ICEA advierte las “profecías autocumplidas” del gobierno para privatizar las pensiones

La anunciada reforma de las pensiones tiene muy poco de novedosa: desde los 70, los sucesivos gobiernos han hablado cíclicamente de la insostenibilidad de este sistema y la necesidad de ponerlo en manos privadas, lo que significaría un nuevo ajuste neoliberal para agradar a los ojos de los inversores internacionales y solventar la deuda pública española. Estas son las conclusiones aportadas por el miembro del Instituto de Ciencias Económicas y Autogestión (ICEA) José Luis Carretero durante una entrevista realizada en el programa radial El Delirio, que se emite por Radio Utopía, Radio Aktiva y Emisora Libre Autogestionada.

En medio de la polémica generada por las intenciones del gobierno de reformar las pensiones, el integrante de ICEA destacó que, al menos de momento, se trata de una propuesta del ejecutivo del PSOE a la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, y será esa comisión –en la que están representados los partidos parlamentarios- la que tendrá que llevar a cabo un proyecto de ley para aprobar en las Cortes. Esta propuesta, afirmó, está amparada en la filosofía de que “cada vez habrá menos ocupados que tendrán que pagar las pensiones de un mayor número de pensionistas”.

Sin embargo, Carretero advirtió que el problema no radica en cuántos pensionistas u ocupados habrá, “sino cuánto van a producir esos ocupados en un futuro”. “Si en los últimos 30 años se ha multiplicado por tres la productividad del Estado español, lo cierto es que aunque hubiese menos ocupados se podrían mantener las pensiones de más pensionistas. Y todo esto independientemente de que las previsiones demográficas se muestran una y otra vez erróneas: hacer previsiones a 30 años es muy aventurado”, resaltó. Asimismo, indicó que la “insostenibilidad de la seguridad social es lo que se podría denominar como una profecía autocumplida: ellos mismos plantean esa posibilidad y hacen todo lo posible para que se cumpla”.

En ese sentido, señaló que desde el Pacto de Toledo alcanzado en 1995 entre los distintos partidos políticos, “se plantea que la Seguridad Social tiene que mantenerse a sí misma con las cotizaciones que se recaudan”. “Lo cierto –prosiguió- es que otros países admiten un porcentaje mayor de la renta dedicado a las pensiones, porque parten de la base que las mismas tienen que ser sostenidas con los ingresos públicos, vengan de donde vengan”. “Aceptar que las pensiones sólo pueden ser financiadas con las cotizaciones es partir de una base completamente neoliberal: estamos admitiendo que las pensiones tienen que financiarse a sí mismas, pero a otros gastos públicos, como pueden ser el Ejército o la Corona no le exigimos que se financien a sí mismos”, afirmó.

El integrante de ICEA hizo hincapié en que en una sociedad que se autodefine como democrática, “tendría que decidirse democráticamente a qué se dedica el gasto público”. A su criterio, el debate debería girar en si la sociedad está dispuesta a financiar, aunque sea con ingresos públicos generales, las pensiones de aquellas personas que han estado trabajando toda su vida, y si ese gasto es prioritario frente a otros más superfluos.

Dos varas de medir

En cuanto a otros aspectos incluidos en la reforma planteada por el gobierno, destacó que también se incluye el alargamiento de la vida laboral y del período de cómputo de las jubilaciones, así como la modificación de la pensión de viudedad. También se incluyen otras medidas que podrían catalogarse como “menores”, pero que tienen su peso específico. Entre ellas, citó el traspaso de los nuevos funcionarios de las comunidades autónomas al sistema de Seguridad Social, dejando de lado la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), que quedaría condenada a su desaparición a largo plazo.

Respecto al alargamiento del período de cómputo de las pensiones, remarcó que implicaría disminuir la cuantía de las pensiones, “debido a que es en los últimos años de su vida laboral cuando la gente cobra más”. “Está comprobado que un aumento del cómputo hasta los 20 años representa entre un 3% y un 5% de disminución de las pensiones. Se dice que esto se hará en función de la gente que pueda perder el trabajo en sus últimos años y que por tanto es injusto que pierda esa posibilidad de cotizar, pero la manera más apropiada de evitar ese efecto sería coger los mejores 15 años de la vida laboral y no alargar el período de cómputo”, subrayó.

Carretero criticó el papel de los sindicatos mayoritarios ante estas propuestas de profundización del sistema neoliberal. Al respecto, dijo que los representantes de CCOO y UGT “van a estar dispuestos a firmar lo que les pongan por delante”. “No en vano –precisó- a lo largo de esta crisis han demostrado que no van a tomar medidas que obstaculicen de verdad el plan de ajuste que se quiere implementar. Hacen el paripé, levantan un poco la liebre, pero no están decididos a hacer otra cosa, y tampoco parece que dentro de sus filas haya fuerzas opositoras que les quieran llevar en esa dirección”.