar su programa de reivindicaciones y la exigencia de un protagonismo central para las organizaciones populares. Dos propuesta entonces abiertamente incompatibles y que han sido -hasta hoy- la causa fundamental del fracaso de anteriores intentos de alcanzar la paz.

Por esta razón es de suponer que tanto el gobierno como las FARC habrán acordado mecanismos que den seguridad a las partes (la experiencia trágica de la UP no debe repetirse y en ello la mayor responsabilidad es sin duda del gobierno) y decidido una dinámica que permita los acercamientos, es decir, que los “programas de máximos” con los cuales cada una de las partes llega a la mesa de conversaciones sean susceptibles de modificaciones, matizaciones y renuncias, pues de lo contrario cualquier arreglo sería poco realista.

Si Santos y los poderes que los respaldan (fundamentalmente la clase dominante criolla, los Estados Unidos y sus aliados) no tienen en mente hacer concesiones que no sean simples cambios cosméticos, el proceso está de antemano condenado al fracaso. Por su parte el movimiento guerrillero tendría que medir de forma muy sensata las posibilidades reales de alcanzar sus objetivos según la correlación de fuerzas que logre generarse. Su ventaja sobre Santos no es pequeña pues las exigencias de los insurgentes coinciden en un alto porcentaje con las reivindicaciones de amplios sectores sociales incluyendo capitalistas afectados por los tratados de libre comercio. Las exigencias de los guerrilleros -como señalan algunos analistas destacados- apuntan a los problemas más graves del país, tales como la cuestión agraria, las condiciones de la inversión extranjera, el sistema político, las relaciones exteriores, la defensa del trabajo nacional y la necesidad de generar dinámicas de paz que superen las heridas de un conflicto que dura ya demasiado, dilapida una enorme cantidad de recursos y compromete el futuro de ésta y futuras generaciones.

Sin duda, las exigencias del movimiento guerrillero resultan diametralmente opuestas al actual modelo de economía y régimen político. Se puede debatir sobre su conveniencia, pertinencia o ventaja en relación al modelo vigente, pero ninguna de ellas propone el socialismo (una reivindicación legítima, por demás) o medidas que estén divorciadas de un sistema capitalista moderno y democrático. Se alejan por completo del modelo neoliberal, pero dados los trágicos resultados de la aplicación de este modelo - comprobados en la actual crisis mundial - adquiere plena legitimidad rechazarlo y proponer en su lugar un camino diferente.

Ahora bien, no todo depende de Santos ni los mayores obstáculos están en la extrema derecha. En contra de las reformas -sea que éstas resulten de la negociación con la guerrilla o por cualquier otra vía- conspiran fuerzas más importantes. Son las mismas que apoyan a Santos siempre y cuando se limite a conseguir una negociación de mínimos, similar a los arreglos con el M-19; y poco más. Que las cosas no sucedan de esta manera dependerá también y en buena medida de una opinión pública audaz e intensamente movilizada que contrarreste la acción de estos verdaderos enemigos de la paz. Es por eso fundamental que la negociación incluya la activa participación de las organizaciones populares. El hecho mismo constituye un cambio radical en el cerrado y excluyente sistema de participación ciudadana de esta nación andina y dará respaldo y legitimidad a los acuerdos.

Los obstáculos mayores no vienen entonces de la acción de grupos de matones al servicio empresarios mafiosos o de gamonales de pueblo; tampoco tendrían que producirse necesariamente por la interferencia de los militares (tal como lo pretende Uribe con sus proclamas incendiarias llamando a la oficialidad literalmente al golpe de estado), con todo lo peligrosas y desestabilizadoras que son unas y otras. El peligro mayor está en los mismos que han promovido la violencia como el mejor instrumento para incrementar la acumulación de capital. Los ejecutores materiales son solo eso, instrumentos, por lo general socialmente mucho mas cerca de sus víctimas de lo que se suele subrayar. Los verdaderos culpables de la violencia, y en consecuencia, el principal obstáculo para superarla no son otros que sus inductores, al mismo tiempo los principales beneficiarios del robo de tierras y bienes a los campesinos, de un régimen de terror y salarios de hambre para los trabajadores y de la pobreza que afectan a más del 60% de la población.

Cabe esperar que el fin de la guerra signifique igualmente una nueva orientación en las relaciones exteriores del país y que la acción opuesta de la embajada de marras no sea palo atravesado en la rueda del proceso.

Esta es la hora de los gestos de parte y parte. Gestos que alimenten la confianza mutua y generen un clima de entendimiento y distensión. Ojalá se pudiera llegar de inmediato a una suspensión bilateral y permanente de hostilidades. Santos debería atender con urgencia las solicitudes (por lo demás bastante razonables) de las personas prisioneras por motivos relacionados con el conflicto (casi diez mil) y dar pasos efectivos para desmantelar el paramilitarismo, al menos en su expresión armada. A la renuncia a los secuestros por motivos económicos las FARC deberían agregar la decisión de no hacer prisioneros de guerra. No solo por los costos materiales y políticos que supone a una fuerza irregular mantenerles en las duras condiciones de la selva sino por una consideración más inmediata: quienes van a la guerra son tan hijos del pueblo como los mismos guerrilleros. Los hijos de los ricos, ya se sabe, nunca van al combate.

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