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opinión / análisis
Monday July 09, 2012 02:12 by Bruno Lima Rocha - Federação Anarquista Gaúcha
![]() Allende y Lugo cayeron porque confiaron demasiado en la institucionalidad de la democracia liberal y en la soberanía nacional de un gobierno latinoamericano. Como se sabe, el gobierno electo de Paraguay, con el ex-obispo Fernando Lugo como presidente, fue derribado por la vía de un proceso de juicio político express. Podríamos analizar la cuestión desde el ángulo del derecho constitucional, de la meta de conseguir estabilidad política en democracias frágiles o también de las relaciones del Continente. Bruno Lima RochaTraducción al castellano: Manu García |
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Jump To Comment: 1Comparto lo central del análisis: que sin una fuerte base social de apoyo, cualquier proceso de cambio que amenace, siquiera sea mínimamente, los privilegios de las oligarquías latinoamericanas, corre serio peligro de truncarse.
Pero creo que falta un elemento importante en el breve análisis del compañero Bruno Lima: la necesidad de llevar a cabo una transformación profunda y lo más rápida posible de las bases de sustentación del poder de la oligarquía, de transformar a fondo las estructuras jurídicas, militares y económicas en las que se apoyan. Las actitudes timoratas acaban cavando la tumba de cualquier intento, no ya de tránsito al socialismo, sino de reformas democráticas. En América Latina, incluso para hacer reformas hay que ser revolucionario.
En el caso de Paraguay, como los análisis de, entre otros, Atilio Borón, James Petras, Pablo Stefanoni o Raúl Zibechi han señalado, el gobierno de Lugo estuvo lejos de tomar una actitud decidida en defensa de los intereses populares y se distinguió por un intento de "no asustar" a los sectores dominantes, de aumentar la inserción de la economía paraguaya en el mercado mundial como productora de materias primas (aumentando el peso del agronegocio) y de mantener a raya a las organizaciones campesinas, a las que se esforzó por cooptar y anular su autonomía, y en criminalizar a los sectores más avanzados, que se empeñaron en mantener sus demandas de fondo y no transar con los terratenientes y grandes ganaderos. En vez de apoyar y estimular la lucha de los trabajadores del campo por la tierra y la soberanía alimentaria, el gobierno de Lugo pretendió domesticarlos y contentarlos con migajas sin atacar el problema central: el de la propiedad y el uso de la tierra.
Sus tímidas reformas y su acercamiento al bloque soberanista en el continente fueron suficientes para que una de las oligarquías más cleptocráticas, rentistas y endogámicas de América Latina (con el asesoramiento del departamento de Estado de EEUU, ducho en estas lides) lo sacara del gobierno de una manera relativamente "limpia", es decir, sin costes políticos ni diplomáticos elevados. Recuperando, así, el pequeño trocito de poder que había cedido momentáneamente.
Su caso, por tanto, tanto por los alcances de las reformas, por los métodos empleados por la oligarquía y por el contexto internacional, tiene más paralelismo con el del golpe en Honduras que con el proceso chileno y debería llamar a la reflexión a los sectores reformistas de la izquierda que, como señala con acierto Bruno Lima, consideran la institucionalidad burguesa como un amuleto mágico que te pone a salvo de todo y que te exime de llevar a cabo otras tareas más ingratas. Y, sobre todo, debería ser un llamado de atención a los movimientos populares para confiar en su propio poder, construir programas propios y combinar todas las formas de lucha, haciendo oídos sordos a los cantos de sirena de quienes les aseguran que serán capaces de conseguir sus objetivos únicamente por vía electoral.
No hace falta irse muchos años atrás para sustentar esta tesis, basta con observar atentamente la actualidad de la región. México, Honduras, Paraguay, Colombia, los intentos desestabilizadores en Bolivia o Venezuela, muestran el nulo respeto por la institucionalidad (y su moldeamiento a su gusto) por parte de los privilegiados cuando los de abajo amenazan con tocar, por levemente que sea, sus intereses. Un pueblo fuerte, consciente y organizado es la única garantía de avance, consolidación y profundización de las transformaciones sociales que los pueblos del continente necesitan.