CAJAR: Peligro de muerte para defensores de DDHH en Colombia

venezuela / colombia | antifascismo | non-anarchist press Thursday September 16, 2010 04:09 by CAJAR

Bogotá D.C., 11 de septiembre de 2010

Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República de Colombia
Ciudad.

Referencia: Solicitud de garantías para los integrantes del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y sus familias

Señor Presidente

En nuestra condición de defensores y defensoras de derechos humanos, integrantes del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJAR-, organización no gubernamental para la defensa de los derechos humanos, a través de este escrito solicitamos su inmediata intervención para prevenir inminentes ataques en nuestra contra, que incluso, amenazan nuestro derecho fundamental a la vida.

Esperando una respuesta oportuna y adecuada de su parte nos permitimos poner en su conocimiento los siguientes hechos y consideraciones:

1. Se prepara un atentado contra miembros de nuestra institución: La semana pasada, recibimos de una fuente creíble, información según la cual, se estaría preparando un atentado contra la vida de un abogado del CAJAR, plan éste, en que estaría involucrada la inteligencia militar, sector relacionado con recientes manifestaciones que invitan a la eliminación física de nuestra organización.

2. Se realizó una concentración que incita a la eliminación del CAJAR: El pasado 1º de septiembre se convocó y llevó a cabo un plantón contra el CAJAR en el parque Santander frente a la entrada del edificio de AVIANCA, en cuyo piso 25 funciona nuestra sede. Tal concentración fue organizada por quienes se hicieron llamar “Movimientos Nacionalistas y Reserva Activa de Colombia” y ACORE. Entre los partícipes del mismo se encontraban el ex senador Enrique Gómez Hurtado, el señor Jaime Restrepo director jurídico de UNOAMERICA y el señor Rodrigo Obregón Presidente de la Fundación Colombia Herida, entre otros.

En este acto se mostraron pancartas y se corearon consignas que se convirtieron en una incitación directa a eliminarnos, a través de injurias, calumnias e insultos que reprodujeron algunos medios de comunicación. Se nos llamó terroristas, integrantes de las guerrillas, traidores de la patria, protagonistas de la “guerra jurídica” contra las fuerzas militares, entre otras expresiones. De manera más enfática los partícipes enfilaron sus agravios contra el abogado del CAJAR que apodera a las víctimas del Palacio de Justicia.

Tal agresión es una retaliación al denodado trabajo del CAJAR para que los responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos respondan ante la justicia nacional o internacional.

Este llamado a nuestra eliminación bajo el mensaje “NO MAS COLECTIVO”, alentado por expresiones del estamento militar, es constitutivo de varias conductas delictivas que las autoridades judiciales están llamadas a investigar y sancionar. Expresiones similares en el pasado, han precedido a amenazas contra la vida y otros actos de hostigamiento, que han llevado al exilio a miembros de nuestra organización de derechos humanos. Por esta razón, este acto no puede ser validado, ni entendido como ejercicio de los derechos a la libertad de asociación, de reunión y de expresión y en consecuencia debería ser rechazado por el Alto Gobierno.

3. Persisten los seguimientos, hostigamientos e interceptación de las comunicaciones del CAJAR: A pesar de contar el CAJAR con medidas de protección por parte de la Comisión Interamericana desde el año 2000, durante los últimos meses, varios de sus integrantes, entre quienes se encuentran abogados y abogadas, periodista, personal administrativo y auxiliares jurídicos, han sido objeto de llamadas extrañas a sus lugares de vivienda y teléfonos móviles, en las que se guarda silencio o bajo diferentes excusas se indaga sobre datos personales y familiares. En uno de los casos, al devolver la llamada al remitente contestaron de la “Oficina de Educación y Doctrina del Ejército Nacional”. Igualmente, existen evidencias de interceptaciones a correos electrónicos en los últimos meses. De la misma forma, varios integrantes del CAJAR han percibido seguimientos en inmediaciones de sus viviendas y oficina.

Antecedentes

El CAJAR tiene como objetivo la defensa integral de los derechos humanos. En este marco, damos preferente atención a la lucha contra la impunidad, con énfasis en la representación legal de las víctimas en procura de la defensa a sus derechos a la VERDAD, LA JUSTICIA y la REPARACION INTEGRAL. Nuestra actividad se desarrolla en el ámbito nacional y también ante las instancias internacionales de protección de los derechos humanos.

El CAJAR ha contribuido en la lucha contra la impunidad en casos como el de la masacre de Mapiripán, la masacre de La Rochela, la masacre de Alaska, la ejecución extrajudicial del senador Manuel Cepeda Vargas, ejecuciones extrajudiciales de jóvenes de Soacha, de sindicalistas (p.e sindicalistas de Anthoc en Arauca), de indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta (pueblo wiwa, pueblo kankuamo), de campesinos en diferentes regiones del país (p.e caso Cajamarca, Tolú Viejo), casos de desapariciones forzadas cometidas a lo largo de 30 años entre ellas, las cometidas en los hechos conocidos como la “retoma” del Palacio de Justicia; y muchos otros casos que constituyen crímenes de lesa humanidad que han comprometido la responsabilidad penal de miembros de las fuerzas militares que con alarmante frecuencia actuaron en connivencia con organizaciones paramilitares.

Durante los 30 años de ejercicio como organización defensora de derechos humanos, hemos sido víctimas de una sistemática y generalizada persecución por parte del ESTADO. Tal práctica se hizo más visible durante los dos periodos de gobierno del presidente saliente ALVARO URIBE VELEZ, quien de forma reiterada agredió a las organizaciones de derechos humanos y de manera particular al CAJAR, como es de público conocimiento.

De hecho, fue durante las dos administraciones del ex presidente Álvaro Uribe que el Departamento Administrativo de Seguridad DAS como agencia de inteligencia llevó a cabo la más gigantesca, ilegal y criminal operación de persecución contra organizaciones de derechos humanos, magistrados de las Altas Cortes, periodistas independientes, sindicalistas, miembros de la oposición, y contra los núcleos sociales y familiares de los mismos.

Se pueden leer en los archivos incautados al DAS las siguientes órdenes:

“Neutralizar las acciones desestabilizadoras de las ONG en Colombia y el mundo. Identificar y neutralizar acciones políticas hostiles contra el orden constitucional y el gobierno nacional, especialmente desde ONG proclives a organizaciones terroristas. Crear conciencia sobre las consecuencias de un sistema comunista-. Concientizar a la población sobre la realidad de la ideología comunista. Judicializar[1] a los llamados “objetivos o blancos”[2] de sus acciones. Conocer, controlar y desprestigiar sus actividades. Realizar acciones de inteligencia ofensiva y de guerra psicológica, dirigidas a intimidar. Neutralizar influencia en la Corte Interamericana de DDHH Costa Rica. Neutralizar influencia en el sistema jurídico europeo, Comisión de DDHH del Parlamento Europeo, Oficina Alta Comisionada DDHH-ONU, Gobiernos Nacionales”

Las acciones para lograr los anteriores objetivos no se circunscribieron a la interceptación de comunicaciones, sino que, se extendieron a la llamada inteligencia estratégica que abarcó la denominada GUERRA POLITICA[3] que a su vez comprendió acciones de desprestigio, amenazas[4], sabotaje, montajes, incursiones a cubierta o clandestinas en los sitios de vivienda y oficinas, arrendamientos de viviendas para hacer vigilancias y seguimientos permanentes, robo de información, desprestigio, vigilancias, acciones de inteligencia ofensiva, infiltración, operaciones que denominaron de “guerra psicológica” dirigidas incluso contra niñas y niños. El DAS llegó al extremo de ordenar acciones de terrorismo explosivo, incendiario y tecnológico, tal como reposa en los documentos incautados por la Fiscalía a esa entidad de inteligencia.

En este tenebroso escenario, en la operación especial llamada “transmilenio” contra el Cajar se invirtieron cuantiosos recursos del erario público con la intención de destruirnos, porque desde sectores importantes del Estado, en particular de la Fuerza Pública, nuestra labor legítima e imprescindible, es vista como parte de una “guerra jurídica” en que nosotros seríamos por tanto blancos “legítimos” para ser eliminados.

Consideraciones finales

Históricamente y hasta el día de hoy, se ha desarrollado una sistemática persecución contra el CAJAR, que tiene como máximo responsable a sectores importantes dentro del propio ESTADO, que conciben la exigencia de justicia en representación de víctimas de violaciones a derechos humanos como una “guerra jurídica” ligada a la insurgencia, y a los abogados y abogadas defensores de derechos humanos como “miembros o auxiliadores de la guerrilla o del terrorismo”.

Nuestra misión institucional es luchar contra la sistemática violación de los derechos humanos y contra la sistemática impunidad que protege y pone fuera del alcance de la justicia a los perpetradores de dichas violaciones. No hacemos GUERRA JURIDICA, sino que buscamos el respeto a la ley, la Constitución y los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos, como condición necesaria para la construcción de un Estado de derecho basado en principios democráticos y fundado en el respeto irrestricto de los derechos humanos[5].

Quiénes menoscaban el Estado de derecho, la patria, la institucionalidad y la democracia no son las organizaciones de derechos humanos que la construyen y reclaman a diario, sino quienes prevalidos del poder violan sistemáticamente los derechos humanos con la seguridad que serán premiados con la impunidad.

Se nos sindica en esta campaña de agresión de inventar las pruebas, de infiltrar el poder judicial y de atentar contra la eficacia de las Fuerzas Armadas, que en lugar de estar en los escenarios de combate tienen que “enfrentar a sus enemigos en los tribunales”. Cada sanción penal o disciplinaria contra un miembro de la Fuerza Pública por una violación de derechos humanos es presentada como una agresión contra la “moral de las tropas”. Presentadas así las cosas, en este país, los graves crímenes de lesa humanidad serían invención de los defensores de derechos humanos y los perpetradores, héroes defenestrados por nuestras “acciones antipatrióticas”. Incluso frente a crímenes que se cometieron de cara a la comunidad internacional como fueron los hechos del Palacio de Justicia, se ha reaccionado con sin igual virulencia 25 años más tarde.

Señor Presidente,

Acudimos a Usted directamente para pedirle que adopte de manera inmediata, todas las medidas necesarias para frenar este plan y esta campaña en nuestra contra que puede costarnos nuestras vidas o la de nuestros familiares. Le solicitamos que haciendo uso de sus poderes constitucionales y legales haga lo necesario para que cesen las agresiones en contra nuestra y de los demás defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia.

Hacemos un llamado Sr. Presidente, para pedirle que garantice la realización de nuestro trabajo de defensa de los derechos humanos con la tranquilidad de que no seremos objeto de más ataques por este ejercicio. Acudimos a usted para urgirle que tome las medidas para evitar atentados letales contra el CAJAR, sus miembros y sus familias.

En manos de su Gobierno y del Estado está el garantizar nuestra integridad y el libre y legítimo empeño en la defensa y promoción de los derechos humanos. De usted depende, en primer lugar, de que su compromiso anunciado por la defensa de los derechos humanos, se concrete orientando un cambio en la percepción que tienen los altos mandos militares y de policía sobre nuestra gestión, sobre la que estamos dispuestos a dialogar en un marco de mutuo respeto. No son suficientes esquemas y medidas de protección física, si nuestra labor sigue siendo estigmatizada y nuestras vidas e integridad física expuestas cotidianamente a posibles atentados. Insistimos en una pronta y adecuada respuesta, Sr, Presidente Santos, a las preocupaciones aquí expresadas.

Cordialmente,

RAFAEL BARRIOS MENDIVIL
ALIRIO URIBE MUÑOZ
SORAYA GUTIERREZ ARGUELLO
JOMARY ORTEGON OSORIO
EDUARDO CARREÑO WILCHES
REINALDO VILLALBA VARGAS
DORA LUCY ARIAS GIRALDO
LUIS GUILLERMO PEREZ CASAS
MARIA DEL PILAR SILVA GARAY


c.c. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de defensores de derechos humanos

Cuerpo Diplomático con representación en Colombia

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Congreso de los Estados Unidos

Parlamento Europeo

Organizaciones internacionales de derechos humanos

Órganos de control: Procuraduría General de la Nacional – Defensoría Nacional del Pueblo

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[1] Judicializar consiste en vincular a personas a procesos penales, para el caso, a través de montajes o vinculaciones arbitrarias. El DAS quiso judicializar a integrantes del CAJAR, incluso, acudiendo a los llamados “desmovilizados o reinsertados”.

[2] Se denominan “blancos” según la resolución 958 del 10 de septiembre de 2008, las organizaciones o personas definidas como objetivos de las acciones de inteligencia, para el caso, los miembros del CAJAR.

[3] Esta actividad de inteligencia se desplegó en el marco de lo que ellos denominan UNA GUERRA POLITICA, en la que quedan inmersas las nociones de guerra jurídica, guerra psicológica. Se lee en los documentos del DAS: Concepto de GUERRA POLITICA: “ES TODA ACCION DE GUERRA QUE UTILIZA MEDIOS INTANGIBLES PARA DESTRUIR LA VOLUNTAD DE COMBATE DEL ENEMIGO, HASTA HACERLO VULNERABLE A NUESTRA VOLUNTAD”.

[4] A una abogada del CAJAR le fue remitida una muñeca decapitada y descuartizada como señal de amenaza contra su pequeña hija.

[5] De conformidad con la Resolución 2280 aprobada en la cuarta sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA, celebrada el 5 de junio de 2007 “los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos apoyan la labor desarrollada por los defensores de los derechos humanos y reconocen la valiosa contribución de los mismos en la promoción, respeto y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en las Américas, así como en la representación y defensa de individuos, minorías y otros grupos de personas cuyos derechos se ven amenazados o violados”.