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category iberia | community struggles | non-anarchist press author Tuesday August 14, 2012 00:40author by Sabino Cuadra - Gara Report this post to the editors

Cuando un empresario tiene pérdidas o reduce sus ventas, la ley le permite no cumplir el convenio colectivó que firmó. No sucede cuando una familia disminuye su nivel de ingresos Las libertades plenas solamente existen hoy para el capital y los fondos de inversión, no para las personas y sus colectivos.

Hace unos meses, la noticia de un suicidio producido en Grecia dio la vuelta al mundo. Se trataba de Dimitris Christoulas, quien pocas horas antes escribió lo siguiente: «Pongo fin a mi vida para no tener que hurgar en la basura para subsistir». En Grecia, en tan solo tres años, el número de suicidios se ha duplicado. Antes, este país estaba en la cola de Europa en el ránking correspondiente, pero ahora encabeza el medallero olímpico en suicidios.

La basura a la que se refería Dimitris podía ser la contenida en cualquier supermercado de esas grandes cadenas que cada vez nos envuelven más. Podía ser, por qué no, la de esos Carrefour o Mercadona puestos en la picota por la acción ejemplar del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). En el Estado español se desconoce la evolución de los suicidios en estos últimos años, pero es muy probable que estemos parejos con los griegos. A nadie del Gobierno parece preocupar esto sin embargo. La acción del SAT, sí.

Hace poco, en París, una persona se quemó a lo bonzo después de que los servicios sociales le comunicaran la denegación de su solicitud para acceder a unas prestaciones. Aquí, mientras tanto, los subsidios por desempleo cada vez se recortan más, mientras suben el IVA, la luz y el gas y bajan las prestaciones sociales y se implanta el copago en la sanidad pública. Nadie, aún, se ha quemado a lo bonzo. ¡Al tiempo!

El ministro de Interior, tras conocer la noticia del asalto alimentario de dos supermercados por parte de afiliados del SAT, dijo eso tan profundo de que «la gente lo está pasando mal, pero el fin no justifica los medios». Pues bien, sr. Ministro, ¿de qué fin y qué medios nos habla Vd.?

Para el PP la lucha contra el déficit es el fin supremo que justifica la aplicación de cualquier medida: subidas del IVA, reducción de las prestaciones por desempleo, aplazamientos en la ampliación del permiso de paternidad o en la mejora de la pensión de viudedad, recortes en educación y sanidad, moratoria en la puesta en marcha de la ley de dependencia, copago sanitario... Se convierte así la deuda privada de bancos y empresas en deuda pública a través de ayudas generalizadas a los primeros (préstamos, avales, amnistías fiscales, guaridas SICAV,...) y del pago de todo lo anterior con los ahorros derivados de todo tipo de recortes y agresiones sociales.

La celeridad en anunciar detenciones por parte del ministro contrasta con su política indulgente para con el fraude de Bankia, las multinacionales del Ibex 35 afincadas en paraísos fiscales, la mafia del cemento que ha escondido sus escandalosos beneficios en negros calcetines, las grandes fortunas y los parasitarios rentistas que han hecho otro tanto o, finalmente, los distintos urdangarines que campean por recepciones, saraos y torneos varios pillando un mucho de todo... No solo eso, sino que a todos ellos brinda la faena el ministro y les dedica su más cariñosa amnistía fiscal. «Lo suyo puede arreglarse», parece querer decirles...., «pero lo de esa gente del SAT es insultantemente delictivo y no puede permitirse».

Cuando un empresario tiene pérdidas en su negocio o ve reducirse su nivel de ventas, la ley le permite descolgarse del convenio colectivo que firmó y no cumplirlo. Nada de eso sucede cuando una familia ve disminuir su nivel de ingresos. Esta nunca podrá alegar esto como causa legal para aplazar sus pagos hipotecarios o descolgarse de aquel contrato usurario al que le sometió un banco sin escrúpulos. La ley siempre comprende los «problemas» del patrón, nunca los del currante. Para la Banca, guante de seda, para quien no paga su hipoteca, patadón y desahucio. Esta es la escala de valores del PP. El banquero y el empresario son dioses, la gente de a pie poco menos que nada.

Entre los dos supermercados asaltados, Mercadona y Carrefour, copan el 40% de las ventas del sector en el Estado español. Desde esta posición de privilegio, estas cadenas imponen a los agricultores y productores que les abastecen precios de miseria (los precios pagados en origen por los productos agrícolas se multiplican por diez cuanto llegan a las estanterías de estos supermercados) y a sus trabajadores sueldos de escándalo. El propietario de Mercadona, Juan Roig, es la tercera fortuna del Estado y ha avanzado en el último año 170 puestos en el ranking mundial de los más grandes millonarios. No parece que el negocio se le vaya a hundir por cuatro carros de alimentos.

La concepción sagrada de la propiedad privada es el pilar principal sobre el que se asienta esta sociedad y el ánimo de lucro la gasolina que alimenta la economía. Para el Gobierno, los medios que posibilitan fortalecer lo anterior son buenos; los que se oponen a ello son malos y condenables. Desde esta perspectiva, empresas líder como Mercadona y Carrefour son símbolo de las virtudes del sistema. Algo a defender por encima de todo. El SAT, por el contrario, poco más que una banda de delincuentes.

El PP nos ha dicho en alguna ocasión que las reivindicaciones del 15-M, las de los mineros, las del SAT..., son todas ellas legítimas y comprensibles. Eso sí, dejando bien claro que la calle es suya y Mercadona de Juan Roig. Es decir, si los indignados ocupan plazas, los mineros cortan carreteras y los del SAT expropian carros de alimentos, allí estará la Policía para impedirlo. Las libertades plenas solamente existen hoy para el capital y los fondos de inversión, no para las personas y sus colectivos. Para los primeros, todos los derechos, para las segundas, todas las restricciones posibles.

La tasa de pobreza existente en el Estado español es la más alta de la UE, solo superada por Rumanía y Letonia, y existen más de 600.000 hogares sin ingreso alguno, ni salarial, ni social, un 35% más que en 2008. Existen, pues, 600.000 razones para defender la acción del SAT, pues lo realmente delictivo y socialmente criminal es la política de gobiernos como el del PP y negocios como Mercadona y Carrefour. Ni más, ni menos.

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