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De cuerpo entero

category venezuela / colombia | miscellaneous | non-anarchist press author Friday June 22, 2012 17:41author by Cecilia Orozco Tascón - El Espectador Report this post to the editors

El caso Santoyo retrata al Estado colombiano. Lo desnuda, sin maquillaje, y con sus hipocresías completas a la vista.

La humillación de patria que sufriremos los ciudadanos cuando la Nación tenga que extraditar a un general —¡general!— para que un tribunal de otro país lo juzgue por su presunta participación en redes de narcotráfico, asesinatos selectivos y paramilitarismo, es responsabilidad directa de los más altos dirigentes de Colombia, aquellos que gozaron y gozan aún de la admiración de una masa mal informada y peor formada. No hay que permitir que adornen otra vez la realidad. Por el contrario, es necesario decir quién fue quién y cuál papel desempeñaron los actores y actrices de la época, en el libreto de impunidad que se trazó desde la Casa de Nariño para lograr el ascenso de un oficial, a pesar de que había sido destituido por violaciones gravísimas a la ley.

Álvaro Uribe fue gobernador de Antioquia de 1995 a 1997. El entonces coronel Mauricio Santoyo era el comandante del Gaula de la Policía con sede en Medellín. En mitad del período, 1996, hubo un gran escándalo cuando —con el impulso del gobernador Uribe— el Gaula detuvo al alemán Werner Mauss bajo sospecha de ser secuestrador. Dos años más tarde un fiscal local pidió investigar al exgobernador, a su antiguo secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, y a Santoyo por supuestas irregularidades y torturas cometidas en desarrollo de esa captura. Entre 1997 y 1998 el Gaula Medellín ejecutó una operación masiva de interceptaciones telefónicas (más de 1.700), sin orden judicial, que sería investigada penal y disciplinariamente en los años siguientes.

El 7 de agosto de 2002, Álvaro Uribe, nuevo presidente de la República, posesionó como su secretario de Seguridad al coronel ya procesado y lo sostuvo hasta 2006 pese a que en 2003, por decisión del procurador Edgardo Maya y de su viceprocurador Gómez Pavajeau, él (Santoyo) y ocho de sus subalternos fueron destituidos por las faltas “gravísimas” cometidas en torno a esos hechos. En contraste, el fiscal Luis Camilo Osorio, el funcionario del que el mandatario dijo que lo mandaría a “clonar”, cerró la investigación a favor del oficial y su grupo “por falta de pruebas”.

En mayo de 2006, una sala del Consejo de Estado de tres magistrados, entre ellos Alejandro Ordóñez, le entregó el pase a la gloria: suspendió —hasta el día de hoy— la sanción. Se inició de inmediato un operativo estatal para darle el grado de general al consentido presidencial. En 2007 una junta de la Policía aprobó su nombre. La Comisión Segunda del Senado, con votos del uribismo parlamentario (Carlos Barriga, Jairo Clopatofsky, Manuel Enríquez Rosero, Ricardo Elcure -q.e.p.d.-, Luis Humberto Gómez Gallo, Adriana Gutiérrez, Martha Lucía Ramírez y Manuel Ramiro Velásquez) desoyó las advertencias de Cecilia López, Juan Manuel Galán, Jesús Piñacué y Alexandra Moreno, y ratificó el ascenso de Santoyo. Poco después fue enviado a la misión diplomática de Roma por el gobierno Uribe. Y, por último, recibió una medalla de su jefe el presidente, quien se la entregó casi al borde del llanto de la emoción.

Hoy, el benefactor permanente del general imputado por Estados Unidos se lava las manos. Ordóñez no aparece. Los senadores que votaron por él guardan silencio o falsean su actuación. La decisión definitiva sobre la destitución de Santoyo continúa sin resolverse en la justicia colombiana. Nada se sabe aquí. Las espaldas de los dueños del Estado son muy amplias y no traslucen la verdad. Mucho menos dejan ver la posición moral y política de cada cual.

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author by Francisco Gutiérrez Sanín - El Espectadorpublication date Fri Jun 22, 2012 17:45Report this post to the editors

Ante la evidencia de la enorme ceguera que rodeó a Santoyo para que pudiera ser ascendido a general de la República pese a su grueso prontuario, prácticamente todos los involucrados han corrido a pagar escondederos de a peso.

Con su habitual audacia, Uribe declaró simplemente que él no tenía nada que ver en el asunto. Esta vez le echó el agua sucia a la Policía, no a la Corte estadounidense; porque hasta para el ídolo de José Obdulio proponer que ella es parte de un complot jurídico-narco-terrorista en su contra resulta ya un plato demasiado fuerte. El general Naranjo dijo que si hubiera tenido “evidencia seria” contra Santoyo no lo hubiera propuesto para la promoción. Numerosos políticos se manifestaron en el mismo sentido. Según Ordóñez, “el actual procurador” —porque éste es otro que no nos ahorra el ridículo de referirse a sí mismo en tercera persona— no participó en ninguna absolución del hoy general. Y así sucesivamente.

Varias de estas defensas suenan razonables, pero ninguna lo es. Con respecto de Uribe, hay que decir que Santoyo fue miembro de su entorno de seguridad cuando el primero fue gobernador de Antioquia y el segundo supuestamente cometió los delitos que se le imputan. Y es claro, según lo reveló este diario en días pasados, que su promoción fue apoyada por la bancada gubernamental con entusiasmo. Por lo demás, no es el primer episodio de esta clase del que nos enteramos. Uribe fue muy ágil para rodearse de “buenos muchachos”. Lo que protegió a Santoyo fueron precisamente dos factores: contar con el apoyo del uribismo profundo, y con la anuencia de una cantidad grande de políticos y técnicos que, sin tener vinculaciones siniestras, se esforzaron desesperadamente por no verlas allí donde eran obvias. No estamos hablando de un elefante, sino de una bandada de mamuts, que corrían, bramaban y rompían la estantería, mientras que la gente que ahora quiere escamotear su responsabilidad miraba al techo y tomaba té con galletitas.

Yo comparto sin resquicios la idea de que los actos de las figuras públicas deben ser evaluados de acuerdo con la información disponible en el momento y con los valores de los contemporáneos. Pero... Cuando Naranjo estaba promoviendo a Santoyo, éste ya había sido sancionado por transgresiones gravísimas. Cuando magistrados del Consejo de Estado suspendieron la sanción a Santoyo gracias a una deplorable leguleyada, estaba claro el calado y la magnitud de las acusaciones que pesaban contra él. Cuando los políticos del Congreso aprobaron la promoción de Santoyo, hubo figuras para recordarles lo que estaba en juego. Estaban pues a disposición todas las evidencias posibles. Eran muchas, y muy serias. La única manera de explicar que fueran desestimadas es la decisión de no verlas y no oírlas.

Por eso hay una lección más de fondo. De todas las defensas de su comportamiento que hicieron los protagonistas de la decisión, la menos débil, la más sincera, pero a la vez la más diciente, fue la de Marta Lucía Ramírez. En su versión, apoyó a Santoyo simplemente porque eso fue lo que proponía la Policía. Plausible: pero terrible. Este es uno de los nodos de nuestra pesadilla en derechos humanos: que haya un grupo de políticos no involucrados directamente en su violación, pero dispuestos a suspender el juicio cada vez que entra en juego el sector de seguridad. He criticado la posición antimilitarista ingenua. Esta es gente que pone en juego su pellejo para defender a la ciudadanía, y merece muchas consideraciones especiales. Muchas. Pero no la de poder involucrarse con paramilitares y narcos, espiar a la oposición o violar brutalmente los derechos de civiles. ¿La solidaridad de algunos políticos con la Fuerza Pública implica también ignorar sistemáticamente los abusos?

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Employees at the Zarfati Garage in Mishur Adumim vote to strike on July 22, 2014. (Photo courtesy of Ma’an workers union)

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Según el boletín 53 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 99,98% de las mesas escrutadas, se imponía por el estrecho margen de 0.45% y 53.894 votos, la opción del “no” con 50.21% y 6´431.376 votos, frente a la opción del “sí” que contaba con 49.78% con 6´377.482 votos. Según esta misma fuente, en esta misma votación se registraron 86.243 votos no marcados y 170.946 votos nulos, en un pobre marco de participación de 13´064.973 sobre un censo de 34´899.945, el 37.43% del total[2].

Frente a este panorama, desde el Grupo Libertario Vía Libre proponemos, en consonancia con nuestra postura colectiva de apoyo crítico al proceso de paz[3], algunos elementos que podrían ayudar en el análisis del actual momento político, tanto sobre las causas de lo sucedido, como sobre los posibles escenarios por venir.

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Desde Acción Libertaria Estudiantil hemos decidido no pasar por alto la coyuntura nacional relacionada con la culminación de los diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos y la pronta refrendación de los acuerdos. Hemos decidido hacer visible nuestra postura ya que consideramos que este es un acontecimiento que significará cambios sociales y políticos relevantes, no solo por el retorno a la vida civil de un sector importante de quienes optaron por hacer política a través de las armas y que hoy buscan continuar su proyecto en el marco de la legalidad, cerrando el ciclo de una de las insurgencias más antiguas de América Latina, sino también porque se presenta como una oportunidad para hacer visibles los problemas estructurales que dieron origen, permanencia y degradación a más de medio siglo de guerra interna. Creemos que este nuevo panorama, lleno de incertidumbres, tiene dentro de sí un mar de limitaciones y retos pero también posibilidades que debemos aprovechar para volcar las fuerzas hacia una construcción amplia y conjunta de las luchas sociales. Vemos que la tarea fundamental más allá del apoyo o no de los acuerdos está en forjar un pueblo fuerte que se encamine hacia la construcción de una vida digna y una sociedad nueva.

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El 3 de septiembre del 2012 en un alocución presidencial se presentó lo que sería la hoja de ruta de negociación entre las partes que meses atrás venían discutiendo las posibilidades de poner fin al conflicto armado protagonizado por el gobierno nacional y las FARC-EP. Dicha ruta de negociación, que además generaría los criterios de la misma, se publicó con el nombre de “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, en donde se haría énfasis en la necesidad de vincular a la sociedad en su conjunto lo cual implicaba el hecho de que lo acordado debería ser refrendado por el pueblo colombiano.

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A casi 4 años de conversaciones entre las FARC-EP y el gobierno nacional en busca de una salida negociada al conflicto interno armado, parece haberse llegado a un punto de inflexión que prevé la pronto finalización de la negociación y el inicio de un largo proceso para materializar lo pactado.

El anuncio público del 23 de Junio que expone sumariamente los acuerdos logrados en puntos tan polémicos como el cese al fuego y las hostilidades, dejación de armas, garantías de seguridad para la guerrilla y los movimientos sociales y políticos, acciones contra los grupos “sucesores del paramilitarismo” y la refrendación de lo pactado[1], los cuales corresponden a casi la totalidad del punto 3 (Fin del conflicto) y una pequeña parte del aún pendiente punto 5 (implementación, verificación y refrendación) del acuerdo general construido por las partes[2], nos plantea un escenario de no retorno que pese a las discusiones aún irresueltas han permitido sustituir la mentada premisa de “nada está acordado hasta que todo este acordado” por la emotiva y repetitiva expresión: “que este sea el último día de la guerra”

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