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Los movimientos populares en Paraguay

category argentina/uruguay/paraguay | community struggles | non-anarchist press author Tuesday March 27, 2012 03:54author by Marielle Palau Report this post to the editors

Cuando el movimiento campesino se dio cuenta de la necesidad de retomar las luchas por la reforma agraria con el gobierno de Lugo, sus bases ya estaban desmovilizadas

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Señalar que los movimientos se denominan de tal manera porque “se mueven” permanentemente parecería una obviedad, sin embargo, analizando la dinámica de los movimientos populares en Paraguay en los últimos años, esta afirmación tan simple adquiere especial relevancia, ya que permite observar cómo se van articulando reivindicaciones históricas y tradicionales formas de lucha, con nuevos reclamos en coyunturas cambiantes, analizándolos como actores heterogéneos en permanente búsqueda por avanzar.

Así, en este artículo se realiza un breve análisis de cómo se “movieron” los movimientos, las principales luchas (contenidos y formas) llevadas adelante por los movimientos populares en Paraguay en las últimas dos décadas, tratando de visibilizar tanto la relación que han tenido entre si, como con los partidos de izquierda y el actual gobierno autodenominado “progresista”. Se recorren así no solo las banderas que han ido levantando y las formas de las luchas que han escogido, sino también las respuestas que han tenido las mismas, es decir, sus avances y retrocesos en este largo caminar.

Una década de acumulación

Los inicios de la década del noventa, estuvo marcada por la apertura política y la aplicación, con mayor ímpetu, de políticas neoliberales. La distensión política a partir de la caída de la larga dictadura del Gral. Stroessner (1954-1989), no solo provocó la readecuación del Estado (Yore, Palau, 2000) a los nuevos tiempos (una nueva Constitución y múltiples modificaciones legales), sino también la emergencia de organizaciones populares –ya sean de carácter político o social– muchas de las cuales habían venido trabajando casi desde la clandestinidad, principalmente contra la dictadura; éstas, durante los primeros años, asumieron visibilidad pública y crecieron en cantidad de militantes.

En este breve periodo, el movimiento sindical lidera las luchas (Céspedes, 1992), el movimiento juvenil aparece en escena, el de mujeres hace escuchar su voz por la igualdad y va accediendo a importantes conquistas legales (Heikel, Peroni, 1996), al tiempo que el movimiento campesino va rearticulándose y tomando fuerzas. Las luchas se expresan en ocupaciones de tierra, huelgas, manifestaciones, acciones directas. Los reclamos giran en torno a mejores condiciones laborales, reforma agraria, la profundización de la democracia y contra las políticas de privatización de las empresas públicas. Pero las luchas no fueron solo sociales, los movimientos también hicieron su experiencia electoral, tanto en la elección a constituyentes (1992) -con muy bajo caudal- como en las primeras elecciones municipales (1991), en la que una candidatura independiente impulsada por el movimiento sindical -y apoyada por otros movimientos- accede al gobierno de la capital del país. El año 1994 se constituye en un hito importante. Se realiza tanto la primera huelga general luego de más de treinta años, y la primera gran marcha campesina, importante por la masividad de las acciones y porque marca la última acción liderada por las fuerzas sindicales y el inicio del movimiento campesino como principal motor de las acciones a ser emprendidas.

El movimiento sindical, recibe dos golpes importantes. El gobierno de Juan Carlos Wasmosy (1993-1998) les abre las puertas a los principales dirigentes a ocupar espacios en instancias gubernamentales que antes habían estado ocupadas por seudo representantes de los trabajadores; los dirigentes caen en la trampa de la cooptación, además de involucrarse en hechos de corrupción. Las políticas neoliberales precarizan los puestos de trabajo y esto influye directamente en la fuerza de sus sindicatos, que quedan desde ese momento desacreditados y debilitados. A pesar de numerosos intentos, hasta el momento no han logrado recuperar su fuerza.

La última mitad de la década de los noventa, estuvo marcada por acciones y luchas que combinaban históricos reclamos (como el de reforma agraria), con una mayor oposición a las políticas neoliberales, e incipientes críticas a las implicancias (fumigaciones) del modelo sojero. El movimiento campesino lideró estas luchas, articulándose con otros sectores sociales y políticos en múltiples espacios locales, regionales y también a nivel nacional.

La relación existente entre movimientos y partidos de izquierda ha sido una constante; se dio a través de militantes, propuestas y acciones compartidas, sin embargo, es recién a finales de la década del noventa cuando ésta se hace pública y explícita. Los espacios de articulación –frentes, coordinadoras- se dan con la presencia activa de partidos de izquierda.

La lucha más importante se produce en el año 2002, cuando el Congreso Democrático del Pueblo (Palau, 2002) conformado por prácticamente todas las organizaciones del campo popular (Pils, Riquelme y Villalba, 2002) después de una lucha de cerca de veinte días, logra detener el proceso de privatizaciones y la aprobación de la ley antiterrorista impulsada por la embajada americana.

Con esta victoria se cierra el ciclo iniciado en 1989. El del fortalecimiento de las organizaciones, la emergencia de grandes movilizaciones, el de rupturas y rearticulaciones, el reconocimiento público de los partidos políticos en las luchas sociales. La experiencia acumulada demostró que más allá de la fuerza de las acciones, el poder político del Estado se constituía en un freno real para alcanzar reivindicaciones. Se inicia así un periodo –que continúa hasta hoy– de una apuesta, de gran parte de las organizaciones populares, a la estrategia electoral. La opción por lo electoral

A comienzos de la década del noventa, se dan las primeras experiencias electorales, como ya se señaló. Una de ellas exitosa parcialmente (ganó el candidato, pero al poco tiempo las organizaciones populares rompen con él), y otra que reflejó que la adhesión gremial no se traduce mecánicamente en apoyo político; fue por ello que a pesar que muchas organizaciones sociales contaban con un gran apoyo de sus bases para movilizaciones y acciones de carácter reivindicativo, los votos a sus candidaturas políticas fueron mucho menores a lo esperado. A pesar de ello, la izquierda política -en su gran mayoría- siguió participando prácticamente en todas las elecciones, asumiendo las limitaciones; no pretendían “ganarlas” sino aprovechar las coyunturas para dar a conocer sus planteamientos y propuestas. Los resultados electorales siempre fueron ínfimos y en muchos casos la lógica y el desgaste electoral la debilitaron aún más. Así, los partidos de izquierda en el país apostaron de hecho al crecimiento y la consolidación de las organizaciones sociales, principalmente de las organizaciones campesinas, antes que a la de sí mismos.

En el año 2003 se produce la ruptura de una de las organizaciones campesinas más importantes, por diferencias político-electorales. Las fuerzas sociales y políticas de izquierda consolidan espacios de articulación que -con algunas variantes más que nada de nomenclatura- continúan vigentes hasta hoy.

Es también a partir de este año -en que asume la presidencia Nicanor Duarte Frutos- que se inicia con más fuerza la política de criminalización y judicialización de las organizaciones en lucha, tanto campesinas como barriales, coincidentemente con la firma de acuerdos de seguridad con el gobierno colombiano de Álvaro Uribe.

Las luchas contra estas políticas -manifestadas más que nada en denuncias y críticas al modelo- así como contra el avance vertiginoso de los agronegocios -principalmente de la soja con semillas genéticamente modificadas- y las nefastas consecuencias contra la vida misma, adquieren una notoriedad y fuerza importante. Se suma a esta situación el agotamiento de la Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado (que había estado en el poder desde 1954) como garante de los intereses del capital, no porque no le sea servil, sino porque las estrategias (corrupción, clientelismo, prebendarismo, entre otras) que hasta ese entonces le habían permitido gobernar con cierta tranquilidad, ya no eran suficientes para contener el descontento popular.

Las fuerzas populares se expresaban en tres articulaciones: una abstencionista que no apoyó la candidatura de Lugo por considerar que no representaba a un proyecto popular; una que dio un apoyo crítico al presidente recientemente electo y una más cercana al Poder Ejecutivo, que en sus inicios pretendió constituirse en su base social. En ese contexto emerge la figura del Obispo Fernando Lugo, que rápidamente gana la simpatía de la izquierda social y política; sin embargo, logra ganar las elecciones de 2008, aliándose con el Partido Liberal Radical Auténtico y otras fuerzas de derecha, rompiendo 35 años de Partido Colorado en el gobierno.

Aunque el programa electoral tomó muchos de los históricos reclamos de los movimientos, pocos han sido los avances en la implementación de los mismos. En parte, por la fuerza de los sectores conservadores y neoliberales en el Parlamento Nacional y el propio gabinete, pero también por la desmovilización de la mayoría de las organizaciones populares y por el proceso de institucionalización de gran parte de la izquierda política.

Desmovilización e institucionalización

Más allá de que los medios empresariales de comunicación, desde el día en que se conoce la victoria de Fernando Lugo a la Presidencia de la República, hayan hecho una gran campaña indicando que el nuevo gobierno instauraría en nuestro país el “socialismo del siglo XXI” sumándose al llamado “eje del mal” conjuntamente con Hugo Chávez, Evo Morales y Correa con un proyecto socialista, la realidad ha sido complemente distinta.

Ciertamente, las organizaciones populares que apoyaron la candidatura del ex obispo sabían que no sería un gobierno “de izquierda” como se indica en un estudio realizado en el 2008 (Palau y Ortega, 2008); “la victoria de Lugo no era un fin en sí mismo, fue el camino por el que optaron para continuar avanzando en la conquista de sus históricas reivindicaciones, por ello, no van a bajar sus banderas, al contrario, las expectativas que las mismas sean apoyadas por el nuevo gobierno son muchas, así como también las preocupaciones y temores de que efectivamente se puedan concretar, en cuyo caso indicaron –muchas de ellas– que continuarán con sus históricos métodos de lucha”. Había especial expectativa en torno al inicio de la reforma agraria, y que se generarían mejores condiciones para seguir avanzando, avanzando en la construcción de un proyecto popular.

Sin embargo, en los principales Ministerios fueron colocados representantes de los partidos conservadores de la Alianza Patriótica para el Cambio que posibilitó la victoria de Lugo. Así, las políticas “importantes” continuaron en manos de la derecha: la política económica siguió los dictámenes del Banco Mundial y el FMI (Rojas, 2011); iniciativas de privatización se van implementando; el avance de los agronegocios y de las lógicas extractivistas en manos de grandes transnacionales siguen viento en popa; y, para colmo, la ley antiterrorista fue aprobada a instancias del propio Presidente de la República, y las políticas de seguridad son asesoradas públicamente por el gobierno colombiano. El gobierno se “equilibró” políticamente entregando ministerios y secretarías sociales a las fuerzas progresistas y de izquierda.

Este fue uno de los mecanismos utilizados para lograr cierto apoyo y gobernabilidad, colocar a referentes de los partidos de izquierda en importantes puestos del gobierno, fue quizás una estrategia no sólo para que quienes son más sensibles a los problemas sociales lleven adelante acciones favorables a los sectores más golpeados por las políticas neoliberales, sino que también para acallar o -al menos- aminorar las críticas. Teniendo en cuenta la estrecha vinculación entre partidos de izquierda y movimientos campesinos, con esta estrategia no solo se institucionalizó a los partidos, sino que también se acalló a las organizaciones que más combativas habían sido durante la última década.

Además, cada pequeña acción gubernamental orientada a tocar los intereses económicos de los sectores más poderos del país (por la estructura productiva vinculados a la tierra, ya sea a los agronegocios o a la ganadería), durante los primeros dos años de la gestión del Presidente Lugo, levantaba los rumores de un juicio político. Criticarlo –aunque fuera en sentido contrario al defendido por el Parlamento y la derecha política– o exigir el cumplimiento de sus promesas electorales, era leído e interpretado como un apoyo a los planes golpistas de la derecha; se acallaron así las críticas de los principales sectores. En ese contexto, las ocupaciones de tierra, las acciones contra las fumigaciones, los cortes de ruta, entre otras medidas que habían recobrado especial fuerza durante los primeros meses del año 2008, para presionar a que el gobierno inicie la reforma agraria y cumpla sus promesas electorales, fueron disminuyendo hasta prácticamente desaparecer. Se siguieron realizando movilizaciones importantes, todas ellas para defender al gobierno, para conformar articulaciones políticas, para sostener el proceso iniciado.

Ciertamente, hay excepciones; algunas organizaciones como la Federación Nacional Campesina (una de las más importantes desde los inicios de la década del noventa) mantuvieron sus luchas y movilizaciones; así como también, las bases de algunas organizaciones continuaron ocupando tierras, realizando movilizaciones y acciones contra los cultivos de soja transgénica, desoyendo a su dirigencia nacional.

Al comienzo de este periodo, muchos dirigentes manifestaron que había que presionar a Lugo para que vaya hacia la izquierda; se entendía por “presionar” continuar con las luchas en las calles por las históricas reivindicaciones. Esto no ocurrió y ante la ausencia de luchas populares claras, la derecha fue avanzando. La agenda de las organizaciones giraba en torno a sostener al gobierno y a construir una fuerza electoral que permitiera unificar las fuerzas progresistas y de izquierda; así surge el Espacio Unitario que aglutina en su interior a la izquierda social y política, instancia que a su vez es parte del Frente Guazú (Frente Grande) que aglutina además a otros partidos de carácter progresista y/o socialdemócrata. Esta agrupación es la que participó de las elecciones municipales (2011) logrando aproximadamente 10% de los votos a nivel nacional, caudal menor al esperado pero bastante mayor al obtenido históricamente por estos sectores políticos.

Cuando el movimiento campesino se dio cuenta de la necesidad de retomar las luchas por la reforma agraria y contra el modelo sojero, más allá de que “compañeros” sean parte del gobierno, sus bases ya estaban desmovilizadas y sujetas a algún plan gubernamental. En estos tres años de gobierno “progresista” se llevaron adelante algunas políticas sociales importantes, acciones que benefician a jóvenes, mujeres, personas de la tercera edad, indígenas. Sin embargo, aunque algunas fueron reivindicaciones de movimientos, las mismas no han sido conquistas de los movimientos, sino acciones gubernamentales que en muchos casos rozan el asistencialismo y tienden a la desmovilización.

La necesidad de combinar formas de lucha

Se podría decir, simplificando quizás, que el período de 22 años desde la caída de Stroessner fue una época sumamente rica y contradictoria, que la década del noventa fue de organización y luchas directas, cuyo punto más álgido fue el año 2002 cuando se lograron detener -al menos provisoriamente- las políticas del imperio. Durante todo ese periodo, los reclamos y las acciones estuvieron dirigidas a la Presidencia de la República y al Parlamento Nacional; en la mayoría de los casos las respuestas fueron falsas promesas o la represión directa (cerca de 100 dirigentes fueron asesinados en este periodo y más de tres mil dirigentes imputados). La fuerza de los movimientos no fue suficiente para lograr que las fuerzas políticas conservadoras cedan ante la presión popular. Esta situación –además del contexto regional de triunfos de gobiernos originados en proyectos de izquierda– llevó a las organizaciones a plantearse la vía electoral, se apostaba llegar al gobierno para que sus reclamos se tornen realidad, que sean parte de las políticas públicas, además de contar con un escenario más favorable al fortalecimiento de las organizaciones.

Se podría decir, que la relación del nuevo gobierno con el movimiento popular se sustenta en tres pilares: políticas sociales de tinte asistencialista al estilo Banco Mundial, apertura de algunos espacios en el gobierno para referentes de partido movimientos del campo popular y continuidad de la política de criminalización y judicialización para quienes no se disciplinen.

Así, a tres años del gobierno de Fernando Lugo, impulsado, apoyado y sostenido por gran parte de la izquierda social y política, poco se ha avanzado. Los problemas estructurales que conlleva una sociedad cada vez más inequitativa y que cada vez es más servil a los intereses del gran capital, reavivan la necesidad de las luchas y evidencian los límites de la apuesta exclusiva a la lógica electoral e institucional. La realidad continua siendo adversa para avanzar hacia un proyecto emancipatorio. Si bien se han dado pasos en una práctica que supere la fragmentación del campo popular, poco se ha logrado en la construcción de un proyecto propio; probablemente éste sea uno de los grandes desafíos, más aún cuando durante este gobierno se ha aprobado la Ley Antiterrorista y ha aumentado significativamente la presencia de grandes corporaciones que arrasan con territorios campesinos e indígenas.

Marielle Palau


Bibliografía

Céspedes, Roberto 1992 "Siete tesis sobre el sindicalismo en la transición” en: El Protagonista (Asunción) Nº3

Heikel, Ma.Victoria, Peroni, Berta 1996 Logros constitucionales. Proceso de formación de artículos que interesan a la mujer (Asunción: SEFEM)

Palau, Marielle 2002. “Luchas sociales obligan a retroceder al gobierno y detienen el proceso de privatización” en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Nº 8.

Palau, Marielle y Ortega, Guillermo. 2008.“Paraguay: el nuevo escenario de disputa de los intereses populares”. En: OSAL Nº24. Buenos Aires: CLACSO.

Pilz, Diana, Riquelme, Quintín y Villalba, Verónica 2002 “Los movimientos sociales en el contexto actual del Paraguay” en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Nº8.

Yore, Myriam y Palau, Marielle 2000. Presidencialismo moderado y Gobierno de coalición. Emergencia y fracaso de una experiencia inédita. (Asunción: BASE-IS) Documento de Trabajo No. 101.

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