La crisis en el estado español

La crisis europea: repercusiones en el estado español y respuestas de los trabajadores

El siguiente artículo ha aparecido en el número 5, correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2010, del boletín de la Construcción Sindical de Base (COSIBA) argentina.
El autor, militante sindicalista y libertario, hace un breve recorrido por los aspectos más sobresalientes de la actual crisis capitalista en el estado español, haciendo hincapié en sus efectos sobre la clase trabajadora y en las respuestas que surgen de sus organizaciones ante las medidas antipopulares que está implementando el gobierno de Zapatero, en vísperas de la jornada de huelga general convocada para el próximo 29 de septiembre.

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La crisis en el estado español

A la actual crisis que sufre el sistema capitalista a nivel global se le suman, en el estado español, factores internos que han hecho que sus efectos sean más profundos y prolongados que en otros países de su entorno.

Nos referimos fundamentalmente a la gran importancia que había alcanzado el sector de la Construcción (y derivados) dentro de su estructura económica, tanto por número de trabajadores empleados y volumen de facturación como por su papel de motor en el crecimiento espectacular del PIB español en los años anteriores a la crisis.

Ese boom inmobiliario era en realidad una burbuja especulativa que fue hinchándose y subiendo, alejándose más y más del suelo, de la economía real. Bastó que llegara la onda expansiva del terremoto financiero con epicentro en la banca norteamericana para que estallara estrepitosamente, llevándose por delante miles de micro-empresas y cientos de miles de puestos de trabajo, millones si incluimos a sectores directamente dependientes de la construcción como la madera o la cristalería y calculamos el efecto que está teniendo para el conjunto de la actividad económica el hecho de que su motor principal se haya detenido. A día de hoy, uno de cada cuatro españoles en edad de trabajar está cesante.

La respuesta del gobierno

Ante la perspectiva de que los bancos españoles pudieran sufrir desplomes similares a los de sus homólogos norteamericanos y europeos, el Estado se aprestó a tapar ese peligro potencial de agujero financiero llenándolo con dinero público.

Esa inyección de un Estado con tan débil presión fiscal como el español (y más tras reducirle el gobierno los impuestos a los que más tienen) fue la principal causa del crecimiento de un déficit que ahora se intenta subsanar mediante recortes del gasto social, privatizaciones, reducciones de salarios a los trabajadores del sector público y subida de impuestos sobre el consumo (que son los que más afectan a las clases populares).

Las soluciones a la crisis española propuestas por el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea no pasan por la regulación del sistema financiero (por supuesto ni hablar de su nacionalización, a no ser que hablemos de nacionalización de sus pérdidas) o por el impulso real de un nuevo modelo productivo menos centrado en la especulación y el uso extensivo de mano de obra barata y más abocado a la I+D y la formación profesional, con estabilidad en el empleo y salarios con capacidad de compra, dos líneas de actuación perfectamente asumibles dentro del marco de una economía capitalista. No se trata de propuestas necesariamente socialistas ni revolucionarias, pero los tiburones de la industria y las finanzas no están dispuestos a ceder ni un ápice y pretenden mantener sus tasas de rentabilidad intactas y, si pueden, ampliarlas, a costa de una explotación aún mayor de las clases populares, principalmente desregulando aún más el mercado de trabajo.

Ése es el objetivo de la reforma laboral que, tras más de un año de tiras y aflojas en la “mesa del diálogo social” (donde se sientan patronal, gobierno y las dos mayores confederaciones sindicales, CCOO y UGT), el gobierno presentó en junio. La reforma contempla, entre otras cuestiones lesivas para los intereses de los trabajadores, un abaratamiento del despido, ataques a la negociación de convenios colectivos, una rebaja de cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas o el fomento del trabajo a tiempo parcial.

Tenemos así una postal similar a la de otros países europeos: la idea es que la crisis generada por los capitalistas la paguemos los de abajo.

La respuesta sindical

De todas las medidas incluidas en la reforma, CCOO y UGT se han mostrado particularmente molestos por las modificaciones en la negociación colectiva, que reducen el poder de presión de los sindicatos para influir en las condiciones de trabajo en los diferentes sectores productivos, permitiendo la introducción de las llamadas “cláusulas de descuelgue” para los convenios colectivos sectoriales, convirtiéndolos en papel mojado si así lo decide la negociación a nivel de empresa, donde la patronal puede emplear mejor la baza del chantaje de la competitividad con otras empresas y países.

CCOO y UGT han convocado una jornada de huelga general para el 29 de septiembre. La elección de una fecha tan tardía no es casual. Retrasando la huelga hasta finales de septiembre pretenden ganar tiempo para prepararla, tras las vacaciones de verano (en España julio o agosto suelen ser los meses en que se toman), confiando además en no verse obligados finalmente a convocar una huelga que, en realidad, temen más que el gobierno y la patronal.

Ya el 8 de junio pasado las dos confederaciones convocaron una huelga de los trabajadores del sector público contra los recortes salariales decretados por el gobierno y, a pesar de que es el sector más sindicalizado, con mayor porcentaje de trabajadores fijos y con menor riesgo de represión sindical, la jornada fue un fracaso: CCOO y UGT no supieron capitalizar el enorme descontento existente por las medidas e incluso muchos de sus afiliados no secundaron el paro.

Los motivos de esta lamentable debilidad sindical, por supuesto, son diversos, pero no podemos dejar de plantear el papel que ha jugado en ello la burocratización, hasta extremos grotescos, de los aparatos sindicales en el estado español y su alejamiento de las realidades, necesidades e intereses del mundo del trabajo. Eso ha repercutido en unas tasas de sindicación escasísimas, sobre todo en los sectores con mayor presencia de mano de obra juvenil, femenina e inmigrante y donde la precariedad es más fuerte: allí UGT y CCOO son prácticamente inexistentes y la poca presencia sindical que consigue implantarse lo hace a través de otros referentes.

El sindicalismo de clase, de base y combativo se organiza en su inmensa mayoría fuera de CCOO y UGT. El modelo sindical español no es unitario y favorece la existencia de una multiplicidad de organizaciones sindicales: de empresa, sectoriales, nacionales (hay que tener en cuenta la fuerte presencia de la cuestión nacional en el estado español, que sobre todo tiene su reflejo a nivel sindical en el País Vasco) o respondiendo a diferencias ideológicas, tácticas, estratégicas, a intereses corporativos, vinculación a partidos o movimientos… lo que configura un panorama complejo en el que si bien CCOO y UGT tienen la representación formal de la mayoría de los asalariados, la situación varía enormemente geográfica y sectorialmente, habiendo un buen número de ejemplos en los que la llamada “izquierda sindical” consigue disputarle la hegemonía (y a veces lo logra) al amarillismo.

Un ejemplo de ello es la lucha en el “subte” de Madrid (cuando escribimos estas líneas, 16 de julio, el proceso aún no se ha cerrado) contra los recortes salariales que el gobierno regional les quiere imponer a sus miles de empleados. Su importancia, además del carácter estratégico del servicio (que se presta a millones de personas cada día) y del número de trabajadores implicados en ella, es su ejemplariedad: el alto nivel de unidad, de combatividad y de compromiso alcanzado, además de colocar la asamblea como órgano de decisión y hacer un uso a fondo de la huelga (un método que está en el punto de mira de los voceros de la patronal, que arguyen la necesidad de una ley que la limite aún más, con el pretexto de la “protección de los derechos de los ciudadanos”).

Este proceso puede marcar un camino a seguir para otros colectivos de trabajadores, si los compañeros del “subte” consiguen imponerse a las mentiras del gobierno regional y de la prensa burguesa (que tratan de desprestigiarles ante la opinión pública), evitar las maniobras de quienes tratan de dividirles y doblar finalmente la mano a la dirección, obligándola a que acepte sus reivindicaciones.

Manu García