Los estudiantes colombianos se movilizan contra la reforma al sistema educativo

venezuela / colombia | education | comunicado de prensa

Friday November 11, 2011 00:32

by Centro de Investigación Libertaria y Educación Popular - (CILEP)

Perspectiva Libertaria – Boletín EXPRESS

Hoy, la inmensa mayoría de los sectores educativos expresa su rechazo categórico, motivado y argumentado a la transformación paulatina – la reforma a la ley 30 es una mera etapa- del ministerio de la educación en una superintendencia de regulación del mercado educativo, que estaría a cargo de ministerio del comercio educativo. Ese es el objetivo apenas velado del gobierno ultraneoliberal y amoral de Juan Manuel Santos para la educación, y de su obediente ministra María Fernando Campo, quién, en sus historia personal, se destacó más en presidir juntas de accionistas que claustros deliberativos y democráticos. El proyecto político de Santos consiste en la transformación de Colombia en una inmensa zona franca neoliberal, su estrategia es el golpe de Estado civil permanente en cámara lenta.

El proyecto de reforma a la Ley 30 de educación superior de 1992 (Proyecto de ley 112) ha sido el elemento desatador y revelador de una crisis social más profunda. Esta crisis parece mostrar que se está llegando al límite de lo soportable por la sociedad en el desarrollo de políticas públicas de regulación neoliberal, basadas en la exacerbación y glorificación del mercado y de la competencia generalizada. Hace unos meses, el sector camionero ya había sentado su voz de protesta en contra de una mayor desregulación. Hoy, le toca el turno a la educación superior. Mañana será el de las pensiones, y así sucesivamente: si cada temática es distinta, la solución es siempre la misma: desregulación y ampliación de la lógica del mercado. La lucha contra la corrupción siendo el justificativo retórico para emprender reformas neoliberales en cualquier sector. Sin embargo, el empeño del gobierno en profundizar el paradigma de las políticas de corte neoliberal iniciadas en los años 80 y 90 parece generar ahora una resistencia social que éste no se esperaba.

La determinación de la lucha del sector educativo en rechazar la profundización de la precarización de la educación pública, la lenta marginalización de esta y la generalización del crédito educativo, como estrategia de disciplinarización y/o de exclusión de los sectores populares y de inculcación de los valores individualistas y mercantiles en la cultura popular, debe constituirse en un punto de apoyo para la construcción y extensión de la luchas sociales y populares para la conquista de derechos sociales universales. La educación pública gratuita y de excelencia para todas y todos, desde la cuna hasta la educación superior, incluida la formación continua, es un derecho fundamental, al igual que la salud, que no se puede negociar.

Hoy, la inmensa mayoría de los sectores educativos expresa su rechazo categórico, motivado y argumentado a la transformación paulatina – la reforma a la ley 30 es una mera etapa- del ministerio de la educación en una superintendencia de regulación del mercado educativo, que estaría a cargo de ministerio del comercio educativo. Ese es el objetivo apenas velado del gobierno ultraneoliberal y amoral de Juan Manuel Santos para la educación, y de su obediente ministra María Fernando Campo, quién, en sus historia personal, se destacó más en presidir juntas de accionistas que claustros deliberativos y democráticos. El proyecto político de Santos consiste en la transformación de Colombia en una inmensa zona franca neoliberal, su estrategia es el golpe de Estado civil permanente en cámara lenta.

La presente etapa, con la reforma actual a la ley 30, consiste en adecuar el estado presente del sector educativo superior modelado por la ley 30, a las nuevas exigencias no solo para responder a las demandas formuladas en el mercado educativo colombiano, sino para atender a las necesidades de fomento y organización de un auténtico comercio educativo nacional e internacional en donde todas las formas empresariales estrían autorizadas (menos las que contemplan abiertamente el ánimo de lucro, “por el momento”) para suplir a bajo costo un tanto la creciente demanda. De la empresa privada a la empresa estatal, pasando por todas las formas mixtas, es preciso desarrollar mercados en todos los segmentos educativos tanto verticales (formación, investigación, consultorías) como horizontales (técnico, tecnológico, profesional, posgraduados, formación continua). El ideal de la Universidad santista es su transformación en una institución reservorio de personal flexible y de soluciones pertinentes, organizada en un sistema de empresas de consultoría en competición, al servicio de los gobiernos de turno y del sector empresarial privado.

La ocupación de la calle – como lugar simbólico de lo público- expresa el rechazo al intento de privatización de todos los espacios de sociabilidad y solidaridad humanas. Es necesario reapropiarse el espacio público para deliberar y para empezar a construir colectivamente las condiciones sociales y políticas que permiten exigir hoy una educación pública universal y gratuita, y mañana construir una alternativa socialista libertaria.