La lucha estudiantil y la virulenta militarización de la Universidad: el ejemplo de Santander

Cada vez son más los estudiantes y profesores presos (uno de los casos más sangrantes es el de Miguel Ángel Beltrán). Las universidades públicas una tras otra van declinando y viéndose obligadas a cerrar sus puertas por falta de financiación. El paramilitarismo encuentra su carta blanca de acceso a los campus mediante los "estatutos de convivencia". La autonomía universitaria se ve violada constantemente.

Son sólo algunas pinceladas sobre la situación que se vive en el mundo académico, reflejo de la que padecen las clases populares en su conjunto.

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Venimos alertando, desde hace tiempo, de una progresiva privatización y puesta bajo control militar de las instituciones educativas en Colombia.

El pasado mes de octubre la ola de movilización universitaria que recorrió el país fue contestada mediante la represión más descarnada. Cada vez son más los estudiantes y profesores presos (uno de los casos más sangrantes es el de Miguel Ángel Beltrán). Las universidades públicas una tras otra van declinando y viéndose obligadas a cerrar sus puertas por falta de financiación. El paramilitarismo encuentra su carta blanca de acceso a los campus mediante los "estatutos de convivencia". La autonomía universitaria se ve violada constantemente.

Son sólo algunas pinceladas sobre la situación que se vive en el mundo académico, reflejo de la que padecen las clases populares en su conjunto.

Traemos aquí un artículo sobre una situación específica, la de la Universidad Industrial de Santander (un departamento al norte de Bogotá) que puede ser ejemplificadora de algunas de las muchas y graves problemáticas que aquejan a la comunidad educativa y a todo el pueblo colombiano bajo un régimen de terrorismo de Estado al servicio de quienes más tienen.

La lucha estudiantil y la virulenta militarización de la Universidad: el ejemplo de Santander

Después de los escándalos de las conversaciones telefónicas sostenidas por el rector de la Universidad Industrial de Santander- UIS, Jaime Alberto Camacho Pico, con el presunto jefe paramilitar alias Félix, para acordar un plan pistola contra los miembros de la comunidad académica que estén realizando oposición política, la Universidad ha venido convirtiéndose en algo así como la Ubérrima guarnición donde impera el militarismo.

El polémico rector no solo ha sido reelegido (en lugar de ser destituido e investigado), sino que está utilizando las acostumbradas estratagemas propias de las dictaduras militares, entre las que se destacan la persecución laboral a los profesores de la UIS que hacen parte de la junta directiva del sindicato de ASPU (Asociación de profesores universitarios), y la suspensión de matrícula académica a 6 activistas estudiantiles a través de montajes en los fraudulentos procesos disciplinarios ejecutados por el policiaco Consejo “Académico”, utilizando como pruebas reinas las viciadas declaraciones de los remunerados centinelas de la vigilancia privada.

Estos estudiantes eran voceros de la Asamblea General del año 2007, fecha en la cual se venía realizando una serie de exigencias a la dirección de la Universidad Industrial mediante un pliego estudiantil, exigencias que se vieron sepultadas por el cruento desalojo y militarización de nuestra Universidad (Duró casi 50 días: del 14 de junio al 1 de agosto de 2007). Este periodo coincidió con la realización de las angelicales conversaciones entre el doctor Camacho Pico y el denominado paramilitar alias Félix.

Actualmente, el Consejo Superior Universitario presidido por el jabonoso gobernador Horacio Serpa Uribe, respalda y auspicia todas las anteriores estrategias guerreristas del rector de la UIS, con las cuales se pretende desviar la mirada de la comunidad académica y la opinión del ciudadano de la región en cuanto a los planes de privatización y autofinanciación que se quieren implementar en las Universidades Públicas por parte del Gobierno Nacional. Con dichas estrategias, además, se busca legitimar, a punta de amenazas y procesos disciplinarios, la criminal paramilitarización de nuestra comunidad académica.

Esto se ve reflejado en los injustificables montos de dinero (Más de 2.450 millones de pesos durante el período 2007-2009) que se destinan para sostener el pie de fuerza de la administración rectoral (es decir, la seguridad privada que labora al interior de la comunidad universitaria), junto con el famoso fuero que hoy posee el personal que trabaja en dicha vigilancia. Este fuero va desde portar armas al interior del campus universitario, tener acceso y manejar una base de datos de estudiantes, ejecutar operaciones de seguimiento dentro del campus a ciertos profesores, trabajadores y estudiantes, entregar información confidencial a los distintos organismos de espionaje e inteligencia, y hasta agredir físicamente a delegados estudiantiles para infundir temor al resto del estudiantado.

Si lo anterior pareciera poco, vale la pena mencionar la instalación estratégica de cámaras de seguridad en los sitios donde se desarrolla habitualmente la Asamblea General Estudiantil, y en los diferentes lugares de encuentros como la Plazoleta Camilo Torres. Todas estas acciones clandestinas buscan producir falsos positivos para la judicialización de todos aquellos que hacen trabajo político crítico al interior de la Universidad Industrial, y dan cuenta, una vez más, de los oscuros alcances que se pueden lograr gracias a la “benévola” autonomía uribersitaria que practican quienes rigen nuestra Alma Máter en el departamento de Santander.

El estudiantado UIS se mantiene en protesta pese a la persecución

Después de haber logrado que los directivos de la Universidad Industrial de Santander revocaran la mediada de cancelación del primer semestre académico de 2009, lo cual se dio gracias a vías de hecho como la ocupación pacífica por 12 días de la Catedral de la Sagrada Familia y del Parque Santander (toma que contó con la veeduría y acompañamiento de padres de familia, organizaciones defensoras de derechos humanos y sindicatos de la ciudad), el estudiantado se encuentra con la cantinflesca decisión del "Consejo Académico" de instalar, a puerta cerrada y antes del reinicio de las actividades académicas, el 15 de julio, una comisión al interior de los estamentos universitarios para tratar el tema de los Derechos Humanos, Concertación y Solución al Conflicto en la Universidad. Tal comisión, sin embargo, no contó con la presencia de Estudiantes, Trabajadores, y Padres de Familia, por tanto no posee legitimidad alguna y en cambio sí buscaba crear un sofisma para continuar con la impunidad en cuanto a los claros vínculos paramilitares del rector de la UIS, legitimándole la sistemática persecución política y laboral al interior de la Universidad.

Para la instalación protocolaria de la Comisión de DH, y en aras de darle prestigio a dicho comité inquisidor, recurrieron a dos oscuros mercaderes, al mal llamado Defensor Regional del Pueblo, Dilmar Ortiz, y a un mago sapiencial, Alonso Ojeda Awad, el cual dice traer un incienso a nombre de la red de Universidades por la paz. Pero estas argucias no lograron que la Asamblea General Estudiantil bajara la guardia, y las jornadas de protestas se mantuvieron a tal punto que el día 30 de julio 10 estudiantes desnudos, cubiertos sus rostros, y con su cuerpo pintado, decidieron seguir denunciando ante la ciudadanía los enumerables casos de hostigamiento y persecución que vive día a día el estamento estudiantil-UIS, plasmando también en la comunidad universitaria su inconformismo por el silencio de los organismo de control como la Fiscalía y Procuraduría en lo que respecta a las investigaciones que deberían estar adelantándose contra el rector Jaime Alberto Camacho y su grupito de sanedrines.

Dos semanas después, un colectivo de estudiantes decide amarrarse en la portería de la Universidad como respaldo y apoyo a los 6 compañeros que serían suspendidos por dos (2) semestres académicos a partir del mes de octubre de 2009 - estudiantes que días atrás habían interpuesto ante el Consejo Académico una apelación a dicha decisión, la cual, como era de esperarse, les fue negada-. Y también para informar de la puesta en marcha por parte de dicho Consejo de otras o­nce (11) nuevas investigaciones disciplinarias a estudiantes de pregrado a los cuales se les quiere amordazar y amedrentar para que desistan de las denuncias contra el actual régimen universitario orquestado tras bambalinas por los Vicerrectores Sergio Isnardo Muñoz, Álvaro Gómez Torrado, y la Secretaria General Olga Cecilia González (Vale la pena recordar que estos 2 vicerrectores son los mismos que se mencionan en la conversación telefónica entre Camacho Pico y el confeso jefe paramilitar, y los cuales deberían ayudar al rector-para conformar la lista de estudiantes que serían ejecutados en la operación bala-pistola, además son estos 3 funcionarios gestores de paz los que en el año 2007 dieron la orden al equipo de comunicaciones y televisión de la UIS de grabar de forma oculta a los trabajadores y estudiantes que participaran en manifestaciones y reuniones de asamblea con el fin de judicializarlos. Y como olvidar que en el 2008 asesoraron políticamente al rector en el eterno proceso de negociación del pliego de exigencias de los trabajadores y empleados de la UIS, exigencias que se diluyeron gracias a la asesoría proporcionada en dicho proceso de burla)

El pasado 26 de agosto, siendo aproximadamente las 10:00 am, se realizó por parte de un sector estudiantil una protesta que duró alrededor de 5 horas. Esta manifestación fue motivada por el estado universitario de tiranía y represión dentro del ALMA MÁTER, y el cual se quiere adoptar como una política misional universitaria dentro de la famosa CARTA DE CIUDADANIA creada de forma rampante en el periodo de los 50 días de desalojo de 2007. Ese mismo 26 de agosto de 2009 se produce un enfrentamiento con integrantes del escuadrón móvil antidisturbios - ESMAD y con efectivos de la Policía. Durante dicho choque ocurrieron graves violaciones de derechos humanos, como fue el lanzamiento de granadas lacrimógenas recargadas (Disparan dichos lacrimógenos con un ángulo de tiro menor a los 30 grados) dirigiéndolos al cuerpo de los estudiantes, y la utilización por parte del escuadrón del ESMAD de artefactos artesanales e industriales que expulsan bolas de cristal, tuercas y balines, armas no convencionales prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario.

Además, por orden del régimen que anida en la "Casa de Nari" y bajo la responsabilidad del General Yesid Vásquez Prada, comandante metropolitano de la Policía Nacional, se desarrolló un ingreso al campus universitario en Bucaramanga de miembros de la policía portando armas de fuego. Irrumpieron por la portería de la Carrera 30 realizando disparos (Como estrategia militar voltean sus chalecos para no ser identificados). Dicha forma de ingreso fue consultada al Viceministro de Educación Superior Gabriel Burgos Mantilla y avalada por los esbirros que integran el pacificador Consejo Académico [Acta No 039 de 2009. Reunión extraordinaria miércoles 26 de agosto, Sala de juntas del Hotel Bucarica]

Siendo aproximadamente las 4:00 de la tarde, la estudiante de pregrado Laura Camila Isaacs fue detenida ilegalmente en la portería de la Carrera 30 (donde ya no había enfrentamientos con la fuerza pública), y es en ese preciso momento cuando los agentes de la policía disparan sus armas de fuego en 4 ocasiones contra el estudiantado que se encontraba allí presente, y procedieron a golpear a la estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas. Debido a la golpiza la estudiante fue trasladada por miembros de la misma Policía Nacional al Hospital Universitario de Santander de Bucaramanga.

De igual forma, a las 4:40 pm, cuando ya no se presentaba ningún disturbio en las afueras de la Universidad, la fuerza pública desarrolló una persecución al interior de la Universidad y detuvo arbitrariamente al estudiante de la carrera de Historia, Daniel Rueda Otero, el cual fue golpeado brutalmente con una macana en su cabeza, debido a lo anterior también fue llevado al Hospital Universitario de Santander-HUS. Allí los estudiantes recibieron la visita de miembros de la policía judicial, formulándoles preguntas de los hechos sin la presencia de un abogado, en flagrante violación a la ley y la Constitución Nacional.

Actualmente los dos estudiantes están siendo acusados de 3 delitos: Lesiones agravadas a funcionario público, daño en bien ajeno, y terrorismo. Debido a la ilegalidad de la captura por parte de la policía, los estudiantes cuentan con una libertad condicionada ya que los tres cargos que se les están imputando aun se mantienen dentro del caso judicial de investigación. La defensa de Daniel Alexander Rueda está a cargo del Comité de solidaridad con los presos políticos -seccional Santander y de la Corporación Compromiso, quienes han asegurado en varias ocasiones que no se encuentra ningún material probatorio serio para que los estudiantes estén aun siendo investigados por esos 3 delitos, y mucho menos por el de terrorismo.

Situación jurídica y debate de control

El día 22 de octubre se convocó en las instalaciones de la ESAP-Bucaramanga una reunión del Comité Departamental de Derechos Humanos y DIH de Santander, encuentro en el cual se debía presentar, entre otras cosas, por parte de la Fiscalía, la Procuraduría y del programa Presidencial de DD HH en cabeza de su asesor Fernando Ibarra, un informe detallado sobre el estado de las investigaciones contra el rector de la Universidad Industrial de Santander, Jaime Alberto Camacho, pero esto no sucedió. Por ello las organizaciones estudiantiles, sociales, y defensoras de derechos humanos que representan a las víctimas en el Comité Departamental decidieron retirarse ese mismo día de tal encuentro y solicitar una reunión con el Gobernador de Santander para dar una posible salida a la crisis humanitaria que se vive al interior de la UIS. A la fecha, el gobernador Horacio Serpa se niega a dar respuesta a dicha solicitud, como parte de ese papel dilatorio que tiene que desempeñar por mandato desde el Palacio Presidencial en Bogotá.

Debido a la escalada de represión que mantienen los organismos de inteligencia con complicidad de la dirección de la Universidad, y al no encontrar ninguna solución al conflicto de la UIS en los burlescos shows del Comité Departamental de Derechos Humanos y de la Mesa Nacional de Garantías en Santander, un colectivo estudiantil universitario decidió emprender un cabildeo e incidencia política con algunas corporaciones y organizaciones defensoras de derechos humanos en la ciudad de Bogotá. Como resultado se obtuvo la citación a los miembros del Consejo Superior de la UIS a un debate de control político en la Comisión Cuarta Permanente de la Cámara de Representantes. Dicho debate se tiene previsto desarrollar durante el primer periodo legislativo del 2010.

De otro lado, con las denuncias radicadas por la comunidad universitaria, la Fiscalía Séptima especializada de Bucaramanga adelanta el caso por el delito de Concierto para delinquir en contra del señor rector de la UIS, por los hechos relacionados por presuntos vínculos con el jefe paramilitar de nombre Félix. Igualmente la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la República presidida por el congresista Alexander López solicitó el pasado mes de octubre a los siguientes organismos: Fiscalía, Defensoría, Procuraduría y al Gobernador de Santander un informe de las gestiones que se han realizado para velar por la vida y salvaguarda de los derechos constitucionales de los estudiantes de la Universidad Industrial.

Todavía, sin embargo, los estudiantes no podemos escaparnos a las siguientes 2 preguntas que siguen perturbándonos: ¿Continuará ese plan belicista de vestir a los estudiantes universitarios como terroristas? ¿Cuánto tiempo más se necesitará para que los malhechores que hoy están siendo investigados estén tras las rejas?