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El asesinato de la jueza Gaona: punta del iceberg del Terrorismo de Estado en Colombia

category venezuela / colombia | imperialismo / guerra | opinión / análisis author Tuesday April 12, 2011 07:20author by José Antonio Gutiérrez D. Report this post to the editors

Artículo de análisis del crímen de la jueza Gloria Constanza Gaona en Arauca y cómo éste crímen es parte de un tejido más profundo de Terrorismo de Estado y de impunidad para la fuerza pública colombiana en su guerra sucia.
Jenny Torres, abusada y asesinada por la 5a Brigada Móvil de la VIII División del Ejército Colombiano
Jenny Torres, abusada y asesinada por la 5a Brigada Móvil de la VIII División del Ejército Colombiano


El asesinato de la jueza Gloria Constanza Gaona: punta del iceberg del Terrorismo de Estado en Colombia

Es lamentable ver cómo hechos que un día despiertan el repudio y la atención nacional, al otro día son olvidados y al día siguiente son repetidos y contados con el asombro de la primicia”.
(“Colombia, Sepelio de Información”. Red Libertaria Popular Mateo Kramer, 22 Noviembre 2010)[1]

El día 22 de Marzo, en Saravena, departamento de Arauca, cayó fulminada de cinco certeros disparos a la cabeza la jueza Gloria Constanza Gaona. Tenía 37 años de edad cuando un sicario, sin amenaza previa, le arrebató la vida en pleno centro de esa ciudad, en la esquina de la calle 29 con la carrera 16. Ella llevaba el caso por el crímen de los menores Jefferson Jhoan Torres Jaimes (de 6 años), Jimmy Ferney Torres Jaimes (de 9 años) y Jenny Narvey Torres Jaimes (de 14 años), que fueron secuestrados por soldados de la Octava división del Ejército colombiano (5ª Brigada Móvil) de su finca en el Municipio del Tame (Arauca), mientras su padre José Álvaro Torres se encontraba en labores agrícolas. Luego del plagio, los niños sufrieron horrendas torturas, fueron violados (hay evidencia de semen y marcas de abuso sexual en sus cuerpos y ropas) y luego asesinados por degollamiento con armas blancas (machetes). Sus cuerpos, posteriormente fueron arrojados a una fosa común.[2]

El crímen de Tame conmovió y asqueó a la opinión pública colombiana, al menos por un par de días, pero como todos los crímenes en los cuales se encuentran involucrados miembros de la fuerza pública, se encuentra envuelto hasta la fecha en la más indignante impunidad. Y tras la impunidad, envuelto en el olvido de un país que necesitaría una memoria demasiado prodigiosa para recordar todas las atrocidades y abusos cometidos contra su pueblo.

La doctora Gaona estaba decidida a que este caso se esclareciera y que los culpables pagaran su crímen. Sin embargo, su celo profesional fue interrumpido esa mañana de Marzo, por manos que, sin lugar a dudas, buscan que la impunidad siga siendo ama y señora de Colombia. A las buenas, o a las malas.

El sindicato de los funcionarios judiciales, ASONAL, no tardó en decretar un paro y diversas manifestaciones el día viernes 25 de Marzo: este, fue, después de todo, un asesinato más de los 287 de que han sido víctimas funcionarios judiciales desde 1989, existiendo actualmente unos 700 funcionarios amenazados y 39 desaparecidos[3]. El gobierno, como siempre, deploró verbalmente el crímen, ofreció la recompensa millonaria de costumbre a quien dé información de los sicarios (dándole al caso ese toque de Far West tan propiamente uribista-santista) y gritó a los cuatro vientos “verdad, juicio y castigo” mientras las cámaras se enfocaban hacia ellos. A dos semanas del asesinato, sin la atención de las cámaras, los engranajes oficiales de la tradicional impunidad se han vuelto a activar con la venia de todo el Estado, para asegurar que la mano de la justicia no llegue ni a Tame ni a Saravena.

El imperio de la impunidad

La impunidad que rodea los casos de crímenes de Estado, que involucran a miembros de la fuerza pública no es fruto del azar, sino que una política conciente elaborada por las élites que dirigen al país.

Que el ejercicio judicial ha ido perdiendo, de hace mucho tiempo, su independencia frente al Ejecutivo queda claro cuando vemos la enorme presión que desde el gobierno de Uribe Vélez (2002-2010) se realizó sobre la Corte Suprema para someterla, mientras el resto del aparato judicial se llenaba con “jueces de bolsillo”. Este debate nada tenía que ver con asuntos de mera “personalidad” del presidente o de los jueces, sino con un proceso de desarrollo de un Estado de corte autoritario, con tendencias fascistizantes, que impone la “voluntad del jefe” al “derecho” –proceso que responde a momentos de crisis de hegemonía y que tiene relación con la necesidad de la clase dominante de tener manos libres para restablecer la estabilidad en su dominio[4].

En este sentido es que debe entenderse el “Salto Estratégico” desarrollado por el gobierno colombiano en el plano de lo militar, a comienzos del 2009, el cual en su tercer punto, implica la “guerra jurídica”, es decir, la prolongación de las tácticas contrainsurgentes al plano judicial, ya no solamente mediante la creación de una legalidad anti-terrorista selectiva, que trata con guante de seda a los paramilitares ultraderechistas, mientras criminaliza cualquier forma de disidencia e impone sentencias extraordinariamente onerosas a los alzados en armas de izquierda. No, ya no se trata solamente de la existencia de tal o cual ley, sino que de la participación activa del Ejecutivo y del Ejército para forzar la imposición arbitraria de sentencias, acabando de hecho con la independencia del poder judicial.

El resultado práctico, es que el ejercicio de la justicia se ha convertido en un componente más de la guerra psicológica, en la cual se busca “articular el sistema judicial para que éste produzca resultados ejemplarizantes, que bajen la moral de las tropas de las FARC [ie. y de la insurgencia en su conjunto]. La extradición, en particular, ha sido usada como herramienta en este componente; otro mecanismo muy socorrido fue evitar la judicialización por rebelión y promover condenas por terrorismo (…) Al mismo tiempo, se intentó crear un sistema de protección jurídica a los efectivos de las Fuerzas Militares, con el objeto de prevenir la desmoralización de la tropa ante eventuales condenas por violaciones de los derechos humanos”[5].

En palabras simples, la noción de “culpabilidad” pierde todo sentido. La justicia tiene por único fin desmoralizar a la insurgencia, y la impunidad debe imponerse ante los casos de terrorismo de Estado para no desmoralizar a la fuerza pública. Esto abre las puertas, de par en par, al imperio de la arbitrariedad, a la tiranía, que es lo que precisamente se ha impuesto en Colombia, y cuyos resultados objetivos los apreciamos en Arauca: el impune asesinato y violación de niños, el asesinato de una jueza que se negó a obedecer las reglas del juego, esa que dicta que a los “muchachos” no los toca la ley.

Esa es la teoría. Veamos ahora la práctica: la manera en que la Defensoría Militar Integral (Demil)[6] ha conducido la defensa del único imputado por el crímen de Tame, el subteniente Raúl Muñoz Linares, es bastante reveladora de las prácticas para garantizar la impunidad de las que hemos hablado. No solamente existe un solo uniformado imputado por este caso, pese a haberse hallado sangre en los morrales de ocho, así como marcas de rasguños en sus espaldas; además se esgrimió el argumento de que éste había mantenido relaciones sexuales “consensuadas”… ¡con dos menores de edad! El resto, representa las técnicas clásicas para dilatar el proceso para conseguir así el vencimiento de términos: “la Defensoría Militar Integral (Demil), intentó impedir las investigaciones de varias maneras; abogados de la defensa desistían del caso, las audiencias fueron suspendidas dos veces y Raúl Muñoz no comparecía en las fechas indicadas. A fines de febrero, [ed. la jueza] Gloria [Constanza Gaona] había solicitado también que la empresa fuese investigada.”[7]

En definitiva, que la inercia incline la balanza hacia la impunidad, mientras se callan las voces críticas mediante el terror.

El imperio del miedo

Ya los documentos filtrados del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS (la “policía política” colombiana, que de dedicó a espiar, amedrentar y perseguir a opositores, sindicalistas, jueces y abogados de derechos humanos -cuando no a entregar sus datos a sicarios y paramilitares para realizar el trabajo sucio), revelaban el concepto de la “Guerra Jurídica”, según la cual se busca impedir la acción de la oposición manteniéndola a la defensiva mediante la saturación de juicios y montajes judiciales[8].

Esta definición que el DAS utilizó para racionalizar su estrategia de acoso jurídico a la oposición legal, demuestra que el Estado colombiano entiende la persecusión política como una continuidad de sus políticas contrainsurgentes: cualquier forma de oposición, legal o ilegal, armada o pacífica, debe ser aplastada y para ello se sirven de los mismos métodos.

La idea anterior de la guerra judicial, de convertir a las cortes literalmente en una prolongación del campo de batalla, la expresó de manera concisa en Marzo del 2009, con palabras más o menos elegantes, el entonces Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, actual presidente de la república: “seguiremos con el tema de la judicialización, trabajando en coordinación con la Fiscalía, esto con el fin de lograr la captura y condena de los miembros activos de las organizaciones terroristas, y de sus milicias y grupos de apoyo”[9]. Es decir, el Ministerio de Defensa toma parte activa en las judicializaciones; tal intromisión en la competencia de otra rama del Estado, hace que no haya más que un paso de la imposición de fiscales y jueces de bolsillo, a la presión y la amenaza.

Es por ello que no extraña que este concepto de “Guerra Jurídica” fuera acompañado del amedrentamiento sistemático, por parte de “fuerzas ocultas” pero fácilmente reconocibles, a todo aquel que representara un estorbo para los designios del régimen: esto lo demuestra el aterrador expediente sobre la periodista asociada al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, doctora Claudia Julieta Duque. En un instructivo interno del DAS sobre cómo hacer llamadas amenazantes, se explica paso a paso cómo se debe proceder:

  • Hacer la llamada en cercanía a las instalaciones de Inteligencia de la Policía.

  • No tartamudear, ni durar en la llamada más de 49 segundos.

  • Llamar preferiblemente desde un teléfono de ETB de tarjeta, en caso de que inmediatamente devuelva la llamada.

  • Constatar que en el perímetro no haya cámaras de seguridad. Así sean de tránsito.

  • Quien realice la llamada la debe hacer solo y desplazarse en bus hasta el sitio.

  • Extremar las medidas preventivas dado que Claudia Julieta avisará inmediatamente de la llamada al coronel Novoa de la Policía Nacional (mismo que en otras oportunidades nos ha afectado institucionalmente).

  • Por si el alumno fuera un poco “lento”, para que todo quede suficientemente claro, este mismo manual para torturadores entrega un modelo de llamada:

    Saludo: Buenos días (tardes). Por favor ¿la doctora Claudia Julieta Duque se encuentra?

    Mensaje: Señora, es usted la mamá de María Alejandra (esperar contestación) Pues le cuento que no nos dejó otra salida, se le dijo de todas la formas y usted no quiso hacer caso, ahora ni camionetas blindadas ni carticas chimbas le van a servir. Nos tocó meternos con lo que más quiere, eso le pasa por perra y por meterse en lo que no le importa vieja gonorrea hijueputa...
    ”.

    Pero en realidad, el matón a sueldo del Estado colombiano, resultó ser un aventajado. Cuando realizó su llamada el día 17 de Noviembre del 2004, a las 19:52 horas, remozó la llamada modelo con su propia creatividad, agregando que a su hija la iban a matar y violar, y que “su hija va a sufrir, la vamos a quemar viva, le vamos a esparcir los dedos por la casa”[10]

    Este ejemplo escalofriante, demuestra que no estamos ante unos casos aislados, ante unas cuantas manzanas podridas: estamos ante una actitud pautada, aprendida, trasmitida en cadena de mando, sistematizada por una institución crucial del Estado, bajo supervisión directa del poder Ejecutivo, lo cual nos demuestra, de manera irrefutable, la naturaleza terrorista del Estado colombiano.

    Naturalmente, el caso de la dra. Duque, no es un caso excepcional. Es tan sólo el más conocido de miles de casos de amenazas que seguimos recibiendo a diario: Colombia, tristemente, sigue liderando al hemisferio en ataques contra defensores de derechos humanos: entre el 2002 y el 2009, más de 1.000 defensores fueron víctimas de agresiones incluyendo asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias y torturas; sólo en el 2010, se registraron al menos 32 asesinatos de defensores[11]. Triste récord, en verdad, el cual nos dice que las amenazas deben ser tomadas muy en serio.

    Sin ir más lejos, los familiares y los abogados de las víctimas del Tame también han sido amenazados. El propio padre de los tres niños asesinados, don José Álvaro Torres, recibió una amenaza, a través de una siniestra llamada a su hija mayor: “ah, usted es la hija del perro hijueputa. Dígale que ya le dimos por donde más le duele y que vamos seguir dándole, no descansaremos hasta matarle otro hijo, tienen que largarse de Saravena, sabemos donde están viviendo”. Esta llamada ocurrió el 24 de Marzo, dos días después del asesinato de la dra. Gaona. En esas mismas fechas, los abogados Olga Silva y Luis Alfonso Ruiz, que representaban a las víctimas, también recibieron llamadas intimidatorias[12].

    No hay que ser un genio para darse cuenta que estas llamadas, producidas en esas fechas, arrojan luces esclarecedoras sobre el móvil del asesinato de la jueza Gaona, aún cuando las autoridades intenten tender un velo de misterio sobre el asesinato.

    El imperio de la arbitrariedad

    Tan naturalizada está la práctica del amedrentamiento en Colombia, que la Demil consideró perfectamente legítimo amenazar, en su página web, a los periodistas que insinuaran lo sospechoso que resultaba el asesinato de una jueza que llevaba este caso tan sensible y que involucraba al Ejército. Las palabras utilizadas no son ni ingeniosas ni sorprendentes, sino que reflejan esa prepotencia que caracterizó el discurso político del uribismo durante buena parte de la última década: se recomendaba no cuestionar al Ejército, “so pena de ser víctimas de atentados como consecuencia de dichos pronunciamientos”[13].

    Como si esto fuera poco, la emprendieron con un ánimo igualmente pendenciero y amenazador en contra del periodista Daniel Coronell por una columna suya en la revista Semana en la cual cuestionaba al rol de Demil en el proceso del Tame, con el siguiente mensaje enviado por Twitter: “Si las columnas pendencieras persisten, es muy probable que ‘El indefenso’ en realidad se quede sin abogado. Pues está amenazado!” (27 de Marzo)[14]. Insistimos en que estas amenazas no han de ser tomadas a la ligera, sino que ocurren en un país que, como hemos visto, lidera a nivel latinoamericano el asesinato de periodistas, jueces, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, sindicalistas, etc., etc., etc., etc., etc.

    Ya no sólo no basta con el asesinato de una jueza ni con el acoso a testigos y familiares, sino que además se coarta la libertad de prensa, no mediante leyes ni decretos, sino que mediante la amenaza y el amedrentamiento. ¿Qué garantía entonces existe para que haya justicia y que este caso no acabe, como el 98% de los casos en Colombia, en la más desoladora impunidad?

    Aún así, el pueblo organizado en Arauca y Colombia debe seguirse movilizando y no puede dar el brazo a torcer en su demanda de castigo a los violadores y asesinos de Tame, partiendo por el subteniente Muñoz, quien ha reconocido, sin expresar en absoluto muestras de remordimiento, el abuso de dos menores de edad. Aún cuando no pueda el pueblo presionar a las Cortes para que se haga justicia, sí puede trabajar para que por lo menos este horrendo crímen y la seguidilla de otros crímenes que ha gatillado, no caigan al olvido. Pues es el olvido, el cual en realidad sella la labor de las fuerzas de la impunidad.

    También la movilización popular es capaz de hacer frente al imperio de la fuerza bruta que imponen los brazos armados del Estado en Arauca y sus tentáculos paramilitares. Un pueblo fuerte, un tejido social rico, en movimiento, que pueda proyectarse como alternativa social, es la mejor manera de salir al paso a los traficantes de la muerte. Esta no es, empero, una lucha fácil. Después de todo, Tame no es un municipio rural cualquiera en Colombia, sino un punto nodal para el nuevo ciclo de expansión paramilitar, desde el cual operan, con pleno respaldo de la fuerza pública, las temidas Águilas Negras y el ERPAC. Tame es un retrato en miniatura de la realidad nacional. Lo que pasó en ese municipio, es, sencillamente, reflejo de la política contrainsurgente del Estado colombiano: un crímen abominable más de una larga lista de crímenes semejantes cometidos a veces con pasamontaña y banda paramilitar, a veces con uniforme militar y la bandera patria en el pecho.

    Lo que realmente duele de la atrocidad de Tame no es lo excepcionalmente bárbaro del crímen, sino que lo común y corriente que se han vuelto abusos y atrocidades como esta. Lo común y corriente que se ha vuelto el infanticidio como mecanismo de la guerra sucia, como componente macabro del Terrorismo de Estado en Colombia. Lo común y corriente que se ha vuelto la impunidad y lo fácil que se olvidan todas estas atrocidades, a la espera de que cada cierto tanto, la opinión pública se vuelva a alborotar momentáneamente con otra nueva masacre y se diga, como si nunca nos hubiéramos enterado de nada: ¡Dios mío! ¿Cómo pueden suceder estas cosas en Colombia?

    José Antonio Gutiérrez D.
    11 de Abril, 2011




    [1] http://anarkismo.net/article/18114
    [2] http://anarkismo.net/article/17919
    [3] http://www.radiosantafe.com/2011/03/25/jueces-y-fiscale...aona/
    [4] Hemos analizado ya en otro artículo en mucho más detalle el tema de las contradicciones entre los aparatos del Estado colombiano y las tendencies fascistas que se reflejan en esta pugna. http://anarkismo.net/article/17240
    [5] “La Guerra contra las FARC y la Guerra de las FARC” Ariel Fernando Ávila Martínez, Revista Arcanos No15 (Abril 2010), p.13. Sobre el tema en particular de las extradiciones, ya habíamos escrito un documento de análisis previo “De Asilos y Extradiciones: la internacionalización de la guerra sucia colombiana” http://anarkismo.net/article/18186
    [6] Organización dependiente del Ejército (pese a que reclame ser independiente), la cual brinda asistencia jurídica a los uniformados a cambio de una cotización mensual.
    [7] http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lan...54986
    [8] http://anarkismo.net/article/16405
    [9] http://www.cuartadivision.mil.co/index.php?idcategoria=...18574
    [10] http://www.semana.com/noticias-nacion/manual-para-amena....aspx
    [11] http://www.humanidadvigente.net/index.php?option=com_co...id=10
    [12] http://www.humanidadvigente.net/index.php?option=com_co...terna
    [13] http://elespectador.com/impreso/columna-260380-tatequieto
    [14] http://www.lasillavacia.com/historia/el-fin-de-demil-22...age=1

    Raúl Muñoz Linares, subteniente del Ejército colombiano, único imputado hasta el momento por la violación y asesinato de los menores del Tame, Arauca
    Raúl Muñoz Linares, subteniente del Ejército colombiano, único imputado hasta el momento por la violación y asesinato de los menores del Tame, Arauca

    Gloria Constanza Gaona, asesinada por sicarios el 22 de Marzo de 2010
    Gloria Constanza Gaona, asesinada por sicarios el 22 de Marzo de 2010

    author by Corporación Justicia y Dignidadpublication date Mon Apr 18, 2011 19:28author email coporacionjusticiaydignidad at gmail dot comauthor address author phone Report this post to the editors

    El día lunes 11 de abril de 2011 a las 18:00 horas llegó al teléfono celular de la Corporación Justicia y Dignidad, desde el teléfono 3172553821, el siguiente mensaje de texto:

    “Q la perra abogada no se meta en lo que no le inporta q ya sabe q le va pazar y q el abogado se qd sin mamar son odjetibo militar de la organisasion bca”.

    Este mismo día a las 11:00 de la mañana, el líder campesino RAFAEL ULCUE PERDOMO, beneficiario de las Medidas Cautelares MC-97-10, recibió una llamada a su celular de parte del individuo conocido con el alias de “El Gusano” quien le reclamó por haber denunciado ante las autoridades la retención de que aquel fuera víctima por parte de “El Gusano” y el Ejercito Nacional el 19 de febrero anterior.

    Rafael Ulcué le manifestó que “ese es el trabajo que la comunidad viene desarrollando con los abogados como forma de protegerse”, a lo que el individuo en tono amenazante le contestó “No sé cómo vamos a hacer pero eso no se queda así”.

    En el día de hoy 14 de abril de 2011, a las 12:59 horas llegó al teléfono celular del abogado ALEXANDER MONTAÑA NARVAEZ, integrante de la Corporación Justicia y Dignidad, y al teléfono celular de la abogada SOFIA LOPEZ desde el teléfono celular No. 3174972734, un nuevo mensaje de texto que dice: “YA ESTA HUB.ICADA”.

    A las 4:10 de la tarde la abogada SOFIA LOPEZ salía de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN, a 7 cuadras de la ACIN pudo percatarse que dos individuos de tez morena, quienes vestían ropa color oscura la siguieron hasta la vía panamericana en la entrada de Santander de Quilichao, durante un lapso no menor de 20 minutos. Los individuos se movilizaban en una moto honda de color rojo, ambos tenían casco y portaban “canguros”- maletín de mano- de color negro sin sello, color negro.

    Es importante indicar que los ataques y obstáculos al ejercicio profesional no solo provienen de agentes militares y de desconocidos, sino que las descalificaciones provienen desde las mismas esferas legales del gobierno. Recordemos que en el proceso judicial radicado con el No. 2011-00060 que cursa en el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, el apoderado del Presidente de la República “Pide se estudie si la presente acción de tutela adolece de temeridad, al ser utilizada como mecanismo para menoscabar la acción del Gobierno Nacional en defensa de los derechos humanos….” (Fallo de 23 de febrero de 2011). Esto, por el solo hecho de los suscritos reclamar por vía de Tutela el cumplimiento de las medidas Cautelares dispuestas por la CIDH.

    Estos hechos han causado zozobra entre los miembros de Justicia y Dignidad por la persistencia de las amenazas en los últimos días, presentados en un clima de intensificación del conflicto armado en el suroccidente del país.

    Expresamos nuestra especial preocupación por la vida y la integridad personal de la colega SOFIA LOPEZ MERA, pues es evidente que este macabro mensaje va dirigido contra ella pues es la única abogada de la Corporación.

    Es de reiterar que la investigación penal por los hechos de agresiones y seguimientos a los integrantes de Justicia y Dignidad, aún se encuentra en trámite administrativo con el objeto de verificar si es procedente la reasignación del caso a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, sin que a la fecha se haya tomado alguna decisión por las agresiones físicas y seguimientos ni se haya derivado responsabilidad por tales hechos.

    Tampoco se le ha dado trámite ni respuesta a las medidas de protección solicitadas al Ministerio del interior y de Justicia desde el pasado 21 de octubre de 2010.

    EXIGIMOS

    Exigimos del Estado de Colombia Brindar todas las garantías para realizar la labor de defensa de los derechos humanos en el suroccidente del País

    SOLICITAMOS

    Solicitamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales divulgar la presenten denuncia y exigir al Estado la investigación correspondiente y protección y garantía para la defensa de los derechos humanos en el sur occidente del país.

    Santiago de Cali , 14 de abril de 2011

    CORPORACION JUSTICIA Y DIGNIDAD

    author by Zorayda Madrigalespublication date Thu Apr 21, 2011 02:57author address author phone Report this post to the editors

    Sencillamente es escalofriante leer esta atrocidad, que crimen mas horrendo, cuanto mas habra que aguantar y recibir para que el pueblo colombiano se rebele contra la tirania?

    author by Colectivo de Abogados José Alvear Restrepopublication date Sun Jul 31, 2011 05:12author address author phone Report this post to the editors

    A testigo en caso del asesinato de Jueza Gaona, le ofrecieron beneficios para inculpar a inocentes.

    “Me engañaron, la Fiscalía me engaño”, Con estas palabras, Marta Cecilia Jurado, quien en días pasados había servido como testigo de la Fiscalía en la denuncia de los autores del asesinato de la jueza Gloria Constanza Gaona, se retractó de sus acusaciones, aduciendo que lo hizo por unos beneficios que le prometieron y “porque me dijeron que iban a sacar a mi hermano de la cárcel”

    El testimonio de esta joven de 19 años, se produjo en el marco del Cabildo Abierto por los Derechos Humanos, la Justicia y la Vida, que se realizo en el municipio de Saravena, departamento de Arauca, el cual fue organizado por el Comité cívico popular de organizaciones sociales del centro oriente colombiano, integrado por los diferentes sectores sociales de la región, tales como asociaciones campesinas, indígenas, juntas de acción comunal, sindicatos, organizaciones juveniles y estudiantiles, mujeres y la fundación Joel Sierra.

    Jurado aseguró, que un mayor y un teniente - al parecer de la policía - junto con un Fiscal, fueron quienes le dijeron que declarara en contra de los sujetos, aún sin ella saber de qué exactamente se trataba. “Nos llevaron para Bogotá. Allí estuvimos como dos meses, y luego de haber firmado unos documentos, nos dieron 80 mil pesos de los transportes, pa que nos devolviéramos”. Su hermano – cuenta -, continua detenido, “Ya le dieron 4 años de condena”.

    La joven manifiesta en tono entrecortado, estar diciendo la verdad, “para que otras personas no caigan en la trampa” y porque “esos señores son inocentes, yo no sabía de qué era que me hablaba el Fiscal, solo pensaba en mi hermano y los tales beneficios”

    La juez Gloria Constanza Gaona fue asesinada el pasado 22 de marzo en el municipio de Saravena y estaba encargada del caso de violación y posterior asesinato de tres menores de edad, ocurrida en octubre de 2010, cuyo principal sospechoso es el teniente del Ejército Raúl Muñoz Linares.

    La noticia de la captura de los presuntos asesinos de la juez Gaona, la dio el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien dijo que según la información de inteligencia, los detenidos pertenecían al grupo armado ilegal ELN, descartando que miembros de la fuerza pública estuvieran implicados en el asesinato.

    Las organizaciones sociales de Arauca, convocantes del evento, Alirio Uribe del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Gloria Flórez del Parlamento Andino, entre otros asistentes se comprometieron a darle seguimiento al caso y prestarle toda la solidaridad y apoyo a esta joven que siendo asaltada en su buena fe, hoy puede correr peligro, dada la importancia de su testimonio.

    Related Link: http://www.colectivodeabogados.org/A-testigo-en-caso-del-asesinato-de
     
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