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Bolivia: Un nuevo triunfo de la gente común

category bolivia / peru / ecuador / chile | la izquierda | opinión / análisis author Tuesday October 25, 2011 00:32author by Raúl Zibechi Report this post to the editors

Una larga marcha de indígenas de tierras bajas contra la construcción de una carretera que atraviesa y divide en dos un parque nacional que es a su vez territorio indígena legal, ha provocado una aguda crisis política en Bolivia. Luego de una dura represión contra los indígenas, Evo Morales dio marcha atrás aunque le será difícil recuperar el prestigio que llegó a tener.

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Después de recorrer 600 kilómetros durante 66 días, casi dos mil indígenas de tierras altas y bajas llegaron a La Paz, el miércoles 19 de octubre, donde fueron recibidos por cientos de miles que se volcaron a las calles, desbordaron la histórica Plaza San Francisco y entraron en la Plaza Murillo sede del Poder Ejecutivo a la espera de ser recibidos por el presidente evo Morales.

La VIII Marcha Indígena comenzó el 15 de agosto en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) donde se pretende construir una carretera que atraviesa el parque. Fue reprimida el 25 de setiembre pero la reacción de la sociedad boliviana fortaleció a los marchistas convocados por CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano) y continuó con más fuerza y con el apoyo de varias organizaciones sociales de tierras altas.

Todas las fuentes coinciden en que la llegada de la marcha a La Paz fue multitudinaria, que participaron desde amas de casa vendedoras y niños hasta empleados públicos y oficinistas en un clima de fuerte emoción en el que muchos lloraban[1]. Los marchistas rechazaron la protección policial (“Sabemos cuidarnos entre nosotros”, dijeron) y acamparon en la Plaza Murillo.

“Vamos a mantener la vigilia, vamos a mantenernos los días que sean necesarios. No se nos pasa por la mente volver a nuestros territorios con las manos vacías, el resultado de nuestro movimiento a nivel nacional tiene que garantizar que nos llevemos en nuestras mochilas una ley que garantice que ningún proyecto atravesará el Isiboro Sécure”, dijo el diputado indígena Pedro Nuni, elegido por el oficialista MAS (Movimiento al Socialismo).

Se trata de un nuevo triunfo del movimiento social boliviano, ahora frente a un gobierno elegido y apoyado por esos mismos movimientos, que no aceptan que las demandas por las que lucharon durante dos décadas no sean tenidas en cuenta por “su” gobierno. Este triunfo abre un crisis política si Evo no acepta una buena parte de las demandas formuladas en 16 puntos y que hasta ahora ha dicho que son “inaceptables”.

Qué es el TIPNIS

Lo que ahora se denomina TIPNIS fue declarado parque nacional en 1965 y fue reconocido como territorio indígena el 24 de setiembre de 1990. Fue una conquista de la marcha indígena por el Territorio, la Vida y la Dignidad de 1990, cuando los pueblos de la Amazonia boliviana confluyeron en un importante proceso organizativo en torno a la CIDOB creada en 1982.

La marcha comenzó el 16 de agosto de 1990 con 300 indígenas que iniciaron una caminata desde Trinidad, en el Beni, y finalizó 4 días después en la Paz con 800 personas. La marcha permitió hacer visibles a decenas de pueblos indígenas cuyas condiciones de vida y culturas eran desconocidas para los bolivianos y con ella culminó un largo y complejo proceso de articulación organizativa de comunidades y pueblos indígenas.

La marcha de 1990 fue un hito del movimiento social boliviano. Se produjo en un momento de máxima ofensiva neoliberal y profunda derrota del campo popular, fue exitosa ya que arrancó concesiones del Estado además de hacer visibles nuevos actores. El mayor contingente de marchistas, 190 en 800, provenían de comunidades del Parque Isiboro Sécure, donde habitan desde tiempos remotos los pueblos moxeños, chimanes y yuracarés. Lograron que el parque nacional fuera además declarado Territorio Indígena.

En los últimos años los colonos plantadores de hoja de coca se han adueñado de una parte del parque talando árboles, sin que el Estado haya hecho nada. Con la construcción de la carretera, el parque y el territorio indígena serán destruidos y sus pueblos deberán emigrar o desaparecer. Las carreteras facilitan la colonización y tienen múltiples impactos ambientales y sociales sobre todo ante regiones de alta y frágil biodiversidad y pueblos no integrados a la economía de mercado.

El TIPNIS reúne a la vez un parque nacional amazónico donde viven pueblos originarios, por eso tiene una doble protección: como reserva natural y como territorio. La superficie inicial es de 1.236.296 hectáreas que alberga bosques húmedos donde se registran lluvias de 5.700 a 3.500 mm. anuales, desde los tres mil metros sobre el nivel del mar hasta la llanura del Beni de casi 200 metros de altura[2].

Esa región es cabecera de ríos amazónicos y sus bosques regulan las aguas que bajan hacia las llanuras. El TIPNIS fue refugio de flora y fauna durante el Pleistoceno y es por lo tanto zona de especies endémicas, que cuenta ahora con más de 500 especies de aves y mamíferos[3]. Viven 64 comunidades de los tres pueblos originarios, unas 10 mil personas en total, y en la zona colonizada que ocupa unas 125 mil hectáreas viven unos 15 mil colonos agrupados en 45 sindicatos[4].

En el marco de la refundación del Estado, el presidente Evo Morales entregó a los indígenas mojeños, racaré y chimanes en febrero de 2009 el título colectivo de 1.091.656 hectáreas que benefician a siete mil habitantes. El territorio forma parte de las llamadas Tierras Comunitarias de Origen (TCO), creadas en 1994 que las declara como indivisibles, imprescriptibles, inalienables e inembargables, propiedad colectiva consolidada con la nueva Constitución que coloca al Estado como garante y protector[5].

La carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos tendrá 305 kilómetros entre los departamentos de Cochabamba y Beni, y su construcción ya fue planeada en la década de 1990 por intereses de empresas madereras, ganaderas y petroleras. Desde el año 2003 la carretera que corta en dos el TIPNIS forma parte del corredor bioceánico de la IIRSA (Iniciativa para la Infraestructura de la Región Suramericana), que corre paralelo al bloque petrolero Sécure sobre el cual la empresa Repsol adquirió los derechos de explotación por 30 años.

El 22 de setiembre de 2006 Evo Morales promulgó la ley 3477 que declara la carretera como “prioridad nacional” y en agosto de 2008 las obras fueron adjudicadas a la brasileña Constructora OAS en un proceso que fue cuestionado, por 415 millones de dólares de los cuales 332 (el 80%) son financiados por el BNDES y el resto por el Estado boliviano[6].

En abril de 2010 el gobierno boliviano aprobó el préstamo del BNDES y Morales informó que la OAS ya tenía listos 50 camiones en la frontera para iniciar las obras. La OAS se adjudicó otros proyectos en Bolivia como la carretera Potosí -Uyuni de 201 kilómetros que permite el acceso a la mayor reserva de litio del mundo, y la carretera Potosí-Tarija de 410 kilómetros en el sur con un crédito del Banco do Brasil[7]. Los préstamos de Brasil para obras de infraestructura tienen como condición que las empresas constructores sean del país que emite el préstamo.

El 7 de mayo de 2011 el presidente Evo Morales firmó la ley 112 aprobada el día anterior por la Asamblea Legislativa Plurinacional que aprueba la contratación de un crédito con el BNDES de Brasil para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que parte al medio el TIPNIS sin autorización de sus habitantes y propietarios.

Todos los pasos anteriores se realizaron sin consultar a los pueblos originarios que habitan el TIPNIS y que son propietarios colectivos de sus tierras. Por otro lado, señalan que los verdaderos objetivos de la carretera giran en torno a la exploración y extracción petrolera, la ampliación de la frontera agropecuaria y la extracción de los recursos naturales.

Represión y retroceso

“Estamos en un proceso de descomposición del gobierno del MAS, por lo menos desde el año pasado”, reflexiona Luis Tapia. “Si el MAS no cambia de actitud va a caer”, agrega[8]. Este filósofo boliviano formó parte del grupo Comuna, que también integraba el actual vicepresidente Álvaro García Linera hasta que sus caminos se fueron separando.

El razonamiento de Raúl Prada, otro ex compañero del vicepresidente que formó parte del gobierno del MAS, va en la misma dirección cuando advierte “el grado de deterioro y descomposición de un gobierno al servicio de las multinacionales y de las mafias”[9]. Pablo Mamani Ramírez, sociólogo aymara, cree que “un gobierno llamado de los movimientos sociales ha convertido a varios movimientos sociales en su enemigo”[10].

Estas opiniones fueron pronunciadas poco después de la represión del domingo 25 de setiembre contra la marcha en el poblado de Yucumo, que avanzaba luego de superar el bloqueo de campesinos aliados al MAS, los cocaleros y colonizadores que vienen irrumpiendo en el parque con cultivos de hojas de coca y extracción de madera.

La represión provocó una oleada de indignación en todo el país, tan amplia como la que en diciembre pasado desafió al gobierno cuando decidió aumentos del precio de la gasolina del 80%[11]. En las principales ciudades hubo marchas y bloqueos y el miércoles 28 hubo un paro parcial con una gran manifestación que bajó de El Alto hasta la Plaza Murillo. En algunas marcha se escuchó un eslogan nuevo: “Evo lacayo de las empresas brasileñas”. La constructora brasileña OAS diseñó la polémica carretera que se construirá con un crédito del BNDES que ahora fue congelado.

La protesta se tradujo en crisis política. Primero renunció la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, con una carta pública, en la que decía “no así”, para luego seguirla el ministro de Gobierno Sacha Llorenti, quien culpó de la represión a su vice Marcos Farfán, y dijo que en realidad se procedió a “evacuar” a los marchistas para protegerlos. Farfán desmintió a Llorente y también renunció. Hubo otras renuncias y malestar incluso entre diputados oficialistas.

Por fin, un Evo dubitativo apareció en televisión el mismo lunes 26 y dijo que se suspenden las obras de la carretera, que habrá un referendo en los departamentos de Beni y Cochabamba para decidir si se construye y aseguró que repudia los “abusos hacia los hermanos indígenas”.

Esta es la segunda gran crisis provocada por la protesta social contra un gobierno que dice ser de los movimientos sociales. Por segunda vez en diez meses Evo Morales se ve forzado a dar marcha atrás en decisiones que había anunciado como “innegociables”. Las dos veces se conjugaron la torpeza del gobierno con una población que no está dispuesta a tolerar desviaciones del proyecto de refundación del país.

La geopolítica de Brasil

El Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) denuncia que “los planes de construcción de infraestructura carretera en Bolivia tuvieron poca relación con las necesidades internas de comunicación e integración del territorio nacional” y que desde la Colonia estuvieron ligadas a intereses de empresas extranjeras y más recientemente a “las necesidades del capital transnacional”[12].

Brasil impulsa los “corredores de integración” de la IIRSA financiados por el BNDES y ejecutados por sus empresas constructoras, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao, Camargo Correa y OAS. Por un lado, las carreteras y los corredores convierten a Bolivia en país de tránsito del comercio Asia-Brasil. Esas obras facilitan el acceso a las multinacionales brasileñas a recursos como el litio, el hierro y la energía, a la vez que facilitan la penetración de grupos industriales especializados en la producción de etanol y metales.

También en Brasil hubo protestas contra la carretera, impulsadas por la Plataforma BNDES, una amplia coordinación en la que confluyen decenas de movimientos sociales brasileños que cuestionan el modo como el banco estatal de desarrollo financia obras, dentro y fuera del país, sin tomar en cuenta los problemas causados a las poblaciones y al medio ambiente.

El 29 de setiembre la Plataforma BNDES emitió un comunicado señalando que el préstamo otorgado a Bolivia de 332 millones de dólares “socava la convivencia armónica entre los pueblos de Brasil y Bolivia” y que viola la Constitución y convenciones internacionales como el convenio 169 de la OIT[13]. Además denuncia que mientras el costo del kilómetro de carretera en Brasil es de 500 mil dólares, la obra del TPINIS fue cotizada a 1,3 millones el kilómetro por la constructora brasileña OAS.

La sobrefacturación, según la Plataforma, forma parte de una política del Estado brasileño de colocar “los intereses económicos de las corporaciones y las ganancias por encima del respeto a la vida, la biodiversidad, el derecho de los pueblos indígenas en ese país y la soberanía del pueblo boliviano”. Además denuncia que en pleno conflicto el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva viajó a Bolivia invitado por OAS para “interceder junto a Evo y facilitar la ejecución de este proyecto”.

La organización recuerda que en agosto hubo manifestaciones frente a la embajada de Brasil en La Paz en la que acusaron a ese país de “imperialista”. La visita de Lula a Santa Cruz se produjo el 29 de agosto, catorce días después de iniciada la marcha cuando ya se había instalado el conflicto. Tanto Lula como Evo fueron invitados por OAS a un seminario con empresarios brasileños y bolivianos sobre “Integración Regional y Desarrollo Social de los países latinoamericanos”.

En el evento, Lula defendió las obras cuestionadas y defendió “generar sociedades entre firmas bolivianas y brasileñas para emprender proyectos conjuntos”[14]. En realidad, mucho más que las empresas el BNDES viene siendo la punta de lanza de la inversión brasileña en la región. Entre 2001 y 2010 los préstamos para obras en el exterior concedidos a constructora brasileñas crecieron un 1.185%. Los desembolsos del banco pasaron de 72 mil millones en 2001 a 937 mil millones de dólares en 2010[15].

Para este año 2011 se espera que el BNDES libere 1.300 mil millones de dólares sólo para las constructoras brasileñas que se están expandiendo en África y América Latina. Luiz Antonio Mameri, presidente de Odebrecht América Latina y África, la mayor constructora brasileña, fue muy claro: “Hay una interpretación incorrecta de que Brasil financia obras en otro país, cuando financia bienes y servicios brasileños, generando impuestos y moviendo nuestra economía”[16].

El gobierno del MAS

“Se siente que este país vive en una dictadura”, dice un comunicado de la marcha indígena, informan do además de que CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) inició una marcha de Oruro a La Paz en apoyo de CIDOB y en protesta por la represión del 25 de setiembre[17]. Entre mil y 1.500 marchistas forman una de las marchas más polémicas en la historia reciente de Bolivia.

“Una tiranía anti-indígena al servicio del gobierno de Brasil, del IIRSA y las transnacionales”, titula su análisis el intelectual Raúl Prada[18]. En su opinión, el modelo del MAS consiste en “un proyecto restaurador del Estado-nación, liberal y colonial, con un modelo extractivista” al servicio de las elites empresariales de Brasil.

Luis Tapia sostiene que este proceso de deterioro “empezó a mostrarse hace más de un año luego de la derrota de la vieja oligarquía y la derecha por las organizaciones populares. Luego empezó a desplegarse de forma más clara el proyecto del MAS que tiene dos componentes. Por un lado el monopolio de la representación de lo indígena y lo popular, monopolio de lo político a través del monopolio de lo campesino indígena”[19].

Lo segundo, es “el proyecto económico del MAS que consiste en grandes obras, represas, caminos, expansión de la explotación de hidrocarburos, o sea un extractivismo ampliado e intensificado en territorios donde el neoliberalismo nunca había podido entrar y ahora asumiendo que representan al pueblo quieren ingresar”.

Asegura que “todas las obras están concesionadas a empresas brasileñas en convenios a los que se aplican las leyes brasileñas y no las bolivianas. Todo eso beneficia los fines geopolíticos brasileños y las principales obras del gobierno forman parte de la IIRSA, y esta carretera fue pensada por los norteamericanos hace tiempo”.

Tapia prefiere analizar en vez de poner adjetivos. “El MAS no tiene un proyecto político maduro porque lo tenían las organizaciones indígenas, pero al no elaborar un proyecto acaba adoptando otros proyectos geopolíticos existentes y adaptándolos a sus intereses de reproducción de la elite en el poder. El Estado ha cegado algunas capacidades que tenían nuestros dirigentes de pensar la política”, concluye.

Del lado del oficialismo, continúa el empeño en considerar a los que se oponen como “resentidos” y agentes de la derecha y los Estados Unidos. El último libro del vicepresidente Alvaro García refleja el estilo político que se ha impuesto en el gobierno[20].

Ese mismo estilo volvió a aparecer con fuerza ante la primera derrota electoral del MAS, el domingo 16 de octubre al realizarse las primeras elecciones judiciales para instalar 56 magistrados. El voto nulo superó a los votos válidos (45% frente a 38% y 15% de votos blancos según los primeros datos).

Finalizada la marcha, los indígenas acamparon en la Plaza Murillo, frente al Palacio de Gobierno, demandando una entrevista con Evo. Finalmente, el viernes 21 por la noche el presidente salió del Palacio, saludó a los indígenas y se dirigió a ellos en tono conciliador: “Vengo a saludarlos con respeto y cariño hermanos y hermanas. Felizmente a mediodía hemos empezado la reunión para buscar acuerdos”. Una vez más, ganó la gente común. Bolivia sigue siendo, por ahora, un país diferente.

Raúl Zibechi



Recursos:

Anuario Sena, “Costos sociales y ambientales de la carretera Villa Tuniar-San Ignacio de Moxos”, Fobomade, 13 de mayo de 2011.

Bolpress (página de información): www.bolpress.com

García Linera, Alvaro, “El “Oenegismo”, enfermedad infantil del derechismo”, Vicepresidencia del Estado Plurinacional, La Paz, 2011.

Jornadanet (diario digital): www.jornadanet.com

Los Tiempos (diario): www.lostiempos.com

Mamani Ramírez, Pablo “El poder convierte al hermano en el enemigo”, Bolpress, 10 de octubre de 2011.

Plataforma BNDES, “El BNDESW es co-responsable por los conflictos en Bolivia”, 29 de setiembre de 2011 en www.plataformabndes.org.br/site/

Prada, Raúl, “Una tiranía anti-indígena al servicio del gobierno de Brasil, el IIRSA y de las transnacionales”, Bolpress, 26 de setiembre de 2011.

Subcentral TIPNIS, “Memoria. Foro Departamental: Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure”, Cenda/Fobomade, Cochabamba, 2010.

Tapia, Luis, entrevista de Raúl Zibechi, Montevideo, 6 de octubre de 2011.

Tapia, Luis, “El estado de derecho como tiranía”, Cides-UMSA, La Paz, 2011.

Notas:

[1] Crónicas de Bolpress, Los Tiempos y Jornadanet, entre los más destacados, del 19 y 20 de octdubre de 2011

[2] Anuario Sena, ob cit.

[3] Subcentral TIPNIS, ob cit, pp. 17-18.

[4] Idem p. 30.

[5] Anuario Sena, ob cit.

[6] Idem.

[7] Idem.

[8] Entrevista a Luis Tapia.

[9] Raúl Prada, ob cit.

[10] Pablo Mamani, ob cit.

[11] Ver “Bolivia después de la tormenta”, Raúl Zibechi, Americas Program, 3 de frebrero de 2011.

[12] Idem.

[13] Plataforma BNDES, ob cit.

[14] Valor, 29 de agosto de 2011.

[15] Folha de Sao Paulo, 18 de setiembre de 2011.

[16] Folha de Sao Paulo, 8 de marzo de 2010.

[17] Bolpress, 10 de octubre de 2011.

[18] Bolpress, 26 de setiembre de 2011.

[19] Entrevista a Luis Tapia.

[20] Alvaro García Linera, ob cit.

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