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Santos: luz verde para la guerra sucia en Colombia

category venezuela / colombia | imperialismo / guerra | opinión / análisis author Friday October 14, 2011 17:56author by José Antonio Gutiérrez D. Report this post to the editors

Como parte de una controvertida reforma a la Justicia, el gobierno de Juan Manuel Santos incluyó, a última hora, entre gallos y media noche, un artículo que “establece la presunción de que los delitos cometidos por policías y militares corresponden a actos de servicio y serán conocidos sólo por la justicia penal militar, salvo puntuales excepciones”. Según el Ministro de Defensa Pinzón, es necesario para proporcionar “mayor seguridad jurídica” (¿impunidad?) a la tropa en su guerra contrainsurgente. Aún cuando la impunidad sea altísima en Colombia, sobretodo en lo relativo a crímenes de Estado (los cuales bordean el 98%), este artículo no oculta su pretensión de volverla absoluta, haciendo aún más vulnerable de lo que ya es a la población. Debido a la polémica que esta inclusión ocasionó a última hora, el Ministro del Interior, Vargas Lleras, afirmó el viernes pasado que, finalmente, este artículo no haría parte de la reforma, sino que se presentaría como otro proyecto. Independientemente de si la ampliación del fuero militar haría parte o no de la reforma judicial, lo cierto es que lo que esta propuesta pone en el tapete es la necesidad que siente el gobierno de Santos de profundizar la guerra sucia como una manera de contener los avances de la insurgencia, cuyos ataques crecen de manera sostenida desde el 2005, pero los cuales son más evidentes desde el 2009.

Juan Manuel Santos... "un presidente muy popular"...
Juan Manuel Santos... "un presidente muy popular"...


Santos: luz verde para la guerra sucia en Colombia

Como parte de una controvertida reforma a la Justicia (que produjo un amague de choque entre el Ejecutivo con la Corte Suprema y el Consejo del Estado)[1], el gobierno de Juan Manuel Santos incluyó, a última hora, entre gallos y media noche, un artículo que “establece la presunción de que los delitos cometidos por policías y militares corresponden a actos de servicio y serán conocidos sólo por la justicia penal militar, salvo puntuales excepciones”[2]. El artículo decía textualmente “En todo caso, se presume la relación con el servicio en las operaciones militares y procedimientos de la Policía Nacional. En estas situaciones, cuando haya lugar al ejercicio de la acción penal, la misma se adelantará por la Justicia Penal Militar y Policial”. Según el Ministro de Defensa Pinzón, es necesario para proporcionar “mayor seguridad jurídica” (¿impunidad?) a la tropa en su guerra contrainsurgente. Aún cuando la impunidad sea altísima en Colombia, sobretodo en lo relativo a crímenes de Estado (los cuales bordean el 98%), este artículo no oculta su pretensión de volverla absoluta, haciendo aún más vulnerable de lo que ya es a la población.

Pese a esta elevada impunidad, la tenacidad de algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, así como la labor de ciertos jueces independientes de carácter (la que han pagado siendo víctimas del acoso de los organismos del Estado[3], llegando algunos a ser asesinados[4]), han llevado a un número relativamente insignificante de uniformados ante los tribunales (4.280 procesos judiciales, insignificantes desde la escala de las atrocidades que se cometen en Colombia, pero significativo desde el punto de vista político[5]) por su participación en crímenes atroces, lo cual ha sido suficiente para generar pavor entre las filas castrenses. Según, el senador oficialista Roy Barreras, “además del temor de los militares de perder la vida en combate, está el temor de terminar en la cárcel tras una condena en la que la investigación y el juzgamiento la hacen civiles que desconocen el lenguaje y los procedimientos de la guerra”[6]. Mediante este sofisma, el Estado colombiano se saca su careta de “democracia asediada” y de “respeto a los derechos humanos” para mostrar, al desnudo, la necesidad que tiene de echar mano al terrorismo de Estado y a los crímenes atroces para avanzar en la guerra contrainsurgente... procedimientos que los “burros civiles” o desconocen o no aceptan de buena gana.

A pesar a toda la retórica vacía del gobierno de Santos de que su estrategia militar se apoya en el respeto irrestricto a los derechos humanos (en parte, ingeniada para sacarse de encima el pesado bulto de los “falsos positivos” que le pena desde su época de Ministro de Defensa estrella del anterior gobierno), en palabra de sus propios ministros y parlamentarios, los derechos humanos representan un estorbo al Ejército. El respeto a los derechos humanos causa “temor” a los militares, que estarían bien empapados del lenguaje y los procedimientos de esta guerra sucia.

No es necesario aclarar en detalle las limitaciones obvias de la Justicia Penal Militar, la cual pone al ladrón a juzgar al ladrón –no hay de qué sorprenderse que los escasos procesos que han terminado en condenas de militares, sean por obra y gracia de la justicia ordinaria (casos que incluyen la desaparición de personas, la promoción de escuadrones de la muerte para violar y torturar a “sospechosos” y que incluyen el secuestro de civiles para asesinarlos y presentarlos como “guerrilleros dados de baja en combate” –o “falsos positivos”- entre otros crímenes igualmente perversos). Existen también limitaciones más específicas las cuales ya han sido suficientemente denunciadas por el parlamentario y dirigente del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Iván Cepeda, quien aclaró que ésta no cubre temas como el narcotráfico, extorsiones, violaciones de derechos humanos, concierto para delinquir, entre otros –todos temas por lo cuales algunos uniformados hoy están compareciendo ante las cortes.[7]

Todo sería, ahora, “actos de servicio”. Como botón de muestra de lo que interpreta el Estado como “actos de servicio”, tenemos el alevoso asesinato a tiros por la espalda del adolescente graffitero Diego Felipe Becerra[8], el cual ha sido pasado a la Justicia Militar porque la Fiscalía estimó que este inexcusable infanticidio constituiría un “acto de servicio”[9]. Difícil es negar, con esta clase de “criterio”, que Colombia no sólo sea el imperio de la impunidad, sino también el de la arbitrariedad.

Debido a la polémica que esta inclusión ocasionó a última hora, el Ministro del Interior, Vargas Lleras, afirmó el viernes pasado que, finalmente, este artículo no haría parte de la reforma, sino que se presentaría como otro proyecto[10]. Independientemente de si la ampliación del fuero militar haría parte o no de la reforma judicial, lo cierto es que lo que esta propuesta pone en el tapete es la necesidad que siente el gobierno de Santos de profundizar la guerra sucia como una manera de contener los avances de la insurgencia, cuyos ataques crecen de manera sostenida desde el 2005, pero los cuales son más evidentes desde el 2009.

Empantanamiento de la salida militar al conflicto social y armado

Más allá del triunfalismo mediático que se impuso durante la última década, como parte de una guerra psicológica desde el Estado, la insurgencia está lejos del “fin del fin” como aseguró el 2008 el venido a menos general Montoya. En lugar de sucumbir ante la gigantesca ofensiva montada con miles de millones de dólares aportado por el gobierno de los EEUU para el Plan Colombia, con tantos más aportados para planes de “cooperación cívico-militar” y planes de “consolidación”, con un hipertrofiado ejército cercano al medio millón de hombres, con toda la asistencia técnica que reciben de Israel o EEUU, con un gasto militar sostenido superior al 5% del PIB, con una red de informantes de dimensiones más propias de la Alemania Nazi que de una supuesta “democracia occidental” (dos millones de personas oficialmente reconocidas), con miles de paramilitares realizando tareas de milicia privada en prácticamente todo el territorio, con bombardeos de proporciones bíblicas en los cuales se arrojan toneladas de bombas sobre la selva (no es casual el nombre de la “Operación Sodoma”), con la colaboración militar de los gobiernos “progresistas” de Venezuela y Ecuador… con toda esta presión militar, la insurgencia, lejos de haber sido derrotada, ha asimilado los golpes, ha readecuado su estrategia y ha retomado, en vastas regiones del país, la ofensiva.

Esto no es algo que se estén inventando los “áulicos de la guerrilla”, como solía llamar el ex presidente Uribe Vélez a quien osara cuestionar su “revelada y divina” política de la (in)Seguridad (anti)Democrática. No, es algo que reconocen organismos como la Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI), dirigida por el estrecho colaborador del presidente Santos y entusiasta partisano de la Seguridad Democrática, León Valencia.

¿Qué dicen los últimos informes de la CNAI? Según el informe titulado “De la Guerra de Jojoy a la Guerra de Cano”[11], las FARC-EP habrían readecuado su estrategia en varios aspectos cruciales mediante el llamado “Plan 2010”:

  • Abandono de la guerra de posiciones y las grandes movilizaciones de tropas que caracterizaron al período de 1996-2007; vuelta a la movilización de pequeños contingentes de alta movilidad para evitar ser detectados por aire y predominio del hostigamiento como forma de ataque;
  • Descentralización de las estructuras guerrilleras para absorber los golpes del ejército a los mandos medios y a los comandantes;
  • Creación de Unidades Tácticas de Combate con expertos en explosivos y especialización de guerrilleros como francotiradores;
  • Creación ad hoc de “comandos conjuntos de área” entre diferentes frentes que se combinan y dispersan en función de tareas específicas (a lo menos se han registrado cinco de estos);
  • Desarrollo de campos minados con minas colgantes y estrategias de minas ofensivas al borde de caminos (en el informe del 2008, describen estas minas de carácter ofensivo como “campos minados muertos” que se activarían a control remoto al paso de la tropa o las patrullas)[12];

    En un nuevo informe, “La Nueva Realidad de las FARC” dan cuenta de nuevos aspectos de la estrategia militar de las FARC-EP:

  • Utilización de carros bombas que facilitan hostigamientos a guarniciones militares sin necesidad de agrupamientos masivos de tropas;
  • Desarrollo de cuerpos de élite, los “pisa suaves” que se especializarían en penetrar las líneas de guardia de diversos frentes y hostigar con ataques explosivos desde la retaguardia

    Sobre el ELN, los informes de la CNAI confirman una tendencia al fortalecimiento de esta guerrilla y a la consolidación de su hegemonía en tres áreas del país –Cauca, Nariño y Arauca. Ha habido expansión de sus frentes en el Chocó, Antioquia y mantiene su presencia en áreas como el Sur de Bolívar, Cesar y Norte de Santander. El pacto político-militar con las FARC-EP no solamente habría servido para controlar el conflicto entre ambas organizaciones en ciertas regiones como Arauca, sino que además para potenciar la lucha contra las fuerzas del Estado colombiano. Su estrategia militar ha estado caracterizada por:

  • La organización de estructuras pequeñas y el fortalecimiento de las redes de apoyo;
  • Estrategia de repliegue durante la mayor parte de la década para evitar el golpe directo de la ofensiva del ejército-paramilitarismo;[13]

    Los resultados no dejan de ser sorprendentes para quienes han digerido años de propaganda sobre el “fin del fin”: el 2010 terminó con más de 2.000 bajas en la Fuerza Pública[14] -1.855 bajas solamente hasta Septiembre del 2010 según la CNAI[15]. Entre enero y Mayo del 2011, la Fuerza Pública ha sufrido 967 bajas[16]. Tampoco se ajustan estos resultados al escenario descrito por el ex Ministro de Defensa Rivera, quien definía estas bajas como “patadas de ahogado”, como “acciones desesperadas” de una insurgencia acorralada.

    Obviamente, los golpes insurgentes han remecido al gobierno de Santos, propiciando un recambio de Ministro de Defensa en Septiembre, con la salida del entonces ministro Rodrigo Rivera, y la entrada de Juan Carlos Pinzón. De la misma manera, se cambió la comandancia de las Fuerzas Militares, pasando la comandancia general del almirante Edgar Cely al general Alejandro Navas. Cambios que, sin duda, reflejan la insatisfacción del establecimiento por el rumbo de la guerra[17].

    Pero también estos golpes han tenido un impacto sobre la moral del Ejército. Según el último informe de la CNAI, la situación de desgaste o desmoralización de las tropas del Estado se deberían a los embates de la nueva estrategia de lucha guerrillera, la prolongación de campañas militares infructuosas y la certeza de que el anunciado “fin del fin” no tiene para cuando. Según, este mismo informe, la estrategia de las Fuerzas Armadas ha sido exitosa desde una perspectiva mediática, pero no así en el terreno de combate[18]. Es decir, se puede mentir a ese sector del país idiotizado con la televisión y la propaganda del gobierno, pero no a quienes viven el conflicto en carne y hueso.

    Es comprendiendo este panorama que mejor entendemos las voces que surgen hoy para culpar a la rama judicial del empantanamiento militar. “La tesis se desprende de la que se oye hace tiempo en los cuarteles: no se puede ganar una guerra sucia con armas limpias”[19].

    Más allá de la dicotomía santismo-uribismo: una guerra de clase contra los campesinos y los sectores populares

    Pese a todos los esfuerzos de los apologistas de Santos para mostrarlo como una versión civilizada de su predecesor, el cavernícola Uribe Vélez, los argumentos con los que han defendido la ampliación del fuero militar, reproducen al pie de la letra la cantinela recitada por el proto-fascista asesor presidencial de Uribe, José Obdulio Gaviria, quien ha expresado que la desmoralización del Ejército se debe a que “las fuerzas militares y hasta la policía están siendo víctimas de una persecución muy fuerte de parte de la fiscalía (…) Cualquier operación de la fuerza pública es examinado como si fuera un crimen, Y eso ha bajado muchísimo la moral de las fuerzas armada”[20].

    “La guerra hay que ganarla, carajo, aunque haya que masacrar a media Colombia; si usted mata diez patirrajados seguro que hay un guerrillo entre medio”. Esto no lo dicen textualmente en público, pero es lo que se desprende de todas las intervenciones de la élite política y militar.

    Una lógica parecida ha sido aplicada por José Félix Lafaurie, presidente de la Federación de Ganaderos (Fedegán), gremio que apoyó activamente al surgimiento de la maquinaria de muerte paramilitar conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organismo responsable del asesinato y desaparición de decenas de miles de colombianos, y del desplazamiento forzado de millones de campesinos cuyas tierras han terminado en buena medida en las manos de latifundistas ganaderos. Los ganaderos no ocultan su interés en profundizar la guerra contrainsurgente que les ha dado enormes privilegios económicos, como lo revela el último informe del PNUD[21]. En realidad, ellos están en el centro del conflicto social y armado que vive Colombia y son una parte integral de las “condiciones estructurales” que alimentan la violencia política. Lafaurie, insiste, al igual que José Obdulio Gaviria, que la baja moral de las tropas “está en que la justicia y la sociedad se volvieron en su contra y se nutre de una estrategia de desprestigio mediático de la institución”[22]. Es decir, la sociedad debería callarse ante los falsos positivos, los bombardeos indiscriminados, los escuadrones de la muerte, la violencia sistemática contra la población.

    En otro artículo, Lafaurie, ha definido a los militares como “ciudadanos especiales, fuera del común”, que no pueden ser juzgados por una justicia ordinaria, aún cuando sus crímenes afecten a la población civil, porque ésta desconocería las tácticas y estrategias de guerra. Implícitamente, se reconoce que la violación a los derechos humanos es parte de estas “estrategias”. Pero la “lógica” perversa de este argumento (que la justicia civil desconoce los “procedimientos de guerra” y por tanto estaría inhabilitada para juzgar a militares) ha sido brillantemente evidenciada por el columnista Alfredo Molano, quien indica que “Los militares argumentan que la justicia civil no sabe de conductas militares y por tanto no puede fallar sobre ellas, que es como decir que porque los jueces no son empresarios no deben fallar en delitos mercantiles; o que por no ser médicos deberían abstenerse de fallar en casos de homicidios culposos por, digamos, dejar un bisturí en la barriga de un cliente operado de apendicitis. A ese paso llegamos a que sólo los ganaderos están habilitados para legislar en materia agrarias. Mejor dicho, ¿para qué leyes habiendo armas?”[23] Pero ¿cuál es la conclusión a la que llega Lafaurie con esta perversa “lógica”? Sin pelos en la lengua, dice que “necesitamos dotar de garantías a los hombres y las operaciones militares. Estamos en mora de despejar el camino a nuestros héroes anónimos. Necesitamos reconocer la naturaleza de estos hombres y aliviar el desasosiego que acompaña la tarea de ser militar hoy en Colombia”[24]. Lafaurie insiste en otra columna escrita en Septiembre que “la urgencia de mejorar el bienestar de la fuerza pública, que pasa (…) por fortalecer el Fuero y la Justicia Penal Militar (…) Una democracia plena como la nuestra puede y debe derrotar a los violentos, y lo hará de la mano del Fuero Militar. Las guerras se ganan en el corazón de los soldados”[25].

    Es importante referirse a las declaraciones del Presidente de Fedegán, porque ellas reflejan a los sectores que se han enriquecido mediante y que hoy buscan profundizar la guerra, los sectores que jamás apostarán a una solución política del conflicto armado que ponga en cuestión la posesión ilegítima que tienen del 39% de las tierras. Resulta además claro que esta auténtica ofensiva mediática de su cara más visible preparó el terreno para que este artículo de ampliación del fuero militar fuera sacado de la manga ahora que se debate la reforma judicial. No queda duda, con esta clase de intervenciones, cuáles son los intereses que defienden los soldados en la guerra.

    La naturaleza de clase de este conflicto, así como el rol de los ganaderos que representa Lafaurie, son evidenciados en un relato sobre el desplazamiento campesino en los corregimientos de Guanapalo y Charras, en San José del Guaviare, en un informe que ya hemos citado de la CNAI:

    El representante a la Cámara Ignacio Antonio Javela adquirió 1.250 hectáreas de tierras a los campesinos de esa región, pero otros comienzan a desplazarse ante amenazas e intimidaciones. Mientras, grupos ilegales rearmados han comenzado a posicionarse sobre toda la denominada Trocha Ganadera, donde actualmente ejercen presión contra algunas comunidades campesinas. Las FARC, por su parte, han prohibido a los campesinos vender sus predios y han manifestado que defenderán la zona de otros grupos armados ilegales.

    Tácitamente se trata de desplazar para concentrar la propiedad de la tierra. Las compras masivas a muy bajo precio o la intimidación armada han llevado a desplazamientos gota a gota en esta región. Paradójicamente, el que garantiza la propiedad a campesinos y colonos es un grupo armado ilegal –las FARC- y no el Estado.
    ”[26]

    Digamos, solamente, que no hay nada de paradójico en esta situación si se entiende la dinámica de clases que en última instancia explica el conflicto colombiano (la cual es frecuentemente velada con discursos que plantean el debate en la falsa contradicción ilegales vs. legales) y que esto no es nada tácito sino una clara política de Estado, ligada a las locomotoras del Plan de Desarrollo Nacional de Santos y a los intereses seculares de los gamonales y cacaos colombianos. El último informe del CODHES nos dice que buena parte de la expansión paramilitar se está dando en zonas de “consolidación” o de fuerte presencia de la fuerza pública. Según ellos, en el primer semestre del 2011, según sus informaciones parciales y preliminares, se habría desplazado a unas 89.750 personas, de ellas el 28% provendrían de las zonas de consolidación territorial del Estado[27], lo cual es coincidente, grosso modo, con las cifras globales de desplazamiento de 2010, que indicarían un 33% de desplazamiento de las zonas de consolidación[28]. Este desplazamiento va de la mano, como hemos dicho, de las “locomotoras”, de los megaproyectos, del agronegocio, del latifundio, de la palma, del caucho, de la minería[29].

    Al final de cuentas, más allá de la dicotomía que se ha pretendido hacer entre la política de Uribe Vélez y la de Santos, hay una continuidad de este modelo de guerra que beneficia un patrón de enriquecimiento por despojo violento.

    La dialéctica política del conflicto social y armado

    Los ganaderos saben muy bien por qué piden a gritos profundizar la impunidad y con ella la guerra sucia: porque un conflicto que no es solamente militar, sino ante todo social como el colombiano no puede ganarse sino mediante la aplicación a gran escala del terrorismo de Estado en contra de la población. Esto lo explica muy bien Ever Veloza, alias HH, uno de los paramilitares que hizo por varios años el trabajo sucio del Estado al mando de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y el Urabá (ACCU) y más tarde, de las AUC, sobre la estrategia de tierra arrasada del paramilitarismo en una entrevista en el 2008:

    La guerrilla está, pero no está tan fuerte como antes. Cuando nosotros empezamos en las AUC la guerrilla tenía el control de todo el país, como en el Urabá. Hoy en día la guerrilla está en sectores marginales. Por eso el movimiento de las autodefensas no fracasó. Fue tanto el crecimiento y la penetración de las autodefensas a nivel nacional que mire cuántos políticos hay en la cárcel por vínculos con nosotros, cuántos militares hay vinculados, cuántos empresarios. Yo creo que fue un éxito total.”[30]

    Quizás un éxito en lo puramente militar, en lo inmediato, más no así un éxito sustentable o total si se considera la naturaleza social del conflicto. Desde el 2008, cuando HH hace estas declaraciones, la insurgencia ha logrado revertir los avances de las Fuerzas Militares durante la primera fase del Plan Colombia y han vuelto a mostrar un renovado dinamismo. Ese dinamismo está ligado, indudablemente, a la dialéctica política del conflicto, por más que el discurso oficial intente “pabloescobarizar” a la insurgencia[31] – algo que, por lo demás no es nada nuevo, ya que desde el comienzo se ha buscado “bandolerizar” o “chusmear” a la insurgencia para así negar las profundas causas estructurales, políticas y sociales que la animan. La paradoja, es que mientras se niega que la insurgencia tenga motivaciones políticas, el ejército trabajo de la mano con grupos paramilitares que se definen como “anti-comunistas”[32]. No debe sorprender que el oficialismo niegue la legitimidad política de la insurgencia –jamás una tiranía (y Colombia, desde el punto de vista político y humanitario, no puede ser considerada otra cosa pese a los formalismos democráticos ritualizados) ha aceptado la legitimidad de quienes la interpelan[33].

    Pero los informes mencionados de la CNAI, a contravía de estas declaraciones oficiales por parte del gobierno de que la insurgencia no tendría sustento ideológico, nos entregan algunas luces sobre la complejidad ideológica en el mundo de la insurgencia. Más aún, nos señalan que es en el terreno de lo político donde se encuentran en gran medida las raíces de este nuevo dinamismo de la insurgencia. Sobre las nuevas orientaciones políticas en la insurgencia, nos señala un informe relativo a las FARC-EP que “‘Alfonso Cano’ (…) logró darle al grupo guerrillero una nueva estrategia militar y un nuevo rumbo político. Este antropólogo, a pesar de sus raíces urbanas, pudo coordinar a la guerrilla de las FARC compuesta mayoritariamente por campesinos (…) En los últimos años a pesar de la violenta persecución que desató la Fuerza Pública, con la Operación Fuerte, ‘Cano’ ha logrado tener una actualización académica, los libros de Toni Negri, Zizek, Chomsky ya hacen parte de la bibliografía actual de este comandante en jefe de las FARC (…) Esta apertura ideológica, si bien, no ha modificado su forma de ver la vida desde el marxismo ortodoxo, le ha concedido [sic, conseguido] dar ese nuevo rumbo político a las FARC”.[34]

    Es esa dinámica política la que explica los señalamientos de Santos en un discurso el 28 de Septiembre en una base militar en Nariño: “Sabemos muy bien que la estrategia de las Farc va a ser la de estimular la protesta social y la de infiltrar esa protesta social para producir violencia, producir caos”[35]. No es casualidad el innegable tufillo “uribista” de estas temerarias acusaciones, que nuevamente ponen en contradicho a quienes, mediante toda clase de contracciones, pretenden mostrar a Santos como un “paladín democrático” (a diferencia de su predecesor y maestro Uribe). Reflejan una comprensión de que el conflicto no es solamente armado, sino que ante todo social, y que la reactivación de la protesta popular tiende a ser coincidente con la reactivación de la lucha armada, no porque los movimientos sociales o las organizaciones populares sean “fachadas de la guerrilla” o “guerrilleros de civil” como frecuentemente dicen las élites para estigmatizar y para minar la legitimidad de los movimientos –como si no hubiera causas legítimas para la protesta por parte de estudiantes, campesinos, cocaleros, trabajadores y comunidades. Para esas élites, toda marcha es un “siniestro plan del terrorismo” para perturbar la paz social en su apacible país de las maravillas. La realidad, es otra: cuando hay un incremento del malestar social y de la protesta popular, es natural que la insurgencia canalice parte de este malestar porque ella ha sido, gústele o no al establecimiento, una forma de respuesta histórica del pueblo a la violencia sistemática del Estado contra los de abajo. Uno podrá considerar que es una respuesta buena o mala, pero es innegable que la insurgencia no viene de la Luna a "infiltrar" al pueblo, sino que son producto de las entrañas mismas de las clases populares. Para amplios sectores en Colombia, fundamentalmente rurales, la insurgencia sigue siendo una respuesta legítima contra la violencia de clase institucionalizada por los gamonales, cacaos, ganaderos y sus socios multinacionales.

    Callejón sin salida para la vía militar

    Ante el aumento progresivo de la protesta social desde el 2002[36], el cual se ha vuelto explosivo desde el 2008, y ante la persistencia y el reacomodo de la lucha armada –reacomodo que no sólo es militar, sino también político como hemos visto-, es de esperar que el gobierno intente salir del empantanamiento del conflicto mediante la profundización de la guerra sucia. Y ahí está la contradicción vital de la oligarquía colombiana: que sus avances en lo militar se comprometen por lo político, y que la profundización de la guerra sucia tiene un efecto degradante ante todo en sus propias filas. No es la judicialización de militares, como hacen creer los José Obdulio Gaviria o los José Féliz Lafaurie, lo fundamental detrás de la desmoralización o el desgaste de las Fuerzas Armadas en Colombia. Sólo en cierta medida lo son las tres causas dadas por el CNAI: las expectativas imposibles de una victoria fácil alimentadas en el último período de Uribe Vélez, el hecho que las campañas sean cada vez más largas e infructuosas, así como los golpes crecientes de la insurgencia. Es mi opinión que el factor sin lugar a dudas de mayor peso en la desmoralización de las tropas del ejército colombiano es la naturaleza misma de la guerra absurda que pelean en defensa de ganaderos, multinacionales extranjeras y gamonales criollos, quienes los desechan apenas ya no les son de utilidad. Es la naturaleza misma de una guerra degradada (y degradada fundamentalmente por la acción del Estado y su herramienta paramilitar) la que está en la base de la desmoralización de la tropa.

    Por más que la propaganda oficial insista que en “Colombia los Héroes Existen”, la tropa sabe que allá donde se pelea la guerra, donde el conflicto se sufre en carne y hueso, en el terreno, las percepciones son muy diferentes a las de los televidentes citadinos que creen todo lo que Caracol les dice. Siguiendo con este mismo informe del CNAI: “la corrupción de miembros de la Fuerza Pública hace que la población desconfié de la institucionalidad. En los Llanos Orientales, por ejempo, con el Plan Consolidación lo que se observa es que a medida que la Fuerza Pública desplaza a las FARC, los hombres del ERPAC [ie., un escuadrón paramilitar] van tomando este tipo de posiciones, en Córdoba algunos miembros de las Fuerzas Militares parecen uno sólo con ‘Los Urabeños’ y ‘Los Rastrojos’ [ie., dos bandas paramilitares] (…) Durante el trabajo de terreno realizado para realizar (sic) el presente informe, se logró detectar que las Fuerzas Militares funcionan en algunos territorios como fuerzas de ocupación. Nuevamente, La Macarena es el mejor ejemplo, allí las denominadas brigadas cívico-militares parecen acciones típicas de fuerzas de ocupación, sirven para hacer censos, listados de personas, pero no para consolidar el Estado de Derecho. La tropa aún sigue viendo a la población civil como un enemigo”[37].

    En estas condiciones, ¿cómo se espera ganar el conflicto social y armado por la vía militar?

    La insatisfacción con la presencia militar en las regiones de tradición guerrillera se refleja en un informe de Gary Leech escrito hace unos meses sobre las operaciones en contra de “Alfonso Cano” en el Tolima: “La mayoría de las comunidades en la región han vivido bajo el control de las FARC por décadas. Un líder comunitario en Limón explica que las FARC aseguraban que no hubiera violencia ni crímen, y que los campesinos no dañaran el medio ambiente. Bajo el control del Estado el crímen va en aumento y la economía no ha mejorado (…) Pese a estos reveses, la fuerza militar así como el apoyo popular a las FARC se mantiene relativamente intacto en sus baluartes tradicionales”[38]. A comienzos de Agosto del 2008, en el Tiempo apareció un artículo inusualmente honesto que refleja las dificultades de la lucha contrainsurgente en el Sumapaz: “el Ejército se ha encontrado con una población que lo mira con desconfianza. Caseríos tradicionalmente comunistas cierran sus vitrinas y su comercio para los soldados y por allí hasta se ven carteles con la frase 'Reyes vive'”[39]. Situaciones parecidas se ven en todos los territorios en conflicto, en áreas tanto de influencia de las FARC-EP o del ELN, o de grupos insurgentes menores que también existen.

    Mientras tanto, la guerra sucia continúa con su inercia de seis décadas. Bombardeos indiscriminados en Chaparral; envenenamiento con glisofato de las poblaciones en el Chocó y en el Bajo Cauca Antioqueño; descuartizamientos, masacres y violaciones en Guapi, en el Sur de Bolívar, en Nariño, realizados por paramilitares en perfecta connivencia con el Ejército y la Policía; cercos paramilitares en Curvaradó y Jiguamiandó; secuestro y asesinato de civiles para presentarlos como “falsos positivos”; estrategias como la red de cooperantes que en las propias palabras del informe de la CNAI “parecieran más encaminadas a destruir cualquier tipo de organización social que intente prosperar en la zona”[40]. Ya lo dijimos: no se puede ganar la guerra sucia con armas limpias. ¿Nos puede sorprender la desmoralización de una tropa enfrentada de manera sistemática a esta clase de prácticas degradadas? Que no se culpe, pues, a los jueces.

    La salida militar que se impuso como el discurso único de los círculos dominantes está enfrentando una grave crisis de legitimidad, acechada por acuciantes interrogantes ¿Qué tipo de sociedad se puede crear mediante esta violencia de clase? ¿Qué sentido tiene el “triunfo militar” al que aspira el Estado mediante la profundización de la guerra sucia? Pues, aunque el gobierno de Santos insista en que “no ha tirado las llaves de la paz”, en su lenguaje la paz equivale a la victoria militar, la cual puede ser en el campo de batalla o en la mesa de negociación ante una insurgencia aislada y desmoralizada. En su lenguaje, la paz equivale a la desmovilización de las tropas insurgentes y eso no es sino un escenario de victoria militar.

    Las llaves de la paz no se encuentran, pese a lo que pueda creer el gobierno, en el campo de batalla sino en el campo de la lucha de clases: las tiene el movimiento popular que comienza hoy a dar pasos muy importantes de articulación y movilización, como se aprecia con ciertas iniciativas de convergencia popular y encuentros como los de Barrancabermeja y Cali que dan muestras del deseo del pueblo de convertirse en un actor en derecho propio, gestor de su propia institucionalidad, de su propio poder, de su propio proyecto de futuro. Ellos vienen elaborando las propuestas para la solución política; porque saben que paz no significa sencillamente ausencia de conflicto. De poco sirve que se declare con bombos y platillos la paz cuando subsista la violencia institucionalizada del Estado, esa violencia sistemática del sistema capitalista que aniquila por física hambre a miles de colombianos año tras año. Esa violencia que se expresa en Tratados de Libre Comercio y en un Desarrollo Nacional que destruye las comunidades y la vida de los seres humanos. Es la hora de evocar una vez más los horizontes emancipatorios que han animado al pueblo colombiano durante décadas, entender estas aspiraciones y necesidades profundas, leerlas y actualizarlas bajo el signo de nuestros nuevos tiempos. Mientras el Estado se prepara para profundizar la guerra sucia, el pueblo se prepara para profundizar su proyecto emancipador.

    José Antonio Gutiérrez D.
    14 de Octubre, 2011


    [1] http://elespectador.com/noticias/judicial/articulo-2895...forma
    [2] http://www.semana.com/politica/gobierno-incluye-ampliac....aspx
    [3] http://anarkismo.net/article/16405 http://anarkismo.net/article/16403
    [4] http://anarkismo.net/article/19272
    [5] Estamos hablando de poco menos del 1% de los uniformados siendo procesados por violaciones graves a los Derechos Humanos, en circunstancias que estas prácticas terroristas son ampliamente aplicadas en la institución castrense, son aprendidas y transmitidas en cadena de mando.
    [6] http://www.semana.com/politica/gobierno-incluye-ampliac....aspx
    [7] http://elespectador.com/noticias/judicial/articulo-3040...lidad
    [8] http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-NE....html http://www.semana.com/nacion/diego-felipe-muerte-muchas....aspx
    [9] http://www.semana.com/nacion/caso-patrullero-disparo-gr....aspx
    [10] http://www.semana.com/nacion/reversazo-del-gobierno-tem....aspx
    [11] En “Revista Arcanos” Número 16, Abril del 2011, pp.28-47.
    [12] “La Guerra contra y de las FARC”, en “Revista Arcanos”, Número 15, Abril del 2010, p.20.
    [13] “ELN: Debilitamiento Nacional, Fortalecimiento Regional”, en “Revista Arcanos”, Número 16, Abril del 2011, pp.62-72.
    [14] http://www.ddhh-colombia.org/html/noticias%20ddhh/estad...1.pdf
    [15] “La Nueva Realidad de las FARC”, p.42
    [16] Ibid, p.9
    [17] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-...tares
    [18] “La Nueva Realidad de las FARC”, p.10. Reconocen, por ejemplo, que la muerte del ‘Mono Jojoy’ no trajo las desmovilizaciones masivas que se esperaban, y por el contrario, el ejército enfrentó una tenaz resistencia, con tres o hasta cinco combates diarios semanas después del bombardeo, lo cual no indica, precisamente, desmoralización de la insurgencia aún ante un golpe tan contundente.
    [19] http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-299...acaos
    [20] http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/07/110719_colo...shtml
    [21] http://pnudcolombia.org/indh2011/index.php/el-informe/r...vo/31
    [22] El Colombiano, 3 de Septiembre, 2011, puede consultarse en http://www.pensamientocolombia.org/DebateNacional/?p=37516
    [23] http://elespectador.com/impreso/opinion/columna-299951-...acaos
    [24] El Heraldo, 16 de Septiembre, 2011, puede consultarse en http://www.pensamientocolombia.org/DebateNacional/?p=37922
    [25] El Universal, 10 de Septiembre, 2011, puede consultarse en http://www.pensamientocolombia.org/DebateNacional/?p=37737
    [26] “La Guerra de y contra las FARC”, p.9 (subrayado nuestro)
    [27]http://www.codhes.org/images/stories/pdf/codhes%20infor...8.pdf
    [28] http://www.codhes.org/images/stories/pdf/bolet%C3%ADn%2...7.pdf
    [29] http://anarkismo.net/article/19933
    [30] http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloim...fiesa
    [31]http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/las_far...a.asp
    [32] El Ejército Revolucionario Popular Anti-Comunista (ERPAC) de los Llanos.
    [33] El más inmundo de los defensores del paramilitarismo, Ernesto Yamhure, escribió, con motivo de un nuevo aniversario del nacimiento del ELN, una columna para El Espectador la cual es típica de esta ambivalencia discursiva entre la guerrilla comunista pero sin ideales: “El pasado 4 de julio, el Eln cumplió 47 años de historia delincuencial. Para celebrarlo, emitió una proclama que desempolvó el caduco discurso comunista que supuestamente los rige. Quieren hacernos creer que mientras secuestran y trafican con cocaína, sustancia que los hace fabulosamente ricos, estudian a profundidad los textos de Engels y Kropotkin.” http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-282...error Lo interesante del caso, es que su reconocimiento del estudio de Kropotkin reflejaría una complejidad ideológica mucho mayor que un supuesto “caduco discurso comunista”.
    [34] “La Nueva Realidad de las FARC”, p.14
    [35] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-...ocial
    [36] Según el CINEP, el ciclo de protestas del 2002 al 2008 es el ciclo más alto de luchas populares en el último medio siglo, según el análisis cuantitativo de movilizaciones y acciones colectivas, registrándose un promedio de 643 acciones colectivas anuales (“La Protesta Social 2002-2008”, CINEP, 2009). Sin embargo, desde el 2008 la protesta social ha adquirido proporciones mucho mayores, con importantes puntos de inflexión como la lucha de los corteros, la minga del 2008 y ahora las movilizaciones de los obreros petroleros y estudiantes.
    [37] “La Nueva Realidad de las FARC”, pp.16-17
    [38] http://colombiajournal.org/the-hunt-for-farc-commander-...o.htm Artículo original en inglés, la traducción es del autor de este artículo.
    [39] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4424463
    [40] “De la Guerra de Jojoy…”, p.33

  • author by Rodrigo Uprimny - El Espectadorpublication date Thu Oct 27, 2011 20:00Report this post to the editors

    ¿Conviene o no ampliar el fuero militar, esto es, la competencia de la justicia militar?

    El asunto no es menor y debe entonces ser abordado seriamente, y no como hasta ahora lo ha hecho el Congreso, que casi subrepticiamente, y con el aval del Gobierno, quiere ampliar ese fuero con un articulito en la propuesta de reforma a la justicia.

    La regulación hoy, conforme a la jurisprudencia constitucional, es que el fuero militar es una excepción al principio general, según el cual todos estamos sometidos a una misma justicia, que es la justicia ordinaria. Por tratarse de una excepción, debe entonces entenderse restrictivamente, por lo cual sólo podrán ser juzgados por los tribunales castrenses aquellos delitos cometidos por militares o policías que estén claramente vinculados con el servicio. Y ciertos crímenes atroces, como las torturas, violaciones, asesinatos o desapariciones, por ser tan extraños a la función militar o policial, deben ser siempre considerados como delitos sin conexión con el servicio y deben siempre ser juzgados por la justicia ordinaria.

    Esta regulación corresponde además a los mandatos del derecho internacional, que considera que la justicia militar no debe juzgar violaciones a los derechos humanos. La razón: los jueces militares no gozan de garantías suficientes de imparcialidad e independencia para asegurar un debido proceso, no sólo a las víctimas sino a los propios procesados. Y eso es así porque los tribunales militares son más un mecanismo de disciplina en los cuarteles que de administración de justicia, y por ello los jueces militares usualmente hacen parte de la estructura de mando. ¿Qué independencia e imparcialidad pueden entonces tener?

    Esta regulación es la que se quiere cambiar. La idea es añadir un inciso a la Constitución que diga que “en todo caso se presume la relación con el servicio en las operaciones y procedimientos de la Fuerza Pública” y que, por ello, “cuando en estas situaciones haya lugar al ejercicio de la acción penal, la misma se adelantará por la Justicia Penal Militar”.

    Este pequeño cambio es enorme; convierte a la justicia militar en la regla general pues cualquier delito cometido en un operativo policial o militar irá siempre a la justicia castrense. Por ejemplo, casi todos los mal llamados “falsos positivos” serían conocidos por la justicia militar y no por la justicia ordinaria, pues esos asesinatos ocurrieron casi todos en operaciones militares.

    La justificación esencial para defender este drástico cambio es que los jueces penales ordinarios no comprenden las particularidades de la actividad militar. Pero ese argumento no es convincente, pues lo mismo podría decirse de la labor médica o de las obras de ingeniería o de los delitos financieros; que esas actividades son complejas y difíciles de entender y que por ello debería existir una justicia especial médica, otra para ingenieros y otra para banqueros. Y así acabaríamos con la igualdad de todos ante la ley.

    La mejor prueba de que los jueces penales ordinarios, con la adecuada formación, pueden comprender la lógica militar y juzgar apropiadamente a los militares es que muchas democracias serias, como Francia, Alemania, Austria, Holanda o Suecia, prácticamente han abolido la justicia militar, pues sólo la han dejado para casos de guerras internacionales. Bélgica, que es activa en operaciones militares extraterritoriales, la ha abolido tanto en tiempos de paz como de guerra. Y los otros países que mantienen el fuero militar, tienden a reservarlo para faltas estrictamente militares, como la deserción.

    Si un juez civil belga puede comprender a sus militares cuando están en operaciones militares, ¿por qué no pueden hacerlo los jueces colombianos? ¿Por qué, entonces, devolver a una justicia militar, sin independencia ni imparcialidad, el conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos?

    author by CCEEUpublication date Mon Nov 14, 2011 20:32Report this post to the editors

    Comunicado de CCEEU sobre Fuero Penal Militar. Violaciones graves a los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, no son actos del servicio y deben ser investigadas por la justicia ordinaria desde sus primeras diligencias.

    La actual reforma a la Constitución Política para la ampliación del fuero militar a todas las operaciones y procedimientos de la Fuerza Pública contenida en el Proyecto de Acto Legislativo 07 de 2011 del Senado de la República “Por medio del cual se reforman artículos de la Constitución Política con relación a la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones” constituye la más grande regresión constitucional en la lucha contra la impunidad de los crímenes de Estado, incluidas las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves a los derechos humanos, desde la expedición de la Constitución de 1991.

    Las ejecuciones extrajudiciales, que en los últimos años alcanzaron en Colombia la dimensión de una práctica generalizada y sistemática, han sido realizadas con tal grado de sofisticación y planeamiento que produjeron la muerte de miles de colombianos asesinados bajo la modalidad de “falsos positivos”, es decir “ejecuciones ilegales de civiles manipuladas por la fuerzas de seguridad para que parezcan bajas legítimas de guerrilleros o delincuentes ocurridas en combate”1, según ha sido reportado por diversas instancias internacionales, tanto de las Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

    El Relator Especial de Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales constató que “Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas, indican que estas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército”2. En estas condiciones, pretender que “todas las operaciones y procedimientos de la Fuerza Pública” sean consideradas como actos del servicio, con una presunción de naturaleza constitucional, como la que se intenta en la actual reforma al Artículo 221 de la Constitución, sólo puede expresar la pretensión de amparar la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de agentes estales, con el pretexto de que sólo de esta manera podría el Estado lograr sus objetivos militares en desarrollo del conflicto armado.

    Tanto los tratados de derechos humanos como la jurisprudencia de los organismos internacionales de protección de estos derechos -a los cuales en nombre del pueblo colombiano los constituyentes de 1991 decidieron acogerse para la protección de los derechos, la libertad y la dignidad de los ciudadanos-, excluyen de manera taxativa tanto las ejecuciones extrajudiciales como las demás violaciones de derechos humanos y otros actos de delincuencia común de la consideración como actos del servicio o de su relación con el mismo. No son esas las funciones que la Constitución colombiana les asigna a las Fuerzas de Seguridad ni mucho menos puede pensarse que la comisión de tales crímenes sea imprescindible para la preservación de la disciplina interna de las tropas o para el logro de las misiones que el pueblo les delega para la protección de sus derechos y libertades.

    Por otra parte, la extensión del fuero militar al juzgamiento de actos que violen la vida o derechos básicos de los civiles contradice todas las disposiciones normativas y jurisprudenciales del derecho internacional de los derechos humanos bajo los cuales la jurisdicción penal militar, en un Estado democrático de derecho, solo puede tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminado únicamente a la protección de intereses jurídicos especiales vinculados con las funciones que la Constitución y la ley les asigna a las fuerzas militares. Es decir, deben limitarse a juzgar a militares por delitos típicamente militares, y no a otorgar privilegios o prebendas de casta al estamento militar para evadir la acción de una justicia independiente e imparcial en la investigación y juzgamiento de los crímenes contra los derechos humanos perpetrados por uniformados, y mucho menos para garantizarles anticipadamente la impunidad que se obtiene cuando quienes investigan tales violaciones a los derechos humanos son miembros de una justicia militar integrada por personal castrense al mando del mismo organismo señalado como responsable presunto de la comisión de dichos crímenes.

    La falta completa de imparcialidad, de transparencia, de independencia y la ausencia de garantías judiciales para las víctimas en los procesos llevados ante la jurisdicción militar en Colombia se hace evidente en la política de retención ilegal de los casos orientada desde la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar. En efecto, el traslado voluntario de casos de violaciones de derechos humanos desde la Jurisdicción Penal Militar a la Justicia Ordinaria ha caído a niveles prácticamente insignificantes desde que la anterior Directora de la Justicia Penal Militar, Dra. Luz Marina Gil, fue obligada a renunciar en mayo del año 2009. Así, de un promedio de 34,5 casos por mes a lo largo del año 2008, se ha pasado a menos de tres casos por mes a partir del último trimestre del año 2009, lo que muestra que antes que una justicia imparcial es una “justicia” que se ejerce y decide con base en mandatos de sus superiores.

    La falta de independencia de la jurisdicción castrense también se pone de manifiesto no solo cuando funcionarios de esta jurisdicción recientemente han sido acusados de prevaricato por obstaculizar los procesos judiciales contra personal uniformado que se llevan ante la justicia ordinaria, al reclamar, de manera abusiva y en contra de los mandatos legales y jurisprudenciales, competencia en casos donde se juzgan desapariciones forzadas y otras violaciones graves a los derechos humanos3, sino también por la evidencia de que integrantes de la justicia penal militar han estado también vinculados al planeamiento y legalización de ejecuciones extrajudiciales y a la orientación de los procesos en asocio con los victimarios para garantizar resultados de impunidad en los mismos4.

    Mucho más incomprensible es que se proponga un fuero militar generalizado cuando la mayoría abrumadora de estas ejecuciones extrajudiciales no sólo permanecen en la impunidad sino que la práctica de las ejecuciones aún continúa vigente, aunque se haya reducido el número de casos. La constatación de la práctica sistemática y a gran escala de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, la impunidad generalizada en la cual se encuentran la casi totalidad de los casos y la puesta en práctica de reformas a la Constitución que tienen el efecto de entenderlas como actos del servicio cobijadas por la garantía de una jurisdicción penal militar cuyas prácticas y decisiones se encuentran sometidas a la jerarquía del mando militar y policial niegan e impiden cualquier posibilidad de que se haga justicia, se conozca la verdad y se sancione a los responsables de estos crímenes. Además, niegan para los ciudadanos víctimas de violaciones a los derechos humanos el derecho de acceso a la justicia en el ámbito interno, poniendo en evidencia una vez más la falta de voluntad del Estado colombiano para garantizar una justicia imparcial e independiente frente a los crímenes de lesa humanidad, habilitando de este modo la competencia de los órganos internacionales de protección de derechos humanos y de justicia penal internacional.

    La imparcialidad e independencia en la investigación de los crímenes contra los derechos humanos debe garantizarse desde el momento mismo en que estas violaciones se produzcan o se develen sus actos preparatorios. Es en las primeras diligencias donde se decide el curso de las investigaciones, y solo su realización por medio de funcionarios imparciales y no dependientes del organismo que ha participado en la perpetración de los ilícitos es lo que puede garantizar que las investigaciones puedan llevar a decisiones de justicia. Aun en los casos en los cuales los procesos son trasladados a la justicia ordinaria, luego de haberse realizado las primeras gestiones por la jurisdicción militar, resulta casi siempre imposible corregir el curso torcido a investigaciones. El espíritu de cuerpo en la jurisdicción militar en nuestro país ha determinado que en estas primeras diligencias prevalezca la voluntad de darles apariencia de legalidad y de legítimas acciones de guerra a crímenes que se cometen contra civiles con el propósito de reportar resultados positivos en la estrategia contrainsurgente del Estado, imprimiendo a los procesos un enfoque desviado que en fases posteriores difícilmente la justicia ordinaria puede corregir.

    En atención a estas razones, la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, red de 219 organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos, solicita al Gobierno colombiano y al Congreso de la República abstenerse de cobijar las violaciones de derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, bajo la categoría de actos del servicio y amparar su comisión mediante la extensión del fuero penal militar. No aceptamos que se sigan coartando los ámbitos de competencia de la justicia ordinaria y otorgando a la jurisdicción militar un alcance extendido y generalizado, en contraposición a los principios del derecho internacional de los derechos humanos, que lo entienden como un fuero funcional, no personal, limitado a los delitos y faltas de naturaleza militar, y con un alcance restringido y excepcional que excluye de su conocimiento las violaciones a los derechos humanos, la cuales deben ser siempre de competencia de la justicia ordinaria. Reclamamos que se retire del Proyecto de Acto Legislativo de Reforma a la Justicia cualquier pretensión de reforma que pueda dar a entender que violaciones de derechos humanos sean consideradas como actos del servicio, y que se amplíe la competencia de la jurisdicción penal a estas actuaciones, y pedimos que el Estado colombiano, por el contrario, investigue de manera diligente, oportuna y por medios imparciales e independientes en la justicia ordinaria, todos y cada uno de los cientos de casos de ejecuciones extrajudiciales que siguen en la impunidad, tomando en cuenta tanto los contextos como las motivaciones en que se produjeron, abordándolos en toda su complejidad como crímenes de sistema, a fin de que se pueda individualizar y sancionar a los responsables en todos los niveles que ordenaron y/o permitieron que esta práctica alcanzara una dimensión sistemática y a gran escala.

    Comunicado

    Mayor información a prensa: José Humberto Torres (Tel : 316 310 62 62) Vocero Político de la CCEEU

    Liliana Uribe (Tel : 321 6478413)

    Luz Stella Aponte (Tel: 318 2819582)

    Ramiro Orjuela (Tel : 317 6364668)

    Voceros (as) Mesa sobre Ejecuciones Extrajudiciales

     
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