Colombia también se moviliza para proteger la educación pública

venezuela / colombia | education | non-anarchist press Sunday September 11, 2011 09:47 by Francisco Aguaza

Miles de universitarios, profesores, sindicalistas y activistas de organizaciones sociales marchan por las principales ciudades colombianas para protestar contra una reforma de ley que permitiría la entrada de capital privado en la investigación universitaria.

“¡La educación es un derecho y no una mercancía!”. Con este lema, miles de estudiantes universitarios y de secundaria, profesores, sindicatos e integrantes de organizaciones sociales han marchado el 7 de septiembre, por las calles de las principales ciudades colombianas, durante la denominada Jornada de Movilización Nacional,secundada por 19 universidades. Una convocatoria conjunta realizada por parte de la Federación Colombiana de Educadores y la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, tras una reunión de ambas partes celebrada el 20 y 21 de agosto en la Universidad Distrital de Bogotá.

La marcha más numerosa se ha llevado a cabo en Bogotá bajo una fina lluvia, recorriendo la Carrera Séptima -una de las arterias de la capital- desde el Planetario hasta la Plaza Simón Bolívar. Alrededor de 10 mil personas han realizado este recorrido sin que se produjeran incidentes de importancia, salvo algunas pintadas en locales comerciales y en la estación del Transmilenio del sector de Las Aguas. La intensa circulación de vehículos que normalmente registra esta avenida ha sido desviada a otras vías aledañas, provocando atascos en algunos sectores cercanos.

Movilizaciones que tienen su antecedente el pasado marzo, cuando el presidente Juan Manuel Santos anunciaba el proceso de modificación de la Ley de Educación Superior (Ley 30 de 1992), y el pasado 7 de abril, día que Bogotá vivió una intensa jornada de movilizaciones estudiantiles. Convocatorias que comparten el objetivo principal de paralizar la reforma de algunos puntos de la citada ley que el actual gobierno colombiano tiene prevista y que permitiría la entrada de capital privado en la investigación de las instituciones universitarias públicas. Desde las organizaciones estudiantiles y de educadores denuncian que, con la apertura de esta puerta, se subordinarían las líneas de la investigación académica a las directrices marcadas por las entidades que inviertan su capital en la universidad y que de consolidarse, según estos colectivos, supondría la privatización total del sistema educativo superior colombiano. Por ello, demandan que el desarrollo de dicha reforma se rija bajo los ejes de la financiación de la educación, la calidad académica y la autonomía y democracia universitarias, entre otros.

Los profesores, además, elevan una reivindicación particular en cuanto a sus derechos sanitarios. Como señala Miguel Ángel Pardo, presidente de la Asociación Distrital de Educadores en Bogotá del Sindicato de Maestros del Estado, “los educadores públicos no estamos en disposición de ser incluidos en los colectivos laborales que se encuentran dentro del régimen general de salud”, señalados en la Ley 100 de 1993, de la que se pide su derogación y de la que ahora se encuentran exceptuados. El régimen especial para los maestros público incluye la exoneración del pago de bonos, cuotas moderadoras y copagos; la atención médica de todo tipo de patologías y la entrega de medicamentos sin límite de precios y cantidad, siempre y cuando estén aprobados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.

Por su parte, el Gobierno de Colombia ya ha enviado una respuesta a los maestros, a través de una directiva de su Ministra de Educación, María Fernanda Campo, en la que afirma que las razones argumentadas por Fecode, la Federación Colombiana de Educadores, “no tienen justificación” ya que existe la voluntad de dicho ministerio de respetar el régimen especial de los maestros y su compromiso de no incluirlos en la Ley 100 de 1993.

La Jornada de Movilización Nacional contra la reforma de la Ley de Educación ha concluido sin registrar incidentes de importancia, salvo en Tunja, ciudad en la que se han reportado algunas detenciones.