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La Guerra contra las Drogas: caballo de Troya del imperialismo

category internacional | imperialismo / guerra | opinión / análisis author Friday October 01, 2010 01:33author by José Antonio Gutiérrez D. & Brenda Report this post to the editors

Que nadie se preste a engaño: acá el asunto no es terminar el narcotráfico, sino que acabar con los pueblos que resisten. La guerra contra las drogas cumple un doble objetivo: Sirve de punta de lanza para la intervención imperialista en nuestra región. No es raro que los países que constituyen el sector más adicto a Washington sean los que mendigan fondos para la guerra contra las drogas y al mismo tiempo soliciten más intervención directa norteamericana en la región. Esto es perfectamente compatible con su papel de nostálgicos del consenso de Washington y de quinta columna del imperialismo. También representa un flujo de Capital importante para reforzar el aparato represivo de Estados con gobiernos ultraderechistas y aliados de EEUU, a la vez que representa una fuente de riquezas y prebendas para todo el enjambre de funcionarios y políticos que viven de una política fracasada, que se alimenta de la sangre de los pobres. Pero mientras la sangre derramada no sea la de las elites doradas, no hay problema, la orgía macabra puede seguir su curso sin molestar al apetito de nadie.

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Guerra contra las drogas: estrategia fracasada usada como caballo de Troya gringo en América Latina

NACIONES UNIDAS (Reuters) - Los líderes latinoamericanos instaron esta semana en las Naciones Unidas (ONU) a la creación de políticas globales más coherentes para combatir el tráfico de drogas y solicitaron un aumento de la ayuda para terminar con el comercio de estupefacientes.”[1]

Así se encabezaban las noticias del último favor político de los regímenes más entreguistas de la región a su amo en Washington. El día 25 de Septiembre, como auténticos mendigos, llegaron a la ONU los presidentes de Colombia, México, El Salvador y Perú, a pedir más “USA dollars” para enfrentar la “Guerra contra las Drogas”. El objetivo era doble: llamar a una mayor “cooperación” con los EEUU (eufemismo para pedir más intervención imperialista) y, por otra parte, pedir fondos para reforzar los aparatos de represión de estos Estados. Un fuerte tono patético marcó a todos los discursos de estos presidentes.

"Hoy, el foco de la violencia está en la frontera de Estados Unidos y nuestros pequeños territorios, pero mañana estará en las grandes ciudades de los países desarrollados, las capitales de Estados Unidos, Europa, Africa o Asia (…) Estados Unidos ha prometido 1.400 millones de dólares durante tres años para luchar contra las drogas bajo la iniciativa Merida, pero la mayoría de los fondos están destinados a México. Menos de un 20 por ciento va a América Central y el Caribe”, dijo Mauricio Funes de El Salvador.

Pero el premio por lo patético, se lo llevó el canciller José García Belaúnde del Perú, cuyo discurso parecía más propio de un pordiosero afuera de una Iglesia:

"Creo que debemos dar otra mirada a la cooperación internacional porque no es correcto que Perú esté recibiendo tan poco [ie., 120 millones de dólares anuales]”

Si parece haber algún consenso internacional respecto al tema de la Guerra Contra las Drogas, es que se trata de una política fracasada. No hay un sólo estudio serio que demuestre que se haya hecho ningún progreso. Es más, todos los estudios demuestran que no solamente el consumo ha ido en aumento, sino que lo verdaderamente grave, es que la política represiva y militarista ha generado una violencia excesiva e innecesaria en contra de las comunidades empobrecidas, fortaleciendo la mafia que se ha ido convirtiendo en parte estructural de no pocos Estados latinoamericanos. Pero no creemos, que sea algo casual que en estos momentos aparezcan estos títeres trasnochados de EEUU ha reclamar la profundización de una política fracasada. No es casual, porque esta política ha fracasado solamente desde la perspectiva de su fin manifiesto (combatir el tráfico y la producción de estupefacientes ilegales), pues desde el punto de vista de su fin tácito (aumentar el control imperialista sobre los países latinoamericanos), la política ha sido un éxito rotundo.

Guerra contra las drogas, caballo de Troya de EEUU

Hablemos sin tapujos. La guerra contra las drogas cumple un doble objetivo:

1. Sirve de punta de lanza para la intervención imperialista en nuestra región. No es raro que los países que constituyen el sector más adicto a Washington sean los que mendigan fondos para la guerra contra las drogas y al mismo tiempo soliciten más intervención directa norteamericana en la región. Esto es perfectamente compatible con su papel de nostálgicos del consenso de Washington y de quinta columna del imperialismo.

2. También representa un flujo de Capital importante para reforzar el aparato represivo de Estados con gobiernos ultraderechistas y aliados de EEUU, a la vez que representa una fuente de riquezas y prebendas para todo el enjambre de funcionarios y políticos que viven de una política fracasada, que se alimenta de la sangre de los pobres. Pero mientras la sangre derramada no sea la de las elites doradas, no hay problema, la orgía macabra puede seguir su curso sin molestar al apetito de nadie.

Así es. La guerra contra las drogas, que no haya espacio para falsas ilusiones, es una guerra en contra de los pueblos. Es un argumento, como podría haber otros, para intervenir. Es una guerra en contra de la economía de campesinos arruinados que no tienen otros medios para garantizar una vida ni siquiera digna, y es una guerra declarada contra los movimientos populares, porque insurgencia, movimientos populares, izquierda, luchas sociales, se ha convertido todo en sinónimo de narcotráfico para el discurso oficial de los EEUU.

El imperialismo funciona siempre como un matrimonio de conveniencia entre la metrópolis y las clases dominantes locales que colaboran. La intención de los Estados latinoamericanos que hicieron esta patética súplica, es obviamente ir tras los dólares, porque son Estados que viven de las prebendas internacionales, y conseguir nuevos juguetes para reprimir a su pueblo. Desde el punto de vista de los EEUU, ellos necesitan reconstruir su hegemonía en nuestra región, lo que vienen haciendo de un tiempo a la fecha manu militari; desde esa perspectiva, les cae de perilla que aparezcan esos presidentes a hacer el juego a su amo imperial. Es más, no creemos que estas intervenciones hayan sido espontáneas, sino que muy probablemente han expresado negociaciones debajo de la mesa entre EEUU y sus socios más fiables, que le permiten intervenir y militarizar por “invitación” la región, para así dar un velo de delgada legitimidad a su accionar proto-típicamente imperialista[2].

La Guerra contra las Drogas, son, para nuestras tropicales latitudes, lo que la Guerra contra el Terror es en Medio Oriente: la excusa de un imperialismo agresivo que necesita ganar terreno perdido. No es casual que para la ocasión, Martinelli, presidente de Panamá haya comparado a las drogas con las “armas de destrucción masiva”, una comparación que nos parece un auténtico deja-vu, que recuerda las excusas con las cuales se justificó la espuria guerra imperialista de Irak.

Colombia: ¿una experiencia ejemplar?

Mención aparte merecen los comentarios del presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien llegó a mostrar su disposición a compartir la “experiencia” de Colombia en el combate contra las drogas… con una soberbia demasiado ridícula para el país que lidera la producción mundial de cocaína, tras tres décadas de respuesta militar al narcotráfico que han bañado de sangre al país y han desplazado a más de 4.000.000 de campesinos, mientras la producción aumenta tranquilamente. En su discurso, por cierto, tuvo que hacer honor a la mojigatería de la oligarquía colombiana, que mientras se ha enriquecido con el narco y ha aceptado en su círculo dorado a todos los carteles que operan en el país, se arrojan lanza en ristre batallando por la penalización de la dosis personal, diciendo: "Destacamos con prudencia las contradicciones de algunos países que, por un lado, exigen una lucha frontal contra el tráfico de drogas y, por otro lado, legalizan el consumo".

Pero debemos mencionar un aspecto que es importante de los comunicados periodísticos sobre la reunión, porque reproducen un lugar común de la prensa internacional cuando se refiere a la “experiencia” del gobierno colombiano en combatir al narcotráfico, el cual sería supuestamente manejado por “grupos rebeldes”. Lo notable es que esta afirmación ni es casual ni es inocente: por una parte, tiende un velo de confusión sobre la verdadera naturaleza del narcotráfico en Colombia, y por otra, liga indisolublemente la “criminalidad” a la rebelión. En esta confusión deliberada se encuentra el meollo de la “Guerra contra las Drogas”.

El Estado colombiano ha, efectivamente, librado un combate frontal en contra de la insurgencia colombiana, apoyada por más de U$6.000.000.000 en cooperación militar de los EEUU en una década. Pero es un error entender esto como si fuera lo mismo que librar una lucha contra el narcotráfico. Aunque todos los medios internacionales insistan hasta el cansancio, cada vez que se menciona a la guerrilla colombiana, especialmente a las FARC-EP, que se trata de un cartel narcotraficante (a veces se dice “el cartel más grande de Colombia”), la realidad en verdad es muchísimo más compleja y no se ajusta a esta apreciación. En verdad, en un primer momento, las FARC-EP se opusieron al cultivo de coca y gradualmente lo aceptaron como una necesidad para los campesinos empobrecidos. Actualmente, su política consiste en lo que se llama el cobro de un impuesto progresivo sobre el “gramaje” a los traficantes de droga que operan en sus zonas de influencia. Pero no controlan la parte más lucrativa del negocio: es decir, no “trafican”, aún cuando protegen a los cocaleros y raspachines que tienen en ese cultivo un paliativo para su miseria, imponiendo a los “traquetos” (traficantes) precios justos a la hoja de coca. Como no “trafican”, no pueden ser considerados narco ”traficantes”. Es más, este impuesto, no puede ser considerado diferente a otros impuestos que aplican a otras operaciones económicas en sus zonas de influencia: si cobran un impuesto a los cafeteros, a los bananeros, a los ganaderos, a los petroleros… ¿por qué no aplicar este impuesto a la actividad más lucrativa y dinámica de la economía colombiana?

Esto el gobierno colombiano lo sabe: de hecho, cuando se estaban impulsando los diálogos de paz en San Vicente del Caguán y se comenzó a hablar del Plan Colombia (1998), el gobierno inmediatamente hizo la distinción, para calmar las inquietudes ante el proceso de paz, entre insurgencia y narcotráfico. Dijeron entonces que este Plan no sería utilizado para actividades contrainsurgentes, sino que para la lucha contra las drogas. En vísperas del quiebre de los diálogos de paz (2002) el discurso cambió: el dinero seguiría siendo para la lucha contra las drogas, pero se eliminaba deliberadamente la distinción entre el actor insurgente y el narcotráfico. Cada vez más comenzó a perfilarse el discurso mediático de las “narco-guerrillas”. Al final, todo ese poderío militar acumulado era para aplastar la insurgencia –de hecho, los resultados lo prueban: mientras se lideró una dura lucha contrainsurgente (dentro de la cual se atacó a los cocaleros en áreas de influencia guerrillera, es decir, se actuó de manera plenamente consistente con la teoría clásica de “quitar el agua al pez”, desplazando así a millones de personas), el cultivo de coca prosperó sin inconvenientes: entre el 2000 y el 2006, el área cultivada aumentó en un 15%, según estimaciones conservadoras[3], aumentando en un 27% para el 2007[4]. Mientras tanto, la ONDCP estima que las cifras de producción de cocaína potenciales (es imposible saber con exactitud por la naturaleza ilegal de la producción), pasaron de 350 a 600 Tm en el período 1997-2007[5].

Por el contrario, el paramilitarismo de derecha no fue combatido, pese a que el 70% de los ingresos de las AUC provenían derechamente del narcotráfico, al cual estaban vinculados desde la producción de la hoja de coca, hasta la salida desde Colombia en dirección a los EEUU[6]. Es más, este paramilitarismo ha sido una estrategia de Estado, estimulado por él, tolerado por él, y operando mano a mano con la fuerza pública colombiana, como ha sido demostrado en innumerables informes y documentos de derechos humanos, y en no pocos juicios. Mientras tanto, se consolidaba el control narcoparamilitar sobre el aparato de Estado, con la llegada al poder del presidente Álvaro Uribe, con amplios vínculos con el cartel de Medellín, especialmente con los hermanos Ochoa y con Pablo Escobar[7] (de hecho, un documento de inteligencia norteamericano de 1991 lo enumera como el número 82 en una lista de personajes vinculados al narcotráfico, diciendo que trabajaba para el Cartel de Medellín como un alto funcionario de gobierno y que era un amigo personal de Pablo Escobar[8]). El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), dependiente directamente del ejecutivo, ha sido en repetidas veces denunciado por sus vínculos con el paramilitarismo, y un ex funcionario, Rafael García denunció la participación de este organismo de seguridad directamente en el narcotráfico[9]. Otro ejemplo de la alianza mafia-Estado son los vínculos del ex ministro del Interior de Uribe, Valencia Cossio, cuyo hermano, fiscal de Medellín fue arrestado por vínculos con el narcotráfico[10], mientras que un vehículo del ministerio estaba en poder de un testaferro del narcotraficante “Don Mario” cuando fue detenido en Agosto del 2008[11].

Este grado de penetración no es algo nuevo: desde fines de los ’80, cuando Pablo Escobar desató su guerra contra el Estado, sectores del poder en Colombia se acercaron al cartel de Cali para contrarrestar al cartel de Medellín. Cuando se logró matar a Pablo Escobar, aparecen una serie de nexos entre el cartel de Cali y el gobierno, que se desarrollan aún más durante el llamado “proceso 8000”, en que sale a luz que la campaña del presidente Samper fue financiada por el narcotráfico. Esta relación se siguió desarrollando hasta llegar al paroxismo durante el gobierno de Uribe (continuado por Santos), en el cual los políticos y caciques del bloque en el poder firmaron pactos con los narco-paramilitares, como el pacto de Ralito, de Pivijay, de Chivolo, de Barranco de Loba, de Caldas, de Granada, entre otros (la “parapolítica” como se conoce al escándalo causado por los vínculos entre paramilitares y políticos oficialistas, ha untado a por lo menos 65 parlamentarios y más de 70 autoridades locales). Como recordó recientemente el ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo, en una charla en México, la violencia de los carteles se controló en los ’90 no mediante la confrontación, mediante la guerra, sino que mediante la negociación[12]. Lo que no dice es que el narcotráfico terminó como una parte aceptada del bloque en el poder y que estas negociaciones fueron hechas a las “malas”, de espalda al país, como arreglos de compinches entre gallos y medianoche.

¿México se está colombianizando?

Ya hemos repasado la “experiencia” colombiana. Veamos lo que pasa en México ahora.

Felipe Calderón, quien ostenta la lamentable presidencia de México, insiste en reproducir la receta colombiana, el modelo de un Estado autoritario contrainsurgente, vergonzosamente sumiso a los designios del imperio norteamericano; la punta de lanza de la política histéricamente violenta y entreguista del calderonismo es Ciudad Juárez. Ahí como en el resto del país se impone silenciosamente una especie de guerra urbana, nutrida por la violencia que el dominio territorial y el gobierno de facto de las mafias –apoyadas por el peso completo del los aparatos coercitivos del Estado, de los poderes financieros y empresariales- provoca.

Más de un especialista ha señalado hasta el cansancio que la parte operativa de la Alianza para la Paz y Prosperidad de América del Norte es el símil del Plan Colombia en México, con la sutil diferencia que en México, Estados Unidos priorizará en labores de inteligencia. Igualmente, como se hizo en Colombia a comienzos de 1999-2000 se contempla la especialización de cuerpos militares antinarcótico bajo la el control del Pentágono. En este sentido no es fortuito que Dennis Blair y Michael Fuller, dos representantes de la Inteligencia norteamericana, hayan calificado al Estado mexicano, como un Estado fallido en materia de combate contra el crimen organizado, preparando la intervención en la zona.[13]

La diferencia sustancial entre la estrategia en Colombia y México, es que en éste último se ha diseñado una estrategia con la presencia de cuerpos de inteligencia y contraterrorismo del Estado y no exactamente con la presencia de tropas militares[14]. Pero todo esto es perfectamente lógico; incluso las declaraciones desatinadas de la secretaria de Estado Hillary Clinton el pasado 8 de Septiembre lo son. Al mencionar que la violencia de los carteles de la droga mexicanos se parece a la de la insurgencia colombiana, y que la situación mexicana actual se asemeja a la de la Colombia de los años ’80, inquieta el intento desesperado por vincular la actividad de los grupos criminales a la de las resistencias legítimas, e incluso pacíficas, que puedan llevar acciones a cabo en la región mexicana.[15]

Los mexicanos, que creían haber visto de todo: decapitados, empalados, fusilados, descuartizados, descubren una nueva modalidad de la violencia a que los ha sometido su propio gobierno: coches-bomba, explosivos C4 y la rimbombancia del término “narcoterrorismo”, y la consecutiva respuesta intrusiva del Pentágono y la CIA contra esa extrañísima “mafia insurgente”.

En muchos medios se viene diciendo algo no muy diferente a lo que ha afirmado H. Clinton: que México se está “colombianizando” –esto lo acepta el propio Calderón, puesto que tal visión le es funcional con su política de militarizar al país[16]. Tienen razón quienes han planteado que esta comparación no se aplica porque los carteles de droga mexicanos no son lo mismo que la insurgencia colombiana[17]. Pero hay un sentido, y esto lo pasan por alto los medios, en el que si podemos decir que México se está “colombianizando”: es en la creciente integración del capital tradicional al capital mafioso, es en esa simbiosis entre caciquismo político, especuladores y terratenientes, con los narcotraficantes, todos los cuales cuentan con sus milicias privadas y con el pleno respaldo de los EEUU, quienes utilizan el contexto para profundizar su penetración imperialista (La iniciativa Mérida cuenta con U$1.600.000.000 para el período 2008-2010).

El asesoramiento colombiano a México en la Guerra contra las Drogas, que es una manera indirecta de intervención norteamericana, ha desatado una violencia demencial en el país. Dicen que van ganando “aunque no lo parezca”, mientras tanto, día a día, las familias mexicanas inician el día con el conteo de muertos, que a la fecha dan más de 28.000. Muertos civiles en retenes militares, niños, mujeres. ¿Para qué? Solamente se dan respuestas ingenuas y puritanas del mismo discurso prohibicionista que deja muchas más interrogantes que otra cosa. ¿Por qué casi no se han tocado los tentáculos financieros de los carteles, que se extienden a casi el 80% de la economía mexicana? ¿Por qué las ofensivas se concentran contra los Zetas y el Cartel del Golfo, mientras el Cartel de Chihuahua y sus pares en Sinaloa no ha sido tocados, y sus líderes aparecen en la revista Forbes entre los más ricos del mundo y dan entrevistas a connotados reporteros?[18]

Si las intenciones fueran claras y honestas, los voceros de la catástrofe tendrían qué reconocer que Colombia no puede compartir con nadie su “experiencia” de Guerra contra las Drogas porque ha sido, lisa y llanamente, un fracaso. Lo que Colombia, en realidad podría compartir es su experiencia en la barbarie contrainsurgente con los países del área Centroamérica-Caribe y con México, área donde, como hemos dicho, EEUU está reforzando su presencia militar, construyendo, de esta manera, un muro de contención entre las luchas populares latinoamericanas y su patio trasero.

Lo que hay detrás del narcotráfico

El narcotráfico es un negocio que ha desarrollado, a la sombra de la prohibición, una modalidad mafiosa que ha ganado el control silencioso del Estado en países como Colombia y México.

Pero hay un factor puramente económico por el cual los narcotraficantes están muy a gusto con el actual régimen de penalización y criminalización: porque, sin afectar mayormente su imperio, les da ganancias astronómicas. Esto ha sido señalado por Juan Carlos Hidalgo en un reciente artículo:

La prohibición de las drogas ha hecho del narcotráfico un negocio extremadamente lucrativo. Esto se debe a que el precio de una sustancia ilegal se determina más por el costo de la distribución que por el costo de la producción. Por ejemplo, en el caso de la cocaína, el precio de la hoja de coca en el campo y lo que paga un consumidor en las calles estadounidenses por el polvo blanco aumenta en más 100 veces. Dependiendo de la droga, 90% o más del precio minorista del estupefaciente corresponde a la prima generada por la prohibición.

Jorge Castañeda y Rubén Aguilar en su libro El Narco: La guerra fallida, ilustran cómo el precio de la cocaína va exponencialmente en aumento conforme se acerca a su destino final en EE.UU. De acuerdo a información recabada por los autores, el kilo de cocaína pura se vendía en Colombia a aproximadamente US$1.600. Ese mismo kilo aumentaba su precio hasta US$2.500 al llegar a Panamá. Una vez en la frontera norte de México ya costaba US$13.000, y en EE.UU. aumentaría a US$20.000. Luego, en las calles de las principales urbes estadounidenses, ese mismo kilo podría llegar a venderse al menudeo en US$97.000.
”[19]

No resulta raro, teniendo en cuenta estos antecedentes, que el país en el que el narcotráfico tiene mayor poder sobre el Estado (Colombia) sea el país que es más estridente en contra de las “drogas”. Es más, en múltiples casos, como hemos visto, el Estado ha servido como un instrumento puesto al servicio de unos carteles en contra de otros. Recordemos las revelaciones del “proceso 8.000” a mediados de los ’90 en Colombia, cuando quedó claro que el Cartel de Cali había estado detrás de la estrategia del Estado colombiano contra Pablo Escobar y el Cartel de Medellín. ¡O sea, el Estado puesto al servicio de la guerra de carteles! El mismo Plan Colombia, ha desplazado a innumerables raspachines y pequeños productores, dejando esas tierras a disposición de grandes terratenientes que se han apropiado así de 6 millones de hectáreas, las cuales han favorecido a grandes terratenientes y narcotraficantes aliados del paramilitarismo.

Al final de cuentas, el narcotráfico también es una expresión sumamente desgarradora y conmovedora de la aguda lucha de clases en nuestros territorios. La pobreza de los campesinos que se ven forzados a cultivar coca para sobrevivir no es obviamente un problema para estos presidentes. Pero nosotros no aceptamos y rechazamos como inmoral cualquier política antinarcóticos que signifique profundizar la miseria de los condenados de la tierra. Porque una política que se plantea de frente contra las drogas, desde una perspectiva moralista, ignora las necesidades de esta gran masa humana a la cual se le han cerrado casi todas las otras puertas para garantizarse una vida medianamente digna. Nos negamos a que estos presidentes entreguistas, dejando en claro su talante neo colonial, pongan las consideraciones morales de los neoconservadores primer mundistas antes de las necesidades del estómago de nuestros campesinos.

El debate tabú: la legalización

Aceptamos que los vicios de toda naturaleza son dañinos para la salud. Aceptamos que la sociedad tiene derecho a proteger a sus hijos de los vicios. Pero no aceptamos que la solución sea reprimir, lo cual generará más violencia porque el narcotráfico está en la base del sistema capitalista –la miseria del campesinado, el sistema de oferta y demanda, el control del comercio mafioso en manos de los “hombres fuertes”… ¿por qué no hacer como recomendaba Errico Malatesta hacia casi un siglo? En un artículo escrito en 1922 para el periódico anarquista italiano Umanitá Nova, este veterano libertario mostraba mucho más juicio y criterio que los mojigatos que hoy, mientras agitan públicamente políticas represivas, privadamente manejan economías narcotizadas y llenan sus bolsillos de narcodólares:

En Francia existen leyes severas contra quien usa y quien expende cocaína. Y, como es habitual, el azote se extiende y se intensifica a pesar de las leyes y quizá a causa de las leyes. Igualmente en el resto de Europa y en América.

El doctor Courtois, de la Academia de Medicina francesa, que ya el año pasado había lanzado un grito de alarma contra el peligro de la cocaína, comprobado el fracaso de la legislación penal, pide... nuevas y más severas leyes. Es el viejo error de los legisladores, a pesar de que la experiencia haya siempre, invariablemente, demostrado que nunca la ley, por bárbara que sea, ha servido para suprimir un vicio, o para desanimar el delito.

Cuanto más severas sean las penas impuestas a los consumidores y a los negociantes de cocaína, más aumentará en los consumidores la atracción por el fruto prohibido y la fascinación por el peligro afrontado, y en los especuladores, la avidez de ganancia, que es ya ingente y crecerá con el crecer de la ley.

Es inútil esperar de la ley.

Nosotros proponemos otro remedio.

Declarar libre el uso y comercio de la cocaína, y abrir las expendidurías en las que la cocaína sea vendida a precio de costo, o incluso, bajo costo. Y después hacer una gran propaganda para explicar al público y poner al alcance de la mano los daños de la cocaína; nadie haría propaganda contraría porque nadie podría ganar con el mal de los cocainómanos.

Ciertamente con esto no desaparecería completamente el uso dañino de la cocaína, porque persistirían las causas sociales que causan los desgraciados y los empujan al uso de estupefacientes.

Pero de cualquier modo el mal disminuiría, porque nadie podría ganar con la venta de la droga, y nadie podría especular con la caza de los especuladores.

Y por eso nuestra propuesta no será tomada en consideración, o será tratada de quimérica y loca.

Sin embargo la gente inteligente y desinteresada podría decir: "Después de que las leyes penales se han mostrado impotentes, ¿no estaría bien, al menos a título de experimento, probar el método anarquista?
"


¿No será también hora de probar el método anarquista en América Latina, aunque sea a título de experimento? Nada puede ser peor que la sangría patrocinada por el imperialismo y los Estados, que ahora tratan de reforzar mientras afilan las garras para aumentar su control imperialista en América Latina. No podemos enfrentar eficazmente al imperialismo sino confrontamos la excusa con la que se presenta en nuestros territorios.

Es de primordial importancia, por tanto, abrir el debate en torno al tema de los estupefacientes, un debate que ha sido bloqueado por el peso del conservadurismo en nuestras sociedades latinoamericanas. Demos el debate, pero que nadie se preste a engaño: acá el asunto no es terminar el narcotráfico, sino que acabar con los pueblos que resisten.

José Antonio Gutiérrez D.
Brenda Aguilar

29 de Septiembre, 2010




[1] Las citas de la reunión son extraidas de “Países América Latina piden impulso global lucha contra drogas”, Reuters, 25 de septiembre de 2010, Helen Popper
[2] Para más detalles consultar http://www.anarkismo.net/article/17043
[3] http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7712285.stm
[4] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-...a-onu
[5] http://www.elciudadano.cl/2009/03/19/el-fracaso-de-la-p...iano/ El gobierno colombiano se pavoneó bastante a comienzos de año con un informe de la oficina de la ONU contra las drogas y el delito que expresaban que Perú superaba a Colombia en cuanto a la producción de hoja de coca. Este informe, que ha querido ser mostrado como un miserable éxito tras una década de fracasos, no está exento de polémica: primero, porque la producción de hoja de coca no tiene relación directa con la producción de cocaína, y Colombia, según estimaciones, sigue como líder indiscutido, sobrepasando de lejos a Perú. Por otra parte, según la metodología utilizada, Perú no necesariamente sobrepasa a Colombia, pues se hicieron dos mediciones diferentes sobre la hoja, con dos maneras diferentes de ser secadas que afectan el volumen. Sobre la polémica en torno a las cifras, revisar http://www.peru.com/noticias/portada20100622/103938/Per...a-ONU
[6] http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=114334
[7] http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=108354
[8] http://www.nytimes.com/2004/08/02/international/america....html
[9] Ver noticia http://www.youtube.com/watch?v=VKRZ4sf3U5k
[10] http://www.verdadabierta.com/parapolitica/antioquia/336...emana
[11] http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=661447
[12] http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-2...exico
[13] Ver http://www.kaosenlared.net/noticia/colombia-mexico-teor...lidos
[14] http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/68999-...xico/
[15] http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2010/09/08/carteles-...inton[16] http://www.eluniversal.com.mx/notas/680755.html
[17] http://www.elespectador.com/columna-224394-mexico-no-co...ombia
[18] http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78067
[19] http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politi...rogas

author by Atahualpapublication date Thu Oct 07, 2010 18:04Report this post to the editors

El presidente Alan García, en entrevista a CNN aseguró que si Estados Unidos decidiera instalar tropas en su país para el combate contra el narcotráfico, él lo permitiría, pues en temas "humanos y universales yo no hago cuestión de soberanías y patriotismo". Numerosas organizaciones dentro y fuera del país han denunciado que García en una actitud entreguista busca congraciarse con Estados Unidos y satisfacer la necesidad del mayor ejército del mundo de mantener centros de operaciones en Sur América, después de la caída del acuerdo de bases militares con Colombia.

El gobierno de García no ha revelado aún la totalidad de prerrogativas otorgadas al ejército estadounidense, pero, se conoce que tiene presencia hace varios años en Perú desde las bases militares de Santa Lucia, Almapampa, Mazamari y Acón. La ultima ubicada al norte del Perú, ha servido de puerto marítimo para desarrollar labores de adiestramiento por los EU a casi todas las fuerzas militares del cono sur.

El ex parlamentario peruano Javier Díez Canseco manifestó que la solicitud de incrementar el número de fuerzas norteamericanas pone en riesgo la soberanía del país y añadió que García busca financiamiento para las Fuerzas Armadas y la Policía del país, luego de que fuera ampliamente rechazada la modificación del régimen pensional. Se suma a lo dicho por Díez, las protestas de los partidos de oposición que ven que después de la firma del TLC con los EU el presidente García dio luz verde para una presencia militar que nadie explica y que grotescamente el año pasado además de la lucha contra el narcotráfico, quiso venderse como un plan humanitario que permitía una rotación de contingentes armados de alrededor de 150 hombres, hasta completar los 1000 efectivos.
La Coalición Colombia No Bases ha venido desde su creación reseñando la expansión militar de los EU en la región y denunciando que el proceso de militarización corresponde al control de la región en defensa de sus intereses económicos. Desde la Coalición y la Campaña Continental por una Latinoamérica en Paz llamamos al pueblo peruano a fortalecer su proceso de organización y resistencia por construir un país Soberano y Democrático.

author by WOLA-TNIpublication date Mon Dec 13, 2010 22:45Report this post to the editors

El peso de la ley cae sobre la gente más desprotegida,
hacinando las cárceles, pero dejando al narcotráfico florecer

Un estudio comparativo sobre el impacto de políticas de drogas en los sistemas carcelarios de ocho países latinoamericanos – Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay – revela que las leyes de drogas han contribuido a la crisis carcelaria que viven estos países porque imponen penas desproporcionadas a los delitos de drogas cometidos, no contemplan lo suficiente el uso de penas alternativas y promueven el uso excesivo de la prisión preventiva. El estudio "Sistemas sobrecargados: Leyes de drogas y cárceles en América Latina" http://www.druglawreform.info/index.php?option=com_flex...ng=es publicado hoy por el Transnational Institute (TNI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), encontró que aquellos que están encarcelados por delitos de drogas tienden a ser individuos portando pequeñas cantidades de droga, en muchos casos consumidores, así como vendedores callejeros.

En concreto, el estudio encuentra que en su mayoría las personas encarceladas por drogas no son altos o medianos mandos del narcotráfico, sino los eslabones más bajos de la cadena. Según el reporte, estas leyes han hacinado las cárceles ­– con un alto costo humano – pero no han frenado la producción, tráfico y consumo de drogas. “Encarcelar a ofensores menores con el fin de restringir el narcotráfico es inútil, pues al día siguiente los altos jefes los reemplazan. Pero para los encarcelados, la prisión les destruye la vida”, dice Pien Metaal, coordinadora del proyecto sobre reforma a las leyes de drogas del TNI. “El enfoque penal hacia estas personas satura los sistemas de administración de justicia, afectando de esa manera al conjunto de la sociedad”, agrega Metaal. El estudio concluyó que en Colombia, el 98 por ciento de las personas privadas de la libertad por delitos de drogas entre 2007 y 2009 eran ofensores de menor grado, o por lo menos, no se les pudo probar lo contrario.

A pesar de las diferencias entre los ocho países, el estudio encuentra muchos problemas en común. Por ejemplo, el estudio identifica que las personas encarceladas por drogas provienen por lo general de los sectores más vulnerables de la sociedad, aquellos con poca educación formal, bajos ingresos y oportunidades limitadas. “La pobreza es evidente en las cárceles de todos estos países”, dice Coletta Youngers, investigadora afiliada a WOLA. “Muchas de las personas entran al ‘negocio’ de las drogas por desesperación económica, pero la realidad es que el transporte, venta y producción a este bajo nivel, no saca a nadie de la pobreza, pero se vuelve una opción porque representa un ingreso constante”, agrega Youngers.

Esta desesperación económica es quizás lo que ha llevado a lo que el estudio identifica como una “feminización” del delito de drogas: La mayoría de los encarcelados por droga son hombres, pero entre las mujeres encarceladas, el porcentaje de aquellas que lo están por drogas es mayor en comparación al de los hombres. Esto es particularmente visible en Argentina y Ecuador. “Muchas de estas mujeres son madres solteras y pobres. El miedo que les puede generar caer en la cárcel o involucrarse en el tema de drogas es superado por la necesidad de sacar adelante a sus familias”, dice Coletta Youngers de WOLA. “Estas madres solteras y otros ofensores similares, deberían ser considerados para recibir penas alternativas a la prisión, sobre todo porque mientras están en la cárcel, los hijos quedan desprotegidos”.

Sin embargo, como concluye el estudio, a las personas acusadas y condenadas por delitos de drogas a menudo se les niega acceso a penas alternativas a la prisión. Incluso, en la mayoría de los países estudiados, las sentencias pueden llegar a ser hasta desproporcionadas a los delitos cometidos. Un ejemplo de esto es Ecuador, en donde una “mula” puede terminar más años en la cárcel que un asesino.

Esta desproporcionalidad en las sentencias se debe en parte a que las leyes de estos países no distinguen bien entre consumidores, pequeños vendedores, pequeños transportistas, y medianos y grandes traficantes, concluye el estudio. “Muchos consumidores de drogas terminan en la cárcel – incluso cuando la ley de su país no contempla el encarcelamiento de consumidores – al ser confundidos con vendedores”, dice Metaal del TNI. “Para reestablecer la proporcionalidad en las sentencias, urge que las autoridades introduzcan lineamientos más claros para identificar los diferentes niveles en el tráfico y tipos de drogas, e impedir que los consumidores acaben en la cárcel”, concluye Metaal.

Otro problema detectado por el estudio es que las cárceles de estos ocho países latinoamericanos, por presupuestos e infraestructuras deficientes, no garantizan estándares mínimos internacionales. Un caso particularmente grave es Bolivia, en donde la falta de recursos ha generado problemas de nutrición y salud entre los reclusos. El presupuesto diario de alimentación en las cárceles de Bolivia es de 80 centavos por preso por día.

Sistemas sobrecargados ofrece varias recomendaciones para conducir a políticas más efectivas y humanas. Entre estas figuran:

Establecer y ampliar las alternativas al encarcelamiento para aquellos acusados por delitos menores de drogas, incluyendo la eliminación de las sanciones penales por la posesión para uso personal.
Suprimir las penas mínimas obligatorias.
Evitar la detención preventiva en el caso de delitos menores de ofensores no violentos.
Estimular un debate abierto sobre las ventajas y desventajas de avanzar hacia un mercado legal y regulado para la cannabis.
“Este estudio deja claro quiénes son las verdaderas víctimas de la 'guerra contra las drogas'”, dice John Walsh, coordinador de programa de políticas de drogas de WOLA. “Los problemas señalados suenan una alarma sobre la necesidad de reformar las leyes de drogas en el continente”.

El estudio fue presentado hoy en Buenos Aires durante un evento conjunto con la Universidad de Palermo e Intercambios Asociación Civil, y está disponible en www.druglawreform.info

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author by Matteo Dean - Desinformémonospublication date Thu Mar 03, 2011 05:45Report this post to the editors

México, DF. La llamada “guerra contra el narcotráfico” que lanzó el actual gobierno federal mexicano -guiado por Felipe Calderón Hinojosa- es una falsa guerra, pues en realidad “se trata de una guerra entre cárteles del narcotráfico en la que el gobierno de Calderón tomó partido por uno de los contendientes, Joaquín Loera Guzmán, alias El Chapo, líder del Cártel de Sinaloa”.

Estas son algunas de las opiniones que sostiene Anabel Hernández, periodista mexicana y autora del libro revelación de estos últimos meses en las librerías de México, Los señores del narco (editado por Grijalbo Mondadori, 2010, p. 496).

El libro, publicado en diciembre de 2010 y que en dos meses ya vendió 50 mil copias, relata la historia reciente del narcotráfico en México, centrando su atención sobre algunos de los protagonistas de este fenómeno que “está infectando a todo México”. En particular, Anabel Hernández describe la trayectoria delincuencial de Joaquín El Chapo Guzmán, desde su temprana detención por parte de las autoridades de Guatemala (que lo entregaron luego a las autoridades mexicanas) en 1993 -cuando “era apenas un capo de ‘quinta’ en la jerarquía del entonces Cártel de Juárez”- hasta el día de hoy, cuando el líder del Cártel de Sinaloa es considerado el capo de capos, y que inclusive aparece en las exclusivas listas de la agencia Forbes en calidad de uno de los hombres más ricos del planeta.

El volumen que tanto interés está despertando (“sobre todo entre los jóvenes”) aporta nombres y apellidos de capos del narcotráfico en México, así como de funcionarios gubernamentales coludidos con la delincuencia, muchos de los cuales aún están en funciones. Describe con muchos detalles las redes de complicidad que encubren al negocio del tráfico de sustancias ilícitas y cómo, gracias a estas complicidades, se pudo llegar a la situación actual, en la que hay más de 40 mil muertos reconocidos oficialmente.

Leer entrevista completa en:

Related Link: http://desinformemonos.org/2011/03/los-senores-del-narco/
 

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Verso lo sciopero generale e sociale nel mondo del lavoro, nei territori, nelle piazze

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