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Dos sindicalistas de Coca-Cola son acusados de "terrorismo" en base a declaraciones de paramilitares

category venezuela / colombia | workplace struggles | non-anarchist press author Tuesday March 06, 2012 23:18author by Notiagen Report this post to the editors

Los montajes judiciales son parte de la campaña de exterminio sindical

Dos sindicalistas de Coca Cola que sufren amenazas por parte de grupos paramilitares desde el año 2001 y han sido víctimas de seguimientos ilegales por parte del Estado colombiano son investigados por concierto para delinquir y terrorismo. El proceso judicial fruto de las versiones libres de tres jefes paramilitares —’Coca Cola’, ‘Gavilán’ y ‘Julián Bolívar’— se presenta en el momento de la negociación colectiva entre el Sindicato Nacional del Sector Agroalimentario (Sinaltrainal) y las embotelladoras de Coca Cola en Colombia.

«Amenazaban que prepararían sus versiones libres en función de futuras judicializaciones contra integrantes de Sinaltrainal, a la vez que se beneficiaban de la ley de Justicia y Paz». Sinaltrainal denuncia que Saul Rincón alias ‘Coca-Cola’, Wilfred Martínez Giraldo alias ‘Gavilán’ y Rodrigo Alzate alias ‘Julián Bolívar’ están cumpliendo la advertencia efectuada desde hace varios años de hacer un montaje contra Juan Carlos Galvis, William Mendoza y otros integrantes de Sinaltrainal por haberse negado a ingresar a los barrios de Barrancabermeja (Santander) a conversar con ellos o incluso a la misma cárcel donde estaban recluidos.

Aunque habían presentado una querella penal contra estos paramilitares por los delitos de injuria y calumnia en febrero de 2009, sus versiones libres en el marco de la Ley 975 de 2005 —conocida como Ley de Justicia y Paz— han conducido a que el 14 de diciembre de 2011 la Fiscalía 28 de la Unidad Nacional contra el Terrorismo Estructura de Apoyo – Investigaciones Parapolítica informara a Juan Carlos Galvis y William Mendoza sobre la apertura de la investigación previa por los supuestos delitos de concierto para delinquir y terrorismo.

‘Julián Bolívar’ afirmó ante la Fiscal 41 de Justicia y Paz de Medellín el 16 de diciembre de 2008 que los sindicalistas Galvis y Mendoza colaboraban o formaban parte de grupos insurgentes y que con la información que suministraron el Ejército Popular de Liberación (EPL) colocó un artefacto explosivo en las instalaciones de la empresa Coca Cola de Barrancabermeja.

El sindicato considera que los señalamientos realizados por los paramilitares, «además de constituir imputaciones falsas contra dirigentes sindicales, constituyen un ataque contra el buen nombre de éstos y de la organización como tal». Insisten en que la actuación de Sinaltrainal siempre ha sido desarrollada de manera abierta, limpia, transparente y en ejercicio de derechos reconocidos legal y constitucionalmente. Para el presidente de Sinaltrainal en Barrancabermeja, William Mendoza: «Ya se firmó el TLC; el Estado quiere acabar con Sinaltrainal».

Mendoza insinúa que el Gobierno necesitaba aparentar que estaba controlando la violencia contra el sindicalismo colombiano —el más castigado del mundo con el homicidio de 6 de cada 10 muertos en el mundo por su actividad—. Según datos de la Confederación Internacional de Sindicatos (CIS), 49 sindicalistas fueron asesinados en Colombia en 2010 (el 55 % en todo el mundo). Human Rights Watch reitera en 2012 que Colombia continúa siendo el país más peligroso para ejercer el sindicalismo en el mundo con 175 sindicalistas asesinados en los últimos cuatro años en medio de una impunidad generalizada que impide castigar a los responsables.

Denuncia por falso testimonio en versiones libres

‘Julián Bolívar’ negó las amenazas de los paramilitares y de organismos del Estado contra miembros de Sinaltrainal y afirmó que las denuncias de los sindicalistas en diversas ocasiones obedecían a autoamenazas cuyo objetivo era «sacarle provecho al Estado». El sindicato sostuvo como argumentos para la querella por calumnias e injurias presentada en febrero de 2009 : «Señalar como delincuentes a líderes sindicales de Sinaltrainal conlleva per se un ataque contra la organización; presentar a sus dirigentes como personas corruptas que crean mecanismos para obtener beneficios del Estado; señalar que la dirigencia sindical ha manipulado a organismos supranacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para obligar la protección de sus derechos fundamentales; deslegitimar la actividad sindical al acusar a sus miembros de formar parte de estructuras rebeldes, necesariamente afecta el buen nombre y la honra de Sinaltrainal y genera automáticamente desconfianza de terceros frente a ésta».

En febrero de 2009 organizaciones sociales barranqueñas (Sinaltrainal, Unión Sindical Obrera, Central Unitaria de Trabajadores, Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Organización Femenina Popular, Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el Colectivo José Alvear Restrepo) solicitaron a la Fiscalía General de la Nación que excluyera a ‘Julián Bolívar’, ‘Gavilán’ y ‘El Panadero’ —éste último paramilitar que acusa al defensotr de derechos humanos David Ravelo (CREDHOS) de determinar el asesinato de un funcionario de Barrancabermeja— de los beneficios de la Ley 975. Los acusan de difundir falsa información en las diferentes versiones libres rendidas ante las Fiscalías de la Unidad de Justicia y Paz y sostienen que uno de los presupuestos para seguir siendo beneficiario de dicha ley es la colaboración eficaz con la justicia revelando toda la verdad sobre los hechos que conocen o hayan participado.

Las organizaciones sociales y sindicales sostenían que lo que está ocurriendo con las versiones libres de los paramilitares «es el ocultamiento de sus crímenes mediante el involucramiento de las organizaciones víctimas de su accionar, omitiendo revelar los funcionarios del Estado que les apoyaban, financiaban y determinaban y eran los verdaderos beneficiarios del paramilitarismo».

Esas denuncias y solicitudes no han tenido efecto para cuestionar las versiones paramilitares. La contrario, la investigación preliminar se abrió el 26 de enero de 2010 fundamentada en dichas acusaciones. Según la campaña internacional para defender los derechos humanos en Colombia, entre diciembre 2009 y diciembre 2010 por lo menos 130 defensores fueron objetos de detenciones y judicializaciones. Las cifras actuales son imprecisas.

Persecución contra Sinaltrainal

El sindicato recuerda que esta judicialización es parte de «la sistemática política de persecución contra trabajadores afiliados a Sinaltrainal por la que hemos sido víctimas de asesinatos, amenazas de muerte, atentados, desplazamiento, exilio, tortura, quema de sede sindical, intento de secuestro de familias, chuzadas del DAS».

En el expediente de la Fiscalía Número 11 delegada ante la Corte Suprema de Justicia reposan documentos que demuestran seguimientos ilegales por parte del Grupo de Inteligencia Especial (G3) contra varios integrantes de Sinaltrainal por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Durante más de 30 años de existencia de Sinaltrainal, el sindicato manifiesta: «Nuestros afiliados han sido víctimas de la persecución violenta del Estado y las empresas: 25 asesinados, 14 encarcelados, 80 amenazados de muerte, 49 desplazados, seis exiliados, otros torturados, desaparecidos, atentados de muerte». Estos hechos permanecen en total impunidad a pesar que varios de estos crímenes han sido confesados en jurisdicción de Justicia y Paz.

El resumen de las agresiones sigue: «Sede de Sinaltrainal incendiada, paramilitares que han permanecido dentro de la embotelladora de Coca Cola, han obligado a los trabajadores a renunciar del sindicato, con sucios montajes y falsas acusaciones, 20 dirigentes de Sinaltrainal han sido judicializados, penalmente sindicados de terrorismo, concierto para delinquir, daño en bien ajeno, rebelión, injuria y calumnia, simultáneamente al terror creado para debilitar a Sinaltrainal, para restarle capacidad de negociación y defensa de los derechos de los trabajadores, han sido despedidos miles de trabajadores, hoy la mayoría son subcontratados para simular el contrato de trabajo y desconocer los derechos laborales».

El sindicato considera que ha sido fuertemente perseguido por su postura en la denuncia de los atropellos sistemáticos contra los trabajadores y por la defensa de la vida; sus gestiones de acudir a instancias internacionales contra la empresa multinacional de Coca Cola ha originado toda una política de persecución. Explican que esta persecución «se complementa con las afirmaciones injuriosas y calumniosas de los jefes paramilitares, quienes de forma cínica pretender convertir a los

miembros del sindicato como victimarios, encubriendo los crímenes que se han perpetrado contra este sindicato; pero además queriendo justificar sus acciones afirmado falsamente que sus miembros pertenecían a la guerrilla».

Negociación colectiva

El actual proceso se presenta cuando se desarrolla la negociación del pliego de peticiones presentado el 4 de enero de 2012 a las embotelladoras de Coca Cola en Colombia. Según Sinaltrainal, en este nuevo proceso negociador la postura de la empresa fue «arrogante y prepotente».

El sindicato presentó un listado de 168 trabajadores enfermos de columna por las condiciones laborales. La respuesta de Coca Cola es que para esos asuntos está Aseguradora de Riesgos Profesionales. Otros temas fundamentales en la negociación que no encuentran solución son temas salariales sobre lo cual Sinaltrainal afirma que Coca Cola roba el salario de los obreros inventando formas de liquidar los salarios.

Una solicitud del sindicato es que Coca Cola apoye en la solución de problemas de vivienda de trabajadores afectados por desastres naturales. La petición es que la empresa condone la deuda de vivienda y otorgue un préstamo mayor que el monto convencional; la respuesta de la empresa es que no es su culpa. Los trabajadores reciben préstamos de 26 millones de pesos —que en ciudades como Barrancabermeja no alcanzan para comprar un lote— que invierten principalmente en comprar mejoras en barrios de alto riesgo de inundaciones, deslizamientos o de orden público difícil.

Frente a la libertad sindical, Coca Cola dice que cumple con la ley pero el sindicato sostiene que en las fábricas no dejan entrar a los dirigentes sindicales y que los despidos y los llamados a descargos son frecuentes en esta fábrica.

Así es que de los 26 puntos del pliego no hay acercamientos y la etapa de arreglo directo ya terminó el pasado 17 de febrero; las conversaciones están rotas y el sindicato se plantea la posibilidad de convocar una huelga.

Riesgos para sindicalistas

El Ministerio del Interior ha realizado estudios de seguridad a William Mendoza y Juan Carlos Galvis determinando que se encuentran en alto riesgo y por esa razón reciben protección. Igualmente, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que han investigado las amenazas denunciadas no han podido determinar que se trate de automontajes que tengan por objeto recibir beneficios del Gobierno. Por el contrario, las amenazas contra Sinaltrainal han sido frecuentes lo cual originó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos profiriera medidas cautelares el 28 de enero de 2002 exigiendo al Estado colombiano la protección de la vida e integridad de Galvis y Mendoza.

Los sindicalistas

William Mendoza Gómez es empleado de Coca Cola desde 1990 y ha ocupado diversos cargos en la junta directiva de Sinaltrainal Seccional Barrancabermeja hasta el que desempeña hoy de presidente. Ha participado como delegado de Sinaltrainal en Estados Unidos, Venezuela y Ecuador denunciando la violación a los derechos humanos en Colombia y la implicación del Estado y la política de las multinacionales. Es un miembro reconocido del movimiento social y de defensa de los derechos humanos en Barrancabermeja gracias a su implicación en diferentes espacios de coordinación de organizaciones.

Juan Carlos Galvis labora en Coca Cola en Barrancabermeja desde diciembre de 1988 e inició su actividad sindical en 1989 ocupando diversos cargos en Sinaltrainal y desde 1999 integrante del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en Barrancabermeja. También es parte del movimiento en defensa de los derechos humanos que ha denunciado el accionar paramilitar en la ciudad.

Los paramilitares

Saul Rincón fue un extrabajador de Coca-Cola desempeñando la función de vigilante y fue miembro suplente de la Junta Directiva de Sinaltrainal en Barrancabermeja. En 1995 se acogió al plan de retiros voluntarios de la empresa que consistía en aceptar una tabla de indemnización y desde esa época pierde todo contacto con el sindicato. En el año 2000 los grupos paramilitares de Barrancabermeja querían matar a Rincón y el mismo William Mendoza desde CREDHOS lo ayudó a salir de la ciudad.

Desde el año 2001 se presume que ingresó a los grupos paramilitares de Barrancabermeja y en marzo de 2002 participa en el asesinato del tesorero de la Unión Sindical Obrera Rafael Jaimes Torra. En el año 2006 envió varios mensajes por intermedio de terceras personas en que afirmaba que si el sindicato no conversa con él en la cárcel, hablaría en contra de varios integrantes de la organización, expresando que haría acusaciones de pertenencia con la guerrilla. El 16 de mayo de 2006 los sindicalistas informan que recibieron su llamada: «Yo les voy a hacer un montaje». Mendoza dice que Rincón llamaba para extorsionar y para que el sindicato le pagara un abogado; más tarde se acoge a los beneficios de la Ley 975.

El 9 de marzo de 2007 el Juzgado Primero Penal del Circuito de Especializado de Bucaramanga condenó a Saul Rincón como autor de los delitos de homicidio agravado y sedición a pena principal de 40 años de prisión por el asesinato de Jaime Torra.

Wilfred Martínez Giraldo ‘Gavilán’ fue miembro del EPL entre 1996 y 1999. Posteriormente en el 1999 pasa a las filas del paramilitarismo del Bloque Central Bolívar donde llegó a ser comandante militar en toda Barrancabermeja. ‘Gavilán’ tiene que responder por alrededor de 130 hechos criminales en sus versiones libres.

Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, fue comandante paramilitar del Bloque Central Bolívar desmovilizado en enero de 2006. El Bloque tiene registradas 20.868 víctimas en el Sistema de Información de Justicia y Paz. Preso en la cárcel de Itagüí tiene varias condenas por crímenes confesados; hasta julio de 2008 había confesado la muerte de 45 personas y la desaparición de 20 en Santander.

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