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Crisis de la Salud: ¿Cuál Crisis?, ¿Cuál Solución?

category venezuela / colombia | community struggles | non-anarchist press author Wednesday August 29, 2012 20:37author by Christian Mantilla - Comosoc Report this post to the editors

Es evidente que el Sistema de Salud Colombiano (y el sistema general de seguridad social en su conjunto) está en crisis; según parece esta crisis no es de ahora y tiene su origen desde la concepción misma del modelo imperante. Durante la vigencia de la ley 100 se han realizado reformas y ajustes para intentar salvarlo, de lo que parece ser un mal connatural al sistema.

Leyes como la 1122 de 2007 y la 1438 de 2011 intentaron en su momento conjurar la crisis implementando medidas para resolver problemas asociados a las dificultades y riesgos financieros, altos niveles de corrupción, y lo que para el gobierno son “abusos en el uso de servicios y procedimientos por parte de los pacientes”. Sin embargo estos paliativos en nada tocan la problemática relacionada con el desarrollo del fin esencial de un sistema de protección social en el marco de un Estado Social de Derecho, el cuál es precisamente la protección de las personas en tanto personas, y no en tanto clientes, afiliados, desvinculados, vinculados, del régimen subsidiado, del contributivo, beneficiario, titular, etc. ¿Dónde radica entonces el problema con el sistema de salud?; ¿cuáles son las propuestas que están en juego en este momento y los intereses que están detrás de cada una de ellas?.

LA PROPUESTA DEL GOBIERNO

A dos años de su elección el gobierno de Juan Manuel Santos sigue promoviendo reformas, que se traducen en paliativos para prolongar la agonía de un sistema inoperante frente al deber de garantizar protección universal a todas las personas. En esa baraja de reformas y adendas fracasadas figuran la reforma ordinaria a la salud(1) y el proyecto de ley estatutaria en salud 186/10 Senado(2) para asignarle más recursos a las EPS, y las propuestas de restricción a la tutela que subordinan el acceso general al derecho a la salud a la disponibilidad de “los recursos finitos del Sistema”. Esta nueva relación de sometimiento a la viabilidad fiscal, explica como en aras de la sostenibilidad financiera se disminuyen los beneficios de los usuarios del sistema de seguridad social en salud.

Otro de los grandes y graves proyectos legislativos promovidos por el gobierno santos fue el Acto Legislativo 016/10(3) “Por el cual se establece el derecho a la sostenibilidad fiscal” que fue aprobado por el congreso el 7 de junio de 2011. Posteriormente esta lesiva reforma fue declarada exequible por la corte constitucional, en un fallo que a juicio de muchos (incluyéndonos) desconoce garantías fundamentales, en la medida en que las finanzas del estado se anteponen a la vida y la dignidad de las personas, sin reparo a los millonarios desfalcos que han hecho algunas EPS al erario público.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (4) se evidencia la falta de voluntad política para resolver de fondo las fallas del sistema de seguridad social en el país, no obstante las evidencias, debates y denuncias que hace constantemente la ciudadanía exigiendo cambios estructurales que recojan los principios básicos del derecho, como la universalización, la integralidad y la equidad. Por el contrario se insiste en la sostenibilidad fiscal como criterio fundamental dentro de la política social.

El gobierno nacional insiste, ahora por intermedio de la Senadora Piedad Zuccardi, en fortalecer financieramente al sistema, pero en realidad lo que proponen es un rescate de las empresas promotoras de salud (EPS), a través de un fondo público que cubra el déficit de estas empresas pagando las deudas que estas tienen con la red pública hospitalaria, que se ha visto obligada a movilizarse para exigir el pago de la deuda, so pena de declararse en quiebra, recortar servicios a usuarios y recortar personal, tal y como ha ocurrido recientemente en Medellín con metro METRSALUD que ha desvinculado a más de 3000 trabajadores.

El gobierno parece olvidar (por decir lo menos) que estas empresas promotoras de salud son las mismas que se han apropiado de manera indebida de recursos públicos representados en el FOSYGA, a través de recobros, falsos pacientes, y demás artimañas que poco a poco han sido descubiertas y que ha llevado a la intervención de varias de estas empresas y a la cárcel a varios de sus responsables.

La respuesta enérgica del gobierno se concentra en últimas en atender no al agonizante sistema, responsable de la reiterativa negación del acceso a la salud, sino en socorrer económicamente a quienes se lucran con la agonía del mismo.

LA PROPUESTA DE LAS EPS.

Por su parte, las EPS asociadas en ACEMI (la Asociación Colombiana de Empresa de Medicina Integral) que agremia a las empresas promotoras de salud del régimen contributivo, decidió proponer al gobierno una reformulación del sistema con la firme intención de recuperar su maltrecha credibilidad, debido entre otras cosas, por los destinos que han tomado las ganancias de estas empresas, que no reinvierten en el sector salud para mejorar servicios, desarrollar campañas de prevención, sino que han sido destinados a proyectos inmobiliarios, clubes sociales, y empresas fachadas, lo que representa una apropiación indebida de dineros que nunca llegaron a los que deberían ser los beneficiarios. Ahora ACEMI propone que sea el paciente el centro del sistema, y pone sobre la mesa del gobierno una reforma de 28 puntos (ver propuesta).

El diagnostico que hace ACEMI de la crisis del sistema centra su atención en el modelo de atención médica, y no cuestiona en nada el papel de las EPS en la crisis. Para Jaime Arias presidente del gremio “la crisis es compleja y viene agravándose desde hace más de 10 años sin que haya recibido soluciones oportunas y adecuadas. El problema principal está en el modelo de atención médica, que no se centra en el paciente ni busca resultados en salud y que no privilegia la prevención sino la curación”. En consecuencia con este diagnostico propone que el modelo de atención médica se oriente bajo el modelo de medicina familiar que consistiría en asignarle un determinado grupo de pacientes a un solo médico (entre 2000 y 2500), de tal manera que este logre un vinculo cercano y efectivo con los usuarios.

Frente a la crisis financiera sostienen que esta es más responsabilidad del gobierno que estableció un plan de beneficios poco claro, que ha permitido un carrusel de corrupción en el manejo del POS y No POS. Para contrarrestar lo anterior proponen la creación de un solo POS “más amplio, si se quiere, y lo que no cabe lo debe cubrir directamente el Estado”. Lo que se propone en última instancia es mantener un fondo público como el fosyga que cubra lo que estaría excluido del POS, responsabilizándolo a este de enfermedades de alto costo.

Pero al tiempo ACEMI pide al gobierno que pague los $2,5 billones que el Fosyga le debe a las EPS, quienes a su vez deben a clínicas y hospitales. Esta propuesta está en consonancia con lo planteado por el gobierno, quien pretende de igual manera salvar financieramente a las empresas a la usanza de otros tiempos en los que se salvaron a los bancos con fondos públicos, y de las formulas que se aplican en Europa para salvar al sistema financiero socializando las deudas y privatizando beneficios.

LA PROPUESTA DE ORGANIZACIONES SOCIALES, DE PACIENTES Y ACADÉMICOS.

Desde su promulgación, la ley 100 de 1993, ha recibido muchas críticas por parte de quienes consideramos que el sistema de seguridad social es base fundamental de un estado social de derecho, en el que el estado es el garante de las protecciones sociales a la que tienen acceso las personas por el hecho de ser personas y no por sus niveles de ingresos, estrato socioeconómico, condición social, etc.

La participación de agentes privados dentro del sector salud, como el caso de las EPS, no deben desplazar la responsabilidad que tiene el estado en materia de garantías sociales. El régimen de protección social sujeto a la vinculación laboral de los beneficiarios, condicionados por una lógica de aseguramiento deja una brecha para que se presenten las inequidades que hasta el momento se han develado, dadas las condiciones de precarización laboral, de aumento de la informalidad, y la ya superada idea de las sociedades de pleno empleo.

El descontento frente al sistema de seguridad social sometido a las lógicas del mercado, con baja o casi nula regulación y control por parte del estado; a conllevado a un aumento de la movilización social en favor de la salud como derecho fundamental. Luego de los Decretos de emergencia social en salud promovidos por Álvaro Uribe y declarados parcialmente inexequibles por la corte constitucional, se han presentado grandes movilizaciones como las marchas del 6 y 18 de febrero y las del 16 de abril de 2010, y las que se han convocado desde aquel entonces. Dichas movilizaciones constatan el aumento de la indignación y la creciente participación de sectores que hasta el momento no se pronunciaban, como es el caso de asociaciones de pacientes, las facultades de medicina de universidades privadas, organizaciones médicas, y organizaciones sociales de base, entre otros.

Esta dinámica de movilización social ha puesto de relieve los problemas estrcuturales del sistema, manifestando la necesidad de transformar totalmente el actual modelo, propiciando escenarios de convergencia que han consensuado algunos puntos que se consideran básicos en la caracterización de un nuevo modelo de salud y seguridad social en Colombia.

Con la ley 1438 de 2011, con la cuál se estrena el gobierno reformista de Juan Manuel Santos, lo que antes era una aspiración, se convierte en la imperativa necesidad y la tarea urgente de cambiar totalmente el modelo de la Ley 100 de 1993. Iniciativas como la Campaña Nacional /Salud y Seguridad Social – Derecho Fundamental, han intentado generar una opinión favorable en torno a esta difícil pero necesaria tarea de construir un nuevo sistema de seguridad social, promoviendo acciones como la consulta popular denominada Octava Papeleta: ¡Voz y Voto por tus Derechos!. Este y otros escenarios, como la Comisión de Seguimiento de la sentencia T-760 de 2008, propiciada por la Corte Constitucional para la evaluación de las órdenes emanadas de dicha providencia, han iniciado la marcha hacia la construcción de propuestas para salvar de la crisis a la salud.

Dichas dinámicas de movilización y de acción política en torno al derecho fundamental a la salud, han venido confluyendo recientemente en un espacio denominado “la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud, de la cual forman parte organizaciones de todo el país, sociales, académicas, médicas, de pacientes, de usuarios y de muchas otras expresiones sociales que propugnan por la derogatoria de la Ley 100 y por la implantación de un nuevo sistema de salud y seguridad social. De igual manera, le exigen al gobierno nacional suspender las medidas de rescate propuestas y proceder de inmediato a abrir un debate público con todos estos sectores y todos los que se quieran sumar a esta causa de la defensa de la salud como un derecho fundamental.”(5)

La alianza ha propuesto al gobierno nacional la creación de una mesa de diálogo y concertación para discutir un cambio estructural del sistema de salud, donde uno de los puntos centrales y más sensibles es la eliminación de la intermediación financiera y en lo inmediato pide al gobierno retirar el proyecto que cursa en el congreso de salvamento de las EPS mediante la creación de un Fondo de Garantías del Sector Salud –Fogasa. Por cuanto este significa “la refinanciación de los responsables del desvío y la apropiación abusiva y corrupta de los dineros de la salud de los colombianos/as”.

Esta nueva Alianza ha avanzado en la formulación de una propuesta de ley estatutaria en salud, que recoge los acumulados de años de reflexión en torno a sistemas universales de protección social y de la viabilidad financiera de un sistema que esté a cargo del Estado.

Todas las propuestas están sobre la mesa y el éxito de una u otra visión de lo que es el problema y su solución depende de la fuerza que tenga cada una de las partes para conquistar el apoyo de los millones de colombianos que padecen día a día este decadente sistema de seguridad social en salud.

Por Christian Mantilla: Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia - Comosoc

NOTAS:

1) La ley ordinaria fue aprobada por el Congreso al final de la legislatura de 2010 y sancionada por el presidente, el 19 de enero de 2010, convirtiéndose en la Ley 1438 de 2011.

2) El texto del informe de ponencia para prime debate, con modificaciones al texto originalmente presentado por el gobierno se puede consultar en: www.fenalco.com.co/.../PONENCIA%201%20DEBATE%20PL%20186-10%20SALUD%20-%20CIRCULAR%20589.pdf

3) Ver http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/D...1.pdf

4) La versión oficial se encuentra en: http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/PND/PND20102014.aspx

5) Ver comunicado a la opinión pública de la alianza en: www.comosoc.org.co

Related Link: http://www.comosoc.org.co/?q=node/322
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