Que la UE escuche a las víctimas en Colombia

venezuela / colombia | miscellaneous | non-anarchist press Wednesday June 15, 2011 00:55 by OIDHACO

Oidhaco ve como un avance el debate público que desató la aprobación de esta ley y el reconocimiento del conflicto armado y de sus víctimas.

El Gobierno colombiano, la Unión Europea y la ONU deben escuchar a las víctimas que no han sido involucradas en la elaboración de la ley.

La UE y la ONU deben exigir de Bogotá que la ley no discrimine negativamente a miles de víctimas de ayer, de hoy y de mañana.

La ley actual es discriminatoria y vulnera los derechos a la verdad justicia y reparación de numerosas víctimas.

Oidhaco también pide a la UE que exija a Bogotá que, a través de mecanismos de protección, garantice el derecho a la vida de los líderes de restitución de tierras. Durante los 10 meses de gobierno de Santos han sido asesinados 16.

Bruselas, 9 de junio de 2011. Por primera vez en Colombia se reconoce la existencia de millones de víctimas del conflicto armado a través de una ley que sancionará este 10 de junio el presidente Santos. Para Oidhaco es un avance, tras décadas de olvido y después de haber sido maltratadas por el gobierno de Álvaro Uribe, que no sólo no las protegió sino que en innumerables ocasiones las señaló como simpatizantes o integrantes de grupos terroristas. Sin embargo esta ley no garantiza que todas las víctimas podrán acceder a la verdad, justicia y reparación. La ley expone la importancia de la ‘participación activa de las víctimas’ en varios de sus artículos y, sin embargo, las organizaciones de víctimas no fueron incluidas en su proceso de elaboración. Oidhaco pide a la Unión Europea escuchar las voces de esas víctimas y sus llamados de atención sobre la ley, antes de definir sus políticas hacia Colombia. “La UE tiene dentro de sus principios la participación ciudadana y debe hacerlo efectivo y real” subraya Vincent Vallies, portavoz de Oidhaco. “Y las organizaciones de víctimas tienen temores justificadas frente a esta ley”, concluye. “La ley que acaba de pasar por el Congreso colombiano es discriminatoria”, advierte Vallies. “Por un lado, solo contempla la reparación económica para víctimas a partir del año 1985, y la restitución de tierras a partir de 1991. ¿Qué pasará con todas las víctimas de despojo anterior?”. “Por otra parte”, agrega el portavoz de Oidhaco, “el Gobierno colombiano debería expresar claramente que las víctimas de los grupos ahora denominados ‘Bacrim’, serán incluidas en la ley”. “Además”, subraya Vallies, “el Gobierno debe reconocer que estas organizaciones nacen del proceso fallido de desmovilización de los grupos paramilitares y que persisten las denuncias de connivencia entre ellas y la fuerza pública; el Gobierno no puede catalogarlas como delincuencia común y olvidarse de miles de víctimas”, destaca Vallies.

Otro aspecto criticable de esta ley, es que va en contra del pleno respeto a los derechos de las víctimas. Contempla un ‘contrato de transacción’ que incita a las víctimas que hayan recibido indemnización administrativa a renunciar a demandar judicialmente al Estado. “No se puede pedir a las víctimas renunciar a la verdad judicial; la indemnización administrativa no puede parecerse – con este contrato -a un soborno de víctimas”, advierte Vallies. Igualmente, figuras como el ‘contrato para el uso del predio restituido’ implican, tal como advierte el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -organización mundialmente reconocida –, “que en los casos donde existan sobre las tierras objeto de restitución proyectos agroindustriales, se privilegiará la continuidad de estos proyectos sobre el derecho de las víctimas a la restitución”. Por esto las organizaciones que hacen parte de Oidhaco “como miembros de la sociedad civil europea, pedimos a la UE que cree mecanismos fiables que garanticen que empresas con capital europeo no se beneficiarán directa o indirectamente del despojo de tierras en Colombia. Esto, lo hemos solicitado numerosas veces, y ahora más, que la UE está a punto de ratificar el TLC con este país”.

Para Oidhaco, el asesinato de Ana Fabricia Córdoba, reconocida por su lucha en favor de los desplazados y líder de los procesos de restitución de tierras, sucedido este martes 7 de junio en Medellín, es una muestra más de la falta de medidas eficaces de protección para las comunidades y las organizaciones que les acompañan en sus exigencias del derecho al territorio. “Esta ley”, dice Vallies, “conocida como ‘Ley de Víctimas’, no contempla medidas eficaces para la protección de las personas que luchan para un regreso en condiciones dignas a sus tierras”.

“Ban Ki-Moon, como Secretario General de la ONU, que asistirá este viernes a la sanción presidencial de la ley en Bogotá, debería insistir al presidente colombiano Juan Manuel Santos, que tenga muy en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, en lo que respecta a los principios de no discriminación, acceso a la justicia, reparación integral, enfoque diferencial, deber de protección y participación de las víctimas”, sugiere Vallies.