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La otra guerra de Uribe: los estudiantes y las universidades públicas

category venezuela / colombia | represión / presos | opinión / análisis author Sunday August 02, 2009 04:20author by CILEP - Red Libertaria Popular Mateo Kramer Report this post to the editors

Desde hace unos años, la guerra sucia que atraviesa Colombia se ha trasladado a los recintos universitarios, donde estudiantes, trabajadores y profesores han sufrido amenazas, persecución y asesinatos. Esto, en medio de una bien orquestada campaña mediática que busca crear un ambiente de histeria, la cual llegó a su clímax con los famosos videos de la senadora uribista Gina Parody y las acusaciones de la directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), con los cuales se pretendía señalar al movimiento estudiantil organizado como una mera fachada de la insurgencia. No es necesario insistir en que este ambiente de histeria colectiva es el que busca justificar el uso de la fuerza bruta, que bajo la política de Seguridad Democrática del presidente Uribe Vélez se traduce en la militarización de todas las esferas de la vida social. Esta estrategia consta de diferentes aspectos en los que, como ha sido la respuesta característica de las clases dominantes a la protesta social, se mezcla la acción de las instituciones oficiales con la acción de actores para-institucionales (ie. el paramilitarismo). Este documento de carácter colectivo es a la vez una denuncia y una reflexión que pretende, mediante la revelación de los mecanismos por los cuales avanza la intervención institucional y paramilitar, ayudar a fortalecer esa resistencia que se quiere suprimir y así poder, junto a ella, avanzar a la derrota de este proyecto autoritario.

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La otra guerra de Uribe: los estudiantes y las universidades públicas

Introducción


Desde hace unos años, la guerra sucia que atraviesa Colombia se ha trasladado a los recintos universitarios, donde estudiantes, trabajadores y profesores han sufrido amenazas, persecución y asesinatos. Esto, en medio de una bien orquestada campaña mediática que busca crear un ambiente de histeria, la cual llegó a su clímax con los famosos videos de la senadora uribista Gina Parody y las acusaciones de la directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), con los cuales se pretendía señalar al movimiento estudiantil organizado como una mera fachada de la insurgencia. No es necesario insistir en que este ambiente de histeria colectiva es el que busca justificar el uso de la fuerza bruta, que bajo la política de Seguridad Democrática del presidente Uribe Vélez se traduce en la militarización de todas las esferas de la vida social.

Al contrario de la imagen que se pretende entregar desde el oficialismo de que los hechos de violencia que han sacudido a las universidades públicas serían de carácter aislado, sin conexión entre sí, y al margen de motivaciones políticas, un estudio sistemático de estas agresiones nos revela que estamos ante una estrategia global de represión, control e intervención a las universidades públicas. Esta estrategia consta de diferentes aspectos en los que, como ha sido la respuesta característica de las clases dominantes a la protesta social, se mezcla la acción de las instituciones oficiales con la acción de actores para-institucionales (ie. el paramilitarismo).

Mediante esta estrategia se busca imponer un modelo elitista de educación, profundizar la mercantilización de las universidades públicas y del concepto mismo de educación (convirtiéndolo en un jugoso negocio en lugar de un derecho) e intervenir existentes y potenciales centros de crítica al régimen autoritario que se impone mediante el proyecto uribista. La represión y criminalización al movimiento estudiantil, a los académicos críticos y a los trabajadores universitarios sindicalizados busca, a su vez, aplastar la resistencia a este proyecto impulsado por el gobierno de Uribe Vélez.

Este documento de carácter colectivo es a la vez una denuncia y una reflexión que pretende, mediante la revelación de los mecanismos por los cuales avanza la intervención institucional y paramilitar, ayudar a fortalecer esa resistencia que se quiere suprimir y así poder, junto a ella, avanzar a la derrota de este proyecto autoritario.

1. El Neoliberalismo Pedagógico

Desde hace ya varios años, la educación superior colombiana, y en especial la educación pública, viene sufriendo cambios sustanciales relacionados con lo que mundialmente se ha conocido como el “neoliberalismo pedagógico”[1]. Dicho tipo de neoliberalismo tiene principalmente su génesis en el “Plan Atcon” de 1963 y en las propuestas impulsadas por Milton Friedman en 1980[2]. El “neoliberalismo pedagógico” se inscribe dentro de la tendencia mundial capitalista de la privatización y consecuente mercantilización de la cultura, la salud, la vivienda y los servicios públicos. Los centros de educación superior, como centros privilegiados para el desarrollo del poder-saber, son herramientas fundamentales para la consolidación del status-quo. La universidad debe ser incluida dentro del proyecto más amplio de las reformas del neoliberalismo y, por ende, se torna necesario que sus principios y contenidos educativos sean ajustados a las reglas del mercado libre.

Como se mencionaba anteriormente, desde 1963 la educación superior colombiana ha seguido en esencia los lineamientos del Plan Atcon. Dicho plan es la síntesis de un informe sobre la universidad latinoamericana que Rudolph Atcon, asesor del Departamento de Estado de los Estados Unidos, presentó en el marco de la llamada “Misión California”. Atcon propone en su informe que la universidad latinoamericana debe ser reformada no sólo para insertarla dentro del panorama neoliberal de la economía mundial, sino para que además ella no sea contraria a los intereses estadounidenses. En sus palabras: “América Latina vive en un anacronismo permanente por lo cual es necesario invadir el organismo social con una élite nativa que simpatice con el modelo y la cultura norteamericana”[3]. Para garantizar la creación de esta élite nativa es imprescindible que el acceso a la universidad sea restringido y que, en general, haya una importante sintonía con el proyecto de vida estadounidense. Con esto claramente se garantiza la continuidad del dominio colonial y la adopción de políticas afines al capitalismo global. Pero, como si no fuera poco, Atcon insiste en que el desarrollo de este modelo educativo debe ir acompañado por la eliminación de las fuerzas negativas que abundan en los centros de educación superior. El estadounidense se refiere principalmente a dos fuerzas. La primera de ellas es la financiación estatal que, según el neoliberalismo, trunca el desarrollo del mercado libre. La segunda, la existencia de un estudiantado rebelde y politizado que puede convertirse en un obstáculo para la implementación de las reformas que exige el nuevo modelo educativo.

Como es notorio, en el Plan Atcon está en ciernes lo que años después recibirá el nombre de “neoliberalismo pedagógico”. Milton Friedman, en su libro Libertad de elegir plantea que los estudiantes y sus padres deben tener justamente la libertad de decidir en qué institución estudiar y que, por ende, lo más consecuente con la democracia liberal y con el libre mercado es que el Estado financie la demanda y no la oferta de educación. En la propuesta de Friedman el estudiante se convierte, entonces, en un cliente que escoge libremente y que, si no tiene dinero para pagar la institución de su elección, debe recurrir a becas, créditos educativos o diversas alternativas de financiación. Así, la atención se desplaza desde el campo de los servicios al ámbito de los clientes y éstos se convierten en el centro de los desarrollos educativos. Esto último va de la mano con la formación de clientes que resulten óptimos para el funcionamiento del mercado. Los clientes no sólo contribuyen a que haya una mayor o menor demanda de determinadas instituciones educativas, sino que además ellos mismos, después de ser educados, se tornan en capital humano ofrecido en el intercambio mercantil. Cada estudiante, al ingresar a una institución, está invirtiendo en sí mismo para cualificar su fuerza de trabajo y hacerla atractiva y competitiva en el mercado. Esta fuerza de trabajo adquiere un precio y el estudiante ya graduado, ahora un profesional, es una mercancía que puede ser tranzada por cualquier otra. Es de esta forma que se pone en marcha la “mercantilización de la educación” y se producen en masa profesionales con ciertas competencias laborales y con un acervo de técnicas eficientes para los procesos productivos.

El neoliberalismo pedagógico que recoge las propuestas de Atcon y Friedman se ha actualizado recientemente en el Plan Bolonia. Este Plan busca la constitución de un Espacio Común Educativo Europeo para el 2010. Su meta principal es unificar los programas educativos para facilitar el intercambio de estudiantes y egresados. Aunque en principio este proyecto de Bolonia parece ser otra de las bondades del capitalismo globalizado, lo cierto es que detrás de sus propósitos se encuentra toda una política de privatización, de estandarización de la educación, de disminución de la calidad de los programas de pregrado y de violación de la autonomía universitaria.

2. La Universidad Pública ante la imposición del neoliberalismo pedagógico

En Colombia, el neoliberalismo pedagógico ha sido impuesto –incluso, como se verá más adelante, a sangre y fuego– desde las orientaciones de organismos internacionales como el Banco Mundial, la CEPAL y la Unesco. El gobierno colombiano, especialmente el actual, se ha trazado la meta de hacer efectivas las medidas de tales organismos y para realizar dicho objetivo ha tenido en la mira a la universidad pública. Esto no es casual dado que la universidad pública resulta deficiente en la terminología del neoliberalismo y además ha sido hasta la fecha uno de los más importantes bastiones de resistencia a este modelo.

Ahora bien, la imposición del neoliberalismo pedagógico en la educación superior pública de Colombia tiene sus tiempos y estrategias. En primer lugar, ella no se realiza inmediatamente, sino que tiene un ritmo lento que muchas veces contribuye a ocultar los objetivos de fondo. En segundo lugar, la imposición se hace desde diferentes flancos, apuntando en ocasiones a aspectos económicos, sociales y políticos y, en otras, a cuestiones académicas y policivas[4]. Teniendo esto en cuenta, la manera más directa de incluir a la universidad pública dentro del sistema de educación que exige el mercado es ciertamente la privatización. Esta privatización es un proceso demorado que consiste en conducir a las universidades públicas a un peligroso estado de desfinanciación. Esto se viene desarrollando desde la ley 30 de 1992 que si bien dio continuidad a las transferencias de la nación a las universidades públicas, descuidó en gran medida las necesidades de dichas instituciones congelando el aumento de recursos para la renovación de las plantas docentes, el aumento de la cobertura, las nuevas obras de infraestructura, la dotación de bibliotecas y laboratorios y los proyectos de inversión de las universidades. Desde ese momento hasta el día de hoy, las universidades públicas colombianas han experimentado diferentes medidas de desfinanciación que se ha profundizado considerablemente con los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) de Uribe Vélez y la inclusión, durante su gobierno, de las instituciones de educación superior en la llamada ley de quiebras. El primer PND del gobierno de Uribe le restó a todas las universidades públicas del país un 12% de su presupuesto, el segundo, a través del famoso artículo 38, determinó que las universidades públicas nacionales debían concurrir con el gobierno para el pago del pasivo pensional[5]. Por su parte, la llamada ley de quiebras hizo posible que la norma de reestructuración empresarial fuera aplicada a las universidades públicas, lo que en pocas palabras significa que lentamente tales instituciones educativas se convierten en empresas y son sometidas a acuerdos promovidos por el Ministerio de Hacienda.

Estas medidas uribistas nos dejan frente a un preocupante escenario de desfalcos presupuestales en varias universidades públicas del país. El caso más sonado es el de la Universidad del Atlántico que experimentó, entre otras cosas, un aumento de matrículas del 330%, el despido de varios trabajadores y la disminución considerable de profesores de planta y docentes ocasionales[6]. Pero además del caso de esta universidad, podemos mencionar el gran déficit presupuestal que están afrontando la Universidad de Pamplona, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –UPTC, la Universidad de Magdalena y la Universidad Pedagógica Nacional[7]. Según los mismos datos del Ministerio de Educación el gasto público en educación superior se redujo del 1% del PIB en el 2002 al 0,92% en el 2009.

No obstante, aparte de este fundamental componente económico, que poco a poco lleva a la universidad pública a la privatización, está el ataque que se ejerce en el terreno de lo académico, lo político y lo social. La disminución de la calidad de la educación y su estandarización según los modelos estadounidenses o europeos se llevan a cabo por medio de las reformas académicas –como la que intentó Marco Palacios en el 2005 en la Universidad Nacional– y las transformaciones de los estatutos estudiantiles. Por el lado político es claro que los centros de educación superior del país cada vez pierden más su autonomía y, por otro, que las decisiones al interior de ellas son en la mayoría de los casos tomadas de manera antidemocrática. Así, las reformas, sean ellas académicas o económicas, se implantan de la manera más autoritaria posible, imponiendo medidas inconsultas o poco difundidas. En lo social, la universidad cada vez se desentiende más del bienestar universitario y del acceso de los estudiantes de bajos recursos a las instituciones. Las cafeterías y los centros de recreación están pasando a manos privadas y las residencias estudiantiles son casi inexistentes en la mayoría de los campus alrededor de Colombia.

De igual manera, la dimensión social de la universidad pública también está bajo el fuego de las políticas de educación uribistas. Aunque la universidad latinoamericana nació bajo el modelo de corte francés –específicamente napoleónico–, que tenía como propósito preparar a los hijos de los terratenientes, funcionarios y comerciantes para el desempeño en cargos de gobierno y en otros prestigiosos oficios liberales[8], después del Manifiesto de Córdoba de 1918, dicha universidad experimentó un lento proceso de apertura y democratización que comenzó a asentarse en Latinoamérica varias décadas más tarde. Este Manifiesto, que fundamentalmente postulaba la autonomía universitaria, el cogobierno estudiantil, la libertad de cátedra, la educación gratuita costeada por el Estado y la general democratización de la universidad, fue adoptado casi al pie de la letra por el naciente movimiento estudiantil colombiano[9]. Así pues, el Manifiesto de Córdoba visibilizó en los centros de educación superior alrededor del continente un conflicto de clases que estaba latente y que condicionará a partir de ese momento la concepción latinoamericana de la universidad pública. Las universidades, profundamente elitistas y por tanto diseñadas para formar los cuadros técnicos e intelectuales de la burguesía, sufren en su interior una serie de cambios a raíz de las luchas sociales y políticas lideradas por el estudiantado. Ahora bien, son precisamente estas victorias parciales del estudiantado rebelde las que son atacadas a través de la imposición del neoliberalismo pedagógico.

3. El movimiento estudiantil y la resistencia al modelo educativo

Sin embargo, dicha ola de ataques contra las universidades públicas no ha pasado sin respuesta. A partir del 2005 el país ha sido conmocionado en varias oportunidades por importantes movilizaciones y protestas realizadas dentro y fuera de los claustros universitarios. Frente a la reforma académica de Palacios los estudiantes de la Universidad Nacional reaccionaron con el paro más fuerte de la historia de dicha universidad desde 1984. El paro duró varios meses y retornó incluso después de que los estudiantes fueron enviados forzosamente a vacaciones. Frente a dicho paro tuvo que dimitir el rector Palacios y ser reemplazado por Ramón Fayad, quien finalmente se enfrentó a una victoria parcial del movimiento estudiantil. Dos años después, en el 2007, estalló otro paro, esta vez a nivel nacional, a causa del artículo 38 del PND. El paro se hizo por varios meses en diversas universidades nacionales del país y fue acompañado por numerosas y nutridas movilizaciones callejeras e, incluso, por violentas protestas en ciudades como Manizales y Popayán. En Bogotá, todas las universidades públicas, no sólo las de carácter nacional, se sumaron al paro y además recibieron el apoyo de varios estudiantes de colegios distritales. En esta ocasión ciertas universidades del país fueron cerradas, algunos semestres cancelados y varios estudiantes fueron detenidos. En el 2008 la Universidad Nacional, y en especial sus sedes de Manizales, Medellín, Bogotá y Palmira, experimentó una gran protesta estudiantil a causa de la implantación autoritaria de un nuevo Estatuto Estudiantil. Aunque no hubo tantas movilizaciones callejeras, las universidades fueron bloqueadas y ocupadas varios días por los estudiantes. Los rectores intentaron cerrar los campus, pero éstos fueron abiertos día tras día por las personas que se sumaban a la protesta. Además de estos tres grandes momentos, universidades como la Pedagógica de Bogotá, la del Valle, la del Atlántico, la de Antioquia, la del Tolima y la de Tunja, para nombrar sólo algunas, han protestado constantemente por los problemas presupuestales, por las reformas académicas y por la fuerte represión contra el movimiento estudiantil.

4. El control totalitario de los centros de pensamiento crítico

Pero sería un error pensar que un proyecto intrínsecamente autoritario como el de Uribe, que se ha caracterizado por el control de los medios de información y que reposa sobre la instalación forzosa de un pensamiento hegemónico contra-insurgente (que cree ver en las guerrillas la causa y la razón última de todos los males que aquejan a este mundo), por el revisionismo histórico de Colombia y por la instalación de una amnesia colectiva, tendría el interés de atacar al estudiantado solamente por sus movilizaciones reivindicativas. Todo régimen autoritario concentra sus ataques en la universidad, en la medida en que ve en ella un enclave de potencial cuestionamiento del sistema. No por nada, otro totalitario, el dictador Pinochet, acuñó una famosa frase que describe a la perfección la visión uribista sobre la educación superior: “a las universidades se viene a estudiar, no a pensar”.

Pero veamos esto en su contexto. Una de las estrategias que caracteriza al pensamiento totalitario del gobierno de Uribe es su preocupación por salvaguardar e intensificar dinámicas de dominación que garanticen la perpetuidad del actual estado de cosas. Esto quiere decir que en los últimos años el gobierno ha hecho uso de un sinfín de artimañas mediáticas, económicas, políticas y represivas para mantenerse en el poder, edificando así un proyecto de derecha que exalta la lógica militarista, la cual, bajo el amparo de la lucha contrainsurgente, ha recibido el apoyo de las élites más conservadoras y retardatarias del país y, especialmente, de grupos paramilitares.

Esta estrategia contra-insurgente encuentra su mayor expresión en la “política de defensa y seguridad democrática”[10] redactada en 2003 y que, en palabras del propio presidente Uribe, busca “recuperar el orden y la seguridad” que ha sido usurpada por el “terrorismo”. A lo largo de dicho documento existe un explícito interés por aclarar que “la seguridad democrática se diferencia de las concepciones de seguridad profesadas por regímenes autoritarios, partidarios de la hegemonía ideológica y la exclusión política” y por precisar que alcanzar la seguridad del país no es incompatible con los procesos democráticos y, mucho menos, con la protección de los derechos humanos. No obstante, aclara que “hay que trazar una línea nítida entre el derecho a disentir y la conducta criminal”, con lo cual no se desecha la posibilidad de relacionar (convenientemente) cualquier acción y pensamiento divergente del régimen actual con terrorismo, frente al cual “sólo puede haber una respuesta: derrotarlo”.

Es importante resaltar que esta política contra-insurgente no sólo lleva consigo una lógica de aniquilamiento de las guerrillas y de aquellos sectores sociales que abiertamente expresan su interés de transformar el presente escenario de desigualdad económica y social, sino además busca incidir sobre las potencialidades disidentes, es decir, sobre todos los espacios donde el pensamiento del régimen no ha logrado un control absoluto, donde el pensamiento discrepante no ha sido opacado por completo y de donde –a los ojos del pensamiento totalitario– pueden emerger propuestas organizativas que pongan en cuestión el orden imperante y, en últimas, los intereses de la clase dominante del país.

Uno de los sectores que entra dentro de esta categoría de potencialidades disidentes es el sector universitario conformado por estudiantes, profesores y trabajadores. Es decir, dentro del ámbito académico existen intersticios que aún no han podido ser conquistados del todo por la lógica del gobierno, los cuales se convierten en escenarios de conflicto y persecución, donde la delgada línea que diferencia el derecho a disentir (a pensar, a discutir, a cuestionar, a investigar, a criticar) se desvanece rápidamente para abrir paso a la criminalización del sector universitario.

5. Macartismo y criminalización: preámbulo a la violencia

De esta forma, durante el gobierno del presidente Uribe las acusaciones generalizadas y los señalamientos realizados por altos funcionarios para estigmatizar las universidades y otros centros de educación pública (el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, por ejemplo) como escenarios urbanos de adiestramiento subversivo, ha sido una constante. Uno de los primeros en hacer este tipo de declaraciones altisonantes fue el vicepresidente Francisco Santos, quien el 20 de octubre de 2006 emitió declaraciones en todos los medios de comunicación solicitando –casi textualmente– la militarización de las universidades públicas, bajo los supuestos de que en ellas operan grupos subversivos y que los activistas estudiantiles son “infiltrados terroristas”[11].

Siguiendo esta línea argumentativa, el 13 de abril de 2007, el entonces Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias (actual candidato presidencial por el Partido Conservador), quien asimismo se considera “un fiel soldado en los caminos del uribismo”[12], aseguró que era necesario infiltrar las principales “guaridas de los terroristas”, es decir las universidades[13]. Dos años después, la senadora Gina Parody del Partido de la U[14] hizo lo suyo con toda una orquesta mediática que resonó con fuerza, abriendo un escenario propicio para el señalamiento del movimiento universitario al afirmar que “las FARC se están infiltrando en las universidades bogotanas”, dando a entender que en estas instituciones se busca “adoctrinar los núcleos con claros objetivos militares” [15].

También durante septiembre de 2008, al mismo tiempo que Parody desataba la histeria por la supuesta “infiltración terrorista” de las universidades públicas de Bogotá, la directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) María del Pilar Hurtado se sumaba a esta bien orquestada comedia macabra, y acusó a organizaciones estudiantiles de servir de fachada de las FARC-EP[16] y que en la Universidad de Antioquia, estudiantes de bacteriología, física, educación física, zootecnia y grupos estudiantiles como el de medicina social serían “semilleros” de las FARC-EP[17]. A consecuencia de estas acusaciones, dicho sea de paso, al menos 20 estudiantes debieron desplazarse por el recrudecimiento de las amenazas.

Este tipo de declaraciones apuntan a reducir toda forma de organización estudiantil, toda protesta, marcha y expresión de disconformidad universitaria a meras acciones promovidas por la insurgencia, buscando así su respectiva criminalización. Es decir, busca despojar al movimiento estudiantil de todo sentido político propio, tachándolo de ser obra (o a lo sumo cómplice) de grupos “terroristas”, buscando un efecto macartista para así justificar y facilitar el ulterior accionar represivo sobre el mismo[18].

Que estos señalamientos son el preámbulo a la violencia, se desprende de la declaración del jefe paramilitar Salvatore Mancuso en relación a la intervención que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hicieron de la Universidad de Córdoba (Unicor), pues supuestamente ese era un espacio “donde se impartía una ideología tendenciosa hacia el fenómeno guerrillero (…) no podíamos permitir el adoctrinamiento de los muchachos (…) empezamos a intervenir”[19].

6. La violencia represiva: preámbulo a la intervención

La criminalización no pasa desapercibida al Estado. De hecho, son sus propias instituciones las que –en manos de funcionarios de dudosa reputación con claros nexos con grupos paramilitares– sistematizan e institucionalizan la persecución a estudiantes, trabajadores sindicalistas de la universidad y profesores. Este es el caso presentado a fines de 2008, cuando el entonces fiscal 12 de la Unidad Nacional de Antiterrorismo, Jorge Iván Piedrahita Montoya, ordenó intervenir las bases de datos de las universidades Nacional, Distrital, Pedagógica, Libre y el SENA, desde 1992, con el fin de indagar posibles nexos de grupos armados al margen de la ley con estos centros educativos[20]. Según estimaciones del viceministro de educación superior, las bases de datos solicitadas contenían información de por lo menos 1.450.000 personas[21]. La medida, establecida el 22 de octubre de 2008, dio pie para que el 12 de noviembre se abrieran investigaciones penales y comenzaran a judicializar a integrantes de estas universidades[22]. Uno de ellos fue William Javier Díaz Ramírez, profesor de la Universidad Distrital y coordinador del Taller de Formación Estudiantil Raíces – TJER, detenido el 14 de noviembre de 2008. El mencionado fiscal fue finalmente destituido por la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura e inhabilitado por 20 años para ejercer cargos públicos, al fallar un proceso que tenía en su contra por abuso de autoridad y otras irregularidades[23] cometidas en el ejercicio de su cargo[24].

Este conglomerado de señalamientos promovió una oleada de detenciones, fortaleciendo con ello la persecución política e institucional contra la universidad pública y las posturas disonantes que no seguían al pie de la letra las reglas definidas por el régimen. Así lo demuestran las capturas de varios profesores y estudiantes de universidades públicas sindicados de “rebelión”, tales como: María Antonia Espitia y Ipayú Reyes López (ambos estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia), Cristina Isabel Guzmán (actriz de teatro y estudiante de la Universidad Nacional), Hugo Giovanni Hilarión (integrante de la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia – FESCOL), Edison Javier Reyes Roa (integrante de Territorio Sur) [25] y otros docentes e investigadores que aún en el exterior son objeto de la persecución: Este es el caso de la detención y deportación arbitraria a Colombia, el 22 de mayo de 2009, de Miguel Ángel Beltrán, reconocido académico colombiano, quien realizaba una estancia posdoctoral en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM (México) que fue acusado de “ser miembro prominente de las FARC”[26].

Al respecto, y en el marco de la coyuntura de paros y protestas estudiantiles acontecidas en 2008 en la Universidad Nacional de Colombia, el presidente Uribe afirmó que son los mismos estudiantes y profesores de las universidades públicas quienes piden que la Policía Judicial y la Fiscalía procedan a judicializar a los integrantes de “grupos subversivos que están haciendo daño al claustro educativo”. El mandatario explicó que el gobierno colombiano es respetuoso de la libertad de cátedra y de pensamiento, pero que “no puede tolerar bandidos penetrando las universidades”. Por lo tanto, es necesario que la policía “judicialice, cuanto antes, a esos bandidos que están haciendo daño en la Universidad Nacional”[27].

7. La paramilitarización de las universidades colombianas

Ahora bien, la guerra de alta intensidad que se vive en varias de las universidades públicas del país no se limita a una persecución institucional y a la represión legal, ni mucho menos a escuetas acusaciones mediáticas y discursivas. Desde la supuesta “desmovilización” del paramilitarismo en el 2006, con el fin formal de las AUC, se constata, por una parte, la continuidad de las estructuras paramilitares bajo nuevas formas organizativas sin un mando unificado a nivel nacional (lo que nos devuelve en cierta medida a una situación análoga a la del paramilitarismo anterior a 1997, como grupos de carácter regional). Pero también, por otra parte, se enmascara y se descontextualiza su accionar llamándoseles “bandas emergentes”, como si no tuvieran nada que ver con la estrategia de dominación de la clase dominante y estuviéramos ante meras expresiones de delincuencia común. Es difícil creer que estos complejos procesos ahora pretendan reducirse a simples y aislados actos delincuenciales, más aún cuando hay indicios que muestran que las agresiones a la comunidad universitaria se llevan a cabo de forma coordinada y metódica.

Con la Ley de Justicia y Paz, los paramilitares, “reincorporados” a la vida civil y tras la “normalización” de su presencia mediante la existencia de beneficios para que ingresen a programas de capacitación y educación[28], han podido ingresar a los recintos universitarios y armar bloques dentro de ellos con el fin de intervenir un espacio de desarrollo del pensamiento crítico en un país donde estos espacios cada vez se han visto más reducidos mediante la censura, el terror y la cooptación de los medios.

Si bien todo parece indicar que estamos en una coyuntura en la cual el paramilitarismo ha dado especial intensidad a su campaña hacia las universidades a nivel nacional, la cual ha sido facilitada por el escenario político abierto con la Ley de Justicia y Paz, es importante señalar que la infiltración e intervención paramilitar no es un fenómeno nuevo. Este es un proceso que debe tenerse muy presente para analizar casos extremos como el de la Universidad de Córdoba, donde se pueden ver con toda claridad los elementos constituyentes del proceso de paramilitarización de las universidades.

8. La intervención de las AUC en la Universidad de Córdoba (Unicor): un modelo para el paramilitarismo

El caso de la Unicor es, además, uno en los cuales gracias a los testimonios del jefe paramilitar Salvatore Mancuso hay abundante evidencia de cómo es el modus operandi del paramilitarismo hacia las instituciones universitarias. Esta verdad, dicho sea de paso, está empezando recientemente a salir a la luz, en un ambiente en el cual aún reina el terror, donde la presencia paramilitar es muy fuerte y donde los medios aún “justifican” a los personeros asociados al paramilitarismo en su supuesta “popularidad” lograda a través del terror y en las acciones, reales o imaginarias, de la insurgencia. Como bien comenta un columnista en la revista Semana, resulta “inaceptable que se siga utilizando para justificar la matanza en este centro universitario el argumento falaz de que éste era un ‘nido de guerrilleros’”[29].

En efecto, en 1995 comenzó la agresión paramilitar con una ola de violencia hacia la comunidad universitaria a la par de la estigmatización de la Unicor como un “nido de guerrilleros”: ese año es asesinado el académico Francisco Aguilar Madera y un año después es asesinado el profesor Alberto Alzate Patiño. En Junio de 1996 se atentó contra la vida del dirigente sindical de la universidad René Cabrales y, en vez de asesinar al dirigente, los paramilitares asesinaron a su nieta de tan sólo dos años. Esto ocurría en un contexto generalizado de violencia y asesinato hacia los profesores en Montería y en todo el departamento de Córdoba.

Luego, desde 1999 comenzó una intervención paramilitar directa, la cual ocurrió por fases:

  • Primero, infiltración mediante el establecimiento de uno de sus contactos en el Consejo de Estudiantes para tareas de “inteligencia” y conformación de las “Autodefensas Universitarias”.
  • Mediante amenazas (incluido el secuestro del rector Eduardo González y de algunos estudiantes y el posterior asesinato de uno de los candidatos a rectoría, Hugo Iguarán) logran instalar como rector, en septiembre de 2000, a uno de los suyos, Víctor Hugo Hernández[30]. Cuando éste cae en desgracia de los jefes de las AUC, sencillamente se le reemplaza en 2002 por Claudio Sánchez Parra, rector hasta diciembre de 2008, momento en que fue apresado[31], al cual el presidente Uribe defendió públicamente, siguiendo su tradición de defender todo lo que huela a paramilitarismo[32].
  • Luego, entre el 2000 y el 2002, viene el asesinato selectivo de profesores como Freddy Fuentes, Manuel Segundo Ruiz (ambos dirigentes gremiales de los maestros), René Ríos, James Antonio Pérez, Félix Antonio Ávilez (desmovilizado del Ejército Popular de Liberación - EPL), Iván Antonio Garnica y estudiantes como Francisco José Ayazo, Marlin de la Ossa, Pedro Esteban Manotas, Eduardo Enrique Hernández y Sheila Olascoaga.
  • En febrero de 2003 el rector organiza un encuentro entre los académicos y Mancuso durante el cual éste los amenaza, diciendo que no va a permitir presencia subversiva en la Universidad, con lo cual queda terminado el círculo de intervención paramilitar en la Unicor.

    Es importante señalar que en todas estas acciones los paramilitares contaron con la complicidad del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía – CTI (cuya directora Rosalba Negrete era una persona de confianza) y de las Fuerzas Armadas: la Sijin (el agente Wilfredo Ortiz llegó a ser guarda espalda de Mancuso), de la policía (el comandante Raúl Suárez era asiduo colaborador de las AUC) y del Capitán de la Infantería de Marina Jorge Muñoz. Igualmente contaban con el apoyo de las autoridades civiles y del gobernador Jesús María López[33].

    Dicho sea de paso, el propio presidente Uribe ha mantenido entrañables nexos con la élite de este departamento, es decir, con los ganaderos, militares, jefes paramilitares, terratenientes[34] e influyentes sectores políticos que, en conjunto, han consolidado en estas tierras un temerario proyecto contrainsurgente tras la realización de cruentas masacres –del cual la intervención paramilitar en la Unicor no es sino un aspecto más. Por eso no sorprende que esta región de claro dominio paramilitar durante los últimos años, que vio germinar el proyecto de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en mano de los hermanos Castaño, y que vio nacer a uno de los personajes más sangrientos de la zona como Salvatore Mancuso[35] –quien no niega su admiración por el actual presidente[36]– sea descrita por Uribe como “uno de los pocos rinconcitos de la patria donde hay paz”[37].

    9. Las Universidades colombianas en la mira de los paramilitares

    Desde hace tiempo podemos decir que la ola de violencia en contra de la comunidad universitaria se ha vuelto una regla; que en más de un recinto universitario se han establecido grupos vinculados a los “desmovilizados” y al paramilitarismo; y que en ciertos casos, las autoridades académicas están en plena connivencia con estas organizaciones.

    A continuación se presentarán algunos de los hechos más destacados de violencia que afectan a la comunidad universitaria y algunos elementos de los que disponemos que nos permiten inferir –en base al modelo de Unicor- que estamos ante una estrategia integral de paramilitarización de las universidades públicas:

    A. Infiltración y nexos de autoridades académicas con el paramilitarismo

    Universidad Industrial de Santander (UIS): “El Plan Pistola”

    El caso de la UIS es un caso evidente de la manera en que el paramilitarismo opera con la connivencia y el apoyo de ciertas autoridades académicas. Jaime Alberto Camacho, rector de la UIS, sostuvo en julio de 2007 conversaciones con un líder paramilitar, alias “Félix”, respecto a la eliminación física de estudiantes de izquierda y de los líderes del movimiento estudiantil que se oponen a las reformas neoliberales por él impulsadas. Algunas de estas conversaciones telefónicas han sido grabadas y fueron hechas públicas el 4 de mayo del presente año[38]. El rector facilita listados de estudiantes para ser “limpiados” y a este plan se le denomina “El Plan Pistola”, al más puro estilo de la mafia[39].

    Desde ese mismo momento, comienzan las amenazas de muerte a estudiantes, académicos y funcionarios de la UIS por parte de paramilitares de las “Águilas Negras”[40], y un acoso constante por parte de las autoridades académicas que comienzan procesos disciplinarios a los estudiantes que participen de protestas[41]. Incluso, el departamento del área de comunicaciones de la UIS recibió instrucciones de rectoría de grabar y realizar labores de espionaje en contra de sindicalistas y estudiantes[42].

    Recientemente, el 13 de febrero de 2009, circuló una amenaza del Bloque Metropolitano de Bucaramanga “nueva Generación - Águilas Negras” en contra de más de 40 personas de los tres estamentos universitarios, estudiantes, académicos y funcionarios. El comunicado en el que se amenaza a colectivos e individualidades estudiantiles dice claramente: "somos un grupo de estudiantes de la UIS reinsertados de la AUC quienes nos identificamos con la política del presidente ALVARO URIBE VELEZ y estamos con él hasta la victoria final sobre los guerrilleros disfrazados y camuflados de civil como representantes estudiantiles -sindicalistas de Sintraunicol- defensores de derechos humanos de la UIS, etc. Este es un paso en el deseo de nuestro presidente de conseguir la consolidación del estado comunitario y la seguridad democrática"[43].

    Es de resaltar que estas revelaciones se hacen en un contexto de incremento de agresiones, amenazas y acoso a la comunidad universitaria por parte de la fuerza pública y de paramilitares[44], algunos de los cuales habrían entrado a la universidad después de su supuesta “desmovilización” mediante la Ley de Justicia y Paz, según se desprende del panfleto de amenaza citado.

    B. Conformación de grupos paramilitares y amenazas

    Una de las cosas más preocupantes de esta insistente estrategia del gobierno de Uribe de arremeter de manera temeraria en contra de la comunidad universitaria, es que coincide con la emergencia de grupos paramilitares en las ciudades que apoyan esta política de amedrentamiento a militantes de izquierda, conformándose de este modo un escenario bastante favorable para las aspiraciones presidenciales de acallar la voz de las universidades.

    El panorama al interior de las universidades públicas resulta ser tan crítico que ya hacia el año 2006 la Defensoría del Pueblo, por medio de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), expidió un informe de riesgo para las universidades públicas de Bogotá, en el cual resaltó que estas comunidades se encontraban en un nivel de riesgo alto por las acciones de grupos “al margen de la ley” y por la criminalización de la cual han venido siendo víctimas, especialmente en los últimos cinco años por parte de miembros del gobierno nacional, orquestado especialmente desde los medios de comunicación[45].

    Así, por ejemplo, el miércoles 12 de noviembre de 2008 (el mismo día que se abrieron procesos judiciales contra la comunidad universitaria por orden del fiscal Jorge Iván Piedrahita Montoya) llegó a los correos electrónicos del Departamento de Derecho y del Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional sede Bogotá, una nota amenazante titulada "última advertencia”. En ésta se señala como objetivo militar de la organización paramilitar “Águilas Negras” a treinta y tres (33) personas, entre las que se encuentran doce (12) estudiantes, cuatro (4) egresados de la Universidad y dos (2) profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Pero además de la declaratoria de estas personas como objetivo militar, se establece por parte de esta organización un "toque de queda" dentro del campus universitario: "decretamos el toque de queda en la Universidad Nacional a partir del 18 de noviembre, no para los estudiantes sino para los subversivos, no deben permanecer en los predios universitarios entre 6:00 p.m. y 6:00 a.m. pues ya dispusimos de personal para hacer presencia en esta zona"[46]. Además, la nota señala que estos grupos paramilitares han decidido declarar el campus universitario como un campo de batalla y que no volverán a hacer públicas listas negras, ya que aquello es crear "idiotas útiles para la subversión", sino que comenzarán a actuar directamente, sin más advertencias[47]. Vale la pena aclarar que ésta era la quinta amenaza que recibían los estudiantes de la Universidad Nacional después de los señalamientos realizados por funcionarios del gobierno como el caso de la senadora Gina Parody y a raíz de ella varios estudiantes se vieron forzados a salir del país.

    Ahora bien, existen indicios que permiten vislumbrar que esta problemática no se presenta sólo en la ciudad de Bogotá, o de forma exclusiva en la Universidad Nacional de Colombia, por el contrario, las amenazas parecen responder a una sistemática arremetida paramilitar contra las universidades públicas del país. Para la muestra dos casos recientes. Por un lado, el pasado viernes 6 de marzo de 2009 llegaron correos intimidatorios vía Internet, firmados por el Bloque Antioqueño de las Autodefensas dirigidos a 30 líderes estudiantes de la Universidad de Antioquia (Medellín) en el que advierten “tienen una semana para desaparecer o los desaparecemos”[48]. Pero esto no es todo, en marzo de 2009 más de 100 estudiantes recibieron amenazas y tres fueron heridos. Además, entre marzo y abril del presente año fueron allanadas por la fuerza pública las Universidades de Antioquia y del Valle, y varios estudiantes y profesores de las Universidades de Caldas, Cauca y La Guajira recibieron amenazas[49].

    C. De la amenaza al asesinato

    Estos comunicados intimidatorios se reproducen al mismo tiempo que son asesinados estudiantes a lo largo y ancho del país. Tratando de mostrar un balance de la violencia ejercida contra el movimiento estudiantil colombiano entre 2002 y 2006, se registran 120 amenazas, 5 allanamientos, 174 lesiones personales, 28 hostigamientos, 11 incriminaciones judiciales, 204 detenciones arbitrarias, 15 desplazamientos, 11 secuestros/retenciones, 10 torturas y 14 homicidios, para un total de 592 casos[50].

    Vale la pena tener en cuenta que, además de los señalamientos por parte de altos funcionarios del gobierno y las amenazas provenientes de grupos paramilitares, uno de los principales momentos donde aflora esta violencia es en el manejo de la protesta estudiantil. Ésta, al día de hoy, se encuentra en manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), a quien el último Informe del Comité Distrital de Derechos Humanos le atribuye la muerte de seis estudiantes en dos años. Es relevante recordar que estos antimotines fueron duramente cuestionados en el Informe Anual de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que señaló a los estudiantes como víctimas de fracturas como consecuencia del impacto de granadas de gas y reseñó la muerte del estudiante Johnny Silva en la protesta contra el TLC realizada en la Universidad del Valle en el año 2005[51].

    Porque no podemos permitir que nuestros compañeros asesinados caigan en el olvido, y para demostrar que no se trata aquí de unos cuantos casos aislados, es que consideramos pertinente dar a conocer una lista de algunos de los casos de los cuales tenemos conocimiento, y que muy probablemente no sea más que una lista incompleta:

    Univalle:

  • El 22 de septiembre de 2005 el ESMAD asesina de un tiro a mansalva al estudiante de Química, Johnny Silva (21 años) dentro del recinto universitario, durante una jornada nacional de protesta contra el TLC con los EEUU[52]. Este caso ha sido emblemático pues, aunque se ha determinado la responsabilidad del ESMAD por parte de la Fiscalía 41 de DDHH, no ha habido establecimiento de responsabilidades individuales. Es más, un Fiscal delegado ante el Tribunal Supremo de Cali (Carlos Adolfo Millán) se ha dedicado a tratar de limpiar la cara del ESMAD de este crimen y a garantizar, por todos los medios a su alcance, que este crimen, como casi todos los crímenes de Estado, quede en la impunidad. Por esta razón, la familia del estudiante asesinado ha decidido llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[53].
  • El 10 de abril de 2006 sicarios asesinan en Yumbo al estudiante de ciencias sociales William Ortiz[54].
  • El 4 de octubre de 2006 sicarios asesinan al estudiante de atención pre-hospitalaria Julián Andrés Hurtado de 30 años de edad. Es importante destacar que Julián Andrés lideraba una comisión investigadora del asesinato de Johnny Silva la cual declaró culpable al ESMAD y era un activo dirigente estudiantil[55].
  • El 3 de agosto de 2007 los estudiantes Katerine Soto Ospina y Rolando Quinteros fueron atacados por el Ejército Nacional en la vereda de San Cipriano, un sector turístico de Buenaventura. A consecuencia del ataque, Katerine murió. El ejército, sencillamente, se lavó las manos diciendo que fue una equivocación[56].
  • El 26 de marzo de 2009 fue asesinado por sicarios el estudiante de Administración de Empresas Juan David Jiménez Caballos en las afueras de la sede de Univalle en Zarzal[57].

    Universidad de La Guajira:

  • El 9 de marzo de 2009 fue asesinado por sicarios el estudiante de Etno-Educación Eder Enrique Sierra, de 38 años, miembro de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), mientras se dirigía a estudiar[58].

    Universidad de Antioquia:

  • En marzo de 2009 fue asesinado Jorge Andrés Isaza Velásquez, de 28 años, ex-estudiante de derecho en pleno recinto universitario[59].

    Universidad del Cauca (Unicauca)

  • Milton Troyano, estudiante de Biología y destacado dirigente estudiantil, asesinado la noche 18 de octubre de 2006 por sicarios que lo siguieron a la salida de la universidad[60].

    Universidad Distrital Francisco José de Caldas

  • Oscar Salas (20 años, estudiante de Humanística y Lenguas) asesinado el 8 de marzo de 2006 por el ESMAD en el marco de una protesta estudiantil[61]. Había recién ganado un premio de poesía en la universidad y su asesinato, de un tiro, impidió que lo recibiera[62].

    Universidad del Atlántico

  • Una explosión ocurrida el 24 de octubre de 2006, dejó cuatro estudiantes muertos: Juan Llinás, Dreiber Melo (derecho), Darwin Peñaranda (historia) y Yuri Martínez (historia). Como es costumbre, inmediatamente se dijo que los estudiantes habían estado manipulando explosivos para elaborar papas-bombas, que serían utilizadas en una protesta durante esos días. Incluso, se llegó a decir que estos estudiantes eran miembros de las milicias urbanas del Frente 37 de las FARC-EP[63]. Sin embargo, el 28 de julio, los 4 estudiantes sobrevivientes a la explosión fueron hallados libres de culpa, con lo cual lo ocurrido en esos días aún no se termina de esclarecer, pero pareciera ser que se trataría de una masacre-montaje llevada a efecto por el paramilitarismo: tan sólo 4 días antes de ocurrida la explosión, Francisco Santos pedía la militarización de los recintos universitarios debido a que en ellos operarían grupos subversivos[64]. “Casualmente” la explosión “reforzaría” esta acusación[65].

    De más está decir que la regla general en absolutamente todos estos casos es la impunidad.

    10. Conclusión: Y del asesinato... ¿al control?

    Conociendo la experiencia de la Unicor podemos estar seguros de que lo que se busca mediante toda esta campaña de criminalización, intervención y paramilitarización de las universidades es avanzar hacia el control de las universidades públicas de la misma manera en que se hizo en el departamento de Córdoba hace algunos años.

    ¿Cómo resistir a esta presión que parece venir de todas partes?

  • Ante todo, la denuncia de cada agresión tanto en el territorio nacional como internacional;
  • Incrementar los niveles de organización y unidad del estudiantado a nivel nacional;
  • Fortalecer los vínculos del movimiento estudiantil colombiano con el movimiento estudiantil en otros países que puedan desarrollar acciones de incidencia, solidaridad y presión;
  • Romper el aislamiento de la comunidad universitaria y profundizar los lazos que la unen con otros actores sociales que hoy también oponen resistencia al proyecto ;
  • No parar las acciones de visibilización y de movilización;

    Para finalizar, creemos importante insistir en que lo que hoy se vive en los recintos universitarios es parte de un clima generalizado en toda Colombia de terror, amenazas y violencia cotidiana, realidad que Uribe Vélez trata de ocultar bajo un grueso manto de propaganda que, con estadísticas amañadas y declaraciones fantasiosas, busca hacer creer al mundo que Colombia es un paraíso de libertades democráticas y bienestar social donde no pasa nada.

    Este aparato de propaganda no es menor: se estima que solamente durante el 2007 el Estado colombiano gastó, al menos, $12.800.000.000 en propaganda. No causa mayor sorpresa ver que el grueso de este gasto fue realizado por dos de las instituciones del Estado más manchadas por violaciones a derechos humanos y vínculos con el paramilitarismo: el Ministerio de Defensa (42%) y el Parlamento (27%)[66].

    Pero no puede taparse el sol con un dedo: pese a la propaganda del régimen, resultan cada vez más evidentes e inaceptables sus vínculos con el paramilitarismo. Y a su vez, cada vez queda más claro que esta alianza no es nada más que una cruzada por establecer un modelo político y social profundamente contrario a los más básicos derechos y necesidades del pueblo de Colombia. Este modelo no podría ser impuesto sino mediante la violencia, sea ésta manifiesta o solapada: la guerra de Uribe es una guerra en contra del conjunto del pueblo y no es otra cosa que la máxima expresión de un modelo social basado en el despojo mediante la violencia del Estado y sus tentáculos para-institucionales que se ha consolidado en décadas de guerra. En manos del pueblo reposa la capacidad de torcer el brazo a esta historia de despojo y violencia. Es hora de despertar esta fuerza.

    CILEP-Red Libertaria Popular Mateo Kramer
    José Antonio Gutiérrez D. (investigador asociado del CILEP)

    28 de Julio, 2009




    [1] Esta expresión es acuñada por Renán Vega Cantor en su libro Los economistas neoliberales: nuevos criminales de guerra. Bogotá: Centro Bolivariano, 2005, pp. 125-169.
    [2] “Universidad y Estatuto Estudiantil”. Comité Académico Red Revuelta. En: Documento de trabajo No.3. Alternativas frente al estatuto estudiantil. Bogotá: Planeta Paz, 2009, pp. 45-55.
    [3] Citado en Ibid, p. 50.
    [4] Esta fue la tesis que sostuvieron la Red Revuelta y la Red Antorcha en el paro de 2008 en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Existe un documento titulado “La universidad sitiada”. Véase www.redrevuelta.org
    [5] A través de este artículo del PND, el gobierno busca obligar a las universidades públicas de orden nacional a asumir parte de la deuda con sus pensionados. Para poner sólo un ejemplo, la deuda de la Universidad Nacional de Colombia es de 3 billones de pesos, lo que equivale a tres años de funcionamiento de la misma.
    [6] Cf. http://www.moir.org.co/Opongamonos-a-la-destruccion-de-....html
    [7] En el año 2008 el déficit presupuestal de la Universidad de Pamplona era de 42 mil millones de pesos y de la Universidad de Magdalena de 8 mil millones. Por su parte, el déficit actual de la UPTC es de 18.000 millones. Cf. http://www.moir.org.co/Opongamonos-a-la-destruccion-de-....html
    [8] Amaya Francoa, Manuel Enrique. “Universidad y Democracia alrededor de la “Reforma de Córdoba”, en: Universidad y Sociedad, Revista Argumento, números 14/15, 16/17, Bogotá, 1986, p. 158.
    [9] García, Carlos Arturo. “El movimiento estudiantil en Colombia década del sesenta”, en: Universidad y Sociedad, Revista Argumento, números 14/15, 16/17, Bogotá, 1986, p. 189.
    [10] Cf. http://www.presidencia.gov.co/seguridad_democratica.pdf
    [11] Cf. http://redes.pradpi.org/article.php?article_id=45
    [12] Cf. http://www.vanguardia.com/politica/93-politica/20324-an...encia
    [13] Cf. http://www.desdeabajo.info/index.php/ediciones/184-edic....html
    [14] El Partido de la U nació en 2005 de una disidencia del Partido Liberal encabezada por el actual ministro de defensa Juan Manuel Santos, para apoyar la reelección del presidente Álvaro Uribe en los comicios de 2006.
    [15] Cf. http://blog.ginaparody.com/2008/09/la-seguridad-en-bogo....html
    [16] http://www.colectivodeabogados.org/FEDERACION-DE-ESTUDI...ANTES http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-...egios
    [17] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-...egios
    [18] A veces esta cacería de brujas no solamente se queda en los señalamientos y se han realizado montajes tipo “falsos positivos”, como el denunciado por los estudiantes de la Universidad del Valle. El 4 de abril del 2009 el ESMAD y la SIJIN ingresaron a los recintos de Univalle a fin de conducir un allanamiento en el cual “encontraron” material explosivo, lo cual, a partir de pruebas, fue denunciado por los estudiantes como un montaje mediante el cual cerraron la Universidad.
    http://www.redcolombia.org/index.php?option=com_content...id=34 ver también http://www.senadoragloriainesramirez.org/index.php/2009...alle/
    [19] http://www.verdadabierta.com/web3/victimarios/los-jefes...rdoba
    [20] Cf. http://www.dhcolombia.info/spip.php?article709
    [21] Cf. http://www.fidh.org/Detenciones-y-amenazas-contra
    [22] Cf. http://www.dhcolombia.info/spip.php?article709
    [23] Para una lectura del temerario historial de este fiscal ver: http://www.semana.com/noticias-opinion/fiscal-camuflado....aspx
    [24] La estridencia contrainsurgente contrasta con la permisividad de las autoridades hacia la presencia paramilitar en las universidades como lo señala un artículo de Semana con motivo de las denuncias de Parody y los oficios del fiscal: “Hace pocas semanas el fiscal Jorge Iván Piedrahita ordenó la revisión de las bases de datos de todas las universidades públicas de la capital. Con la medida se respondía a las denuncias de la senadora Gina Parody sobre la presunta infiltración guerrillera de los centros universitarios bogotanos. La celeridad de la intervención de los organismos judiciales en el caso de las universidades bogotanas, contrasta con la tardía intervención en la Unicor, donde a pesar de las evidencias –y el grado supremo de violencia– nadie quiso darse por enterado, a pesar de las permanentes denuncias” http://comunidades.semana.com/wf_InfoNoticia.aspx?IdNot...a=829
    [25] Cf. http://www.fidh.org/Detenciones-y-amenazas-contra
    [26] Cf. http://www.desdeabajo.info/index.php/actualidad/interna...mico- colombiano -a- quien-bogota-relaciona-con-las-farc.html
    [27] Cf. http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/mayo/21/02212008.html
    [28] Ver el artículo 66 del documento de la ley 975 del 2005 (Justicia y Paz) en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/justicia_paz...5.pdf
    [29] http://comunidades.semana.com/wf_InfoNoticia.aspx?IdNot...a=829
    [30] El asesinato de Iguarán se llevó a efecto en la misma residencia de Hernández.
    [31] http://www.radiosantafe.com/2008/12/04/capturan-al-rect...arra/ Al poco tiempo fue dejado en libertad, pero no volvería a ejercer como rector.
    [32] http://comunidades.semana.com/wf_InfoNoticia.aspx?IdNot...a=829
    [33] Ver http://www.verdadabierta.com/web3/victimarios/los-jefes...rdoba, http://www.verdadabierta.com/web3/component/content/art...timas, http://comunidades.semana.com/wf_InfoNoticia.aspx?IdNot...a=829, http://www.semana.com/noticias-nacion/universidad-paras....aspx
    [34] El propio presidente Uribe, dueño de la hacienda El Ubérrimo, es uno de los 2.300 colombianos propietarios de más de 2.000 hectáreas que acaparan, entre todos, unas cuarenta millones de hectáreas. Cf. Cepeda, Iván; Rojas, Jorge. A las puertas de El Ubérrimo. Bogotá: Debate, p.36.
    [35] “Mancuso ha reconocido su participación en por lo menos 300 asesinatos y se le atribuye la autoría de la masacre de Mapiripán en la que murieron veinte campesinos y la masacre de El Aro donde fueron asesinados otras 15 en 1997. Igualmente es señalado por la masacre de la Gabarra en 1999, donde fueron asesinadas 35 personas, y la masacre de El Salado, donde fueron asesinadas más de 100 personas. Este paramilitar confesó que el Bloque Catatumbo que él comandaba fue responsable de la muerte de 5.000 civiles” Ibid, p.17.
    [36] Al respecto Mancuso afirma: “Uribe ha demostrado en sus intervenciones un discurso firme y una gestión en la administración pública transparente, cuando fue gobernador de Antioquia y el resto de cargos públicos que ha tenido” Ibid, p.60.
    [37] Ibid, p.35.
    [38] Puede escucharse una conversación en http://www.vanguardia.com/multimedia/audios/27431-llama...stola
    [39] http://www.colectivodeabogados.org/Plan-Pistola
    [40] Nombre adoptado por uno de los grupos de la nueva fase de la estrategia paramilitar marcada por las negociaciones del gobierno de Álvaro Uribe con la estructura paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia y la puesta en marcha de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”. Estos grupos hacen una constante alusión a la necesidad de cumplir con la estrategia de Seguridad Democrática promovida por el gobierno de Álvaro Uribe.
    [41] http://colombia.indymedia.org/news/2009/05/101819.php
    [42] www.vanguardia.com/.../27481-caso-uis-el-equipo-de-prensa-recibio-ordenes-de-espiar-
    [43] Puede consultarse la declaración en http://www.anarkismo.net/article/12143
    [44] http://www.colectivodeabogados.org/Hostigamientos-amena...ontra
    [45] Cf. http://justiciaypazcolombia.com/5ta-AMENAZAS-CONTRA-EST...ES-DE
    [46] Esta amenaza coincidió con la llegada de la minga indígena a Bogotá, por lo tanto el toque de queda pretendía que los estudiantes no se quedaran en el campamento de la Universidad apoyando este proceso popular.
    [47] Cf. http://justiciaypazcolombia.com/5ta-AMENAZAS-CONTRA-EST...ES-DE
    [48] Cf. http://www.lafuerzainformativa.com/index.php?option=com...id=56; ver también: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo1...oquia
    [49] Cf. http://www.desdeabajo.info/index.php/ediciones/184-edic....html
    [50] Cf. http://www.desdeabajo.info/index.php/ediciones/184-edic....html
    [51] Cf. http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/fo-article-1132...9.pdf
    [52] http://www.elespectador.com/impreso/tema-del-dia/articu...calia
    [53] http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloim...-cidh ver también http://www.polodemocratico.net/Asesinato-del-estudiante...ohnny
    [54] http://www.redcolombia.org/index.php?option=com_content...id=34
    [55] http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/andres3.html
    [56] http://www.eltiempo.com/blogs/esto_le_pasa/2007/08/MUER...D.php http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article581
    [57] http://www.senadoragloriainesramirez.org/index.php/2009...alle/
    [58] http://www.desdeabajo.info/index.php/ediciones/184-edic....html ver también http://aceucauca.blogspot.com/2009/03/asesinato-del-est....html
    [59] http://www.elespectador.com/articulo126902-asesinan-ex-...oquia
    [60] http://colombia.indymedia.org/news/2006/10/50873.php http://colombia.indymedia.org/news/2006/10/51234.php http://espanol.groups.yahoo.com/group/coordinacionvivie...e/898
    [61] http://www.dhcolombia.info/spip.php?article275
    [62] http://www.desdeabajo.info/index.php/ediciones/134-edic...angel*.html
    [63] http://aceubq.blogspot.com/2007/10/un-ao-despus-de-la-e....html
    [64] http://redes.pradpi.org/article.php?article_id=45
    [65] http://fenalprou.org.co/content/view/58/1/
    [66] http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpre...do-16

    Johnny Silva
    Johnny Silva

    Julián Hurtado
    Julián Hurtado

    Oscar Salas
    Oscar Salas

  • author by El Espectadorpublication date Tue Oct 06, 2009 03:09Report this post to the editors

    “O nos volvemos empresa de cosultoría o nos dedicamos a la educación”, sentenció el vicerrector de la Universidad Tecnológica de Pereira, Fernando Noreña, tras explicar que las instituciones de educación superior pública compensan el desequilibrio financiero con programas que no siempre garantizan la continuidad en la calidad de los servicios que ofrecen

    Rectores de 32 universidades públicas pautaron en la prensa un aviso informativo en el que reclamaban una mayor presencia de sus instituciones en el Presupuesto General de la Nación para 2010. Ya antes directivos de la Universidad Nacional, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia y la Universidad Tecnológica de Pereira habían advertido de los serios problemas de financiación que atraviesan. Una reunión de la Comisión de Vicerrectores de siete universidades públicas, realizada en Bogotá, produjo idéntico diagnóstico.

    La asfixia en materia financiera es generalizada. Algunos cálculos iniciales sugieren que las principales universidades públicas están ante un déficit acumulado de medio billón de pesos. Los motivos son por todos conocidos. Incluso, el presidente Uribe, en 2008, aceptó los argumentos de los rectores de las universidades que conforman el SUE (Sistema de Universidades del Estado) y alegó que como el Estado no disponía en 2009 de los recursos requeridos para reajustar el presupuesto asignado al funcionamiento de las universidades públicas, el rubro sería modificado para 2010.

    No parece, sin embargo, que las promesas hechas por el Presidente y sus ministros de Educación y Hacienda se sostendrán. Por eso el rector del SUE —y de la Universidad del Cauca—, Danilo Vargas, hizo una petición formal para que el Estado aumente los recursos en el valor del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 5,5%.

    Ocurre que en 1992 la Ley 30 dejó establecido que el presupuesto nacional dedicado a las universidades públicas debía incrementarse anualmente de acuerdo con el IPC. El valor real de la oferta educativa, explica el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, quedó desde entonces equiparado al IPC cuando en la práctica existe una diferencia abismal. Leyes y decretos de diversa índole afectaron el costo de la Universidad, cuyo valor real incorpora los esfuerzos por mejorar la calidad de los profesores, implementar programas serios de promoción de la investigación, fortalecer procesos de modernización administrativa y avanzar en la infraestructura de los planteles. Adicionalmente, otros gastos no contemplados por los legisladores, como los aportes patronales a la seguridad social o los descuentos a las matrículas de quienes votan en las elecciones, encarecen el valor real de la educación superior.

    El diagnóstico es claro. Salvo que exista una modificación en los recursos que le son entregados, con los aportes de la Nación en el año 2010 la Universidad Nacional sólo podrá cubrir los gastos de personal. Las bibliotecas, la infraestructura y los laboratorios habrán de esperar. Igual situación —y hasta peor— enfrentan otros claustros que cuentan con recursos más limitados.

    Este es un tema que no ha recibido la atención que merece. La calidad de la educación pública universitaria está en proceso de desaparición, y el tema ni aparece en la agenda de debate. Pregunta obligatoria: ¿Cómo lidiar con la exclusión social sin siquiera abordar el tema de la educación? Como lo planteó recientemente el columnista de El Espectador, Julio César Londoño, ¿Y por qué no imaginar un Plan Colombia para la educación?

    author by Corporación Jurídica Libertad - CJLpublication date Sat Jun 12, 2010 22:51Report this post to the editors

    En los últimos días, algunas instituciones gubernamentales y diferentes medios de comunicación, tanto nacionales como locales, han registrado varios artículos, posiciones y declaraciones frente a la problemática que se vive en la Universidad de Antioquia.

    Los ejes que se plantean como problemáticas, son: el expendio y consumo de drogas, los atracos a mano armada, supuestas violaciones sexuales al interior de los baños de mujeres, presencia de los venteros informales y las acciones de protesta de algunos estudiantes. Sin embargo, la mayoría de las publicaciones sobre este tema evaden o pretenden ocultar el problema real que afronta la Universidad: la expansión del proyecto paramilitar que desde hace rato penetró al interior de este centro educativo, y no sólo de ésta, sino de la mayoría de las universidades públicas del país.

    La Universidad de Antioquia tiene en su historial diferentes episodios relacionados con la interferencia paramilitar en el Alma Mater. Para sustentar lo anterior, están las amenazas, los acosos, las agresiones, los encarcelamientos y los asesinatos de que son víctimas estudiantes, profesores, trabajadores sindicalizados y defensores de derechos humanos que hacen parte de la institución, como son los casos del profesor asesinado Hernán Henao, el asesinato del estudiante y reconocido líder estudiantil, Gustavo Marulanda y la arbitraria privación de la libertad de Wiston Gallego Pamplona, abierto defensor de los derechos humanos en Medellín.

    Igualmente, está la aparición de listas y sufragios que amenazan la vida de algunos profesores y estudiantes, que son obra de grupos paramilitares que ya penetraron el claustro universitario, como la del segundo semestre del 2005, cuando empezó a circular una lista negra con el nombre de 15 personas a las que las Autodefensas de la Universidad de Antioquia, Audea, amenazaban con asesinar; o como la de marzo de 2009, que esta vez amenazaba a 30 estudiantes, muchos de ellos activistas estudiantiles, y estaba firmada por el Bloque Antioqueño de las Autodefensas.

    Y ahora, en lo que va del año, aparecen dentro de la institución atracadores, los cuales robaron un computador portátil del Instituto de Estudios Políticos y a un estudiante que trabaja en las burbujas de café y que al parecer llevaba consigo el dinero de las ventas, ambos asaltos fueron cometidos a mano armada y los autores llevaban la indumentaria que suelen llevar los estudiantes que se encapuchan cuando van a realizar una protesta; lo preocupante del asunto es que la administración universitaria, por medio de sus comunicados, enviados a los correos electrónicos de toda la comunidad universitaria, dejó la sensación que estos actos de vandalismo eran cometidos por los mismo “encapuchados” que desde hace décadas y generación tras generación, hacen presencia en la universidad pública para protestar o pronunciarse. Sin prueba alguna y de manera tácita se culparon a estos estudiantes, sólo con el fin de agudizar la estigmatización que se ha levantado sobre el uso de la capucha.

    Sin embargo, una vez fue desarticulada la banda de 10 atracadores, tal como lo informó el periódico El Mundo, el pasado 11 de abril (Ver artículo), y que de acuerdo con las declaraciones de Martiniano Jaime Contreras, vicerrector general de la Universidad de Antioquia, “eran personas al interior de la universidad que actuaban como una organización. Se hizo un trabajo interno de vigilancia, de seguimiento y de control y se logró capturar a estas personas que eran contratistas”, esto no se informó de igual manera a toda la comunidad universitaria y, hasta ahora, la Vicerrectoría General de la institución no ha revelado el nombre de la empresa contratista a la que pertenecían los asaltantes, ni se ha pronunciado acerca de las medidas que se adoptaron frente a ésta, y aún se desconoce si se le inició un proceso penal o si por lo menos se la abrió algún proceso disciplinario. Inclusive, siendo conocedores de quiénes son los atracadores, siguen haciendo públicas cartas abiertas a nombre de estudiantes, como la que reposa a un costado de la biblioteca central, donde se trata con ambigüedad el tema y sólo pretenden reproducir el ambiente de inseguridad en la universidad.

    La administración de la universidad, de manera poco objetiva, pretende reunir todas las problemáticas de la universidad en un solo nivel, como si el el consumo de drogas tuviera algo que ver con una protesta política, con una empresa contratista que en su interior tenía una banda de atracadores o con una agresión sexual.

    Las agudización de los problemas de orden público que ha vivido el Alma Mater, casualmente se han presentado en los mismos momentos en que la universidad ha vivido coyunturas políticas: la amenaza de las Autodefensas de la Universidad de Antioquia, Audea, coincidió con la movilización del segundo semestre del año 2005 que estaba realizando la comunidad estudiantil para lograr la libertad de los estudiantes que estaban arbitrariamente detenidos en la cárcel de Bellavista, que fueron capturados luego del incidente del 10 de febrero del mismo año: la explosión al interior de la institución durante una protesta de los estudiantes; cuando surge el Bloque Antioqueño de las Autodefensas, los estudiantes de la UdeA marchaban y se movilizaban en contra del Plan Nacional de Desarrollo y del poco presupuesto para la educación pública; y ahora la inseguridad que se ha propiciado en la universidad coincide con la nueva carnetización que se quería implementar, la cual no fue consultada con la comunidad de la institución y que al parecer es abiertamente rechazada. Los carnet electromagnéticos, así como las cámaras de seguridad, no son más que medidas de control social para mantener bajo vigilancia el actuar y la locomoción del estudiantado en general, como si al interior del Alma Mater se quisiera imponer un Estado policivo, no se explica de otra forma las declaraciones del rector Alberto Uribe que recogió Colprensa el pasado 3 de mayo (ver artículo), donde éste anunciaba: “Se está estudiando la posibilidad de retirar la malla que rodea al plantel para así facilitar el acceso y control de las autoridades”.

    Ahora bien, si el problema es la venta y consumo de alucinógenos, es inexplicable que gran parte de los estudiantes de la Universidad de Antioquia, la mayoría de ellos no consumidores, reconozcan a los expendedores de drogas, es decir, a los “jibaros” que suelen ubicarse en “El Aeropuerto”, pero nadie de la seguridad privada, que incluso permanecen en una portería frente a la zona, ha logrado identificar a alguno.
    El asunto de las drogas no es nuevo y no se les ha salido de las manos a la administración universitaria, lo que pasa es que “El Aeropuerto” se ha convertido en la plaza más grande y más cómoda para la venta y el consumo de drogas, y como bien es sabido, todas las plazas de la ciudad son controladas por paramilitares, y la de la Universidad de Antioquia no es la excepción, por esta razón no hay un serio interés de acabar con esta problemática, porque obedece a estructuras más grandes y complejas del paramilitarismo.

    La problemática de la Universidad de Antioquia parece más una puesta en escena para justificar una militarización de la institución, el control policial y el afianzamiento del proyecto paramilitar en la misma. Se supone que la universidad cuenta con su esquema de seguridad, tiene una vigilancia privada a cargo de la empresa Miro Seguridad, pero el actuar de ésta ha sido ineficiente, y muchas veces ha quedado la sensación que esa ineficiencia es programada, obedeciendo a algún interés.

    Y para terminar, por qué la administración de la universidad no se ha pronunciado ante el artículo que publicó El Espectador el pasado 17 de abril, que hacía referencia a los hermanos Carlos Mauricio y Juan Rodrigo, ambos jefes paramilitares, donde se informaba que este último, el cual fue “asesor de Carlos Castaño Gil, en las postrimerías de su comandancia, y de Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, durante el proceso de desmovilización del bloque Élmer Cárdenas”, también fue coordinador de un seminario de democracia y paz de la Universidad de Antioquia, que fue dirigido por Alfonso Monsalve Solórzano, quien fue decano de la Facultad de Ciencias Humanas desde noviembre 1989 hasta enero 1991 y de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, de enero 1991 a febrero 1994.

    Según la confesión de Juan Rodrigo García, el ex director del DAS, señalado como el cerebro detrás de las “chuzadas” de este organismo, José Narváez, a través de una fundación que lideraba, le giró a Monsalve 2.000 dólares mensuales durante su estadía en España y desde entonces, tal como lo dice El Espectador, Juan Rodrigo García “sospechaba que actividades académicas de la Universidad de Antioquia podían ser parte de actividades de inteligencia del Ejército”.

    Así mismo, García también confesó que en una reunión que sostuvo con Narváez y Carlos Castaño, en una finca de este último, días después del asesinato de Jaime Garzón, se analizó una lista de personas a asesinar en dado caso que la guerrilla reaccionara, lista en la que figuraba la investigadora y docente de la U. de A., María Teresa Uribe

    Por qué la administración universitaria no se ha manifestado al respecto, teniendo en cuenta que Monsalve ha ocupado altos cargos directivos durante la actual administración, fue director del Instituto de Filosofía de la Universidad desde diciembre de 2003 a diciembre de 2005 y vicerrector de Investigación de la institución desde enero de 2006 hasta febrero de 2009. Por lo tanto, qué pretende encubrir la Universidad de Antioquia con el silencio que está guardando. Cuándo se va a iniciar una investigación seria sobre la penetración paramilitar en dicha institución.
    Aparentemente, no existe una voluntad real de parte de la administración de la Universidad de Antioquia para pronunciarse sobre la verdadera problemática que es la penetración paramilitar en este centro educativo, tampoco para solicitar que se investiguen las posibles vinculaciones que puedan tener miembros de la comunidad universitaria con el paramilitarismo, ni para iniciar las debidas investigaciones disciplinarias que den a lugar en el mismo sentido, quedando todo en la impunidad tal como ocurrió con el actual rector de la UIS, Jaime Alberto Camacho, del cual se conoció una conversación que sostuvo con alias “Felix” en donde el rector le aseguraba al paramilitar que le conseguiría una lista de trabajadores y líderes estudiantiles, los cuales serían asesinados bajo el “plan pistola” (Escuchar conversación).

    La Corporación Jurídica Libertad hace una llamado a la administración de la Universidad de Antioquia para que se pronuncie sobre los hechos aquí detallados, a que inicie una investigación que permita tomar las decisiones y medidas para desmantelar el proyecto paramilitar en el Alma Mater, a que revele el nombre de la empresa contratista involucrada con los atracos al interior de la institución y, finalmente, hace un llamado general a que se respete la vida, la integridad y la libertad de los estudiantes, profesores y trabajadores que ejercen la crítica y hacen uso de su derecho a la disidencia política.

    Comunicaciones CJL
    2 de junio de 2010

    author by ESTUDIANTES UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIApublication date Sat Mar 19, 2011 03:58Report this post to the editors

    Denunciamos públicamente el ingreso violento del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, al campus de la Universidad de Antioquia el día 10 de marzo del año en curso a las 6:00 pm, para disolver una actividad pacífica que se estaba realizando en la portería de Barranquilla y la posterior amenaza de las auto-denominadas Nueva Generación Águilas Negras a estudiantes y profesores de la Universidad de Antioquia.

    HECHOS:

    1. El día 9 marzo de 2011, se dieron cita en el Teatro Popular Comandante Camilo Torres Restrepo, los estudiantes de la Universidad de Antioquia en Asamblea General. En dicha asamblea se decide realizar una jornada de denuncia sobre la situación actual de la misma en el bloque administrativo y la conformación de una coordinadora de estudiantes.

    2. El día 10 de marzo desde las 2:00 pm los estudiantes acudieron al Bloque Administrativo, para dar cumplimiento a la actividad aprobada en
    la Asamblea. Por medio de pintas se denunció el carácter lesivo de la reforma del reglamento estudiantil y la militarización del campus desde el día 13 de septiembre de 2010 a la fecha.

    3. Pasadas las 5:00 pm los estudiantes se dirigieron en un mitin pacífico a la Portería de Barranquilla quedándose allí aproximadamente una hora sin restringir el ingreso de las personas a la Universidad.

    4. Aproximadamente a las 6:00 pm el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, ingresa al campus sin justificación alguna disolviendo la actividad, haciendo uso de granadas aturdidoras, gases lacrimógenos y balas de goma. No obstante lo ocurrido, los estudiantes permanecen en
    la portería sin confrontar violentamente al ESMAD durante 40 minutos hasta que la Personería de Medellín se hizo presente para negociar la
    retirada del ESMAD. No se presentaron heridos ni capturados.

    5. A las 8:45 pm se recibe un correo electrónico enviado desde aguilasnegrasauc@hotmail.com al correo oficial de Asamblea de Estudiantes, estudiantesudea@gmail.com, donde se expresan múltiples amenazas entre ellas “…esta es la última advertencia, muerte a esos
    estudiantes y profesores terrorista de la guerrilla, nos cansamos de tantas ideas estúpidas de cambiar el país…”

    6. El día 11 de marzo un grupo de estudiantes se dan cita en el bloque administrativo con el Vicerrector Martiniano Jaime Contreras (debido a
    que él se encuentra cumpliendo funciones de rector por la ausencia de este en la ciudad), para exigir el pronunciamiento de la administración
    frente a este hecho, a lo cual responde que no consideraba importante estas amenazas asegurando que “…había rumores entre el personal
    administrativo de una supuesta “auto-amenaza”… ”. A la salida del tercer piso el personal de seguridad privada de la empresa ATEMPI agrede
    verbalmente a los estudiantes tildándolos de “revoltosos”, los cuales exigen la presencia del Vicerrector Martiniano Jaime Contreras para que
    sea testigo de la agresión pero él no hace presencia en el lugar, parándose desde lejos a ver como son agredidos; los estudiantes salen
    del bloque administrativo a eso de las 3: 30 pm y responsabilizan de manera verbal a la administración de la universidad de Antioquia frente a
    cualquier hecho en contra de estudiantes y profesores de la misma. Estos acontecimientos demuestran que persisten las vulneraciones a los
    Derechos Humanos en la Universidad de Antioquia, aun en presencia de aquellos que dicen ser fieles defensores de los estudiantes como el
    Vicerrector Martiniano Jaime Contreras y por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD.

    DEBIDO A ESTO:

    1. Exigimos que se abra una investigación judicial a estos hechos donde se indague y se esclarezca la procedencia de las amenazas de los auto denominados Nueva Generación Águilas Negras y que se impute los cargos correspondientes a los responsables.

    2. Exigimos que la administración de la Universidad de Antioquia encabezada por el rector Alberto Uribe Correa se pronuncie frente a
    estas amenazas.

    3. Solicitamos que la opinión pública nacional e internacional y demás organizaciones estudiantiles, profesorales y colectivos de Derechos
    Humanos se pronuncien rechazando este tipo de acciones y reclamando el respeto a la vida y la protección de los estudiantes y profesores.

    4. Exigimos del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal se garantice el respeto a la oposición política, al pensamiento crítico, a la
    libre expresión, y el respeto a la actividad que venimos realizando en defensa de la educación pública estudiantes y profesores de la
    universidad de Antioquia.

    5. Responsabilizamos al Gobierno Nacional y a la administración central de la Universidad de Antioquia en caso tal que llegara a ocurrirle algún
    atentado a los estudiantes y profesores de la comunidad universitaria o a sus familiares.

    ESTUDIANTES UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

    author by El Espectadorpublication date Sat Apr 02, 2011 03:41Report this post to the editors

    El alto oficial le pidió a los estudiantes no dejarse manipular por "agitadores profesionales".

    "Notamos, por las imágenes, por nuestra capacidad de inteligencia y de control, que había una estructura jerarquizada, de mando y control, que tiene todos los ingredientes para calificarla de terrorista", aseguró el director de la Policía, general Óscar Naranjo.

    "El Gobierno ha tomado la decisión de avanzar en procesos de inteligencia que permitan depurar responsabilidades individuales, que protejamos a la universidad pública de armados ilegales, y que no permitamos que se presenten violentas manifestaciones", agregó, en declaraciones dadas a Caracol Radio.

    El alto oficial se pronunció luego de que estudiantes, profesores y directivos de al menos cinco universidades, una de ellas de carácter privado, hayan visto alteradas sus jornadas por cuenta de protestas y movilizaciones.

    Ver noticia completa en:

    Related Link: http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-2...elion
    author by Notimundopublication date Mon Apr 25, 2011 14:48Report this post to the editors

    La Herramienta paramilitar asesinó a otro estudiante universitario en el departamento de Córdoba este jueves santo.

    Es el quinto universitario asesinado por la herramienta paramilitar en el departamento de Córdoba en lo corrido del año 2011

    Sicarios asesinaron este Jueves Santo a un estudiante de derecho de la Universidad del Sinú, en hechos que se registraron en el municipio de Montelibano, departamento de Córdoba, Colombia.

    El estudiante asesinado respondía al nombre de Juan Carlos Ramírez, quien estaba en este municipio del sur de Córdoba de descanso y visitando a su familia.

    El hecho tuvo lugar en una parcela propiedad de la familia del universitario asesinado, donde se encontraban de paseo, según el reporte de las autoridades.

    Es el quinto universitario asesinado en este departamento en lo corrido del presente año.

    La herramienta paramilitar del Estado colombiano y las multinacionales tiene fuerte presencia en el departamento de Córdoba, y en casi todo el país.

    author by SECRETARÍA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.publication date Mon Jul 09, 2012 19:29Report this post to the editors

    Graves agresiones por parte de la policia de la ciudad de Monteria, en la Universidad de Córdoba. La Asociación Colombiana de estudiantes universitarios denuncia ante la opinión los graves hechos que han transcurrido durante el día de hoy en la universidad de Córdoba.

    1. En horas de la mañana llega la noticia a la universidad de que el actual rector de la universidad, ha instaurado una acción jurídica para que poder prolongar su periodo durante un año mas en el cargo de Rector, siendo necesario aclarar que el paro del que acaban de salir, una de sus principales peticiones era el retiro inmediato del rector.

    2. Luego de casi 3 meses de paro universitario, se logra llegar a un acuerdo sobre 17 puntos, de los cuales hasta el día de hoy ninguno ha sido cumplido.

    3. Siendo la una de la tarde las y los estudiantes se concentran en la universidad en señal de protesta por el incumplimiento de los acuerdos por parte de las directivas de la universidad.

    4. A la 1:30 pm llega la policía a la universidad (cuerpo de fuerza disponible) e inicia a lanzar bombas aturdidoras y gases lacrimógenos al interior de la universidad.

    5. A las 3:00 pm la fuerza disponible ingresa al campus de la universidad.

    6. Durante toda la tarde varios miembros de la fuerza disponible han sacado armas de fuego mostrándolas y apuntando hacia las y los estudiantes.

    7. Estudiantes testifican que a las 5:00 pm observaron como uno de los policías disparo tres tiros al aire, hecho que pone en grave riesgo la vida de las y los estudiantes de la universidad de Córdoba.

    8. Se ha llamado en reiteradas ocasiones a la defensoría del pueblo para que pueda verificar la grave vulneración en que se esta poniendo la integridad física de quienes se encuentran en la universidad, a lo que se ha hecho total caso omiso por parte de este ente del ministerio publico.

    9. La policía ha impedido que salgan personas de la universidad y hasta el momento se encuentran encerrados más de 500 estudiantes ya que la policía tiene bloqueadas todas las entradas.

    10. El ESMAD llega a las 6:00 pm de la tarde, y se encuentra desalojando la universidad de forma violenta agrediendo brutalmente a las personas que se encuentran al interior de la universidad.

    Teniendo en cuenta los hechos anteriormente enunciados, EXIGIMOS:

    1. A las directivas de la universidad, exigir el retiro inmediato de la fuerza publica de la universidad.

    2. Al gobierno municipal y a los entes de ministerio publico, personería y ministerio publico, tomar cartas en el asunto y proteger la vida e integridad de la comunidad universitaria.

    3. A los entes de control investigar los graves actos de la fuerza publica, ya que esta prohibido el uso de armas de fuego contra la población civil, siendo la universidad protegida por el Derecho internacional humanitario, y lo ocurrido atenta gravemente contra el mismo.

    4. Al gobierno nacional, en cabeza del ministerio de educación, velar por el cumplimiento de los acuerdos hechos con la comunidad universitaria.

    5. Pedimos se respete la vida e integridad de la comunidad universitaria de la universidad e Córdoba, y se deje salir tranquilamente a quienes se encuentran al interior de la universidad.

    Por ultimo una vez mas queremos rechazar el terrorismo de Estado ejercido por la fuerza publica y especialmente el ejercido por su escuadrón de la muerte, ESMAD.

    “Por la vida y contra brutalidad policial.”

    author by ACEUpublication date Tue Jul 10, 2012 20:38Report this post to the editors

    La Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), pone en conocimiento de toda la comunidad la grave situación de riesgo e inminente violación de los derechos humanos en la que se encuentra la comunidad académica de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

    Hechos

    1. El 23 de Junio de 2012 aparece en la red social Facebook el siguiente mensaje:

    “Junio 23 Del 2012

    El pronunciamiento de las Águilas Negras

    Sentencia de advertencia a todos los guerrilleros y auxiliadores, habla mierda y payasos mentiros, paridos por el culo que andan por estos días haciendo la pantomima y intimidando a los estudiantes y la seguridad privada en ese nido de ratas terroristas llamado “pedagógica … Tienen 15 días hábiles para dejar de mariquear y dejar de hacer presentaciones culas, podrán ser 20 o 40 y hasta mas hijueputas de estudiantes encapuchados que se hacen llamar MOVIMIENTO JAIME BATEMAN CAYON poniendo banderas culas.

    Pero es que no aprenden definitivamente que son tan imbéciles que no aprenden de la lección o se lo recordamos de nuevo sus compinches que murieron el 25 de marzo del 2012 en suba y no crean que no sabemos de sus acciones sabemos quiénes son los que los orienta los relevos altos, intermedios y los que están perfilando, y a los pendejos primípar@s que están reclutando para sus filas y ser mas en los falsos positivos, y para hablar de tal maravilloso son l@s cuant@s , son en el equipo que tienen de rudas que entrenan en ese nido de guerrilleros, las llamadas tiendas o chazas que están ubicada en los siguientes edificios

    Edificio A (2) chazas al frente y su asesor un barbudo que parece de la época con un ahuevado ni decir la novia

    Edificio B al lado izquierdo que lo atienden la mayoría de los futuros guerrilleros de sociales y tecnología

    Edificio C a la salida del bloque, guerriller@s de educación y de tecnología y también sobre el pasillo del mismo bloque

    Pongan mucha atención partida de hijueputas el siguiente es un llamado que dejen de estar intimidando a la comunidad universitaria a lo que se dice llamar alma mater de guerrilleros comunistas de mierda

    Recomendaciones

    El bobito alto que encendió la granada de humo ya lo tenemos fichado pendejo de mierda.. a los crespos que hacen parte de plataforma a las niñas de la facultad de humanidades ya sabrán quienes son a l@s que nos referimos en las plataformas y a los pendejos de la facultad de tecnología y de educación ojo perr@s los tenemos identificados a cada uno y sabemos ya sus teléfonos y direcciones.

    Aparte de todo que están de pipi cogido con las organizaciones en alianzas burocráticas ojo gonorreas ya saben o le recordamos OCE y FUN-Comisiones que los tenemos en la mira triple hijueputas esperamos que sus familias no tengan que llevar flores a sus tumbas”

    2. Así mismo la semana pasada aparece en la misma red social el siguiente mensaje desde el perfil “Sanchez Camilo”:

    “UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

    Hemos iniciado el total rearme de las fuerzas paramilitares y seguiremos con el exterminio de toda clase de escoria social: delincuentes, guerrilleros, sindicalistas, pandillas, ladrones, jaladores de carros, prostitutas, homosexuales y vendedores y consumidores de drogas. Lárguense para Venezuela partida de hijueputas no se preocupen, les vamos a dar el gusto. Serán objetivo militar y sufrirán un verdadero sustico vamos a resolver lo que el Estado legalmente no puede.

    No nos sorprende la desfachatez de los personajes que señalamos como objetivo militar, estamos acostumbrados a que después de notificarles nuestra decisión con respecto a ellos, imploran protección al mismo Estado que atacan.

    Decretamos el toque de queda en la Universidad Pedagógica Nacional a partir del 18 de noviembre, no para los estudiantes, sino para los malparidos comunistas guerrilleros, no deben permanecer en los predios universitarios después de las 6:00 pm pues ya dispusimos del personal para hacer presencia en esta zona.

    Esta es otra advertencia para los sucios guerrilleros que están en la universidad. No crean que sus actos ilícitos no son vistos por nosotros, los tenemos fichaditos a ustedes y a sus familias.

    Pilas que ya están advertidos dejen de mariquiar en esta puta universidad, vayan a estudiar en vez de hablar mierda comunista que no sirve para culo malditos chavistas guerrilleros

    De lo contrario aténganse a las consecuencias no sea que un día de estos aparezcan misteriosamente explotados como los mariquitas de la vez pasada o muertos al frente de sus casas.

    Los siguientes triple hijueputas están declarados objetivos militares juntos a sus familias y colaboradores

    Profesor renan vega cantor ya sabemos donde vive y como caerle VAYASE YA DE LA UPN este es su ultimátum

    Otra vez el hp de Leonel, el mismo el que hablamos de las chazas

    La negra esa de Carla Giuliani

    Cindy Ramirez

    Natalia Vargas

    Natalia velandia

    Andrea Hernandez

    Oscar Garzon

    Mauricio serna erazo/licenciatura sociales

    Viviana bustos

    Alexander Zuluaga/filosofía cula

    Carolina ramos

    Ana María Florez./licenciatura química

    Oscar Ruiz/licenciatura en ser terrorista, digo ciencias sociales

    Jonathan Quintero Perez/facultad humanidades

    David murillo/licenciatura sociales

    Ronald arias/facultad ciencia y tecnología

    Camilo Galindez/licenciatura ciencias sociales

    Carlos Gomez

    Jose David Largo

    Bloque capital, bloque metropolitano, comandante Camilo

    ¡NO ESTAMOS JUGANDO PERROS HIJUEPUTAS! ESTAMOS LISTOS PARA LA GUERRA FRONTAL DE UNIVERSIDADES PRONTO.!”

    Desde la ACEU rechazamos tajantemente este tipo de amenazas contra la vida de cualquier integrante de la comunidad universitaria, la defensa de una universidad y un modelo de educación distinto es un derecho de todos los colombianos, amparado en la Constitución Política Nacional y en el orden legal colombiano, por lo tanto.

    3. No contentos con los comunicados ya hechos, se envía un tercer comunicado, insistiendo en lo dicho en las anteriores amenazas y citando al final :

    “Bloque metropolitano comandante camilo PREPARENSE QUE LA GUERRA CONTRA USTED EMPIEZA y dejen de pedir las sobras o repele o como le llaman usted malparidos hijueputas escorias esperamos que sus familias no tengan que llevar flores a sus tumbas. Para que sepan que también estamos pendientes de ustedes

    EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL:

    1. Que la Procuraduría, la Fiscalía y demás organismos de control investiguen y esclarezcan los hechos denunciados y las persecuciones de las que han sido víctimas los miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional.

    2. Se tomen medidas necesarias y urgentes para proteger y garantizar a la comunidad de la UPN, la vida, la integridad personal, la seguridad y demás derechos y libertades consagrados en el orden constitucional y legal.

    3. Se garanticen mecanismos de protección y seguridad a quienes vienen siendo objeto de persecución y señalamiento por estos grupos paramilitares que hacen presencia en la UPN.

    Consideramos que este tipo de amenazas lo único que tienen por objeto es amedrantar a la comunidad estudiantil, la universidad es un centro para la la academia, el libre pensamiento, la democracia, donde caben todas las expresiones culturales, religiosas y políticas.

    Hacemos un llamado a la comunidad universitaria nacional y al pueblo colombiano a solidarizarse con quienes son victimas de este tipo de situaciones y a rechazar tajantemente este tipo de sucesos, que como se dijo anteriormente lo único que quieren es generar miedo, MIEDO QUE HOY NO CABE EN LAS UNIVERSIDADES COLOMBIANAS!

    Por una universidad crítica, creadora y transformadora

    SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

    ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS - ACEU

    author by Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano - “Francisco Isaías Cifuentes” publication date Tue Jul 31, 2012 16:48Report this post to the editors

    Las amenazas de muerte, fueron proferidas por el grupo paramilitar autodenominado “AUC” y “urabeños AUC”. Ponen en riesgo inminente la vida, la seguridad e integridad personal de estudiantes universitarios integrantes de la Coordinadora Estudiantil “Tuto González” de la Universidad del Cauca, de la Coordinación Departamental Cauca del Proceso de Unidad Popular de Suroccidente Colombiano y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.

    El Domingo 29 de Julio de 2012, a las 7:40 de la noche, al numero celular 3148846226 abonado de propiedad del ciudadano RAUL ERNESTO SOLARTE CABRERA, desde el numero celular 3128666274, llega un mensaje de texto que dice “Ya ustedes seles aviso sino se abren les boliamos A U C".

    Posteriormente, a las 8:01:50 de la noche, al numero celular 3148846226 abonado de propiedad del ciudadano RAUL ERNESTO SOLARTE CABRERA, desde el numero celular 3128666274, llega un mensaje de texto que dice "Esto ba pa nena y leidi se abren o se mueren y pa todo el contrabando URABEÑOS A U C"

    RAUL ERNESTO SOLARTE CABRERA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1085.905.044, en la actualidad es un estudiante de antropología de la Universidad del Cauca, integrante de la Coordinadora Estudiantil “Tuto González”, de la Coordinación Departamental Cauca del Proceso de Unidad Popular de Suroccidente Colombiano y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.

    LEIDY JULIETH CHOCUE QUEVEDO, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1.061.740.042, en la actualidad es una estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad del Cauca, integrante de la Coordinadora Estudiantil “Tuto González”, de la Coordinación Departamental Cauca del Proceso de Unidad Popular de Suroccidente Colombiano y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.

    author by Equipo de trabajo Fundación Guaguapublication date Tue Aug 07, 2012 16:27Report this post to the editors

    Hoy hace 5 años fue asesinada la estudiante de la Universidad del Valle Katherine Soto Ospina por miembros del Ejercito Nacional, en la reserva San Cipriano del municipio de Buenaventura

    Compartimos este vídeo titulado Recordar es recuperar los sueños, donde nos comparten detalles de sus experiencias vividas, de su humanidad para que no la olvidemos, para que no nos acostumbremos a seguir sin ellos y ellas.

    Related Link: http://www.youtube.com/watch?v=N-Ma-qHmzXY&feature=related
    author by Agencia Prensa Universidadpublication date Mon Nov 26, 2012 22:34Report this post to the editors

    Desde hace unos días circulan en el campus de la Universidad de Antioquia una serie de amenazas por medio de panfletos en los que se extorsiona a miembros de la comunidad educativa que hacen parte de tiendas, fotocopiadoras y demás ventas de la universidad.

    La administración del centro educativo se pronunció al respecto manifestando su rechazo ante el cobro de vacunas por parte de grupos paramilitares, pero aún no se han tomado medidas al respecto.

    Cabe resaltar la importante labor solidaria que caracteriza a la mayoría de los establecimientos que están siempre dispuestos a apoyar las actividades del estudiantado, así mismo han sido múltiples las manifestaciones de apoyo a quienes aluden las amenazas a través de redes sociales.

    El panfleto de amenzas propone una fecha como ultimátum se espera que para dicha fecha, el martes 27 de noviembre, a través de actividades culturales toda la comunidad demuestre la solidaridad con las personas que trabajan en las ventas al interior de la universidad, que no tienen otra forma de poder solventar sus gastos para poder estudiar por las deficiencias en política de bienestar universitario, así como el rechazo a este tipo de infiltración en un ámbito académico y de libres debates en el que este tipo de amenazas no tiene ninguna cabida.

    Un grupo de estudiantes hizo la denuncia y pegó en un poste de la Universidad uno de los panfletos que habían sido distribuidos en uno de los establecimientos para que la comunidad conociera sobre la situación.

    author by Joaquín Robles Zabalapublication date Mon May 19, 2014 21:49Report this post to the editors

    Con Uribe en el poder las intenciones de privatización la universidad pública empezaron a concretarse y el paramilitarismo se convirtió en el órgano rector.

    La máxima del paramilitarismo fue la refundación del país, lo que en otros términos se traduce como la transformación de las estructuras del Estado. Pero esta transformación no solo tenía como objetivo la aniquilación, a sangre y fuego, del enemigo, sino también la toma de las instituciones sobre las que se apoyaba ese Estado. De ahí que un abanico de organismos estatales como alcaldías, gobernaciones, concejos municipales, Policía, Ejército y justicia fueran infiltradas con la anuencia de autoridades regionales que no solo le abrieron las puertas de sus despachos a estos nuevos padres de la patria, sino que también incidieron en las posteriores masacres de campesinos, el desplazamiento forzado de miles de estos y las amenazas sistemática de muerte de todos aquellos que se les opusieron.

    Las recientes denuncias hechas por el representante y senador electo Iván Cepeda sobre la presencia de grupos paramilitares en la toma de decisiones administrativas de varias universidades del país, no son nuevas. En el 2010, un grupo de desmovilizados del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia le contó en versión libre a un fiscal cómo en 2004 el Frente Mártires del Valle de Upar convirtió, con el respaldo de las autoridades locales [alcalde, gobernador y el director de DAS seccional] a la Universidad Popular del Cesar en su caja menor. Su poder llegó a tal nivel que no solo nombraban y quitaban rectores a su antojo sino que tampoco se tramitaba un documento sin la autorización de alias “Jorge 40”, quien ordenó el aumento del valor de la matrícula y alzas sistemáticas del canon semestral.

    Para nadie es un secreto que al año de la llegada de Uribe al poder, las universidades públicas del país entraron en crisis, las intenciones de privatización empezaron a concretarse y el paramilitarismo se convirtió en el órgano rector de la educación superior en Colombia. La Universidad del Atlántico vivió quizá el momento más desastroso de su historia, pues el Bloque Norte amenazó de muerte a más 800 sindicalistas, persiguió a más de 1000 estudiantes, asesinó a 20 de estos y masacró a 17 profesores, todo bajo el consentimiento de la administración del alma máter y de las autoridades locales que siempre miraron para el otro lado.

    El miedo a opinar, a expresar los desacuerdos sobre cómo se tomaban las decisiones en la universidad, invadió las aulas, los pasillos y hasta la sala de los profesores. Uno de los 17 asesinados fue el docente Alfredo Martín Castro Haydar, quien desempeñó también funciones administrativas y que un día de 0ctubre de 2000 varios disparos impactaron su humanidad y por cuyo crimen fue condenado el exparamilitar Hernán Giraldo Serna, jefe del frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia.

    No es de extrañar entonces que fuera en Córdoba, la cuna del paramilitarismo en Colombia, que los profesores de la universidad pública que se oponían a la gestión de rectores impuestos por Castaño y Mancuso fueran asesinados como ejemplo para todos aquellos que protestaban en los corredores y plazas del primer centro de educación superior del departamento. Por decir que las directivas de la universidad debían escogerse democráticamente, es decir, por elecciones internas, las balas acabaron una tarde con la vida del profesor Francisco Aguilar Madera. Un año más tarde los mismos pistoleros acribillaron a Alberto Alzate Patiño y, poco después, una ráfaga de ametralladora cegó la vida de Misael Díaz Urzola porque expresó abiertamente que los representantes de los estudiantes ante los distintos estamentos de la universidad debían escogerse mediante elección popular y no a dedo.

    Los estudiantes que se manifestaron en contra de los asesinatos de sus profesores, tuvieron que abandonar sus carreras y salir del país porque sus nombres encabezaban una lista que se hizo correr por toda la ciudad. La respuesta, sin duda, fue una estampida. Las denuncias ante la Fiscalía no dieron resultados y algunos chicos fueron secuestrados y liberados más tarde con la consabida advertencia.

    Poco antes de la reelección del presidente Uribe, el rector de la Universidad del Magdalena, Juan Carlos Dib Diazgranados, fue interceptado, de regreso a su casa, por un par de hombres fuertemente armados que le comunicaron que ‘Jorge 40’ le ordenaba abandonar la rectoría. Para demostrarle que las amenazas iban en serio, días después tirotearon a Hugo Maduro, un joven líder estudiantil, cercano a Dib Diazgranados.

    Siguieron con Julio Otero Muñoz, vicerrector de investigaciones, y poco después una ráfaga de tiros acabó con la vida de Roque Morelli, decano de educación. Según un informe de agosto de 2007 de la Revista Cambio, la presión ejercida sobre el rector estaba relacionada con los 60 mil millones de pesos que serían girados para el presupuesto 2008 del alma máter y la escogencia de un nuevo rector que estuviera a la altura del proyecto político paramilitar: la refundación del Estado.

    Sin duda, no nos alcanzaría este espacio para ilustrar con ejemplos los numerosos hechos de sangre de que han sido víctimas los estudiantes, profesores, sindicalistas y administrativos de las universidades públicas del país. No nos alcanzaría para nombrar los muertos de la Nacional de Bogotá, ni los masacrados y desaparecido de la Universidad de Antioquia, ni la Pedagógica Nacional, ni la Distrital Francisco José de Caldas. Y no nos alcanzaría porque la lista es larga y el río de sangre desborda su propia orilla.

    Reza un adagio de que los pueblos se merecen a sus gobernantes, aunque creo que nadie se merezca morir por uno de estos. Pero no hay duda de que la historia podría repetirse si por esas cosas de nuestra torcida y estomacal democracia, un emisario de Álvaro Uribe llega al poder. El fatídico ‘baile rojo’ podría reiniciar su ritmo acelerado y llevarse consigo lo que, hasta ahora, no había podido.

    author by CNAIpublication date Mon Jun 23, 2014 20:01Report this post to the editors

    La Fiscalía 13 de Justicia y Paz está reconstruyendo los hechos en torno a la toma de institución académica por parte del paramilitarismo. La documentación deja claro cómo desde La Capilla, finca de Salvatore Mancuso, se nombraron y destituyeron rectores, y se dictaron las políticas universitarias y laborales.

    Luego de infiltrar con éxito las entidades gubernamentales y los organismos de seguridad cordobeses, Salvatore Mancuso emprendió un macabro plan para tomarse el poder de la Universidad de Córdoba. Y lo logró. En su empeño, dejó una dolorosa estela de muerte y desarraigo de la cual aún no se recupera este claustro universitario.

    Este es, quizás, uno de los capítulos más dolorosos de las acciones paramilitares en este departamento que, gracias a las confesiones de ex integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, entre ellos el propio Mancuso, así como a los relatos de los sobrevivientes de aquella inclemente persecución, la opinión pública puede conocer en detalle lo que pasó en el Alma Mater entre los años 1998 y 2004.

    La exhaustiva labor de documentación que viene realizando la Fiscalía 13 de Justicia y Paz, con sede en Montería y encargada de investigar los crímenes de los bloques que ejercieron su dominio en tierras cordobesas, permite conocer aspectos inéditos de esta historia. Varios de estos pormenores fueron presentados recientemente en audiencia ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín.

    Uno de ellos guarda relación con la polémica elección de Claudio Sánchez Parra como rector de la Universidad de Córdoba. Parra Sánchez fue designado como rector por el Consejo Superior Universitario tras la renuncia de Víctor Hugo Hernández Pérez, el 4 de junio de 2002. Para aquel año ya era un secreto a voces que la agenda universitaria era trazada por Mancuso desde su finca La Capilla.

    Y no andaban equivocados. Las indagaciones de la Fiscalía 13 han permitido ratificar que tanto el nombramiento de Sánchez Parra como la renuncia de Hernández Pérez se dieron por orden del exjefe paramilitar. Él fue quien diseñó varias de las políticas para este centro universitario entre 2000 y 2004, como la renegociación de la convención colectiva del sindicato, la eliminación del servicio de salud universitario, el congelamiento de los aumentos salariales a los docentes por obtención de méritos académicos, entre otros.

    Paradójicamente, varias de estas medidas, según lo dijo el Fiscal 13 de la Unidad de Justicia y Paz, fueron aplaudidas en su momento por el Ministerio de Educación e, incluso, fueron referenciadas como modelo a seguir por otras universidades públicas con problemas de sostenibilidad financiera.

    Lo que también fue un modelo replicado en otras universidades públicas de la Costa Caribe y del interior del país, como lo pudo documentar el Ente acusador, fue la sangrienta arremetida de facciones paramilitares contra estudiantes y profesores sindicados de ser “simpatizantes o auxiliadores de guerrilla”.

    author by Verdad Abiertapublication date Mon Jun 23, 2014 20:07Report this post to the editors

    La Fiscalía 13 de Justicia y Paz está reconstruyendo los hechos en torno a la toma de institución académica por parte del paramilitarismo. La documentación deja claro cómo desde La Capilla, finca de Salvatore Mancuso, se nombraron y destituyeron rectores, y se dictaron las políticas universitarias y laborales.

    Luego de infiltrar con éxito las entidades gubernamentales y los organismos de seguridad cordobeses, Salvatore Mancuso emprendió un macabro plan para tomarse el poder de la Universidad de Córdoba. Y lo logró. En su empeño, dejó una dolorosa estela de muerte y desarraigo de la cual aún no se recupera este claustro universitario.

    Este es, quizás, uno de los capítulos más dolorosos de las acciones paramilitares en este departamento que, gracias a las confesiones de ex integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, entre ellos el propio Mancuso, así como a los relatos de los sobrevivientes de aquella inclemente persecución, la opinión pública puede conocer en detalle lo que pasó en el Alma Mater entre los años 1998 y 2004.

    La exhaustiva labor de documentación que viene realizando la Fiscalía 13 de Justicia y Paz, con sede en Montería y encargada de investigar los crímenes de los bloques que ejercieron su dominio en tierras cordobesas, permite conocer aspectos inéditos de esta historia. Varios de estos pormenores fueron presentados recientemente en audiencia ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín.

    Uno de ellos guarda relación con la polémica elección de Claudio Sánchez Parra como rector de la Universidad de Córdoba. Parra Sánchez fue designado como rector por el Consejo Superior Universitario tras la renuncia de Víctor Hugo Hernández Pérez, el 4 de junio de 2002. Para aquel año ya era un secreto a voces que la agenda universitaria era trazada por Mancuso desde su finca La Capilla.

    Y no andaban equivocados. Las indagaciones de la Fiscalía 13 han permitido ratificar que tanto el nombramiento de Sánchez Parra como la renuncia de Hernández Pérez se dieron por orden del exjefe paramilitar. Él fue quien diseñó varias de las políticas para este centro universitario entre 2000 y 2004, como la renegociación de la convención colectiva del sindicato, la eliminación del servicio de salud universitario, el congelamiento de los aumentos salariales a los docentes por obtención de méritos académicos, entre otros.

    Paradójicamente, varias de estas medidas, según lo dijo el Fiscal 13 de la Unidad de Justicia y Paz, fueron aplaudidas en su momento por el Ministerio de Educación e, incluso, fueron referenciadas como modelo a seguir por otras universidades públicas con problemas de sostenibilidad financiera.

    Lo que también fue un modelo replicado en otras universidades públicas de la Costa Caribe y del interior del país, como lo pudo documentar el Ente acusador, fue la sangrienta arremetida de facciones paramilitares contra estudiantes y profesores sindicados de ser “simpatizantes o auxiliadores de guerrilla”.(Ver: Los crímenes de Mancuso en la Universidad de Córdoba http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/versiones/5...rdoba )

    VerdadAbierta.com reconstruye apartes de esta historia, profundizando en detalles hasta ahora poco conocidos.

    El escogido

    Según el Ente Investigador, la renuncia del rector Víctor Hugo Hernández Pérez se dio luego que fuera citado por el exjefe paramilitar a La Capilla, junto con otros directivos universitarios, para que rindieran cuentas.

    “El rector (Hernández) había celebrado contratos y nombrado funcionarios sin el beneplácito de Mancuso, quien vio esto como un acto de desobediencia o insubordinación. Mancuso no le dio más opción al rector: o renunciaba o se atenía a las consecuencias. Fue así como se produjo su renuncia”, relató el Fiscal ante el Tribunal.

    Lo curioso es que Hernández Pérez había sido “ungido” por el propio Mancuso dos años antes para que llevara las riendas de la Universidad. Ver: La toma de la Universidad de Córdoba). El exjefe paramilitar ya había enviado mensajes claros que necesitaban una persona funcional al paramilitarismo. Y fue así como presionaron y amenazaron al entonces rector Eduardo González Rada para que retirara su aspiración de reelección a la rectoría. Las intimidaciones se extendieron al entonces vicerrector académico, Alberto Mestre Pineda, quien también dimitió de su aspiración al cargo de rector.

    Apareció entonces Hernández Pérez, director del Centro Regional de Educación a Distancia (Cread) quien terminó disputando la rectoría con Habib Barrera. Hernández ganó la consulta entre los estudiantes y profesores con casi el 53 por ciento de los votos, seguido de Barrera, que superó el 30 por ciento. El Consejo Superior de la institución tenía que definir entre estos dos aspirantes que pasaron el umbral. Hoy, la Fiscalía 13 ha logrado determinar que el Consejo Superior de aquel entonces recibió llamadas intimidantes para que votaran por Hernández Pérez, quien a la postre fue designado rector de la Universidad de Córdoba el 12 de agosto de 2000.

    Con su designación comenzaba a consolidarse la sangrienta toma paramilitar del claustro universitario que inició el 19 de marzo de ese año con el asesinato de Pedro Esteban Manotas Olascoaga, estudiante de décimo semestre de ciencias sociales y dirigente estudiantil. El día 28 de ese mismo mes, mientras viajaban con otros universitarios a un encuentro académico en la ciudad de Santa Marta, fueron sacados a la fuerza del vehículo en que se movilizaban los estudiantes Carlos Julio Ramírez y Javier Hernández. Los hombres de Mancuso los liberaron días después con un aterrador mensaje: estudiantes, trabajadores sindicalizados y profesores debían cesar con toda protesta.

    Para que no quedara duda que las advertencias iban en serio, el 1 de abril fue asesinado el estudiante Eduardo Enrique Hernández. Una semana después caería abatido el docente James Antonio Pérez, miembro de la Asociación de Profesores Universitarios (Aspu). Dos líderes estudiantiles más perderían la vida en mayo a manos de los paramilitares: Sheila María Olascoaga y Marly María de la Osa Quiñones. A los asesinos nos les importó que Marly estuviera en su séptimo mes de embarazo.

    La muerte volvería a alcanzar a la comunidad universitaria el 21 de septiembre. Ese día fueron secuestrados el profesor y miembro de Sintraunicol, William Enrique Aguirre y su hijo menor de edad, quien fue liberado horas después. El 8 de octubre sería encontrado el cuerpo sin vida del docente en zona despoblada a las afueras de la ciudad de Montería.

    Una semana antes, el 10 de septiembre, ocurriría uno de los sucesos que más conmocionó a la comunidad académica cordobesa: el asesinato del profesor Hugo Alfonso Iguarán, excandidato a la rectoría de la Universidad. Iguarán ya había sobrevivido a un atentado contra su vida, perpetrado el 12 de mayo en la ciudad de Montería. Sobre su muerte aún ronda un gran misterio, toda vez que se produjo en la residencia del recién posesionado rector Hernández Pérez.

    Según la versión que años después entregó a la justicia, Hernández había citado a Iguarán a su casa para comentarle que pensaba nombrarlo vicerrector académico y que en ningún momento le tendió trampa alguna. Pero la justicia le dio crédito a la versión de varios exparamilitares, entre ellos a Jorge Andrés Medina Torres, alias “Brayan”. Fue así como el 23 de agosto de 2010, el Juzgado 10 Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a 35 años de prisión a Hernández Pérez como determinador del homicidio del docente Iguarán.

    El exrector nunca estuvo presente en la etapa de juicio y hoy continúa huyendo de la justicia, mientras se resuelve la apelación que presentaron sus abogados al fallo de primera instancia. (Ver: Condenan ex rector de Unicórdoba a 35 años de cárcel por homicidio de profesor http://www.verdadabierta.com/politica-ilegal/parapoliti...fesor )

    En entrevista exclusiva concedida en marzo de 2013 a VerdadAbierta.com, Hernández Pérez declaró su inocencia y las razones por las cuales permanece prófugo de la justicia (Ver: “Me fugué para salvar mi vida”: ex rector de la Universidad de Córdoba http://www.verdadabierta.com/politica-ilegal/el-estado-...rdoba ). A su vez, Mancuso ha declarado ante fiscales de Justicia y Paz, desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos, que Hernández Pérez no tuvo nada que ver con el asesinato de Iguarán.

    La reunión en Santa Fe de Ralito

    Antes de su renuncia, y por petición expresa de Mancuso, Hernández Pérez logró sacar avante una modificación al proceso de elección del cargo de rector, eliminando la consulta interna entre estudiantes y docentes, y dejando la designación solo en los nueve miembros del Consejo Superior Universitario.

    Fue así como bastaron ocho de nueve votos para designar a Claudio Sánchez Parra, quien venía adelantando el estudio de viabilidad financiera de la Universidad, como rector encargado mientras se realizaban nuevas elecciones con un abanico más amplio de postulados. Lo documentado por la Fiscalía 13 de Justicia y Paz sobre lo que ocurrió después deja claro que, para ese momento, el paramilitarismo había logrado su cometido de tomarse el principal centro universitario de Córdoba.

    A principios de 2001, Mancuso citó a los representantes de los trabajadores sindicalizados y los profesores universitarios a una reunión en su finca La Capilla. Ante la negativa de estos, la orden fue perentoria: “o vienen o vamos por ustedes”. Sin más alternativa, los miembros de la comunidad universitaria acudieron a la cita acompañados de un delegado de la Defensoría del Pueblo.

    Al llegar al lugar acordado se encontraron no solo con decenas de hombres armados, sino también con el pleno del Consejo Superior, integrado en aquel entonces por Félix Manzur Jattin, quien además es familiar del exparamilitar Salomón Feris Charid (alias O8), Hugo Ordoñez, Norman Espinoza Nieto, Alicia Cogollo, Jorge Ortega Montes, Jaime Durango Vertel, Rafael Dager, Carlos Castaño Puente y John Jairo Gómez.

    Momentos después se les uniría el exjefe paramilitar, quien llegó al lugar en una camioneta acompañado por su guardia personal y el rector encargado Claudio Sánchez Parra. Allí, Mancuso justificó las acciones de las Autodefensas en la Universidad. Les dijo a los presentes que para salvar el claustro universitario había que renegociar la convención colectiva con los sindicatos, acabar con el fondo de salud universitario y evitar, a como diera lugar, las protestas de estudiantes y trabajadores.

    No se trató de una “lluvia de ideas”: antes de culminar la reunión les dio un plazo perentorio de tres meses para cumplir con estas directrices y propuso que se nombrara a Sánchez Parra como rector en propiedad. Y efectivamente, ya como máxima autoridad universitaria, Sánchez Parra comenzó a dar cumplimiento a lo que se conoció en la Universidad como la “agenda de Ralito”.

    A los trabajadores sindicalizados se les desconoció sistemáticamente gran parte de los puntos de la convención colectiva; se eliminaron buena parte de los beneficios que los trabajadores universitarios tenían hasta entonces, se redujo al máximo el auxilio de transporte destinado a estudiantes cuando querían viajar a otras ciudades; se negaron reconocimientos salariales para quienes obtenían algún título profesional; y se abrieron procesos contra sindicalistas que decidieron convocar asambleas, entre otros.

    Sánchez Parra fue detenido por agentes del CTI de la Fiscalía en diciembre de 2008 para que enfrentara varias investigaciones penales derivadas de las confesiones de Mancuso ante los fiscales de Justicia y Paz. Actualmente goza del beneficio de casa por cárcel, mientras su proceso avanza en la justicia ordinaria. En entrevista realizada por la Fiscalía 13 de Justicia y Paz presentada ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, Sánchez Parra dijo que, como sus antecesores, fue víctima de presiones y amenazas, al igual que su familia.

    “A mí me llamaron para que fuera a una reunión en Santa Fe de Ralito, que si no, tendría que asumir las consecuencias”, dijo Parra a los fiscales de Justicia y Paz y añadió que dado que venía adelantando, desde años antes de su posesión como rector, un estudio sobre la viabilidad financiera de la Universidad, encontró que para que esta fuera sostenible económicamente había que tomar medidas como las que decretó; además, aclaró que en ningún momento estuvieron influenciadas por las directrices de las Auc y que, incluso, fueron reconocidas a nivel nacional.

    En la actualidad la Universidad de Córdoba enfrenta una demanda de los trabajadores por vulnerar derechos laborales adquiridos. Por su parte, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín solicitó todas las actas del Consejo Superior Universitario donde se discutió la elección de Sánchez Parra.

    De otro lado, el centro académico cordobés hace parte de los casos de reparación colectiva que prepara la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas ( http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/asesinato...erdad ). Y si bien el exjefe paramilitar ha confesado, desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos, su responsabilidad en los hechos ocurridos en el Alma Mater, sus víctimas, todos ellos docentes y universitarios, esperan que para ellos llegue más verdad y más justicia.

    Related Link: http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/juicios/659...rdoba
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    Venezuela / Colombia | Represión / presos | es

    Sat 20 Dec, 19:59

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    imageLibertad para el compañero Edwin Lugo Caballero y los demás lideres de ASTRACATOL Jun 28 0 comments

    Edwin Lugo Caballero es un líder de la Asociación de Trabajadores del Campo de Tolima (ASTRACATOL) detenido arbitrariamente el 20 de Noviembre del 2011, por su trabajo político y a las diferentes campañas de sensibilización que adelantaba en contra del proyecto hidroeléctrico de la multinacional ISAGEN.

    imageColombia:CNA-Desde Adentro llama a generar solidaridad internacional con la jornada de desobediencia Aug 22 Desde Adentro 0 comments

    Nota CNA-GB: este pequeño texto lo escribieron los compas de la CNA- Desde Adentro, nos sumamos a este documento y esperamos que en diversas latitudes aquellos y aquellas que están en pie de lucha contra las cárceles, la explotación y el capital hagan actos de solidaridad y rebeldía tanto para con los compas de la CNA- Desde Adentro como para los presos políticos, prisioneros de guerra y presos sociales que están en esta jornada.

    imageSolidaridad con FRIO y sus integrantes encarcelados Aug 08 FARV 0 comments

    La FARV se solidariza con el FRENTE REVOLUCIONARIO DE INQUILINOS Y OCUPANTES (FRIO) y sus integrantes encarcelados.

    imagePresos Colombianos crean la Cruz Negra Anarquista Desde Adentro Jul 26 Cruz Negra Anarquista Bogotá 0 comments

    Nota CNA-BOGOTA/GB: Si deseas mandar cartas, noticias, saludos a los compas lo puedes por medio del correo electrónico cruznegrabogota@riseup.net. A su vez invitamos a los grupos e individualidades que trabajan con presos anarquistas en diversos sitios del mundo a que vean la posibilidad de generar correspondencia entre los compas colombianos y los otros presos anarquistas, rompamos la incomunicación.

    imageSaludos de la CNA-GB a acto por la libertad de los presos políticos colombianos en Dublín Dec 08 Grupo Bifurcación 0 comments

    El 6 de Diciembre se realizó en Dublín un acto por la libertad de los presos políticos colombianos, el cual fue co-organizado por Justicia para Colombia y el Grupo Raíces de solidaridad con las luchas populares colombianas. En este acto, que tuvo lugar en el local del pricipal sindicato irlandés ante una nutrida asistencia de alrededor de 60 personas, tomó la palabra la ex presa política Rosalba Toro Gaviria. Ella es dirigenta de la principal organización campesina colombiana, Fensuagro, y pasó 27 meses en prisión acusada de "rebelión" sin ninguna prueba en su contra. Finalmente, tras mucha presión internacional, fue liberada en Junio. Reproducimos el saludo enviado al acto por los compañeros de la Cruz Negra Anarquista-Grupo Bifurcación, desde Bogotá. Este mensaje es un recuerdo de la situación represiva que enfrentan los luchadores sociales en Colombia y la cual se deteriora día a día. Esta dramática situación requiere urgentemente de nuestra solidaridad y de visibilizar las vejaciones a que son sometidos los entre 7.500 y 9.500 presos políticos y de guerra que hay en Colombia.

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