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Juicios políticos como estrategia represiva

category iberia | crime prison and punishment | non-anarchist press author Friday May 11, 2012 22:47author by Borroka Garaia Report this post to the editors

De nuevo el estado español nos muestra su cara represiva mediante juicios políticos como el del “caso bateragune” con la intención de retener a militantes vascos en la cárcel. La sentencia del Tribunal Supremo que confirma las condenas a Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto y Miren Zabaleta es una pieza más de la estrategia violenta del estado, una estrategia con fines políticos que no es nueva pero no por ello deja de ser menos escandalosa y que coloca al estado español fuera de las coordenadas mínimas exigibles a un estado que se autoproclama democrático.

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Los firmantes del Acuerdo de Gernika han convocado movilizaciones de denuncia por la tarde en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria y en otras localidades. El sábado también se realizará una movilización en Elgoibar.

Esta dinámica represiva centrada en el movimiento político, institucional y social que ha llevado a la ilegalización de numerosas organizaciones y partidos políticos al son del estribillo del “todo es ETA” tuvo el primer punto de inflexión con el auto de la Audiencia Nacional firmado por Baltasar Garzón en enero de 1996 que señalaba que KAS debía ser investigada. En aquellos momentos es posible que la izquierda abertzale no fuera consciente de la implementación de una estrategia que tendría largo recorrido, pero que si se visita ahora la hemeroteca de la época se podría intuir el calado y preparación de ésta. El 6 de febrero de 1996 El ex-consejero vasco de Interior, Juan María Atutxa (PNV), se pronunció a favor de ilegalizar a la coordinadora KAS, la organización juvenil Jarrai, y las Gestoras Pro Amnistía. En declaraciones al informativo La brújula, de Onda Cero, Atutxa afirmó que “éste es un camino para llevar ante los tribunales a quienes hacen proclamas ilegales”: “Yo entiendo que quizá no sea lo más correcto, pero lo que sí puedo decir es: ilegalicemos a esas siglas alegales. Considerémoslas ilegales. Y hablo de ilegalizar a Jarrai, Egizan, Gestoras Pro Amnistía y KAS. Por lo menos estas siglas”. Finalmente el 20-N de 1998 KAS fue declarada como organización ilegal. Meses antes la mesa nacional de HB sería condenada a cárcel por impulsar el debate entorno a una solución al conflicto a través de la alternativa democrática. Después vendrían las ilegalizaciones de Herri Batasuna, Jarrai, Haika, Segi, Gestoras, Ekin, Batasuna etc ..

Estas ilegalizaciones y encarcelamientos relacionados le sirvieron al estado para plantear una estrategia que en primera instancia quería golpear a la columna vertebral de la izquierda abertzale ante el análisis estratégico que habían realizado. El cual consistía en que ante la imposibilidad policial de poner fuera de juego a ETA se lanzarían contra el movimiento político y de esta manera presionarían a la izquierda abertzale a modo de chantaje.

Una estrategia que a lo largo de los años ha tenido diversos éxitos. Por una parte ha conseguido que amplios sectores de la izquierda abertzale hayan visto necesario que el frente militar salga de las coordenadas del conflicto, ha creado un estado de ansiedad ante las implicaciones que supone estar fuera de las instituciones, lo cual solo encamina hacia la marginación, y ha servido en definitiva para golpear cuando y donde se quiera ante una masa popular no clandestina y por lo tanto en teoría no preparada para enfrentarse a medidas represivas que se adentran en cierta manera en la cruel dureza de las aplicadas a la clandestinidad.

Sin embargo esa estrategia represiva también ha tenido sus derrotas. No han podido “clandestinizar” al movimiento político ni desactivarlo. Y la militancia política ha aguantado el hor dago del estado pese a encarcelaciones y lejos de producirse un proceso de marginación progresivo se ha revertido de tal manera que la izquierda abertzale es un referente público y social de primer orden y la estrategia ilegalizadora ha hecho definitivamente aguas.

El estado no dejará de lado fácilmente una estrategia violenta que le ha traído elementos positivos aunque tendrá que valorar y calibrar bien hasta que punto podrá seguir llevandola a cabo. Ya que el chantaje permanente si se extiende demasiado en el tiempo puede dejar de funcionar debido al cambio de contextos y a su vez el elemento shock perder efectividad.

En estos momentos el siguiente peldaño de esa estrategia se situa en la búsqueda de la disolución de ETA y es predecible que por esa línea ahondarán. En el caso de éxito con ello consiguen que a nivel internacional baje la implicación para resolver el conflicto, les da la oportunidad de socializar que éste ha terminado y los pone en una situación donde podrían legalizar Sortu y hacer algunos movimientos con los presos, de esta manera intentan cerrar el conflicto mediante la asimilación y el enquistamiento de la unilateralidad que no les compete.

Necesitan intervenir en el proceso democrático mediante chantaje represivo que derive y profundice en sumisión. Es por ello que la presión e interpelación a los estados para que se posicionen de una vez a favor de una salida democrática y pacífica no debe variar sino incrementarse cuantitativa y cualitativamente mientras que se van levantando por otro lado las condiciones y presiones necesarias que puedan quebrar el estatus quo. Y poniendo aunque sea tarde en algunos aspectos los límites. En Irlanda del norte fijaron los límites, para así poder llegar a acuerdos multilaterales y no convertir un proceso de solución en una victoria inglesa y unionista sino en un proceso de solución democrática que con sus partes positivas y negativas ha ido avanzando.

Atajar y condicionar la estrategia represiva es dificil ya que está íntimamente relacionada con el proceso de liberación. Y según avance ese proceso y de pasos positivos la readecuación represiva y su impulso es una necesidad de estado. Es por tanto que la mejor manera de enfrentarse a la represión es profundizando en el proceso de liberación, intentando anular la rentabilización represiva a nivel pólitico que puedan hacer los estados pero siempre teniendo en cuenta que eso no hipoteque las condiciones de avance. Dificil mantener el equilibrio pero del todo necesario.

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