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La Red de “Sapos” Universitarios –¿un nuevo paso hacia la fascistización de Colombia?

category venezuela / colombia | antifascismo | opinión / análisis author Tuesday February 16, 2010 01:01author by José Antonio Gutiérrez D. Report this post to the editors

A raíz del cambio climático, los sapos, que son unos anfibios muy sensibles a la variación de la temperatura, están a riesgo de desaparecer en muchos rincones del mundo. Pero no en Colombia. Allá proliferan y se reproducen como en ningún otro lugar del planeta. Desde el primer día de Uribe en el gobierno, se puso énfasis en reforzar los aspectos cívico-militares de una estrategia contrainsurgente global llamada de “Seguridad Democrática”, expresión ofensiva del Plan Colombia, mediante la creación de una amplia red de informantes civiles.

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"Antes de la Desaparición" Carlos Cortez (1993)
"Antes de la Desaparición" Carlos Cortez (1993)


La Red de “Sapos” Universitarios –¿un nuevo paso hacia la fascistización de Colombia?

A raíz del cambio climático, los sapos, que son unos anfibios muy sensibles a la variación de la temperatura, están a riesgo de desaparecer en muchos rincones del mundo. Pero no en Colombia. Allá proliferan y se reproducen como en ningún otro lugar del planeta. Desde el primer día de Uribe en el gobierno, se puso énfasis en reforzar los aspectos cívico-militares de una estrategia contrainsurgente global llamada de “Seguridad Democrática”, expresión ofensiva del Plan Colombia, mediante la creación de una amplia red de informantes civiles. Hoy, al final del segundo período de su mandato, Uribe se propone expandir esta red de informantes entre los incómodos y revoltosos estudiantes universitarios, que ciertamente, necesitan una buena dosis de “patriotismo” y de “disciplina” para mantenerse alejados de todo lo que huela a disenso. Aún cuando no falten razones para suponer que esta noticia ha sido manipulada con el fin de echar una cortina de humo ante los problemas que enfrenta la Emergencia Social en Salud y el profundo descontento que ha generado, no por ello podemos caer en el error de pasar por alto la importancia de esta medida. Esta política, en realidad, no es novedosa, sino que es el corolario de un plan de agresiones sistemáticas agitado por el uribismo en contra de la comunidad universitaria, el cual ha sido profundizado durante su segundo período en el poder[1].

Seguridad Democrática y la Red de Cooperantes

El plan de formar una red de informantes fue formalizado en Valledupar, las tierras del paramilitar alias Jorge 40, el 8 de Agosto en el 2002[2]. Como parte de este plan, se comenzó un acelerado reclutamiento de informantes a sueldo que, encapuchados, hacían sus denuncias y señalamientos de manera no muy diferente a aquellos informantes utilizados por las bandas paramilitares a comienzos de los ’90. En verdad, podemos decir que la Red de Cooperantes, como se le llamó, fue la institucionalización del sistema de informantes y “sapeo” inaugurada por el paramilitarismo, extendida nacionalmente por las AUC durante sus correrías para limpiar el campo de “guerrilleros” a fines de los ’90 y que desembocaron en atroces masacres como El Salado, Mapiripán, etc. Esta red ahora recibía la bendición oficial del Estado colombiano y en diciembre se perfeccionaba mediante el decreto 3222 de 2002 que creaba las “Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana”, que coordinaba al sistema de seguridad público con el privado –el cual está plagado de paramilitares y sicarios. Hoy, la red de “cooperantes” (sapos) cuenta ni más ni menos que con 2.200.000 personas que regularmente reciben alguna forma de recompensa económica por cumplir las tareas de vigilancia del gobierno[3].

Esta iniciativa fue ampliamente denunciada por organismos de derechos humanos y movimientos populares porque agudizaba el involucramiento de civiles en el conflicto y por romper el tejido social sembrando la desconfianza y el temor. De hecho, no han sido pocas las veces en que los señalamientos de los “sapos” ocultos tras sus capuchas se dirigieron a sellar disputas privadas o a hostigar a la oposición no armada. Este fenómeno se había dado ya antes con los sapos de las AUC como confiesa el jefe paramilitar alias HH:

Murieron más inocentes que culpables (...) Todas eran personas de civil que murieron en los pueblos. Nosotros sí cometimos muchos errores en el Urabá, porque nos basábamos en información que nos daban los comandos populares, que eran desmovilizados del EPL. Y matamos mucha gente sólo por el hecho de que ellos los señalaran. Con el transcurso del tiempo nos dimos cuenta de que muchos de los señalados eran por problemas entre ellos, que nada tenían que ver con la subversión y debido a eso, todas esas personas que nos engañaron también murieron a manos nuestras (…) Eso fue un problema porque en un principio nos daban información que no era y muchos inocentes cayeron.”[4]

Con la implementación de la red de cooperantes del uribismo se han cometido actos igualmente arbitrarios aunque, en este caso, de manera aún más cínica ya que el Estado se ha lavado olímpicamente las manos de su responsabilidad. No han sido pocos los casos de personas que ajustaron cuentas personales mediante la delación o en que se ha utilizado a estos informantes anónimos para apoyar persecución política, mediante testimonios ficticios, alterados, inducidos, etc[5]. Esto, sin mencionar el hecho de que, al convertirse el sapeo en un lucrativo negocio, muchos informantes tratan de mantenerse ocupados buscando conspiraciones en cada esquina, y donde no la encuentran, pues se la inventan: esto no es un problema exclusivo de la “red” sino que es transversal a toda la estrategia de Seguridad Democrática que, al basar su estrategia contra-insurgente en la lógica de la retribución económica (lógica gemela a la que se consolidó con el sicariato en Medellín de la mano del famoso -ese si- narco-terrorista de Pablo Escobar), ha redundado en que muchos “informantes” elaboren completamente sus acusaciones o estén ellos mismos ocupados manufacturando las situaciones a denunciar. Acá el sapeo se da la mano con los falsos positivos, es decir, con los montajes de la fuerza pública debido a las presiones de los mandos por mostrar resultados o por ambición económica; un caso patético se dio el 15 de Julio del 2006, en que un individuo abandonó un carro bomba en el sur de Bogotá (barrio Molinos)… ¡para luego cobrar la recompensa por pasar la información sobre esta amenaza “terrorista”![6]

A esta red de cooperantes se sumó la práctica de las detenciones masivas, verdaderas “pescas milagrosas” uribistas, que multiplicaron por mil los atropellos ocasionados por esta política de recompensas. Tan sólo en el período de Agosto 2002 a Agosto del 2004 hubo 77 detenciones masivas (de más de 20 personas) con las cuales fueron privadas de libertad 5.535 personas, todos campesinos o personas de extracción popular –para demostrar la arbitrariedad de esta medida, basta citar que tan sólo el 2% de estos casos recibieron alguna forma de condena[7]. Sin embargo, si la justicia ordinaria no pudo encontrar nada en contra de estas personas (salvo alguna filiación política, sindical o social molesta para los mandarines del gobierno)[8], la justicia paramilitar sí supo dar condena sumaria a su manera: no son pocos los casos de personas que, una vez dejadas en libertad por falta de pruebas, han sido a los pocos días asesinadas por sicarios.

Los estudiantes sapos, paramilitarización universitaria y el Medellín violento

Esta extensa red de sapos, aún cuando algunos comentaristas ingenuos insistan en que ha sido “ineficiente”, ha sido tremendamente eficaz, quizás no para su objetivo manifiesto, pero sí para su objetivo real: sembrar el terror y la desconfianza en la población, mientras el aparato para-policial del Estado se extiende por el conjunto del tejido social como un auténtico “Gran Hermano” que lo observa, que lo sabe y que lo juzga todo, aún los “malos pensamientos”.

Por eso no basta con que aproximadamente el 5% de la población (¡2.200.000 personas!) sean sapos a sueldo del Estado ni que las fuerzas militares tengan a 450.000 efectivos en sus filas. La creciente militarización de la sociedad colombiana, el afianzamiento de sus tentáculos para-policiales/militares y el creciente autoritarismo del “Generalísimo” Uribe que quiere someter a todas las esferas de la vida social a su escrutinio minucioso, requiere hoy de un nuevo empuje a esta política, llevándola a los campus universitarios, donde se pretende reclutar por lo menos a 1.000 estudiantes y darles un sueldo mensual de $100.000 para que vigilen (sapeen) y controlen a sus compañeros[9]. La propuesta fue anunciada a fines de Enero, y ha sido adornada con bastante lirismo en las declaraciones de Uribe para ocultar el tufo nauseabundo que hay detrás de ella:

"Esta es una convocatoria general a la ciudadanía y claro todos los jóvenes que nos quieran ayudar, magnifico, es que se necesita; además eso induce una cultura de respeto a la normatividad (...) a mí lo que me preocupa es mantener a los jóvenes en esa desprotección y el silencio cuando los asesinan.

(…)La inteligencia de la Fuerza Pública y de la administración de justicia requiere un elemento anterior que es la información y se requiere que la ciudadanía informe; sin información ciudadana la misma ciudadanía queda muy sometida a la criminalidad del narcotráfico por la incapacidad de las Fuerzas Armadas de proteger eficazmente a la ciudadanía."[10]

La razón dada para esta red de sapos en las universidades, es el innegable aumento de la violencia en Medellín, violencia que refleja las grietas de la Seguridad Democrática así como sus basamentos endebles: según Medicina Legal, en el 2009 se cometieron 2.178 homicidios en Medellín, un aumento de 108% respecto al 2008[11]. Pero esta violencia no refleja una mayor penetración “guerrillera” en la ciudad o una mano insuficientemente dura con el crimen, como pareciera desprenderse de los argumentos oficialistas: la supuesta “paz” lograda por la administración de Sergio Fajardo en Medellín, realmente coincidió con el proceso de control del área metropolitana por el mando unificado del paramilitarismo tras una larga y sangrienta lucha de dominio en esta región. La paz cosmética, en realidad, ocultaba hegemonía mafiosa con complicidad de las autoridades locales. Con la ruptura del mando unificado tras la disolución de las AUC, se exacerbó la lucha por el control de las redes de economía mafiosa por parte de los mandos medios de los nuevos grupos paramilitares; si a esto se suma el vertiginoso aumento del desempleo y la miseria a consecuencia de la crisis económica, encontramos todos los elementos para explicar el alza de la violencia homicida en Medellín[12].

Pero, ¿qué tiene que ver esta realidad de violencia en Medellín con los estudiantes universitarios? Nada. O casi nada. El grueso de estos hechos de violencia ocurre en los barrios periféricos, en las comunas, no es los recintos universitarios. Una estrategia de seguridad que buscara, efectivamente, frenar esta ola de violencia se centraría en los espacios en donde esta lucha paramilitar y mafiosa se está librando; el cinismo de la propuesta no ha pasado desapercibido a ciertos comentaristas que han indicado correctamente que “no se neutraliza en los centros de estudio la violencia entre carteles que tiene lugar en las comunas de Medellín”[13].

Si algo tiene que ver el alza de la violencia en Medellín con las universidades, es que desde Uribe se ha incrementado la presión hacia los recintos universitarios como parte de una creciente persecución del pensamiento disidente y de una estrategia global de represión, intervención y control de las universidades públicas. Junto a la criminalización de la protesta estudiantil (como parte de la criminalización de toda forma de protesta social), la represión violenta de los organismos policiales (ESMAD), y a la campaña macartista que desde los medios de comunicación de masas denuncia a las universidades como nidos de guerrilleros, el país asiste a una acelerada paramilitarización de las universidades públicas: ahí está la intervención piloto de las universidades costeñas por las AUC, al mando de Mancuso, desde 1999 (proceso consolidado con el ascenso al poder de Uribe en el 2002); ahí está el “Plan Pistola” de la UIS con el rector facilitando listas de estudiantes “rojos” a los paramilitares para que los “limpien”; y ahí está la campaña de amenazas, asesinatos selectivos, toques de queda y listas de “limpieza social” que se ha acelerado dramáticamente en el último par de años, pero que viene en alza de manera pronunciada desde la inauguración del segundo período de Uribe en el poder (2006). Ahí es donde existe la única relación lógica entre estudiantes y paramilitares: en que el paramilitarismo, en medio del recrudecimiento de su violencia, coordina agresiones sistemáticas en contra de la comunidad universitaria[14].

Esta propuesta, hay que decirlo categóricamente, no puede sino empeorar la situación de violencia que sufre la comunidad universitaria, al entregar un respaldo y soporte institucional abierto, formalizado y legitimado a la paramilitarización universitaria –no es difícil imaginarse de qué elementos se nutrirá esta red de “sapos”. Los mismos paramilitares infiltrados que hoy deslizan panfletos amenazantes bajo las puertas, servirán de caldo de cultivo para esta red de sapos. Uribe lo sabe bien gracias a la experiencia de las Convivir que él mismo auspició en los ’90 como gobernador de Antioquia y que luego se convirtieron en las estructuras de fachada para permitir el desarrollo y la convergencia paramilitar en un plan nacional. Y cómo termina la historia, es algo que ya se sabe: se dirá, uy, qué pena, se nos salió de las manos, era una buena intención pero salió mal, etc. Es decir, se volverán a lavar las manos cuando el daño ya esté hecho.

Es difícil creer que esta iniciativa de redes de para-estudiantes sea una respuesta a la violencia de Medellín: esta no ha sido otra cosa que la excusa para poder presentar a la opinión pública lo impresentable. Según un artículo del Espectador, los días 16 y 27 de Abril en el 2007, la Embajada de EEUU en Colombia organizó un seminario sobre el manejo de informantes que demuestra que hay una estrategia más profunda detrás de esto, una estrategia de construcción, por parte del uribismo, de un Estado autoritario coincidente con los intereses de control hemisférico de Washington[15].

Las redes de estudiantes sapos: un paso más en la fascistización de Colombia

La estrategia global de control e intervención a las universidades en Colombia, tiene relación, por un lado, con la represión a un movimiento social que antagoniza con el modelo económico y social impulsado desde el uribismo. Pero lo fundamental es que en las universidades, si se preserva un grado relativamente elevado de autonomía[16], se encuentra la potencialidad disidente, el argumento en contra de la razón de Estado –por esa razón, el espacio universitario es un espacio que ningún régimen de corte totalitario puede dejar sin intervenir. La persecución a la intelectualidad disidente y a la posibilidad misma de disentir con el discurso recalentado y desgastado de la Seguridad Democrática es ejemplificada magistralmente por aquel aprendiz de Goebbels y primo de Pablo Escobar, que fuera ex asesor del presidente Uribe: nos referimos, ni más ni menos que a José Obdulio Gaviria. En su última diatriba en El Tiempo (dónde más), nos resume la doctrina uribista:

Colombia debería dar el salto jurídico y perseguir, sin complejos, cualquier expresión 'comprensiva' con la guerrilla, y, ¿por qué no?, neutralizar esa campaña sistemática de desmoralización de la Fuerza Pública. ¿Puede permanecer impávido un Estado en la disputa por el territorio moral? ¿Puede renunciar a combatir al crimen? (…) ¿Por qué, entonces, Colombia no puede castigar a los apologistas de las Farc? ¿Por qué no puede perseguir a quienes legitiman la 'lucha armada' (según ellos, 'conflicto social y político armado'), o la propaganda a favor del secuestro (o 'retención de prisioneros de guerra')? ¿Por qué dejar impune el discurso sobre la invencibilidad de la banda terrorista y la consecuente exigencia de rendición del Estado (o 'salida política negociada')? Jorge Enrique Botero, periodista, recorre el mundo haciendo apología de las Farc. Pero nuestra justicia y varios medios de comunicación le reconocen una extraña inmunidad que le garantiza impunidad. ¡Bueno...! No 'extraña'. Digamos, mejor, poderosa.”[17]

Es en este clima en el cual podemos mejor entender la nueva propuesta uribista. Un clima de creciente persecución, de recrudecimiento de las “pescas milagrosas” del Estado, de una progresiva limitación de los espacios de opinión y de manifiesta fascistización del país. Y no digo “fascistización” como mero sinónimo de “ultra-derecha”. Lo digo en un sentido muy preciso, y es el de un Estado que avanza hacia una determinada forma de “excepción” en la cual hay muchos rasgos tanto generales como peculiares que comienzan a manifestarse contradictoriamente (duplicación de las instituciones estatales, hipertrofia del Ejecutivo, primacía absoluta del Gran Capital, apoyo de las clases medias urbanas a un proyecto político que busca anular las garantías normales de la democracia burguesa, aplicación del führer-prinzip, es decir, la voluntad ilimitada del jefe por sobre las regulaciones legales, con la consecuente subordinación del poder judicial a las otras ramas del Estado, etc., etc., etc.). La resolución de estas contradicciones a manos del uribismo llevará, sin lugar a dudas, a un fascismo establecido. El fascismo, en cuanto forma particular de Estado de excepción capitalista, se distingue de otras formas de Estado de excepción según el aparato de Estado que ejerce la primacía: en el caso del fascismo, la primacía queda en manos de la policía política una vez que el sistema se ha consolidado[18]. En el caso colombiano, no nos estamos refiriendo solamente al DAS, el cual de por sí, ha rebasado con mucho sus atribuciones y se ha convertido en un enlace entre los aparatos para-institucionales, y más precisamente, paramilitares, con la estructura del Estado[19]. También nos estamos refiriendo a esta red de sapos que, efectivamente, se ha establecido como una policía política numerosa, a la cual acuden millones de personas como mecanismo de obtener prebendas y beneficios económicos y sociales. La cultura mafiosa, de esta manera, hace pacto de sangre con la fascistización del Estado colombiano. Esta policía política cumple una función ante todo ideológica, permeando al conjunto de la sociedad, trasmitiendo una imagen de omnipresencia del proyecto autoritario.

Con la consolidación del proceso de fascistización, es la sociedad en su conjunto la cual se convierte a sí misma en policía política. Dice Gramsci sobre el fascismo italiano:

“[Debe entenderse a] la policía en sentido amplio, es decir, no simplemente la del servicio del Estado destinada a la represión de la delincuencia, sino el conjunto de las fuerzas organizadas por el Estado y los particulares (…) para proteger la dominación política y económica de las clases dirigentes. En este sentido es en el que lo mismo algunos partidos políticos que algunas organizaciones económicas o de otro género deben ser por entero consideradas como organizaciones de policía política, por tener un carácter de investigación y de prevención”[20].

Cuando en todas las instancias de organización de la vida social se pretende incorporar el elemento vigilante, primero mediante la instalación de informantes, después mediante la modificación misma de la naturaleza de estas expresiones sociales (sean clubes deportivos, sindicatos, gremios como los taxistas, etc.) para cumplir el rol de prevenir y vigilar en contra del “enemigo interno”, estamos ante un proceso de fascistizacion abierto y manifiesto. Insisto, no estoy utilizando el término a la ligera sino que en un sentido muy preciso[21].

¿Corresponde este cuadro a la realidad colombiana? Cada cual podrá sacar sus propias conclusiones según cómo analice la realidad colombiana. Lo que sí es fundamental, es dejar de utilizar el término “fascista” a la ligera, como sinónimo de conservador, godo, ultra-derechista, de facho, etc. Es preciso entender exactamente qué significa esta manoseada expresión y los riesgos que el fascismo conlleva para el movimiento popular. Porque si hay un elemento trágico en el ascenso de los fascismos europeos durante el siglo XX, fue que en todo momento eran evitables –hasta el momento mismo de su consolidación. Toca al movimiento estudiantil y popular colombiano tomar nota. Porque el croar de los sapos en las universidades puede estar anunciando una noche muy, muy, obscura.

José Antonio Gutiérrez D.
12 de Febrero, 2010


[1] Para más detalles sobre esta ofensiva hacia las universidades se puede revisar el documento colectivo “La otra guerra de Uribe: los estudiantes y las universidades públicas” en http://www.anarkismo.net/article/13942
[2] http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_2...9.stm
[3] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo1...rmant
[4] http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloim...e=0,3
[5] http://www.prensarural.org/recorre/detenciones.htm
[6] Para más detalles sobre los falsos positivos, la seguridad democrática y los auto-atentados, ver http://www.anarkismo.net/article/10199
[7] http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpre...moria
[8] Para un escueto informe sobre los presos politicos en Colombia revisar http://www.anarkismo.net/article/9518
[9] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo1...ejerc
[10] http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo1...dades
[11] http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloim...e=0,1
[12] “El Medellín que se Oculta”, Plano Sur, Nodo-Cepa Medellín. En revista Cepa, Año IV, Número 9, Agosto 2009.
[13] http://www.elespectador.com/columna185366-lena-hoguera
[14] http://www.anarkismo.net/article/13942
[15] http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloim...e=0,1
[16] Nunca la “autonomía” universitaria es completa.
[17] http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/joseobdulio...387-1
[18] Poulantzas, Nicos “Fascismo y Dictadura”, Ed. Siglo XXI, 2005, p.393
[19] No es necesario referirse en detalle a la larga lista de escándalos que han rodeado al DAS en el último tiempo, desde acusaciones sobre vínculos con el narcotráfico, hasta lazos bien establecidos con el paramilitarismo y la realización de labores sistemáticas de hostigamiento, amenazas, persecución y espionaje, en contra de dirigentes populares, miembros de la oposición y organismos de derechos humanos.
[20] Ibid.
[21] Ni mucho menos me dejo llevar por la tentación superficial, tan en boga, de ciertos politólogos colombianos que han convertido en su manera preferida de criticar a Uribe, comparaciones formales y vaciadas de contenido, con Chávez. Es decir, a tal grado ha llegado la consumación del servilismo intelectual en Colombia que ya es imposible criticar a Uribe sin primero condenar a Chávez, o aún más, se condena a Uribe a través de Chávez: por ser su hermano gemelo, su homólogo, son tan parecidos, se retroalimentan, los dos son “totalitarios” (término que se usa de la manera más nebulosa posible) y otras estupideces por el estilo.

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