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La aprobación del derecho a la objeción de conciencia en un contexto de militarización

category venezuela / colombia | imperialismo / guerra | news report author Friday October 01, 2010 21:08author by Red Libertaria Popular Mateo Kramer Report this post to the editors

Dada una larga, valiosa y respetada batalla llevada a cabo por varias organizaciones sociales colombianas, el 14 de octubre del año 2009 se consolidó legalmente el derecho a la Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio. Su aprobación legal tiene origen en una demanda hecha contra la Ley 48 de 1993, en la cual uno de sus artículos dicta la obligatoriedad del servicio militar. Las organizaciones sociales denunciaron que esta ley se sobreponía al derecho fundamental a la Libertad de Conciencia plasmado en el artículo 18 de la Constitución Política, y que ignoraba a quien, por convicciones personales, no deseara prestar el servicio militar.
Las personas que libraron la lucha por el reconocimiento legal del derecho a la objeción de conciencia no pueden dejar de sentir gran satisfacción, ya que sin duda es un logro bastante significativo. Sin embargo, muchas de estas personas sienten todavía un sin-sabor… ¿Por qué? Para responder a esto hay que traer a colación un poco de contexto nacional.

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LA APROBACIÓN DEL DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN UN CONTEXTO DE MILITARIZACIÓN


Dada una larga, valiosa y respetada batalla llevada a cabo por varias organizaciones sociales colombianas, el 14 de octubre del año 2009 se consolidó legalmente el derecho a la Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio. Su aprobación legal tiene origen en una demanda hecha contra la Ley 48 de 1993, en la cual uno de sus artículos dicta la obligatoriedad del servicio militar. Las organizaciones sociales denunciaron que esta ley se sobreponía al derecho fundamental a la Libertad de Conciencia plasmado en el artículo 18 de la Constitución Política, y que ignoraba a quien, por convicciones personales, no deseara prestar el servicio militar.

Las personas que libraron la lucha por el reconocimiento legal del derecho a la objeción de conciencia no pueden dejar de sentir gran satisfacción, ya que sin duda es un logro bastante significativo. Sin embargo, muchas de estas personas sienten todavía un sin-sabor… ¿Por qué? Para responder a esto hay que traer a colación un poco de contexto nacional.

Debemos recordar que el anterior gobierno encontró un fuerte fundamento ideológico (hoy vigente) en una persona llamada José Obdulio Gaviria, quien maneja el siguiente planteamiento básico: en Colombia no hay conflicto armado, lo que hay es una “amenaza terrorista”. Esta escueta tesis tiene un trasfondo descomunal y ha tenido consecuencias brutales en el acontecer socio-político del país. La teoría supone que no existe como tal un conflicto armado socio-político, sino que lo que presenciamos es una lucha gubernamental contra expresiones terroristas. Esto tiene una importante implicación y es que ante una “amenaza terrorista” no cabe la posibilidad de diálogo, por lo cual se cierra la disposición a una salida política del conflicto. El supuesto sugiere, además, que aquella es el principal, verdadero y casi único problema de Colombia, y hace un llamado a todas las colombianas y los colombianos a involucrarse en este problema, creando la ilusión de que tienen que ser parte de la tarea de destruir la “amenaza terrorista”.

La consolidación de las redes de informantes, de la política de “soldados campesinos”, de la conformación de familias guardabosques y de las recompensas por colaborar con las fuerzas armadas, hace parte de una política de militarización de la población. Desde el gobierno de Uribe se logró insertar en las conciencias de las personas una especie de responsabilidad en la lucha contra la insurgencia, ya que esta “amenaza terrorista” es “el peor de los males del país”.

Los ocho años de “seguridad democrática” afianzaron la militarización de la población, reforzando una cultura históricamente militarista, y han logrado en gran medida naturalizar el conflicto. El gobierno anterior y el hoy establecido han presentado a Colombia, nacional e internacionalmente, como una de las democracias más sólidas de América Latina. Esto con un cinismo absoluto ya que han consolidado una sociedad que sitúa a la acción militar y la fuerza bruta del Estado como su principal argumento para solucionar los conflictos sociales.

La militarización de la población tiene gran razón de ser en una campaña de manipulación ideológico-política gubernamental, pero también está fundamentada en una situación económica. En un contexto de índices gigantes de pobreza y desempleo, enlistarse en las fuerzas militares se presenta como una “alternativa” de salario y de supervivencia para las personas desfavorecidas y, al mismo tiempo, es una obligación para jóvenes que no tienen el dinero para comprar la libreta militar. La red de informantes y sus recompensas, las cuales funcionan sobretodo en zonas rurales, responden a la necesidad de recursos de un sector campesino precarizado. Los poderes económico-políticos se aprovechan de la miseria (que ellos mismo crean) como estrategia de reclutamiento militar, para consolidar un pie de fuerza que defienda sus intereses.

En un panorama como este podemos entender por qué objetores/as de conciencia no están hoy en día del todo satisfechos/as, y por qué sienten la necesidad de seguir peleando. Razones sobran. En una situación de militarización de la vida como en la que vivimos hoy en día, la aprobación de la ley que defiende la objeción a la prestación del servicio militar se torna bastante inoperable. Bajo las políticas guerreristas que nos gobiernan impera la obligatoriedad del servicio sobre la conciencia de las personas. Ante un gobierno como el actual, las razones políticas que presenten objetores/as se tornan inaceptables. Bajo una cultura militarista como la colombiana, al objetor directo se le trata de manera sexista como un cobarde afeminado, como ser inferior a los “héroes de la patria” quienes son “hombres de acero”. Bajo un aparato judicial que trabaja de la mano de los poderes político-económicos, los fallos a favor del objetor son contados. Los jueces le otorgan arbitrariamente más importancia a la ley del servicio militar obligatorio que al derecho fundamental de la libertad de conciencia, reconocido en la Constitución y normas internacionales de derechos humanos.

Bajo este panorama nosotras/os proponemos una objeción de conciencia integral y activa al servicio militar. No sólo se puede pensar en ella como un derecho a defender bajo vías legales sino, sobre todo, como un estilo de vida y una forma de relacionarse con la sociedad. Un/a objetor/a no se contenta con que se falle a favor de la persona que pone la tutela, mientras el resto de la población está dándose bala. La lucha por la objeción de conciencia pretende abolir no sólo el servicio militar obligatorio, sino erradicar de la sociedad toda práctica militarista.

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