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Acotaciones “sobre los proceso organizativos en las cárceles colombianas"

category venezuela / colombia | represión / presos | opinión / análisis author Thursday July 26, 2012 19:14author by Cruz Negra Anarquista de Bogotá - Grupo Bifurcación Report this post to the editors

Dialogando con el compañero Leo.

En el boletín “Derriba los Muros”, número 2, de marzo de 2012, el compañero Leo hizo una contribución intitulada “Sobre los procesos organizativos en las cárceles”, que además de interesante ofrece una oportunidad de diálogo y reflexión que queremos aprovechar en aras de un debate fraternal y constructivo que de paso permita recuperar experiencias y producir material de memoria histórica de la lucha carcelaria en Colombia.

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Acotaciones “sobre los proceso organizativos en las cárceles"

En el boletín “Derriba los Muros”, número 2, de marzo de 2012, el compañero Leo hizo una contribución intitulada “Sobre los procesos organizativos en las cárceles”* [ed., ver texto al final del artículo], que además de interesante ofrece una oportunidad de diálogo y reflexión que queremos aprovechar en aras de un debate fraternal y constructivo que de paso permita recuperar experiencias y producir material de memoria histórica de la lucha carcelaria en Colombia.

Leo abre su artículo con la siguiente proposición: “La organización como medio para mejorar el niel de vida de las comunidades se da de manera espontánea en cada una de ellas”. Desde esta premisa desarrolla su exposición, pero conviene acotar diciendo que las organizaciones con fines reivindicativos son acciones sociales colectivas racionales, autónomas y permanentes, y por tano no son espontáneas como sería el caso de organizaciones no reivindicativas que se aglutinan en torno a otros factores como la búsqueda de identidad, por afinidad generacional u otros, que dan origen a “parches”, “pandillas”, “combos” por nombrar algunos ejemplos. Las “organizaciones como medio para mejorar el nivel de vida de las comunidades” se asumen como conductas colectivas espontáneas en el funcionalismo estructural, que se presupone que la sociedad moderna es una unidad estructural funcional que satisface otras necesidades de los ciudadanos en torno a valores individuales y colectivos compartidos; y la “reacción a sus desajustes y tensiones provoca el surgimiento espontaneo de prácticas disfuncionales, irracionales y no institucionales. Como se evidencia, el modelo funcionalista supone que el conflicto social no es consustancial a la estructura social sino un fenómeno atípico. La teoría crítica da otras luces.

Claro, hay acciones sociales colectivas que surgen de manera más o menos espontanea e incluso duran algunas horas como lo levantamientos, los tumultos, los disturbios, las protestas; pero entre mayor es el nivel de organización mayor su racionalidad, su autonomía, su continuidad y permanencia en el tiempo, por ejemplo, los Movimientos Sociales, los partidos políticos, las oenegés, y otras formas de organización política, que desarrollan acciones radicales y poderosas con capacidad de generas transformaciones profundas y cambios en la estructura social.

Esta precisión es pertinente porque para comprender los procesos organizativos en las cárceles, es necesario diferenciar entre las acciones sociales colectiva espontáneas (motines, disturbios, tropeles) y no espontáneas (desobediencias civiles, huelgas de hambre, operaciones tortuga); así como el nivel de organización y el tipo de Mesas de trabajo, Movimiento Nacional Carcelario). Un cacique y su “casa”, o sea, un delincuente común que controla un pabellón o una cárcel apoyado por su pandilla es un tipo de organización capaz de conducir un amotinamiento, una fuga o una huelga de hambre, pero su nivel interno de organización gira en torno a la autoridad despótica del cacique basada en su control de armas, drogas y dinero. Su nivel externo de organización depende o de su “don de gentes” o de su poder intimidatorio y de coacción, así como de los interés de la pandilla.

A su vez, el motín Nacional Carcelario del 97 que culminó con la sentencia T-153 de 1998 proferida por la Corte Constitucional, fue la conquista de un movimiento social –que incluyó la participación activa de caciques- que estuvo en dependencia de la existencia de solidas organizaciones y colectivos de presos políticos capaces de movilizarlos en torno a un pliego de peticiones y un plan de acción coordinada.

Ahora, otra cosa es la comprensión (desde la teoría crítica y no desde el funcionalismo) de los conflictos sociales consustanciales a la estructura social, que motivan y condicionan el surgimiento de la diversidad de acciones colectivas; ya sea entre los distintos sectores o entre estas y las normas, leyes e instituciones. Por ejemplo, cuando Leo nos dice: “Algo que tal vez es de común acuerdo hoy en día en las cárceles, es la organización en torno a unas normas mínimas de convivencia, para evitar conflicto entre individuos y grupos”, es algo que se corresponde a un ambiente de pacificación, tolerancia, armonía y civilismo entre presos. El discurso de la convivencia es institucional y su difusión y normalización vino de la mano del INPEC con la implementación de las prisiones y regímenes de alta seguridad de alta seguridad a partir del año 2000; pero si bien es un discurso que se repite regularmente y desde el cual se articulan muchas de las dinámicas internas en las cárceles, suele ser una retórica que se usa como sofisma para encubrir o maquillar acciones represivas de la administración y la guardia penitenciaria, o para legitimar o justificar desde los internos ante la institución procesos de control y dominación entre presos, ya sea por cuenta de sectores (guerrilleros, paramilitares o bandas de delincuentes comunes) o individuos que emergen como poderes e imponen sus propias normas como “normas de convivencia”.

De allí que sea un error el juicio que lanza el compañero en su intento de explicación del origen y desarrollo del “proceso de convivencia” cuando dice cuando dice que: “Cuando el estado asumió “el control” de las cárceles, respetó los espacios ganados por los grupos y de ahí en adelante, se aceptó que estos grupos manejaran los patios con cierta autonomía”.

Primero, porque antes de retomar el control, tampoco fue cierto que frente a las guerras entre guerrilla y paramilitares (del 98 al 2001) hubiera “total indiferencia del estado” pues ello por el contrario obedeció a una estrategia estatal de reproducir el conflicto armado nacional al interior del sistema carcelario y penitenciario, en tiempos de consolidación de los colectivos de presos políticos capaces de coordinar, movilizar y dirigir un poderoso Movimiento Carcelario, capaz de arrebatar conquistas y reivindicaciones inéditas hasta ese momento. Las guerras auspiciadas a través del paramilitarismo frenaron, diluyeron y postergaron indefinidamente las condiciones y fuerzas acumuladas para nuevas luchas, lo cual fue el preludio a la retoma del control por parte del INPEC. Segundo, porque una vez desarticulado el Movimiento Nacional Carcelario y puesto en marcha el sistema de alta seguridad en el 2000, cuando los presos políticos intentaron reagruparse y reactivar el movimiento con desobediencias civiles desde los EPCAMPS de Cómbita, Girón, Dorada y San Isidro (entre 2002 y 2005), el Estado, instrumento una política de represión e invisibilización: traslados, aislamientos, investigaciones disciplinarias, judicializaciones, y de desarticulación de los colectivos con la extensión de la ley de justicia y pal a guerrillero presos, y el decreto de desmovilización individual de estos; así como la desarticulación de los espacios con traslados masivos de los pabellones conquistados tras enfrentamientos a cuchillo contra paramilitares en aquellos EPCAMS (pérdida del patio 3 en La Dorada en 2006, y de los patios 3,5 y 6 en Cómbita entre 2007 y 2008, por ejemplo) a la vez que reprimía y desarticulaba los Colectivos y espacios de los presos políticos en las viejas cárceles de mediana seguridad consolidadas desde finales de los años 90´s, y que el INPEC destruyó durante el gobierno de Uribe y la administración de Moya Suta (Modelo Bogotá, Picota, Picaleña, Cúcuta, Bucaramanga y otras cárceles). Donde se “preservó” un mínimo espacio como en los patios 2 y 4 de Picota, tras perder paulatinamente el control total que se tuvo, se hizo a costa de renunciar en buena medida a la lucha y la confrontación con el establecimiento, asumiendo “normas de convivencia” que connestan con la administración y la guardia. O en ocasiones emprendiendo jornadas timoratas y efímeras de protesta, insustanciales y desarticuladas de lo nacional.

Esto explica por qué en los últimos 10 años, pese al crecimiento exponencial de las cárceles (152) y de la población carcelaria (109.000 reclusos), con el consecuente empeoramiento de las crisis humanitaria no ha resurgido un movimiento al menos cercano al que condujo el Motín Nacional del 97 y cuyos estertores finales – ya muy débiles- intentaron promover la ley de jubileo en el 2000.

Entonces “las luchas de los presos políticos deben ir cambiando” –como dice Leo- pero hacia una nueva fase de flujos de organización, comunicación, articulación, coordinación y movilización de las grandes mayorías de reclusos y reclusas del país, más allá de la reivindicación de la “convivencia pacífica” y del “respeto a los derechos humanos”, pues no se trata de venir a “vivir bien” a la cárcel, sino de luchar contra la cárcel como forma de control, dominio o disciplinamiento social, como instrumento contrainsurgente y de represión de la izquierda, la oposición y los movimientos populares. No se trata de “humanizar la cárcel” sino de abolirla. No queremos ser “resocializados”, queremos hacer la revolución socialista. No queremos ser ni “buenos presos” ni “buenos ciudadanos”, dóciles y útiles al sistema. La pelea es por la libertad y el comunismo.

Cruz Negra Anarquista- Desde Adentro
Una prisión de Bogotá D.C. Colombia.
Julio 2012




* Adjuntamos el texto en mención:

SOBRE LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS EN LAS CARCELES

Somos lo que hacemos, sobre todo lo que hacemos para cambiar lo que somos
Eduardo Galeano

La organización como medio para mejorar el nivel de vida de las comunidades se da de manera espontánea en cada una de ellas.

Las cárceles no son la excepción, más aun, cuando hablamos de una comunidad heterogénea, donde se presenta un conflicto de intereses dependiendo de la extracción social, cultural, ideológica y del sentido de identidad de los individuos, que determinará el tipo de organización, que en gran medida depende de los sujetos que orientan la misma.

En este sentido, no es lo mismo hablar de la organización que se da entorno a un grupo de paramilitares, un grupo de presos políticos, o uno de presos sociales; puesto que cada uno obedece a diferentes fines y causas.

Hay organización cuando un grupo de individuos acuerda definir las relaciones sociales y por ende la normatividad económica, política de convivencia con un fin determinado, este fin se define de acuerdo al tipo de extracción del grupo que jalona el proceso.
Algo que tal vez es de común acuerdo hoy en día en las cárceles, es la organización en torno a unas normas mínimas de convivencia, para evitar conflicto entre individuos y grupos. Incluso la misma división de los patios entre los diferentes grupos (que no ha sido obra del INPEC) se da en este sentido. Pero para poder llegar a este punto han ocurrido procesos, en su mayoría si no es que en su totalidad de manera violenta para poder tomar posesión de los patios, y desde allí organizar dependiendo del interés del conglomerado que se encuentra en este espacio.

Es conocida la guerra que se libró hace algunos años entre guerrilla y paramilitares en las cáceles del país, y al mismo tiempo la total indiferencia del Estado y la sociedad frente a esta problemática.

Cuando el Estado asumió “el control” de las cárceles, respetó los espacios ganados por los grupos y de ahí en adelante, se aceptó que estos grupos manejaran los patios con cierta autonomía.

Las luchas de los presos deben ir cambiando. Ya no debe ser tanto por establecer una comunidad de presos donde se de una convivencia pacifica. Las luchas en los siguientes años deben ir orientadas en la consecución del respeto de los derechos humanos por parte de los organismos encargados de impartir justicia, ejecutar las penas y vigilar los procesos de resocialización, así como los individuos que se van concientizando y cualificando en este sentido. La organización o los procesos organizativos deben ser liderados por sujetos que hayan sido afectados por esta problemática.

Deben ser sujetos y no objetos de una ideología dominante, deben ser consientes de su lugar y de su papel dentro de la sociedad, deben estar abiertos al dialogo entre esa multiculturalidad que se encuentra en estos sitos, y propiciar procesos participativos. No deben conservar costumbres caciquescas como en antaño que tanta sangre derramaron en las cárceles de Colombia.

El hecho de que existan presos de primera, segunda y tercera clase, ha sido por que no ha habido los líderes cualificados para generar espacios de discusión sobre lo que sucede al interior de las cárceles, y que esta problemática se exteriorice y pase los muros de las cárceles para mermar al grueso de la población.

Lo primero contra lo que hay que luchar es contra los prejuicios que existen entre los mismos presos, y la idea de que en las cárceles se encuentra lo peor de la sociedad , desconociendo incluso las mismas causas que han llevado a individuos a delinquir, que son causas sociales generadas por el mismo establecimiento al desproteger al ciudadano, marginándolo de cualquier mecanismo democrático de participación para mejorar su nivel de vida, marginándolo de derechos adquiridos contemplados en la constitución como salud, educación, y trabajo digno.

Lo que se debería implementar por parte de los comités de convivencia de los patios y en general por todos los internos, no dista de practicas organizativas de la “calle”. Es organizarse para fomentar las posibilidades democráticas, como decía Estanislao Zuleta,” una cosa es que los derechos estén escritos y otras muy distinta es que el pueblo tenga la posibilidad real de acceder a ellos”. Para acceder a los derechos hay que organizarse por medio de procedimientos democráticos, participativos. Si la democracia no viene de arriba hay que articularlos en los procesos desde abajo. Los procesos organizativos no se suceden por líderes caudillistas, si no por líderes carismáticos que logren aglutinar a los individuos en procesos participativos que necesariamente tienen que ser consecuentes con objetivos inmediatos y a largo plazo.

Los procesos dialógicos de los que hablaba Freire con base en la hermenéutica, son los mecanismos que han sido utilizados en procesos de educación e investigación tales como la educación popular y la Investigación Acción participativa, incluso son las bases teóricas sobre las que se trata de implementar por parte del INPEC el nuevo modelo educativo, pero como siempre la teoría está y ¿Cómo la implementamos? A través de la participación, la experiencia que tienen los sujetos es suficiente para empezar. Con base a ellos se enriquecen los procesos organizativos y con ellos se avanza.

Como lo dice Borges “todo hombre, debe pensar que cuanto le ocurre es un instrumento; las cosas le han sido dadas para un fin. Todo lo que pasa, incluso las humillaciones, los bochornos, las desventuras, todo lo que ha sido dado como arcilla, como material para su arte; tiene que aprovecharlo. De esa forma, las humillaciones, la desdicha, la discordia, son cosas que no han sido dadas para que las transformemos, para que hagamos de la miserable circunstancia de nuestra vida, cosas eternas o que aspiren a serlo.

Pero aunque no sepamos que las cosas nos lleguen de “afuera” o de “arriba”, no podemos desconocer que para llevar a cabo dichos procesos organizativos se necesita el apoyo y acompañamiento de ONG´s, comités de defensa de derechos humanos, organizaciones políticas y de todo aquel que esté interesado en colaborar con estos procesos. La problemática carcelaria está enlazada con la problemática del país y en este sentido de los presos tiene mucho que decir y hacer en la construcción del país.

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