Situación de los pueblos indígenas colombianos tras ocho años de Seguridad "Democrática"

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Monday October 26, 2009 19:12

by CILEP

Se puede decir que la situación humanitaria al interior de los pueblos indígenas se ha agravado debido a la política militarista impulsada y respaldada por los Estados Unidos que por medio de la ratificación del plan Colombia en el gobierno de Andrés Pastrana logró, por medio de su discurso implícito de la lucha contra el narcotráfico, permear las estructuras institucionales del Estado incrementando los recursos para la guerra. Así mismo otro de los factores prominentes que pueden explicar este considerable aumento de la violencia en los territorios indígenas es el de la paulatina explosión de la mitosis cancerígena denominada paramilitarismo. Estas dos situaciones específicamente se fueron consolidando y las estrategias militaristas en las zonas de asentamiento indígena no se hicieron esperar. Caído del cielo, cubierto de sábanas manchadas de sangre, arribaba a la esfera política gubernamental la mesiánica figura de Álvaro Uribe Vélez, personaje desconocido para muchos, pero abiertamente identificado por algunos sectores marginales afectados por su políticas gamonales y guerreristas implementadas en el departamento de Antioquia durante su gobierno. Ciertamente las estrategias políticas del presidente Uribe Vélez se encaminaban hacia la recuperación de la seguridad en todo el territorio colombiano a través del enfrentamiento directo con las guerrillas colombianas; de esta manera y con la consolidación de la política de seguridad democrática el gobierno colombiano enarboló la bandera de la guerra sucia. Las acciones militares comenzaron a cobrar vidas y el ejército colombiano empezó a detentar su legalmente reconocido monopolio de la fuerza.

Desarraigo, desplazamiento, destrucción y etnocidio: ocho años de la consolidación de la política de Seguridad “Democrática” en los territorios indígenas. 2002-2009

Caminamos la palabra porque en este país
no vale lo que está escrito,
la Constitución Política de Colombia,
el primero que la viola
es el gobierno colombiano,
es el gobierno de Uribe.

Aida Quilcué.

A lo largo de la historia de Colombia la situación de los pueblos indígenas se ha visto directamente afectada por los intereses económicos y políticos de las clases sociales predominantes en la esfera regional y nacional, en este sentido en un primer momento a partir de la fuerza y de la ley los territorios de dichos pueblos se fueron reduciendo y los diferentes pueblos indígenas comenzaron a resistir y luchar contra, las acciones y políticas “ legales” que buscaban apropiarse de la tierra del indígena para perseguir intereses mezquinos centrados en la acumulación del capital a través de la extensión agrícola , ganadera y la explotación de los recursos minerales como el oro y la plata. Dentro de los procesos reivindicativos que permanecen en la memoria colectiva de los indígenas y del pueblo colombiano, se pueden identificar, las gestas activas de Manuel Quintín Lame y la Quintinada (1), en el Departamento del Cauca y del Tolima, El proceso paulatino de toma de tierras y el origen del Consejo Regional Indígena del Cauca (2) CRIC que logro unificar a un sin número de pueblos originarios en el Cauca y propugnó por la creación de la Organización Nacional Indígena ONIC.

Con base en esto y teniendo en cuenta el lastre de agresiones cometidas, el panorama de los pueblos indígenas en la actualidad no es el más alentador, un sin número de etnias se encuentran amenazadas porque se ven directamente perjudicadas por el recrudecimiento del conflicto armado colombiano. Debido a esto y con el incremento de la violencia, la jurisdicción especial indígena reconocida en la constitución política de 1991 (3), no ha podido llegar a solucionar las situaciones generadas por el conflicto. (4) De esta manera y al no poder soslayar y mitigar estos tipos de amenazas, las organizaciones indígenas han tenido que acudir a las instancias estatales para condenar dichos hechos violentos, en estos primeros intentos de denuncia , la problemática indígena en el país ha sido tomada en serio por las instituciones , pero lamentablemente el Estado y sus instituciones no han sido capaces de formular políticas públicas coherentes que salvaguarden , los derechos fundamentales de los pueblos indígenas tales como la vida y la integridad. Con base en esto muchos de los líderes indígenas han tenido que viajar al extranjero con el fin de buscar en los diversos estamentos internacionales, mecanismo de protección, producto de la ineficiencia del Estado Colombiano.

Por otro lado se puede decir que la situación humanitaria al interior de los pueblos indígenas se ha agravado debido a la política militarista impulsada y respaldada por los Estados Unidos que por medio de la ratificación del plan Colombia en el gobierno de Andrés Pastrana logró, por medio de su discurso implícito de la lucha contra el narcotráfico, permear las estructuras institucionales del Estado incrementando los recursos para la guerra. Así mismo otro de los factores prominentes que pueden explicar este considerable aumento de la violencia en los territorios indígenas es el de la paulatina explosión de la mitosis cancerígena denominada paramilitarismo. Estas dos situaciones específicamente se fueron consolidando y las estrategias militaristas en las zonas de asentamiento indígena no se hicieron esperar.

Caído del cielo, cubierto de sábanas manchadas de sangre, arribaba a la esfera política gubernamental la mesiánica figura de Álvaro Uribe Vélez, personaje desconocido para muchos, pero abiertamente identificado por algunos sectores marginales afectados por su políticas gamonales y guerreristas implementadas en el departamento de Antioquia durante su gobierno. Ciertamente las estrategias políticas del presidente Uribe Vélez se encaminaban hacia la recuperación de la seguridad en todo el territorio colombiano a través del enfrentamiento directo con las guerrillas colombianas; de esta manera y con la consolidación de la política de seguridad democrática el gobierno colombiano enarboló la bandera de la guerra sucia. Las acciones militares comenzaron a cobrar vidas y el ejército colombiano empezó a detentar su legalmente reconocido monopolio de la fuerza.

En los territorios indígenas la amenaza militarista se fue instaurando y a través de la proliferación de bases militares en las zonas reconocidas como sagradas para estos pueblos. Las constantes intimidaciones no se hicieron esperar, las agresiones verbales y el maltrato físico agudizaron la problemática social, el enamoramiento de las mujeres indígenas como estrategia para conseguir información desarticularon ciertas lógicas sociales de la comunidad y la red de informantes incrementó la amenaza al interior de estos pueblos. En general la inserción, expansión y consolidación del ejército nacional en algunas zonas territoriales con la mayoría de población indígena, solidificaron el recrudecimiento de la violencia en estos lugares. Se han conocido casos inclusive en los cuales el ejército colombiano ha ignorado las alertas tempranas puestas en marcha por la comunidad para denunciar la presencia paramilitar y por tanto en algunos departamentos como el Magdalena y la Guajira el paramilitarismo ha tenido vía libre para masacrar, asesinar e intimidar.

Con base en estas primeras descripciones surgen muchas preguntas, pero sería preciso concentrase en una sola: ¿En qué medida la política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez afecta de manera negativa la estabilidad social, económica y política de los pueblos indígenas?

Teniendo en cuenta este cuestionamiento y para tratar de responderlo se puede aseverar que Las políticas institucionales del Estado Colombiano en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez han afectado de manera negativa la estabilidad económica y política de los pueblos indígenas, debido al recrudecimiento de la violencia y el diseño inoperante de políticas públicas que no logran mitigar el desplazamiento forzado, la violencia sexual y los asesinatos selectivos.

Por esta razón y para sustentar esta afirmación es necesario en primer lugar Demostrar como la situación social, política y económica de los pueblos indígenas se ha agravado en los dos periodos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 2002-2006 -2009.En este sentido y a partir de los datos suministrados por los informes que se fueron consolidando con respecto a la situación de los pueblos indígenas en estos periodos, se podrán indicar cuáles han sido las características genérales de la política guerrerista del presidente Uribe y a su vez cuales han sido las secuelas negativas que dicha política le ha dejado a las poblaciones indígenas.

En segundo lugar es preciso describir como a través del recrudecimiento de la violencia las organizaciones indígenas han tenido que consolidar estrategias políticas para mitigar el impacto del conflicto en sus territorios. Dentro de este marco se pueden encontrar varias experiencias, entre ellas se identifican las siguientes : la consolidación del resguardo de la María Piendamo como territorio de paz, el lanzamiento simbólico del Tribunal Permanente de los pueblos, la consolidación de la guardia Indígena y la movilización social de la minga comunitaria.

Finalmente se deben analizar los elementos problemáticos en cuanto a la situación de los pueblos indígenas que determinan la intervención de la corte constitucional a partir de la emisión del Auto 004, orden judicial que obliga al gobierno a implementar un programa de garantía de los derechos de los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento e iniciar la implementación de planes salvaguarda étnica ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado para evitar la desaparición de 34 pueblos en riesgo.

Situación de los pueblos Indígenas a partir de los dos periodos de gobierno del Álvaro Uribe Vélez: 2002-2006-2009.

Inestabilidad social y política en los territorios indígenas: Plan Colombia y expansión paramilitar. 2001.

Para comenzar a describir los hechos que ratifican el aumento de la violencia política en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, es necesario identificar los dos hechos que marcaron indiscutiblemente la extensión del conflicto armado al interior de los pueblos indígenas. En este sentido en el contexto del último año de gobierno del presidente Andrés Pastrana, la negociación pacífica del conflicto había culminado debido a la intermediación e influencia de fuertes grupos de presión los que le exigían al gobierno resultados eficientes para contrarrestar el avance y consolidación de las guerrillas en las diferentes zonas del país, aspecto que minaba sus intereses económicos. Con respecto a esto y con la consolidación del plan Colombia, la política militarista se percibía de forma intimidante y la percepción social comenzó a girar en torno a la guerra.

Líderes indígenas colombianos creen que, como mínimo, el conflicto armado en Colombia se intensificara en los meses y años venideros, si es que no se pone en vigor un serio proceso de pacificación. Algunos predicen una guerra que seguirá profundizando la pobreza y debilitando aun más la legitimidad del Estado.
(Fuente: Derechos y Democracia, Informe Misión a Colombia para investigar la situación de los pueblos indígenas, 2001)

Por otro lado la organización paramilitar se comenzó a elevar y la expansión de este grupo armado empezaba a agudizar la crisis y por ende los enfrentamientos con las guerrillas, este aspecto solidificó la lucha estratégica por una zona determinada y la población en este caso los indígenas se vieron seriamente afectados, en el sentido de que eran señalados por los dos grupos armados como integrantes de uno u otro bando., a su vez se documentaban casos en los cuales el ejército nacional apoyaba las acciones militares de dicho brazo armado. “ El actual presidente Andrés Pastrana no ha podido desarmar y llevar ante la justicia al liderazgo de la AUC, y lo más importante, quebrar la abierta colaboración entre oficiales del Estado, especialmente de las fuerzas armadas, y las AUC.” (5)

Según el informe realizado por Derechos y democracia sobre la situación de los pueblos indígenas en el año 2000, se pudieron identificar algunos hechos que reflejan el comienzo de un largo y penoso periodo de violencia étnica:

Intimidación a las comunidades indígenas mediante amenazas de fuerza y el uso de la violencia

Los grupos armados se disputan el control de recursos estratégicos considerados vitales para la economía del país.

Presión para entregar información militar estratégica.

Desplazamiento interno

Aumento de la incidencia de asesinatos selectivos

Control sobre el acceso de alimentos.

Combates más sangrientos y de mayor impacto para la población civil.

Desaparición de pueblos enteros

Presión sin precedentes de los actores armados sobre las formas tradicionales de organización, social, económica y espiritual de los pueblos indígenas.

Amenazas de etnocidio

No hay respeto por los lugares sagrados, paso de las tropas

Secuestro y reclutamiento

Los paramilitares atacan comunidades por supuestas simpatías con los grupos guerrilleros

El Estado colombiano ha hecho poco para salvaguardar el más preciado derecho de los pueblos indígenas: el derecho vivir en paz en sus territorios.
(Fuente: Derechos y Democracia, Informe Misión a Colombia para investigar la situación de los pueblos indígenas, 2001)

Primer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 2002

Con la llegada de Álvaro Uribe Vélez al poder y con la consolidación de la política de seguridad democrática, la proliferación de la guerra no tuvo ningún límite, los recursos de la nación se destinaron al rubro de la milicia y los gastos prioritarios se organizaron en torno a las expectativas del gobierno, es decir en compra de armamento y equipo militar. La militarización de los territorios indígenas se acrecentó y en algunos resguardos, la imposición de bases militares agudizó las agresiones verbales y físicas de la tropa contra la población indígena. Según la resolución Defensorial No 24, el Ejército nacional instalo en el cerro Inarwa sitio sagrado para el pueblo Arwaco una base militar, muchos de los pobladores afirman que no se puede subir a este cerro porque está absolutamente minado. (6)

Con base en esto en dicha resolución se le hace un llamado urgente al Ministerio de defensa para que solidifique e implemente programas de educación en derechos humanos, con el fin de evitar este tipo de agresiones y violaciones. “La defensoría le exige al Ministerio de defensa que adelante las acciones que se requieran frente a hechos sobrevinientes que puedan vulnerar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de la zona, e instruya a los integrantes de las tropas que operan en la región en el respeto a los derechos humanos y colectivos establecidos para la protección de los pueblos indígenas.” (7)

Cabe destacar que en este periodo se incrementan los asesinatos selectivos contra los indígenas del pueblo Kankuamo (8), debido a esto un sin número de personas comienzan a desplazarse hacia los centros urbanos del Cesar como Valledupar y hacia la capital de Colombia: Bogotá. La mayoría de asesinatos son atribuidos a los paramilitares.

Estos hechos de violencia sistemática ratifican la consolidación del paramilitarismo en algunas zonas del norte de Colombia, específicamente en el Cesar, Magdalena, Córdoba y la Guajira, en el último informe realizado por la ONIC, se determinan las cifras de las víctimas indígenas desde 1998 hasta el 2002, dejando claramente posicionado a los paramilitares como los actores armados que más asesinatos y masacres han llevado a cabo durante este periodo de tiempo.

Segundo año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez: 2003.

Durante este año se incrementaron las amenazas e intimidaciones contra la población. La fuerza pública comenzaba a detentar su poder en las diferentes regiones y con ello agudizaba las estrategias militares de inteligencia. Con respecto a esto muchos militares según los reportes de la defensoría del pueblo utilizaban las cámaras fotográficas, para llevar un registro documental de los comuneros indígenas más reconocidos y también de los líderes de las organizaciones, con el fin de vigilar y controlar sus acciones comunales y políticas. A su vez la diversificación de los señalamientos en contra de los líderes y comuneros indígenas fortaleció la inseguridad en las comunidades involucrándolas de manera directa en el conflicto.

Algunos indígenas han denunciado prácticas irregulares por parte de la Fuerza Pública, que son una amenaza contra sus vidas. Así, por ejemplo, en algunas ocasiones, miembros del Ejército Nacional, que realizan actividades de control, les han tomado fotos a los indígenas en contra de su voluntad. En otras oportunidades, miembros de las comunidades han sido objeto de señalamientos infundados, en los que se les acusa de apoyar a grupos de guerrilla o de autodefensas, colocándolos en riesgo ante los actores del sector contrario, hecho que también es catalogado como una amenaza para los comuneros indígenas. (9)

Por otro lado los asesinatos en la Sierra Nevada de Santa Marta siguieron aumentando, de este modo la consolidación y las acciones del paramilitarismo en esta región no representaban para la fuerza pública mayor amenaza. Según el informe del relator especial para poblaciones indígenas, en el 2005, (10) más de 54 Kankuamos fueron asesinados, convirtiéndose en la población indígena más afectada por la violencia política, durante este periodo.

Tercer y Cuarto año de Gobierno Álvaro Uribe Vélez: 2004-2005

Con la visita del relator especial sobre poblaciones indígenas de las Naciones Unidas en el año 2004, se llegaron a conocer casos aterradores en los cuales se llevaron a cabo un sin número de asesinatos individuales y colectivos, que pudieron ser prevenidos por la fuerza pública. En consideración de esto una de las masacres más reconocidas en este año fue la de Bahía Portete en el Departamento de la Guajira en donde murieron más de ocho personas a manos de los paramilitares. En este aspecto y según las versiones de los sobrevivientes dos días antes de la masacre, algunos pobladores del resguardo se desplazaron hacia la base militar más cercana para denunciar la presencia de estos actores armados en su territorio, pero el ejército no les prestó atención. Por esta razón el 18 de abril del 2004 los paramilitares ingresaron al territorio dejando muerte y destrucción. “No se conformaron con disparar a quemarropa, sino que agarraron motosierras para cortarles la cabeza y separar los cuerpos en varias partes" (11)

Este acto habría sido cometido por un grupo paramilitar que el 18 de abril de 2004 asesinó por lo menos a otras ocho personas y secuestró a unos cuantos miembros de la comunidad indígena wayuu, en Bahía Portete (municipalidad de Uribía). Se informó también de que la mayoría de la población de Bahía Portete huyó a Uribía y a otras localidades vecinas. En la carta, se pedía al Gobierno que informase de la investigación de los homicidios y que diera todos los pasos esenciales para garantizar la protección de los indígenas desplazados de Bahía Portete y el derecho a la vida de las personas secuestradas. (12)

A sí mismo el Relator especial, recibió por parte de la Organización Indígena Kankuama (OIK), la denuncia de la muerte de uno de sus integrantes Freddy Arias Arias, coordinador del programa de derechos humanos. “Según la información recibida, el 4 de agosto de 2004 Freddy Arias Arias fue asesinado supuestamente por dos miembros de un grupo paramilitar mientras se dirigía de la sede central de OIK a su casa en Valledupar. (13)

El reporte del relator especial consignaba en su descripción un sin número de hechos que evidenciaban la consolidación de la política de seguridad democrática enmarcada en la proliferación de las acciones guerreristas y la lucha contra el terrorismo. “Ello ha repercutido también en el tratamiento que reciben los pueblos indígenas en las zonas conflictivas, en donde su creciente resistencia a la militarización es a veces considerada por las autoridades militares y políticas como una opción por el “terrorismo”. De este modo se denunciaban las capturas masivas sin orden judicial en el que muchos indígenas eran inculpados de pertenecer a un grupo armado ilegal. Por otro lado y teniendo en cuenta la extensión y el despliegue militar en algunas zonas del país, el relator denuncio los constantes bombardeos a las poblaciones campesinas e indígenas por parte de la fuerza área en el departamento del putumayo, agudizando de este modo el desplazamiento y el desarraigo. (14)

A continuación se presentan los testimonios que recio el relator especial en su visita a Colombia en el año del 2004 y a su vez se describen cuales fueron las recomendaciones puntuales que le hizo al gobierno de Álvaro Uribe Vélez:

Testimonios que recibió el relator especial para pueblos indígenas: en el 2004

Asesinatos

Torturas

Desplazamientos masivos

Desapariciones forzadas

Reclutamientos involuntarios de jóvenes a unidades combatientes

Violaciones de mujeres

Ocupación de sus territorios por parte de grupos guerrilleros, paramilitares y otros actores armados ilícitos

Asesinato de dirigentes

Militarización de algunas comunidades indígenas

Masacres

Amenazas

Dispersión forzada de sus pobladores.
(Fuente: Naciones Unidas, Informe del relator especial para pueblos indígenas, 2005)

Llamamientos del relator especial al gobierno de Álvaro Uribe Vélez:

Que se reactive el proceso de paz.

Que todos los grupos armados respeten los territorios indígenas.

Que se establezcan zonas de paz de toda operación militar bajo observación internacional.

Que la Fiscalía acorde prioridad para investigar y aplicar la ley a todas las denuncias relativas y violaciones cometidas por miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional contra miembros de comunidades indígenas.

Que se dé término a programas como la red de informantes, los soldados campesinos y “soldados por un día”, para niños y jóvenes indígenas, y que las instancias del Estado correspondientes cumplan debidamente las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido para los distintos pueblos indígenas.

En el contexto de la lucha contra el terrorismo: Seguridad democrática: se hace un llamado para que ningún indígena sea detenido por las fuerzas militares sin que exista una orden de captura expedida por una autoridad judicial.
(Fuente: Naciones Unidas, Informe del relator especial para pueblos indígenas, 2005)

Consolidación de la política de seguridad democrática en los territorios indígenas en los últimos cuatro años. 2006-2009.

En el mes de Junio del año 2009 la ONIC le entrego al reciente relator especial para los pueblos indígenas el profesor James Anaya, el último informe consolidado sobre la situación de los pueblos indígenas en Colombia, de esta manera y trayendo a colación los datos expuestos en anteriores informes se buscaba demostrar cómo a partir de la consolidación de la política de seguridad democrática con el gobierno del Álvaro Uribe Vélez, la violencia y el destierro se habían acrecentado al interior de los territorios indígenas, según lo expuesto por la ONIC en los dos periodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez se habían incrementado los asesinatos políticos, las detenciones arbitrarias, las acciones bélicas, los heridos, las amenazas colectivas, las amenazas individuales, tortura, desaparición forzada y violencia sexual.

En el informe presentado por la ONIC, se indica como los actores armados son utilizados por los empresarios y comerciantes asociados con la extracción forestal, la minería y la pesca, para intimidar a las poblaciones indígenas, haciéndolas desplazar de los territorios originarios. (15)

El Consejo Regional Indígena del Vichada CRIVI ha denunciado la situación de las comunidades Sikuani de Cumaribo las cuales viven el riesgo del desplazamiento ante la continua presión de la Empresas Cauchera Hercaucho Y Llano Caucho Ltda por expandir sus proyectos hacia los territorios indígenas, situación que se manifiesta en la quema de asentamientos indígenas de Canto Gallo, Pavinae, Yamojoli e Cutcicutciba con el objectivo de presionar la salida de la población indígena de su territorio. Ver, Situación territorial de los pueblos indígenas del Vichada. CRIVI. 2009
(Fuente: ONIC.)

En este sentido se debe constatar que en los periodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el papel del gobierno y sus instituciones ha sido débil e ineficiente porque no se han sabido diseñar e implementar políticas diferenciales que alcancen a sobrellevar la problemática social enmarcada por el conflicto, contrario a esto se han consolidado políticas guerreristas que han agudizado los enfrentamientos militares entre los bandos, perjudicando sustancialmente a la población civil. Por esta razón gran parte del presupuesto nacional se ha destinado a fortalecer a las fuerzas armadas con la compra de armamento y tecnología para llegar a consolidar el poder político y económico al interior de territorios controlados por las guerrillas, en este sentido se han construido más bases militares y el numero de las tropas la capacidad t ha aumentado significativamente.

Finalmente cabe señalar cuáles han sido los hechos que han solidificado la crisis social al interior de los territorios indígenas. De esta manera se deben tener en cuenta aquellos elementos directos que afectaron y afectan negativamente a las poblaciones indígenas

La violencia contra los pueblos indígenas se incrementa , pasando a primer plano las violaciones cometidas por la guerrilla y el ejército nacional

Consolidación del control territorial por parte de los paramilitares dando paso a que sea el ejercito el que controle esas áreas

Se profundiza la guerra con el despliegue del plan Colombia.

Los territorios indígenas que anteriormente eran zonas de repliegue de la guerrilla se convierten en zonas de confrontación
(Fuente: ONIC.)

Movilización Indígena: Diseño e implementación de estrategias políticas para mitigar la acción armada y violenta al interior de los territorios indígenas.

Con el recrudecimiento de la violencia en los territorios indígenas, las diferentes manifestaciones de movilización pacífica que se han ido materializando en el transcurso de la crisis social y política han reflejado en todos los sentidos la voluntad de diálogo y negociación de los pueblos indígenas, de esta manera las organizaciones indígenas a partir del contexto militarista han diseñado e implementado nuevas estrategias políticas que buscan hacerle frente a la violencia intentando permear y transformar la percepción generalizada de un concepto tergiversado por el gobierno de Uribe : la seguridad. En este aspecto y entendiendo que a lo largo de los años , la población colombiana no ha dejado de pensar y creer en la guerra, es necesario describir el fenómeno por el cual por medio de la creación de nuevos espacios e instrumentos simbólicos se han podido constituir formas alternativas que intentan mitigar el conflicto, fomentar la negociación y buscar la paz y el equilibrio no solamente en los territorios indígenas sino en todo el territorio nacional.

La María Piendamo: Territorio de Paz y negociación.

El reguardo de la María Piendamo se constituyo como territorio de paz con el fin de establecer medios alternativos de discusión centrados en la negociación pacífica con los sectores armados y el Estado Colombiano. “Tal área permitirá un espacio permanente para negociaciones en torno a problemáticas relativas a la paz en lo que afectan a los pueblos indígenas, y constituiría un lugar seguro para la consulta permanente entre grupos indígenas respecto de una multitud de problemáticas de guerra y paz. Esto sería como una zona desmilitarizada donde estaría garantizada la seguridad del área para los pueblos indígenas.” (16)

Según el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) el 17 de Marzo del 2OOO se instauro la mesa de cumplimiento de acuerdos entre el gobierno y las organizaciones sociales. “conformada por el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), AICO (Autoridades indígenas de Colombia) CIMA (Comité de integración del Macizo –Colombiano), Movimiento del Suroccidente Colombiano” (17)

El territorio de la María Piendamo, facilito la integración de los sectores sociales con las organizaciones indígenas del país, solidificando relaciones de ayuda mutua para construir de una manera colectiva y pacífica, herramientas alternativas que incidieran directamente en la búsqueda de la Paz. En este aspecto el espacio constituido sirvió para que las comunidades indígenas, campesinas y los sectores sociales, participaran de un sin número de encuentros, en los que se discutían temas como: el plan Colombia, la vulneración de los derechos humanos y desplazamiento forzado, entre otros.

Consideraciones de la comisión de convivencia, diálogo y negociación. La María Piendamo. 2000.
Lograr el reconocimiento del Estado Colombiano del territorio como una zona de convivencia, diálogo y negociación, que tenga características de distensión para invitar a ella a los actores armados, para hablar sobre la manera en que se desarrolla la guerra actualmente y las garantías al Derecho Internacional Humanitario.

Plantear y negociar desde el territorio y desde la región en que se encuentra (Suroccidente y amazonas) programas alternativos al Plan Colombia y a la fumigación.

Plantear y exigir desde el territorio el respeto a los derechos indígenas y la compensación a la deuda social y ambiental e histórica que el estado Colombiano tiene con los pueblos indígenas.

Garantizar que el proceso de solución política del conflicto social y armado no pase por encima de los derechos constitucionales ya ganados y que antes bien profundicen en la realización de estos; que este proceso tenga en cuenta como actores decisivos a los pueblos indígenas a las regiones y en general a la población civil.

5.) Posesionar, hacer conocer y vincular más sectores sociales a la propuesta, por medio de la realización de eventos que tengan difusión nacional e internacional.

6.) Desarrollar en el territorio de la María Piendamo, un proceso de producción alternativa que sirva como experiencia piloto. Decreto 982.
(Fuente: Consejo Regional Indígena del Cauca. CRIC.)

Cabe destacar que aunque el territorio de la María fue reconocido por el Estado Colombiano como un escenario de convivencia, diálogo y negociación. En el año 2006 y 2009 la intervención y las agresiones de la fuerza pública intentaron debilitar la constitución permanente de este espacio de discusión y concertación.

La Guardia Indígena.

La Guardia indígena surgió por la iniciativa de los cabildos gobernadores del departamento del Cauca con el fin de buscar estrategias que condujeran a proteger a la comunidad, en este sentido dicho proyecto ratificó una vez más la decisión autónoma de los cabildos de recuperar el territorio y desmilitarizarlo. En este sentido y teniendo en cuenta que la guardia indígena no está armada la manifestación simbólica de este acto dejó entrever el grado de organización que dichos pueblos han ido consolidado a través de la historia y a su vez permitió dignificar la posición general de rechazo frente a un proyecto armado de consolidación del territorio

Este tipo de respuestas, que cuestionan las acciones de guerra, han sido interpretadas, bien como una estrategia antisubversiva y de apoyo al proceso de paz, bien como una defensa del patrimonio público (en el Cauca, 24 poblaciones ya fueron destruidas por los ataques guerrilleros) bien como una muestra de que la insurgencia ha perdido terreno. Pero, el sentir de los indígenas, expresado en el último Congreso indígena10, es diferente y claro: estas respuestas persiguen defender la vida misma y ellos no son abanderados de ninguna resistencia civil, entendida desde la perspectiva de rechazo a la insurgencia. A pesar de que la población indígena rechaza la violencia generada por los distintos actores armados, necesariamente se ha visto abocada a sufrir las consecuencias del desarrollo e intensidad del conflicto. (18)

Tribunal Permanente de los pueblos

El Tribunal Permanente de los Pueblos TPP fue creado para consolidar un espacio popular de denuncia. En este sentido el TPP sirvió como instrumento para remplazar de manera simbólica los mecanismos “legales” estatales que en la mayoría de los casos no llegaban a ser eficientes y debilitaban las esperanzas de las familias y los pueblos afectados. De esta manera al interior del TPP se llegan a discutir temáticas ligadas al conflicto armado consolidándose así una plataforma de denuncia de tipo internacional, que condena abiertamente las indebidas acciones de las fuerzas armadas colombianas, la proliferación de megaproyectos y la violación por parte del gobierno del convenio 69 de la OIT. (19)

A lo largo de más de 28 años de su historia y a través de sus 33 sesiones, el Tribunal Permanente de los Pueblos ha acompañado, anticipado y respaldado las luchas de los pueblos contra el espectro de violaciones de sus derechos fundamentales, incluyendo la negación de su autodeterminación, las invasiones extranjeras, las nuevas dictaduras y esclavitudes de la economía y la destrucción del medio ambiente.
(Fuente: Tribunal Permanente de los Pueblos. TPP, 2008.)

La Minga Social y comunitaria.

En el Departamento del Cauca a lo largo de la historia se han ido gestando procesos de resistencia ejemplificantes y activos los cuales se han ido constituyendo a partir de las iniciativas colectivas de la tomas de tierra y la recuperación del territorio ancestral. En ese sentido y a través del trabajo en comunidad, es decir haciendo minga, el movimiento indígena del Cauca ha sabido encontrar las herramientas para consolidar paulatinamente un proyecto político sustentado en siete puntos específicos:

1) Recuperar las tierras de los resguardos. 2) Ampliar los resguardos. 3) Fortalecer los cabildos indígenas. 4) No pagar Terraje. 5) Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación. 6) Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas. 7) Formar profesores indígenas para educar de acuerdo con la situación de los indígenas y en su respectiva lengua. (20)

Actualmente y con la proliferación de proyectos económicos de “desarrollo” los territorios indígenas se han puesto al servicio de la expansión de los megaproyectos. En el caso específico del norte del cauca muchas de las tierras cultivables para producir comida, se han utilizado para expandir los cultivos de palma y la extracción de su aceite, esto con el fin de comercializar el biocombustible. Con base en esto la movilización indígena se ha centrado particularmente en la liberación de dichos territorios, intentando recuperar la tierra para dignificar el nivel de vida de los pueblos. Este acto de resistencia civil denominado , la liberación de la madre tierra, se ha realizado durante los últimos años el día 12 de Octubre, en este sentido y partir de la minga , los indígenas lograron acabar con muchas plantaciones de palma, soslayando los intereses económicos de algunos agroempresarios colombianos y extranjeros. Por su parte la reacción policiva del Estado no se hizo esperar y la arremetida de la fuerza pública fue inmediata, millares de policías del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAD arribaron a las zonas, para destruir las viviendas, golpear y asesinar a los comuneros de la Guardia Indígena. Esta reacción represiva se agudizó cuando el movimiento indígena bloqueo la vía Panamericana en el mes de Octubre del año 2006, el despliegue de fuerzas armadas fue exagerado y los resultados fueron aterradores, el territorio de paz, la María Piendamo fue violentado y destruido por el SMAD. Así mismo en el año 2008 en este mismo mes , las acciones inhumanas de los agentes policivos consolidaron el repudio internacional , debido a que en este enfrentamiento con los indígenas, los policías habían utilizado armas de fuego para disipar la movilización indígena asesinado a dos comuneros de la guardia indígena.

Estas manifestaciones represivas incidieron aun más para que por medio del CRIC, los diferentes pueblos del cauca se organizaran y convocaran a nivel nacional una movilización que pretendía denunciar la violación de los derechos humanos en los territorios indígenas y la crisis social, política y económica generada por la proliferación de los megaproyectos. A su vez y teniendo en cuenta el inconformismo de otros sectores sociales, como lxs estudiantes, campesinxs y trabajadorxs, la movilización logro unificar los lazos entre las diferentes organizaciones sociales. Esta gigantesca movilización llamada, Minga, se constituía desde una perspectiva política, en el sentido de que no solamente se buscaba con las acciones de hecho llegar a generar conciencia sino que pretendía articular a corto, mediano y largo plazo un proceso de transformación social, en el que todas las demandas de los diferentes sectores sociales sean escuchadas y reconocidas.

Tres puntos que recogen el sentir popular en la Minga Social y comunitaria.

Derechos Humanos: Donde se incluye lo relacionado con el resarcimiento del gobierno por sus continuos ataques y estigmatizaciones al movimiento social, así como lo referido a la verdad, justicia y reparación integral que el Estado debe a las víctimas de los procesos de movilización y de otras situaciones relacionadas con el conflicto colombiano.

Tierras, territorio, política internacional y leyes de despojo: Punto con el cual se denuncian los retrocesos constitucionales realizados por el congreso de la república en convivencia con el gobierno nacional y se exige acopiar las leyes a los fundamentos de la constitución del 91 y a los acuerdos y mandatos internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, igual que a las normas ambientales, haciendo inflexible el reclamo de acoger la declaración Universal de los derechos de los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea de las naciones unidas en septiembre del año 2007.

Acuerdos: El tema de los acuerdos que tiene el Estado colombiano con los indígenas y las organizaciones populares, los cuales resultan siendo la expresión más clara de la política pública construida en procesos de movilización social con anterioridad a 25 años.
(Fuente: Revista del CRIC. Minga de resistencia social y comunitaria, 2009, p. 6-7)

Intervención de la corte constitucional a partir de la emisión del Auto 004

El conflicto armado colombiano intensificó el desarrollo progresivo del desplazamiento forzado al interior de los territorios indígenas y con ello alteró los procesos autonómicos y culturales de las comunidades. Desde este punto de vista y teniendo en cuenta que el conflicto afecta directa e indirectamente la pervivencia de los pueblos indígenas (21), el Estado Colombiano no ha podido diseñar e implementar políticas públicas con enfoque diferencial que respeten las dinámicas culturales y sociales de las poblaciones indígenas, en torno a su autonomía reconocimiento y protección del territorio.

Es una emergencia tan grave como invisible. Este proceso no ha sido reconocido aún en sus reales dimensiones, por las autoridades encargadas de preservar y proteger a los pueblos indígenas del país. Mientras que numerosos grupos indígenas son atacados, desplazados y desintegrados en todo el territorio nacional por los actores armados que operan en Colombia y por los distintos factores subyacentes al conflicto y vinculados al mismo, el Estado y la sociedad colombianos continúan preciándose de su carácter multicultural, de sus riquezas étnicas y de distintos aspectos de las culturas indígenas nacionales. (22)

Por lo tanto y aunque se reconozca la problemática de manera formal en los diferentes estamentos del Estado, las medidas que intentan darle solución a esta problemática social, no logran proteger totalmente a los indígenas, poniéndolos en riesgo de extinción debido al desplazamiento y la ocupación del territorio por parte de los actores armados. En este sentido y teniendo en cuenta la dimensión del conflicto y la paulatina extinción de los pueblos indígenas la corte constitucional a partir de la recopilación de información en cuanto a la violación sistemática de derechos humanos cometida al interior de los territorios indígenas, emitió una orden judicial, el Auto 004, el cual ordena al gobierno colombiano que adopte medidas para diseñar e implementar de manera eficiente programas para la defensa de los derechos humanos de las poblaciones indígenas más afectadas por el conflicto , implementado a su vez un plan de salvaguarda por cada pueblo, para asegurar la pervivencia de 34 pueblos.

Medidas a adoptar por el gobierno colombiano según el Auto 004 del 2009

Diseño de un Programa de Garantía de los derechos de los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento
Cronograma para su implementación y seguimiento dentro del plazo máximo de seis meses.

Este plan deberá contener componentes de prevención y atención, y respetar los criterios de racionalidad constitucional en las políticas públicas mencionadas en el Auto, y en otras en las que se ha exigido un enfoque diferencial, en virtud del respeto del principio de diversidad etnocultural y respetando los derechos a la participación y a la consulta previa de las organizaciones y pueblos indígenas.
Implementación de los “Planes de Salvaguarda Étnica ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado” para 34 pueblos indígenas
Elementos mínimos exigidos por la Corte:

Respeto del derecho a la consulta previa con las autoridades de cada uno de los pueblos indígenas para que la participación sea efectiva y diferencial para las personas desplazadas a la fecha.

Debe contener elementos de prevención del impacto desproporcionado del conflicto armado y del desplazamiento forzado, y elementos de atención efectiva y diferencial de las víctimas a la fecha

Debe atender los derechos fundamentales de las víctimas de los crímenes de acuerdo a los principios de Justicia, Verdad, Reparación y garantías de no repetición.

Incluir un componente básico para la protección de líderes, autoridades tradicionales y personas en riesgo por sus posturas de activismos y liderazgo.

Incluir herramientas para el fortalecimiento de la integridad cultural y social de cada pueblo

Incluir ingredientes de protección de los territorios tradicionales (especialmente los que están en proceso de titulación, y los ya titulados) frente a los distintos procesos bélicos de despojo

La política pública de atención diferencial al desplazamiento forzado indígena debe respetar “elementos mínimos de seriedad y racionalidad”, y debe preveer que el principal objetivo ante la población indígena desplazada ha de ser el de garantizar su retorno en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad. Pero igualmente, debe atender los casos especiales de las personas, familias y comunidades que no pueden volver a sus territorios por la vigencia de amenazas de los grupos armados y victimarios.
La Corte establece elementos mínimos de racionalidad como componente de una “política pública seria y racional” de atención diferencial al desplazamiento forzado indígena:

Especificidad individual de cada plan, sus componentes y sus elementos constitutivos: “no se admitirá que, en cumplimiento de la orden de creación de este Plan de Salvaguarda, se subsuman o fraccionen los objetivos mediante él se pretenden en el marco de otros programas desarrollados por el Gobierno Nacional para atender las necesidades de la población vulnerable, u otros programas ya existentes.

Definición de metas puntuales a corto, mediano y largo plazo, basadas en el goce efectivo de los derechos fundamentales individuales y colectivos.

Cronograma acelerado de implementación

Presupuesto suficiente y oportunamente disponible, que permita una cobertura material suficiente y con garantías de continuidad hacia el futuro. La Corte advierte expresamente que la inexistencia de apropiaciones presupuestales o la no disponibilidad inmediata de presupuesto no será admitida.

Adopción e implementación de indicadores de resultado, basados en criterios del goce efectivo de los derechos fundamentales

Diseño e implementación de mecanismos e instrumentos específicos de coordinación interinstitucional, y de mecanismos de seguimiento y evaluación; y de corrección oportuna de estancamientos o retrocesos en el cumplimiento del plan.

Diseño de mecanismos de respuesta ágil de respuesta a las quejas y solicitudes de atención

Apropiación nacional y autonomía para la implementación de los planes, para que no dependan de la cooperación internacional.

Armonización con los demás elementos de la política pública e integración formal a la misma.

Evaluar por parte de las autoridades judiciales competentes la posible comisión de violaciones serias del DIH que conlleven consecuencias penales para los autores.
(Fuente: Corte Constitucional, Auto 004.)

De esta forma y a partir de la emisión del Auto 004, el gobierno colombiano comenzó a diseñar la propuesta general para la negociación conjunta con las organizaciones indígenas nacionales. En este sentido la propuesta del gobierno estaba estructurada bajo el soporte de un marco establecido por el plan nacional de desarrollo- Ley 1151 de 2007 y la política de consolidación de la seguridad democrática, la que proponía la presencia permanente y obligada de la fuerza pública en los territorios indígenas, para la defensa de la población. “Hacer presencia permanente. La fuerza pública no abandonara ninguna de las zonas donde hoy hace presencia y permanecerá en aquellas en donde las operaciones de control territorial la lleven en los próximos años.” (23)

Con base en esto y teniendo en cuenta las demandas de las organizaciones indígenas las que determinantemente negaban la presencia de las fuerzas armadas en su territorio, los intereses de los dos sectores en negociación comenzaron a chocar.

Según los indígenas, para que las órdenes de la Corte Constitucional planteadas en dicho Auto se cumplan, se requieren las siguientes condiciones: la desmilitarización de los territorios indígenas por parte de todos los actores armados y la expulsión de las empresas nacionales y multinacionales que operan en ellos. Además, consideraron que cualquier iniciativa del gobierno en este campo, deberá excluir de sus lineamientos, programas y planes de salvaguarda, la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática y el Plan Nacional de Desarrollo, declarado parcialmente inconstitucional por la Sentencia C-461 de 2008. (24)

Bibliografía.

Cortés, Pedro, Desarrollo de una organización indígena: El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Popayán: Banco de la República Fundación para la promoción de la investigación y la tecnología, 1984.
Derechos y Democracia, Informe Misión a Colombia para investigar la situación de los pueblos indígenas Mayo 27-Junio 3 2001. Bogotá: Derechos y Democracia en colaboración con la Asamblea de primeras Naciones de Canadá, 2001.
Defensoría del pueblo, Resolución Defensorial No. 24 Situación de los Derechos humanos de los pueblos indígenas de la sierra Nevada de Santa Marta y de la serranía del Perijá. Bogotá: Defensoría del pueblo, 2002.
Defensoría del pueblo, Informe Defensorial, Situación de los Derechos humanos de las comunidades del norte del Cauca. Bogotá: Defensoría del pueblo, 2003.
Naciones Unidas, Las cuestiones indígenas los derechos humanos y las cuestiones indígenas Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Consejo Económico y social Comisión de derechos Humanos, 2005.
Naciones Unidas, Prevención de la discriminación y protección de los pueblos indígenas, Grupo de trabajo sobre las poblaciones indígenas , 2003
Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Misión Colombia, Comisión de derechos humanos, 2004.
ONIC, Estado de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas de Colombia: etnocidio, limpieza étnica y destierro, Bogotá: Organización Nacional Indígena de Colombia, 2009.
Gómez, Herinaldy. De la justicia y el poder indígena, Cauca: Universidad del Cauca, 2000.
Palomares, Milagros, Refugiados rehacen sus vidas en el Zulia, 2006.
CRIC, Minga de resistencia Social y comunitaria, Cauca: Consejo Regional Indígena del Cauca, 2009.

Notas:

. La Quintinada fue creada para recuperar las tierras del territorio Nasa, a través de las vías de hecho, en este aspecto y por medio de los garrotes, machetes y caucheras, se fueron ocupando las haciendas y los pueblos fundados por los españoles. En este aspecto la Quintinada participo en la toma de Inza, Belalcazar y San Andrés de Pisimabala. El objetivo central de la Quintinada era desplazar a los blancos del territorio indígena Nasa.

2. El consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, surgió para articular un sin número de demandas dejadas por las comunidades indígenas , las que se vieron obligadas a organizarse buscando salidas legales y de hecho para reivindicar de esta forma el territorio ancestral, de esta manera y como se ha visto a lo largo de este trabajo la problemática indígena en el Cauca se remite a la lucha histórica por la tierra, elemento esencial y parte fundamental del territorio.

3. Según Herinaldy Gómez, el concepto de jurisdicción indígena se refiere a la autonomía que tienen los pueblos indígenas de administrar su justicia. En Colombia la justicia autonómica indígena esta tutelada por el derecho estatal y en la mayoría de los casos prima el derecho occidental sobre el derecho propio indígena. Comparar Gómez, Herinaldy. De la justicia y el poder indígena, 2000, P. 115-117.

4. Masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado, violaciones, amenazas.

5. Ver Derechos y Democracia , Informe Misión a Colombia para investigar la situación de los pueblos indígenas, 2001, p. 9

6. Comparar Defensoría del pueblo, Resolución Defensorial No. 24 Situación de los Derechos humanos de los pueblos indígenas de la sierra Nevada de Santa Marta y de la serranía del Perijá, 2002, p. 14

7. Ver Defensoría del pueblo, Resolución Defensorial No. 24 Situación de los Derechos humanos de los pueblos indígenas de la sierra Nevada de Santa Marta y de la serranía del Perijá, 2002, p. 14

8. Este pueblo indígena se encuentra ubicado en las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta

9. Defensoría del pueblo, Informe Defensorial, Situación de los Derechos humanos de las comunidades del norte del Cauca, 2003, p 15.

10. Comparar Naciones Unidas, Las cuestiones indígenas los derechos humanos y las cuestiones indígenas Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, 2005, p. 9

11. Ver Palomares, Milagros , Refugiados rehacen sus vidas en el Zulia, 2006

12. Ver Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Misión Colombia, 2004, p. 9

13. Ver Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Misión Colombia, 2004, p. 9

14. Comparar Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Misión Colombia, 2004, p. 9-14

15. Comparar ONIC, Estado de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas de Colombia: etnocidio, limpieza étnica y destierro, Bogotá, 2009, p. 19.

16. Ver Derechos y Democracia, Informe Misión a Colombia para investigar la situación de los pueblos indígenas, 2001, p.40.

17. Ver Consejo Regional Indígena del Cauca. CRIC. “Territorio de Diálogo y Negociación”. Consulta realizada en Mayo de 2009. Disponible en la página web http://www.cric-colombia.org/territorio-de-dialogo-y-negociacion.htm

18. Defensoría del pueblo, Informe Defensorial, Situación de los Derechos humanos de las comunidades del norte del Cauca, 2003., p.7.

19. Según Herinaldy Gómez Valencia, El convenio 169 de la OIT es una ley supraestatal de protección y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Ver Gómez, Herinaldy. De la justicia y el poder indígena, 2000,12-13.

20. Ver Cortes, Desarrollo de una organización indígena: El consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, p. 77.

21. Producto del desplazamiento forzado, los señalamientos sistemáticos de los líderes comunitarios, los asesinatos y la violencia sexual,

22. Ver Corte constitucional. Auto 004, 2009.

23. Ver Ministerio del interior. Programa de garantía de los derechos de los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento o en riesgo de estarlo, 2009. p. 3

24. Ver Actualidad étnica. Indígenas firmes en mesa de concertación con el gobierno, 2009.

Militares en un resguardo indígena en el Cauca, 2006 (imagen de ONIC)

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