Una victoria parcial de la memoria. Sobre el fallo contra los asesinos de Nicolás Neira.

En un hecho inesperado, que celebramos, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos por 10 años, a dos oficiales del ESMAD (Escuadrón Móvil Anti Disturbios), directores respectivos de la primera y la tercera sección de este organismo en Bogotá, por su participación por “omisión” en la muerte del joven estudiante libertario de 15 años Nicolás David Neira Álvarez, asesinado por las golpizas de los antidisturbios el primero de mayo de 2005 durante las movilizaciones del Día Internacional de las y los Trabajadores.

Según la Procuraduría , los oficiales incumplieron con su deber al no garantizar que sus subordinados velaran en la marcha por los derechos humanos. Este fallo se encadena con otro similar, en el que el ente público destituyó a 14 miembros del Ejército, por hechos ocurridos también en el 2005 en el Departamento del Casanare, en los que los soldados secuestraron y mataron dentro de sus casas a 5 personas haciéndolas pasar luego como bajas en combate, en la ya usuales ejecuciones extrajudiciales de las Fuerzas Armadas conocidas como “falsos positivos”.

Artículo relacionado: Entrevista con Yuri Neira, padre de Nicolás, respecto del fallo sobre el asesinato de su hijo

---

Una victoria parcial de la memoria.

Sobre el fallo contra los asesinos de Nicolás Neira.

En un hecho inesperado, que celebramos, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos por 10 años, a dos oficiales del ESMAD (Escuadrón Móvil Anti Disturbios), directores respectivos de la primera y la tercera sección de este organismo en Bogotá, por su participación por “omisión” en la muerte del joven estudiante libertario de 15 años Nicolás David Neira Álvarez, asesinado por las golpizas de los antidisturbios el primero de mayo de 2005 durante las movilizaciones del Día Internacional de las y los Trabajadores.

Según la Procuraduría , los oficiales incumplieron con su deber al no garantizar que sus subordinados velaran en la marcha por los derechos humanos. Este fallo se encadena con otro similar, en el que el ente público destituyó a 14 miembros del Ejército, por hechos ocurridos también en el 2005 en el Departamento del Casanare, en los que los soldados secuestraron y mataron dentro de sus casas a 5 personas haciéndolas pasar luego como bajas en combate, en la ya usuales ejecuciones extrajudiciales de las Fuerzas Armadas conocidas como “falsos positivos”.

Las penas risibles, que de inmediato fueron rechazadas por los uniformados, no contemplan ni la responsabilidad penal, ni la reparación a las familias de las víctimas de estos brutales asesinatos. Y llegan, como suele llegar la justicia Colombiana con cuatro años de retraso, tiempo en el que este tipo de hechos aumentaron, se legalizaron y se cubrieron con el manto de la impunidad.

Ese conjunto de investigaciones realizadas por la Procuraduría , llego acompañado por un resultado predecible para todos los casos de crímenes de estado: Los 17 militares acusados por el asesinato y la desaparición forzada de decenas de jóvenes de Soacha salen en libertad por vencimiento de términos, es decir, por triquiñuelas jurídicas. Y el clima general sobre el que se asientan los crímenes oficiales no puede ser más propicio: Los Jefes Paramilitares y sus intimas relaciones con el establecimiento fueron extraditados y silenciados, los 30 mil desparecidos por motivos políticos que reconoce ASFADDES cometidos en los últimos 30 años, son enterrados en los archivos del olvido y sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por políticos, militares y empresarios se impone la amnesia.

La Paradoja no es ya solo que el Estado se perdone a si mismo los crímenes que comete en contra de la población, sino que investigue procesos en los que los culpables de entrada fueron absueltos; eso mismo hizo la Procuraduría al investigar un caso que formalmente no existe. No hay, como dice Pedro Maecha abogado de la familia de Nicolás, una investigación judicial sobre el asesinato del compañero. Ni los varios testimonios, ni las evidencias médicas, ni las pruebas documentales, han sido buena razón para emprender labores en ese sentido. Todo lo contrario; el caso lo habían cerrado ya los medios burgueses de información cuando el mismo día del incidente hablaban de que Nicolás había sido apuñalado y herido por sus mismos compañeros y compañeras. La comandancia de la Policía lo rectificaba días mas tarde, cambiando como no, la versión oficial: Nicolás se había caído de uno de los camiones que acompañaban la manifestación, y finalmente las autoridades cerraban el caso sosteniendo que Nicolás murió porque las y los otros manifestantes lo habían arrollado. La mentira vuelta verdad oficial había matado tres veces, de tres maneras distintas a Nicolás y en todas la autocomplacencia, el descaro y la impunidad mandaban.

La versión oficial supo mantenerse a punta de amedrentamiento y silencios impuestos. Las llamadas amenazantes para que los familiares de Nicolás se quedaran callados se hicieron frecuentes; la presencia incómoda de agentes de policía vestidos de civil merodeando y preguntando por los testigos, recurrente; la persecución violenta contra los activistas de su causa silenció muchas voces y finalmente, las tentativas de asesinato arrojaron al exilio a varias de las personas que visibilizaron el caso así como al padre de Nicolás, Yuri Neira. Gracias a ese ambiente de terror, el caso de Nicolás se empolvo en los almanaques de la injusticia y los asesinatos perpetrados por el ESMAD y las Fuerzas de Seguridad del Estado siguieron creando más y más dolor.

Sin embargo, los logros del terror no podían esconder que la única razón por la que Nicolás resulto asesinado fue porque no pudo correr tanto como lo requerían las ordenes de los ESMAD. La lógica es clara: Quien no se quite del camino cuando la fuerza bruta del Gobierno lo ordena, que sufra las consecuencias. Es la lógica aplastante de las balas y el dinero que gobierna el país hace mucho y es la lógica con la que funciona el ESMAD. Lo muestra el balazo que se le propino al estudiante de química de la Universidad del Valle Jhonny Silva, el asesinato del joven indígena de 16 años Belisario Camallo Guetoto con certeros balazos en su cuerpo durante una manifestación por la liberación de la madre tierra; el balín disparado desde una granada antidisturbios, que perforo la cabeza del comunicador popular y estudiante universitario Oscar Salas. Se barre así con las y los jóvenes rebeldes, con los y las trabajadoras inconformes y con la oposición popular.

Las agresiones, el terror y los asesinatos son componentes fundamentales de una política de seguridad construida sobre la imagen de la guerra y la aniquilación. Se equivoca entonces la Procuraduría cuando plantea que la violación a los derechos humanos que autorizaron los oficiales del ESMAD iba en contravia con sus deberes policiales. Es precisamente en cumplimiento de esos deberes que la Policía cree un escuadrón especializado en el control de multitudes que realiza su tarea mediante el uso racionalizado de la brutalidad. Es precisamente el deber de la policía el de suministrar la muerte y la represión permanentemente, en defensa de un orden institucional basado en la dominación y el hambre de muchos y muchas.

Pese a todo, los entes de control no han podido ignorar por más tiempo este alarmante e impune asesinato. Este pequeño logro es sin duda resultado de las terquedad y los esfuerzos de Yuri Neira y la familia de Nicolás, sus compas, amigos y amigas; consecuencia del acompañamiento de los movimientos de victimas y victoria de los movimientos sociales populares que han empezado a hacer suya la lucha contra la impunidad. Qué esta ganancia parcial se transforme en victoria de la memoria y en lucha frontal contra el Terrorismo de Estado, depende enteramente de nosotros y nostras.

La memoria de Nicolás Neira y la de todos los y las jóvenes hijas del pueblo asesinadas, vive en la lucha, su lucha, nuestra lucha.