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Movimiento Popular en Ecuador Y Bolivia: Los Andes se Estremecen

category bolivia / peru / ecuador / chile | community struggles | opinión / análisis author Tuesday November 08, 2005 05:50author by José Antonio Gutiérrez D. - Revista Hombre y Sociedad Report this post to the editors

Revista Hombre y Sociedad

El siguiente es un articulo preparado para la revista libertaria chilena Hombre y Sociedad. En él, se hace un analisis de las movilizaciones que a mediados del 2005 derrocaron a los presidentes de Bolivia y Ecuador y sus alcances regionales. El articulo fue escrito en Agosto de 2005.
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Movimiento Popular en Ecuador Y Bolivia: Los Andes se Estremecen

Los últimos meses han visto resurgir con fuerza el movimiento popular boliviano y ecuatoriano, que al ponerse de pie, nuevamente, han sacudido del lomo a los parásitos Lucio Gutiérrez en Ecuador y Carlos Mesa en Bolivia, que encaramados al poder gracias a la movilización popular, traicionaron sistemáticamente todas y cada una de las promesas con las que habían engatusado a las organizaciones sociales y a las masas “forajidas”. Los Andes se estremecen una vez más, entregando una nueva y valiosa lección al pueblo chileno, y lanzando un claro mensaje al mundo entero: que, en estas latitudes, el espíritu combativo está saludable y en alto.

Bitácora de la caída de Mesa



Luego de convertirse en presidente de Bolivia en octubre del 2003, tras el escape del ex-presidente Sánchez de Lozada, “Goni”, quien huyó como un asesino que desaparece de la escena del crimen, Carlos Mesa ascendió al poder con el respaldo unánime de las clases medias bolivianas, y con la aprobación tácita de las organizaciones populares y sociales bolivianas que fueron incapaces de llenar el vacío de poder y a quienes, como dijo Emiliano Zapata, “les quedó grande el rancho”. Inmediatamente, se hizo claro que Mesa no tenía intenciones de cambiar, en lo fundamental, las políticas de su predecesor respecto al tema sentido como fundamental por las masas bolivianas: la nacionalización de los Hidrocarburos. Esto quedó claro cuando en agosto del 2004 firmaba tratados de exportación de gas natural con Argentina, en condiciones en nada diferentes a las planteadas por Goni y sin que se plantearan temas como nacionalización o industrialización. Disfrazaba sus posiciones con un vago populismo, con un cierto discurso chovinista respecto a las relaciones chileno-bolivianas como distractor, levantando las banderas de la “estabilidad” y la “gobernabilidad” cada vez que el pueblo fruncía el ceño, y contrabandeando una demanda, que alguna vez se había hecho durante las jornadas de octubre del 2003, de llevar el tema de los Hidrocarburos a referéndum.

Los movimientos y organizaciones sociales fueron claros: para ellos, las jornadas de octubre ya habían sido una especie de referéndum, en el cual el pueblo movilizado había dicho de manera contundente Nacionalización de los Hidrocarburos. Llevar el asunto a referéndum nuevamente, era embolinar la perdiz. Y mayor fue el rechazo cuando las preguntas se hicieron públicas: eran tan vagas que fuera el resultado que fuera, se podían interpretar de cualquier modo, y lo más probable es que resultaran interpretadas a favor de quien mueve los hilos, es decir, de las petroleras trasnacionales. Las principales organizaciones de las jornadas de octubre llamaron a boicotear el “tramparendum”, como le llamaban. Pero éste igual se llevó a cabo el 18 de julio y el alto nivel de participación reveló la debilidad relativa del movimiento popular ante la coyuntura –esto nos vino a mostrar, una vez más que cuando una lucha se posterga, el gobierno, la reacción, ganan fuerza y al movimiento popular le cuesta volver a reagruparse.

Las causas de esta debilidad relativa venían de antes. Octubre del 2003, era el momento de dar la lucha por la nacionalización, el recambio presidencial era un asunto secundario. Como dice la compañera Julieta Paredes de Mujeres Creando (Asamblea Feminista) “El objetivo no era Goni, Goni es uno más. Y de hecho viene Mesa, que no es lo mismo, pero es igual. Eran los recursos naturales. En aquel momento debimos haber ocupado la plaza, juntar a los parlamentarios, y aprueban aquí y ahora, primero, la derogación del decreto 4.806, de la Ley de Hidrocarburos, incluso la Ley de Capitalización, y se pone el primer punto de la Ley de Hidrocarburos que los recursos naturales son soberanía y propiedad del pueblo boliviano. Hecho eso, nos íbamos a nuestra casa. Era el momento de decirle nacionalización, no abajo el presidente, eso daba igual”. Y cuando meten el tema de el recambio presidencial, las clases medias, inmediatamente, le dan prioridad, se pone a Mesa en el poder, y éste, más validado y con la ventaja del reflujo natural que se da tras cada lucha, puede dar mayor consenso a las mismas medidas trasnacionalizantes del Goni. Pero con la salvedad que el referéndum y la mascarada democrática los pone en un pie más favorable. Dentro de este contexto cabe entender el referéndum, como una manera de impulsar “democráticamente”, las mismas medidas de esencia profundamente anti-democráticas impulsadas autárquicamente por el Goni.

Pero la realidad se encargó de demostrar prontamente qué se escondía tras la fachada democrática de Mesa. Cuando el 30 de diciembre del año pasado se quitó el subsidio a los combustibles, como resultado se produjo un enorme alza en el precio de éstos y las protestas populares, encabezadas por la ciudad altiplánica de El Alto, “Siempre de pie, nunca de rodillas”, en las afueras de La Paz, dieron a Bolivia su primera semana del 2005 con protestas y bloqueos. Las protestas se agudizaron entre el 11 y el 20 de enero, fecha en que se revierte la medida y se estabiliza, nuevamente, el precio de los combustibles. Nuevamente, la acción directa torcía la mano a los poderosos. Este fue el toque de alerta para las masas bolivianas. De ahí en adelante, las movilizaciones continuaron, hasta que el 7 de marzo, Mesa, acosado por la creciente ola de movilizaciones y el descontento, ofreció su renuncia como una manera de “chantajear” al pueblo boliviano, diciendo que las organizaciones de base y sindicales no lo dejaban gobernar. El pueblo, reaccionó con sorpresa ante el chantaje; no esperaban esa movida de Mesa, y ciertamente, no habrían sabido qué hacer de haberse hecho ésta efectiva, pues la movilización ha sido utilizada casi siempre como un método de hacer presión, mas no como una estrategia revolucionaria. El Congreso, sin embargo, rechazó la propuesta, con lo cual se pudo volver a la “gobernabilidad democrática”; el pueblo en la calle presionando, el Estado con su tres poderes sirviendo a los intereses de la clase dominante y los líderes de las organizaciones populares preparando programas de gobierno para las próximas elecciones.

El 16 de marzo, la Cámara de diputados aprueba una nueva ley de Hidrocarburos en que se estipula el pago de un 32% de impuestos y un 18% de regalías, por parte de las empresas petroleras, pero que deja intocado el problema fundamental que preocupaba al pueblo: la nacionalización y la industrialización. El 6 de mayo, en medio de la protesta popular, la Cámara de senadores aprueba esta ley. Faltaba sólo que Mesa se pronunciara frente a ella dentro de un plazo de diez días, que la aprobara o la rechazara; el 11 de mayo, Mesa llama a un encuentro multisectorial, que se chinga apenas el Poder Judicial rechaza tomar parte en él. El 16 de mayo, la COB (Central Obrera Boliviana) y los mineros (FSTMB) junto a los campesinos (CSUTCB), declaran la huelga por la nacionalización, y al día siguiente, una marcha convoca en La Paz a 50.000 manifestantes. Estos son momentos críticos, pues el plazo de Mesa para promulgar la ley había vencido y él no se pronunció. Aquel 17 de mayo, ante la inacción de Mesa, correspondió al presidente de la Cámara de Senadores, Hormando Vaca Diez, aprobar la nueva Ley de Hidrocarburos.

Pero la ola de protestas no para, decretándose nuevas protestas para el 27 de mayo, con participación de todas las organizaciones sociales nacionales, a la cabeza de quienes estaban la FEJUVE y la COR (Central Obrera Regional) de El Alto. El 30 La Paz amanece bloqueada, y para el 2 de junio ya se haya completamente aislada y sin transporte público. El descontento crece, y Mesa es incapaz de pronunciarse sobre la nueva ley, atinando sólo a prometer hacer efectiva la asamblea constituyente y un referéndum sobre autonomía para la zona de Santa Cruz, la primera demanda para satisfacer al sector popular más ligado al MAS (Movimiento al Socialismo) de Evo Morales y la segunda, la demanda de autonomías regionales, para satisfacer a los pudientes sectores oligárquicos cruceños, agrupados en la Nación Camba, que quieren tomar distancia del “cholaje” altiplánico. El 3 de junio hace un llamado a referéndum sobre esos dos temas, pero la situación ya se le había escapado completamente de las manos. Hasta que el 6 de junio, el presidente Mesa, incapaz de parar la marea humana que se oponía a su legislación favorable a las trasnacionales, renuncia. Sin pena ni gloria, y para ser recordado solamente como un traidor más entre muchos, Mesa es abatido por un pueblo que no le aguantó su juego. Tal fue el triste fin del hombre que había prometido en octubre del 2003 cambiar la cara a Bolivia y terminó siendo un poco más de lo mismo.

Pero quedaba en pie el problema de la sucesión presidencial. El candidato constitucional para la sucesión era una figura completamente inaceptable para el pueblo boliviano: Vaca Diez, oligárca cruceño, ligado a los intereses trasnacionales. El pueblo furioso, exige que no sea él quien asuma el vacío creado por la renuncia de Mesa. Tal es la oposición, que para el 9 de junio, el Congreso debe sesionar, para evitar la ira popular, no en La Paz, sino en la apacible ciudad de Sucre. Pero para la ocasión marchan hacia Sucre, los mineros de Potosí, Oruro, Uyuni y los campesinos de Cochabamba y Potosí. Estalla una lucha campal entre la policía y los manifestantes, y tanto es así, que los parlamentarios deben refugiarse para evitar ser linchados. En las refriegas, el dirigente minero de los Cooperativistas de Potosí, Juan Coro Mayta, muere en el camino de Yotala, en las afueras de Sucre. En esas condiciones ni Vaca Diez, ni el segundo en la linea de sucesión presidencial, Mario Cossio (presidente de la Cámara de diputados), se atreven a asumir la presidencia… ni el pueblo se los hubiera permitido. La presidencia, pasada rápidamente, como papa caliente, de mano en mano, recae en el presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez. Presidente que recibe una institucionalidad desgastada, al punto que el almirante Luis Aranda declara, ese mismo día que las FFAA se encontraban en estado de “alerta máxima”, prestos a hacer frente a cualquier intento por violar la Constitución.

Pero a la vez que la burguesía veía cómo podía reacomodarse institucionalmente, el pueblo buscaba, instintivamente, su propia “institucionalidad”; es así como nace el 8 de junio, en El Alto, la Asamblea Popular Nacional Originaria (ver entrevistas). Probablemente, el almirante Aranda tenía a esta organización de poder popular en mente cuando hizo sus amenazas sobre quienes se atrevieran a romper la constitucionalidad. La APNO nace como un órgano de coordinación de las distintas organizaciones populares alteñas ante la coyuntura y ante la falta de servicios por el bloqueo. Incluso, en una sesión, el 10 de junio, se llegó a discutir el proveer directamente de gas a los hospitales, para que no se vieran afectados por el bloqueo. Tiene todas las características de un órgano de poder popular dual al poder del Estado, y muchos lo ven así, y se habla de un gobierno popular, de un autogobierno, de un contra gobierno, pero aún hay quienes prefieren mantener su perfil bajo, recalcando que no se quiere hacer otro “gobierno” desde la APNO, sino, sencillamente, utilizarlo como un mecanismo para presionar al gobierno establecido. Habrá que ver cómo evolucionan los hechos, pero en lo concreto el 12 de junio el presidente Rodríguez se reunía e El Alto con los representantes de las distintas organizaciones populares y para entonces, los bloqueos se habían levantado.

El Ecuador “forajido” le tuerce la mano a Gutiérrez



Ecuador en los últimos 8 años ha tenido 8 presidentes; sin lugar a dudas, el pueblo está harto de las recetas neoliberales que, religiosamente, les han suministrado los distintos gobiernos que se han paseado por el Palacio de Gobierno. Desde la caída de Abdalá Bucaram en febrero de 1997, cuando, entre intensas protestas, el Congreso lo declaró “mentalmente incapacitado para ejercer el cargo”, diversos gobiernos han ido enfrentando al movimiento popular, imponiendo medidas neoliberales y luego, al ser derrocados, sus sucesores han dejado estas medidas intactas. Y la luna de miel del pueblo con sus nuevos gobernantes nunca ha sido duradera; inmediatamente, se ha evidenciado que todos han sido continuistas de las políticas de sus “colegas” caídos en desgracia antes de ellos. En verdad, los recambios de presidentes han servido más bien para que la burguesía gane tiempo para seguir machacando una receta económica beneficiosa sólo para una pequeña elite local e internacional; así, una vez que el movimiento popular ha agotado sus fuerzas con el derrocamiento de un presidente, el nuevo sucesor ha tomado la iniciativa, ha aprovechado la tregua, y ha vuelto sobre los mismos pasos, de la mano de sus tíos del FMI y del Banco Mundial.

Lucio Gutiérrez, por su parte, había llegado al poder apoyado por las masas populares e indígenas de Ecuador, que habían derrocado anteriormente a Bucaram y a Mahuad. En ocasión del derrocamiento de Mahuad, ene enero del 2000, Lucio Gutiérrez había sido enviado a reprimir a los manifestantes; él, en cambio, les ayuda, los protégé, y junto con Antonio Vargas, entonces presidente de la CONAIE, máxima organización indígena ecuatoriana, proponen la formación de un gobierno de “salvación nacional”, del que él no forma parte, dejando la plaza a Noboa. Luego de lo cual fue expulsado del ejército y encarcelado por 6 meses. Con esta aura de luchador popular, fue elegido por mayoría absoluta en Noviembre del 2002, derrotando contundentemente al roldosista Noboa, e inmediatamente, la prensa internacional, con la usual “claridad” política de sus analistas, proclaman a su régimen como otro gobierno populista latinoamericano con inclinación a la izquierda, que jugaría un rol de peso dentro de un balance desfavorable a Washington en la región. Lo llegan a igualar a “Chávez”, payasada que ya había sido esgrimida por Noboa dentro de su campaña. Al igual que Mesa, llegó con su boca llena de promesas de cambio social y de retórica populista. Pero su práctica mostró su oportunismo al desnudo. Del discurso anti-imperialista, pasó a llamarse a sí mismo “el mejor aliado de EEUU en la región”. Del discurso anti-neoliberal, pasó a reforzar todas y cada una de las medidas económicas impuestas por el FMI e implementadas por las anteriores administraciones. De un discurso que exaltaba el rol del movimiento indígena y de su participación en los asuntos políticos, pasó a un asqueroso juego de cooptación de dirigentes y división del movimiento indígena. De su postura independiente de militar “democrático”, sin vínculo con ningún partido político y crítico de la partidocracia, terminó buscando aliados, primero, entre los social-cristianos derechistas, y luego, entre los roldosistas del “loco” Bucaram –en Septiembre del 2004, se reúne con Bucaram en Panamá, donde se termina de fraguar esta nueva “alianza”. Esta alianza maldita, le jugará en su contra decididamente; al tomar parte dentro de la disputa interoligárquica, se echa encima al sector social-cristiano liderado por Febres Cordero.

Pero esa distancia que se ganó con el pueblo, terminó con la abierta oposición que debió enfrentar desde Diciembre del año pasado, cuando destituye mediante la mayoría parlamentaria que logra controlar, a 27 de los 31 magistrados de la Corte Suprema tras una serie de fallidos juicios políticos. En Quito, Guayaquil, Cuenca y Pichincha las autoridades locales son las que organizan marchas y manifestaciones, en protesta contra su accionar autárquico. Después en Marzo, la flamante nueva Corte Suprema anula los juicios a Noboa (por negociación fraudulenta de la deuda externa) y a Bucaram (por corrupción), a quienes autoriza a volver del exilio –vista la inminencia de la resolución, en febrero, más de 100.000 personas habían protestado contra los ex-mandatarios. Las protestas no se hicieron esperar ante esta movida de Gutiérrez, el nuevo aliado del Partido Roldosista Ecuatoriano. El 13 de Abril, debido a la inabilidad del Congreso de destituír a la Corte Suprema instalada por Gutiérrez, los alcaldes de Quito y Pichincha (vinculados a la Izquierda Democrática) decretan un paro cívico de mediocre convocatoria, pero que sirvió para canalizar la protesta espontánea que hará detonar la situación; esa noche, los auditores de Radio La Luna, escucharon un llamado a hacer cacerolazos, y a la ocasión acudieron unas 5000 personas. Al día siguiente, Lucio Gutiérrez, torpemente, llama a los manifestantes “forajidos”, palabra que se reprodujo como un eco en los corazones de una población cansada y decepcionada. “¡Todos somos forajidos!” fue el grito que se escuchó en boca de nuevos manifestantes que volvían a tomarse las calles, en medio de protestas que se reproducían exponencialmente. En ese momento, Gutiérrez sólo daba palos de ciego; decreta Estado de Emergencia el 15 de abril y el 16 se ve obligado a derogar el decreto, cuando las FFAA se niegan a salir a la calle. De haber salido a la calle las FFAA, la situación podría haber terminado en una masacre como la ordenada por Goni en Bolivia en octubre del 2003.

El 18 de abril el Congreso destituye a la Corte Suprema; una movida que intentaba acallar la protesta, pero la cual llegó demasiado tarde; el 19 de abril se convocan 150.000 manifestantes en el Parque la Carolina; esta manifestación fue contundente y enfrentó firmemente una represión que lanzó gases lacrimógenos para el mundo, y que tuvo como único argumento la dureza del garrote policial. A ese argumento, la población respondía con un categórico “¡Qué se vayan todos!”. Victima de una intoxicación producida por el bombardeo con gases, murió el periodista chileno, y militante popular, Julio García, quien era residente de ese país desde los días de la dictadura pinochetista. La situación, que ya se comenzaba a desbordar, alcanza un punto crítico cuando el 20 de abril, se sabe que el primo de Gutiérrez, Renán Borbúa, va desde Guayaquil a Quito, trayendo decenas de buses cargados de matones armados. Ese día, se decretó un “mochilazo” y los jóvenes escolares salieron a protestar. Fueron los estudiantes del politécnico y jóvenes anarquistas a quienes les corresponde el mérito de haber enfrentado a estas bandas de matones y a la represión con puños y piedras. Este día, además, desde las oficinas del Ministerio de Bienestar Social, se ataca a tiros a la muchedumbre que salía a protestar. En ese momento, el Comandante General de policía renuncia, por no querer participar en un baño de sangre. A esa altura, ya Lucio Gutiérrez había agotado todas sus cartas y su propia torpeza lo había hundido hasta el cuello; no tenía ya sino el apoyo de los indígenas evangélicos que se habían reunido para hacer una escuálida e insignifcante manifestación de apoyo. Ahora el desenlace ocurriría en escasas horas: las FFAA le quitan su apoyo y el Congreso lo destituye. En esos momentos, asume como nuevo presidente Alfredo Palacios.

Hay confusión en ese instante, pues los manifestantes tratan de abrirse paso hacia el Palacio Carondelet, sede de gobierno, y las fuerzas públicas no llegan a proteger al nuevo presidente ni a los parlamentarios sino seis horas más tarde. Palacios tuvo que esconderse y algunos parlamentarios fueron puñeteados por la furiosa multitud, que gritaba que se fueran todos. Entonces, desde Radio La Luna, los sectores moderados y clasemedieros que habían quedado contentos con la renuncia de Gutiérrez, denunciaban a los vándalos y llamaban a poner orden, con miedo a que la chispa por ellos mismos encendida, pudiera quemar por completo los andamios del Estado. Por otra parte, un grupo de manifestantes se dirigen al aeropuerto, donde Gutiérrez huye a Brasil, país que le da el asilo político y ocupan la pista, con lo cual impiden el despegue del avión. Acto seguido, un helicóptero llega al rescate del destituído presidente, quien es recibido de brazos abiertos por el “progresista” Lula.

El movimiento indígena fue el gran ausente de las jornadas de protesta que derrocaron a Gutiérrez: esta ausencia se explica en gran medida por la debilidad en que se encuentra este inmenso tejido de organizaciones originarias, muchas de las cuales fueron coptadas por Gutiérrez, quien compró dirigentes e hizo a otros parte del gobierno de manera cosmética –Antonio Vargas, ex-dirigente de la CONAIE, fue hecho ministro de Bienestar Social, ministerio desde cuyas dependencias se disparó a los manifestantes; Luis Macas, actualmente dirigente de la CONAIE, fue hecho ministro de agicultura en el 2002, recibiendo un ministerio con el presupuesto cortado por la mitad. Estas prácticas gubernamentales, que fueron particularmente dañinas en la Amazonía y en Cotopaxi, cuando no lograron coptar, lograron dividir, con lo cual el movimiento indígena enfrentó a la coyuntura totalmente debilitado y fragmentado, además de estar moralmente zaherido por el decidido apoyo que brindaron al caudillo en un primer momento. Todos estos factores combinados le restaron a la CONAIE y al movimiento indígena, no sólo la capacidad de tomar la iniciativa política, sino incluso, de tomar parte visible, de manera orgánica en un movimiento que ciertamente, respondía al sentir de sus propias bases.

Es la debilidad y atomización del movimiento indígena, representante de las capas más empobrecidas y proletarizadas de la sociedad ecuatoriana, lo que posibilitó que fuera la clase media la que asumiera el rol de convocar la protesta ante una situación que empeoraba y que se hacía intolerable para el conjunto de los sectores populares del Ecuador. La hegemonía en el movimiento, asumida, finalmente, por las clases medias, fue canalizada en organizaciones como la Coordinadora de Movimientos Sociales, Ruptura de los 25 y ONGs como Participación Ciudadana. Esto explica, sólo en parte y sin excluír otras causas, algunas de las limitaciones y contradicciones del movimiento –las clases medias estaban demasiado temerosas de que elementos extraños, es decir, populares, llegaran demasiado lejos o de que el curso de los acontecimientos pudiera encaminarse por derroteros revolucionarios. Cierto es que las movilizaciones que han sido hegemonizadas por la clase trabajadora, por las masas indígenas, campesinas y desposeídas, han enfrentado contradicciones similares y no han llegado mucho más lejos que las jornadas de abril en Quito, pero han sido capaces de abrir un camino; y ese camino, señalado por las anteriores insurrecciones ecuatorianas, fue seguido por las clases medias, que se hicieron parte de una senda impulsada desde abajo de ellas en años anteriores. Esto sólo refuerza la necesidad de una perspectiva política revolucionaria clara inserta en el corazón de las luchas populares de base, que dé coherencia a una estrategia de cambio social a tono con las necesidades de los sectores indígenas y trabajadores y que les dé el rol protagónico que pueda evitar, en el futuro, nuevas soluciones de “medias tintas”.

Ya empezamos a ver los resultados de estas soluciones a “medias tintas”: el recambio presidencial significó a un nivel político inmediato, que los social-cristianos Febres Corderistas, se hayan afirmado en el poder, metiéndose al gobierno por la ventana más que por las urnas. Ellos han dado la tónica para el nuevo período gubernamental, aunque haya una apariencia de mayor diversidad; “Las caras de ziquierda sólo ayudan a consolidar a un gobierno de derecha” (Quincenario Tintají, Quito, no.70, 2a quincena de Junio 2005). La inclinación derechista del nuevo gobierno de Palacios (que durará hasta enero del 2007) se ha hecho evidente con la privatización de la seguridad en Guayaquil y con sus planes privatizadores para el sector de teléfonos y electricidad, así como con el fortalecimiento que ha dado a las negociaciones por el TLC.

Alcances de las recientes movilizaciones



Para el caso ecuatoriano, el alcance y las posibilidades de las recientes movilizaciones se encuentran limitadas por el actor que hegemonizó las jornadas de lucha: la clase media. Esto da a las jornadas en Ecuador más que nada proximidad a las movilizaciones de Argentina a fines el 2001, y presenta limitaciones similares –sin por ello, querer ignorar sus particularidades, entre ellas, que esta insurrección no puede ser entendida al margen de una historia que se arrastra por 8 años y que la clase media no hizo más que seguir, casi por inercia ante la falta de alternativas, un camino de respuesta a la crisis sistémica e insitucional, abierto por el movimiento indígena y por los sectores proletarizados de la sociedad ecuatoriana.

El hecho de que el rol protagónico fuera asumido por una clase sin impulso histórico y sin tradición organizativa, limita las proyecciones inmediatas de la insurrección, necesariamente, a un recambio presidencial, ya que estos sectores son temerosos a que la revuelta llegue muy lejos o asuma un carácter demasiado “popular”, y en última instancia, carecen de las herramientas organizativas para tomar por las riendas la situación. Como clase, llenaron un vacío en momentos en que la clase trabajadora no pudo reaccionar ante la coyuntura, por su desmoralización, dispersión y fragmentación, de cara a una crisis institucional producida por el peso de las contradicciones interburguesas y por la decadencia de la propia clase dominante, más que por el peso de la fortaleza del pueblo. El factor detonante de la crisis es la debilidad del Estado, no un vigoroso movimiento de protesta. En este último punto, la comparación con Argentina se hace también válida: en el diciembre argentino (2001), uno de los aspectos esenciales que facilitan el quiebre institucional, es el conflicto entre peronistas y radicales. En este caso, el conflicto entre roldosistas y social-cristianos (sumada la izquierda democrática) es el factor que pone el escenario para la protesta social. Incluso muchas de las manifestaciones y paros cívicos ocurrieron con los auspicios de las autoridades locales, aunque pronto se les haya escapado el movimiento de las manos.

La forma en que responden las masas “forajidas” a su ausencia de tradición histórica es espontáneamente la organización de asambleas populares; quizás nuevamente en este punto sea válida la comparación con la situación argentina. Cabe preguntarse, a la luz del ulterior desarrollo de estas asambleas en el país trasandino, por las proyecciones de éstas en ausencia de vínculos más orgánicos con organizaciones firmememente establecidas en el mundo popular. La falta de proyección a un nivel estratégico, revolucionario, las verá reducidas a un mero gesto, o a una plataforma para nuevos “caudillos”. Pero independientemente de su destino, lo que inequívocamente representan las asambleas populares, es la voluntad de quiebre con el sistema político representativo. Son un grito que exige mayores niveles de democracia directa y participación popular de base, lo que es un cuestionamiento al Estado y su ideología. Nacen como un explícito rechazo al sistema tradicional de partidos políticos; en este punto, es necesario distinguir entre el “apoliticismo popular”, que es el rechazo instintivo de los partidos y las políticas tradicionales, es decir, burguesas, pero que en la mayoría de los casos, de forma paradójica, es bastante “politico”, del “apoliticismo burgués”, de derecha, que es apolítico, mas bien por su deseo de establecer una tecnocracia de empresarios y Chicago Boys, o por su deseo de dar conducción militar al país –el apoliticismo de Pinochet, que se regocijaba hablando de los “señores políticos”, como si su gobierno de tecnócratas, empresarios y milicos no hubiera sido político e ideológico.

Pero si las limitaciones para la movilización de la clase media resultan obvias, los sectores proletarios, indígenas, campesinos, no han sido mucho más claros en las soluciones políticas de fondo para los abismales problemas politicos del Ecuador. Esto demuestra claramente que las relaciones clasistas no son necesariamente mecánicas, como muchos en la izquierda quisieran, y que las formaciones político-revolucionarias tiene un rol fundamental de catalizador en momentos críticos.

Buena prueba de esto, es la situación boliviana: un número de movilizaciones en los últimos años han tenido una radicalidad insospechada, han cuestionada en la práctica las bases mismas del sistema y han delineado mecanismos libertarios y populares de organización y lucha. Pero a la hora del momento de quiebre, la visión reformista (el Estado puede ser reformado, se requiere asamblea consituyente, se requiere nacionalización, como si todo esto fueran soluciones en sí mismas, o inclusive, pasos inevitables hacia tales soluciones) ha ganado terreno y se ha impuesto. Con lo cual toda la lucha y la heroicidad del pueblo boliviano ha servido para que nuevos “caudillos” lleguen llenos de promesas y terminen, invariablemente, traicionando sistemáticamente la confianza popular. ¿Por cuánto tiempo será posible mantener este ciclo? Nuevamente, el pueblo boliviano parece no haber alcanzado una conciencia orgánica de que las soluciones a sus profundos problemas reposan solamente en ellos mismos, al margen de una institucionalidad diseñada para excluír a las mayorías y funcional a los intereses de las elites republicanas. Esta conciencia es lo único que puede dotar de proyección estratégica, y por tanto revolucionaria, a inciativas como la APNO, de indudable valor para cualquier libertario sudamericano que posea una perspectiva amplia y no dogmática.

Una crisis institucional y del sistema, que perpetúe la incapacidad burguesa para mantener una sociedad funcional, pero que devele la falta de madurez del proletariado para sacudir el yugo de su opresión de clase, trae consigo el riesgo del orden burgués vía manu militari. Históricamente, la ausencia de una clase organizada y fuerte, a la vez conciente de su rol histórico, con proyectos que le representen íntegra y orgánicamente –da paso a los caudillos militares, sea de izquierda o de derecha. En momentos de la independencia a comienzos del siglo XIX, el factor que determina la aparición de caudillos es la incapacidad de la clase burguesa de hacerse cargo de las repúblicas debido a su inmadurez, quedando el poder político en manos de los generales y el poder económico en manos de los oligárcas de apellidos aristócratas. La falta de visión estratégica y revolucionaria hoy en una clase trabajadora y en masas populares que se sublevan y reclaman su derecho a la vida libre y digna, puede hacer aparecer el riesgo del caudillaje militar en un momento en que el poder de una clase se desvanece y el de otra comienza recién a delinearse. No hay que dejar de ver con un poco de preocupación que ciertos sectores de la izquierda boliviana no vean con malos ojos una salida cívico-militar a la crisis, o las declaraciones del almirante Aranda, que muestran una cierta predisposición a esta salida. Esto da más urgencia a la necesidad de un proyecto nacido en el seno de la clase trabajadora y que cuente sólo con sus propios medios.

Pero sin lugar a dudas, el factor más incontestable de las últimas movilizaciones es su contenido anti-imperialista y contrario a la mantención de las estructuras de dependencia. En este caso, la lucha por los recursos naturales ha puesto en el tapete, una vez más, el punto álgido de conflicto entre el pueblo latinoamericano y las trasnacionales que, con la ayuda de las élites locales, se han engordado con el saqueo. Luego de la movilización de los forajidos, una serie de organizaciones de “la sociedad civil”, presentan un pliego al nuevo presidente ecuatoriano el 24 de mayo. En él, le solicitan la restitución del Sucre y la reversion de la politica de dolarización, plantean su crítica al FMI, al TLC, al pago de la deuda externa, la rehabilitación del aparato productivo, el término a la base militar yanqui en Manta, el término de la exportación de crudo sin refinar y una política social alrededor de las exportaciones frutícolas. Las protestas en Sucumbios y en Orellana, en el oriente ecuatoriano, desde el 15 de agosto, han desarrollado una serie de demandas que estaban en ciernes en ese documento programático: que las petroleras inviertan en la región en infraestructura. La ocupación de pozos e instalaciones petroleras hoy ha llevado las demandas más lejos y se pideque se aumenten las regalías entregadas por las trasnacionales; de ahí, hay sectores que pasan a demandar la nacionalización. Todo en un proceso de agudización del cuestionamiento a los mecanismos con que por siglos se ha robado y saqueado nuestras riquezas. En Bolivia, el pueblo se sigue enfrentando al saqueo de los Hidrocarburos y a Aguas de Illimani de una forma aún más clara y abierta.

El pueblo sigue su lucha, y la espontaneidad de estas protestas ha mostrado muchos de los aspectos más positivos, así como las limitaciones ante las cuales creemos que la práctica y el pensamiento libertario tienen mucho que aportar. Por eso, la acción en el seno de estas movilizaciones del elemento libertario y una conciencia madura de las posibilidades que ofrecen como canales para transformaciones profundas en nuestras sociedades, se vuelve una necesidad urgente del momento. La historia es inmisericorde con el movimiento revolucionario, nunca ha esperado a que se constituya la vanguardia necesaria, la dirección correcta, a que la clase actúe como un solo bloque; no hay ningún asunto en soñar cómo podría haber sido el movimiento. La revoluciones, las insurrecciones son lo que son y debemos aprender a canalizarlas en un sentido afin a los intereses populares. En lugar de tratar de ajustarlas a la teoría, debemos buscar en la teoría las herramientas para intervenir acertadamente en ellas. Solamente así, el movimiento libertario puede ser de alguna relevancia para los sectores que hoy luchan y desean desde los más profundo, una nueva vida.

José Antonio Gutiérrez D. (HyS) Agosto del 2005

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