Por la movilización del Trabajo

iberia | economía | opinión / análisis Wednesday December 07, 2011 03:24 by José Luis Carretero

José Luis Carretero, profesor de Formación y Orientación Laboral y militante de la Confederación Sindical Solidaridad Obrera, del estado español, analiza en el siguiente artículo la ofensiva a fondo de la patronal, los sectores especulativos y los políticos a su servicio contra las conquistas sociales conseguidas con mucho esfuerzo por los trabajadores y las clases populares. Una ofensiva que sigue abierta y que sólo puede frenarse mediante una respuesta contundente que venga desde abajo, mediante organización y lucha de quienes están sufriendo sus consecuencias.

"En este contexto, luchar por defender los derechos del Trabajo y acabar con la precariedad, devolver la dignidad a la clase trabajadora y negarse a pagar una deuda que otros han contraído, es la única apuesta que puede inaugurar un futuro mejor para todos nosotros".

En las últimas décadas distintas modificaciones legales han ido arrinconando a la clase trabajadora y haciéndola perder su poder social. Ese proceso se ha acelerado hasta lo insoportable en el último año. La tan traída y llevada flexibilidad (aún en su forma maquillada: la flexiseguridad) no ha hecho otra cosa que debilitar y precarizar a los sectores más numerosos de la clase trabajadora. Al fin y al cabo, no se trata de otra cosa que de arrumbar la posición del trabajador en el centro de trabajo, haciéndole someterse a todas las órdenes del empleador, sean cuales sean. De hecho los números cantan, hasta el extremo de que la brecha entre pobres y ricos en nuestra sociedad se ha disparado al nivel más alto de los últimos 30 años. Así, la renta media del 10 % más rico del país multiplica en 11,9 veces la del 10 % más pobre, y el índice de Gini (construcción estadística que mide la desigualdad) del Estado Español es superior al de Polonia, Grecia o Estonia.

La contratación temporal (que sigue siendo la que más se realiza cada año), el trabajo a tiempo parcial manipulado para convertirlo en “trabajo a la carta”, la contratación indefinida con derechos recortados (el llamado “contrato de fomento”), las Empresas de Trabajo Temporal y las agencias privadas de colocación, la subcontratación, el despido prácticamente libre y pobremente indemnizado, la legalización y la tolerancia con las “zonas grises” con las que los empresarios consiguen lisa y llanamente huir del cumplimiento de los derechos laborales (falsos autónomos, becarios, migrantes…); todo ello ha servido para hacer que la precariedad campara a sus anchas en el mercado de trabajo español. La época del trabajador con contrato fijo y con derechos ha llegado a su fin. Eso sólo lo ven unos cuantos, a los que se ataca llamándoles “privilegiados” porque mantienen, en la cuerda floja, algunos derechos que deberíamos tener todos. Un mal ejemplo, dicen los medios de comunicación pagados por los patrones.

La realidad laboral para la mayoría de la población es la de una relación siempre débil con el puesto de trabajo, ante la espada de Damocles del despido facilitado; la de la rotación acelerada de períodos de trabajo y paro; la de la ausencia de todo derecho laboral; la de interminables jornadas y falta de seguridad e higiene; o la del desempleo puro y duro, utilizado por el empresariado para imposibilitar toda reivindicación del elemento asalariado.

La reforma laboral ha sancionado y profundizado este escenario. La reforma de la negociación colectiva pretende llevarlo aún más lejos al impedir todo contrapoder sindical en el ámbito laboral y al intentar enfrentar a unos trabajadores contra otros (esa es, al fin y al cabo, la finalidad de que los convenios se negocien en la empresa y no en el sector). La reforma de las pensiones promete a los jóvenes, después de una vida de precariedad y trabajo sin derechos, una ancianidad con míseras prestaciones

Y la dinámica de agresiones a la posición de la clase trabajadora no cesa: las llamadas “zonas grises” se han agrandado recientemente con la legalización de la posibilidad de realizar contratos de prácticas “no laborales” al amparo del Servicio Público de Empleo, con una retribución del 80 % del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, un índice que aprueba cada año el Gobierno), es decir, en la actualidad 426 euros, para titulados de FP o Universidad con una experiencia laboral menor de tres meses, y que tengan entre 18 y 25 años. La duración de estas “becas” será de 3 a 9 meses, y en ellas no se cotizará al desempleo.

Esta forma de contratación “no laboral” (como reitera la norma legal, como si por repetir el sinsentido pudiera eliminarse las condiciones de ajeneidad y dependencia en que se va a producir la prestación y, por tanto, su condición claramente asalariada), se combina con la eliminación “temporal” del límite de edad para la realización de los contratos para la Formación y el Aprendizaje, y con los globos sonda destinados a favorecer la puesta en marcha de la llamada Formación Profesional dual en el sistema educativo: un modelo de FP basado en la realización de prácticas continuas en los puestos de trabajo –entre 3 y 4 días a la semana- que, además de poner en peligro múltiples puestos docentes, podemos con gran probabilidad adelantar que en nada se parecerá al llamado “modelo alemán de FP” que supuestamente se quiere imitar (en el que las prácticas son pagadas y bajo un cierto control sindical). Se trata, en realidad, de “matar dos pájaros de un tiro”, consiguiendo que los jóvenes estén formalmente “ocupados” en condiciones de precariedad absoluta, pero produciendo a las órdenes del Capital, y al tiempo multiplicar el número de titulados, renunciado a toda exigencia de control público, homogeneidad y calidad de la formación.

Y las próximas reformas del nuevo gobierno, en cumplimiento de las órdenes de los financieros que crearon la crisis y ahora pretenden que la paguemos, navegarán en la misma dirección. La CEOE ya ha planteado sus reivindicaciones (porque ahora los únicos que reivindican algo, en ese contexto, son los empresarios), y los sindicatos mayoritarios parecen dispuestos a llegar a un acuerdo. Se habla de eliminar la indexación de los conceptos salariales de los convenios al IPC y ligarlos a la productividad (pero no se dice ni se discute como calcular dicha productividad, lo que nos lleva a pensar que, básicamente, lo que se pretende es que cada empresario pague lo que le de la gana a quien le de la gana, rompiendo las tablas salariales de los convenios); se intenta la aprobación de un tipo de contrato único con indemnización por despido y condiciones laborales crecientes con la antigüedad (es decir, un contrato temporal extensible por deseo empresarial, y sin necesidad de causa alguna); de regular el derecho de huelga (dado que la regulación actual, aprobada en los estertores de la dictadura franquista es “demasiado permisiva”); de flexibilizar el trabajo a tiempo parcial y facilitar los convenios de empresa (es difícil determinar como, ya que eso ya lo ha hecho la última reforma, y hasta parte de los empresarios lo rechaza, considerando que puede favorecer el “dumping”, dinamitando los mercados); así como las medidas de flexibilidad interna y el descuelgue de las condiciones pactadas en la negociación colectiva (de nuevo, esto ya lo hicieron en las reformas anteriores y es difícil que nunca lleguen a estar contentos en este aspecto, pues siempre será más fácil practicar el “despido exprés, y más si se minoran las indemnizaciones por despido improcedente).

La lista de exigencias que componen el “Cuaderno de Quejas” empresarial es interminable y comporta una transformación social radical y revolucionaria. Piensan que la crisis es una oportunidad de obtener sus objetivos máximos y, espoleados por las cantidades sin fin que han de extraerse a nuestra sociedad para pagar las deudas del festín especulador de las entidades financieras, que alcanzan al menos los 800.000 millones de euros (de los cuales 715.000 millones consisten en la deuda privada, que en breve será convertida en pública por mecanismos como el del “banco malo” del que habla Rajoy) pretenden iniciar el camino para mutar nuestra sociedad a la imagen y semejanza de un modelo que comporta la eliminación de todo mecanismo democrático y el acaparamiento de toda la riqueza social por una minoría compuesta de grandes financieros, oligarcas rentistas y agentes del gran Capital transnacional.

La clase trabajadora, en el marco de ese programa, será condenada a la pobreza y la precariedad, y gran parte de la clase media será proletarizada a marchas forzadas, piensen lo que piensen al respecto muchos de sus miembros, que creen que el actual régimen de acumulación aún puede regalarles algo y no se dan cuenta de la dimensión de la transformación en curso.

Pero ya es suficiente. Es la hora de una respuesta contundente.

No podemos ceder más. Estamos transitando el camino a un empobrecimiento generalizado y fatal. Aunque hay motivos para una esperanza necesaria. Las resistencias a las amargas recetas que pretenden imponernos empiezan a aparecer por todos lados: desde las costas de Túnez o Egipto a las calles griegas o las plazas de nuestro país. La resistencia es un hecho. Difusa, débil, titubeante, como todo ser que acaba de nacer. Expandiéndose desde un Mediterráneo cuyos pobladores más conscientes (y demasiadas veces minoritarios) siempre reivindicaron las ideas de la democracia (es mentira, no la inventó Ronald Reagan), de la libertad del individuo y de la vida colectiva cooperante, efusiva y libertaria. Alcanzando a todos los rincones de un mundo que amenaza con entrar en ebullición. Diseminándose con fragmentos de códigos cambiantes y plurales, pero que remiten siempre a la misma idea: la cooperación es la alternativa al mando, tenemos el derecho a decidir, somos el 99 %.

Por ello, en este contexto, luchar por defender los derechos del Trabajo y acabar con la precariedad, devolver la dignidad a la clase trabajadora y negarse a pagar una deuda que otros han contraído, es la única apuesta que puede inaugurar un futuro mejor para todos nosotros.