Se Impuso La Voluntad Popular: ¡ D.L. 1090 Y D.L.1064 Derogados!

¿VICTORIA POPULAR O PLAN DE REPLIGUE?

En una sesión histórica para las comunidades nativas de la selva, donde han probado el poderío de su protesta, se ha logrado un triunfo momentáneo frente al Estado, convertido en mero “martillero”, al servicio de las transnacionales imperialistas, principalmente norteamericanas. Así, la derogatoria de los dos principales decretos legislativos (D.L. 1090 y D.L. 1064) han dado paso a la discusión del resto del “paquete” de normas que entregan a la voracidad imperialista los recursos existentes en los territorios de las comunidades nativas. Pese a que este hecho es celebrado con algarabía por las comunidades, porque se ha logrado frenar -de momento- a la bestia capitalista, sin embargo, lo real es que ya los territorios nativos han sido “lotizados” a favor de las grandes transnacionales de hidrocarburos. Una serie de decretos supremos emitidos desde los últimos años del anterior gobierno, y ya desde los primeros días del actual régimen, han concesionado los recursos naturales, como más adelante detallaremos.

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SE IMPUSO LA VOLUNTAD POPULAR: ¡ D.L. 1090 Y D.L.1064 DEROGADOS!

¿VICTORIA POPULAR O PLAN DE REPLIGUE?

En una sesión histórica para las comunidades nativas de la selva, donde han probado el poderío de su protesta, se ha logrado un triunfo momentáneo frente al Estado, convertido en mero “martillero”, al servicio de las transnacionales imperialistas, principalmente norteamericanas. Así, la derogatoria de los dos principales decretos legislativos (D.L. 1090 y D.L. 1064) han dado paso a la discusión del resto del “paquete” de normas que entregan a la voracidad imperialista los recursos existentes en los territorios de las comunidades nativas. Pese a que este hecho es celebrado con algarabía por las comunidades, porque se ha logrado frenar -de momento- a la bestia capitalista, sin embargo, lo real es que ya los territorios nativos han sido “lotizados” a favor de las grandes transnacionales de hidrocarburos. Una serie de decretos supremos emitidos desde los últimos años del anterior gobierno, y ya desde los primeros días del actual régimen, han concesionado los recursos naturales, como más adelante detallaremos.

Arrinconados como ratas, al descubierto sus planes y manchadas sus manos de sangre, el gobierno aprista, doblemente genocida, ha tenido, que retroceder –al menos por ahora- en su pretensión de seguir subastando al Perú, a costa del despojo, ya no sólo de la plusvalía del trabajador, sino del propio hábitat y territorio de su pueblo, en especial las comunidades campesinas y nativas.

LA DEROGATORIA DE LOS D.L. 1090 Y D.L. 1064

El jueves 18 de junio, durante una maratónica sesión del Pleno del Congreso de la República del Perú, se votó la derogatoria del Decreto Legislativo 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre; y del D.L. 1064, régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario, de acuerdo a un proyecto de Ley que con carácter de urgencia presentara el propio Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Dicho proyecto era la concreción de un Acuerdo firmado días atrás por el Premier Yehude Simon Munaro y representantes de diversas comunidades nativas de las zonas en conflicto.

En realidad, no le quedaba ninguna otra salida al gobierno. Cuando aun Simon se negaba ante la prensa a derogar los decretos, tras perpetrarse la mayor de las masacres de la historia actual del Perú, la bancada del Partido Nacionalista Peruano había presentado una moción de interpelación contra Simon y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, congresista de las filas del Partido Aprista Peruano. Esto ocurrió al mediodía del 11 de junio, justamente en el entretiempo en que los nacionalistas celebraban su aparente victoria en su protesta contra el oficialismo.

Como reseñamos en una información anterior (ver) ese día, la Sesión del Pleno del Congreso, fue “saboteada” por la protesta de 7 congresistas de dicha bancada, que permanecían sentados en medio del Hemiciclo desde la noche anterior, en reclamo a la suspensión del debate de la derogatoria de los D.L. 1090 y 1064, producida en la sesión de la víspera, por una maniobra del aprismo en contubernio con el fujimorismo y la rancia derecha tradicional (Unidad Nacional). La Mesa Directiva del Congreso, presidida por el aprista Javier Velásquez Quesquén, pretendió aplicar una sanción de suspensión por 120 días a los protestantes, pero al no darse el “quórum” para la votación, suspendió la sesión hasta la semana siguiente.

Como hay se mencionó, los nacionalistas dieron una “victoriosa” conferencia de prensa en el Congreso y presentaron una moción de interpelación. Sin embargo, en horas de la tarde otra increíble maniobra política -en la que son expertos los apristas-, se convoca el Pleno nuevamente y en menos de 5 minutos y con el voto de los fujimoristas y la derecha decimonónica, se vuelve a presentar la propuesta de suspensión y se sanciona. El resultado: afuera 7 parlamentarios de la oposición.

Sin embargo, cabe señalar que antes de los luctuosos hechos, el 4 de junio, ya se había registrado una moción de interpelación contra Simon, presentada por Unidad Nacional, los nacionalistas, el fujimorismo y otros grupos políticos en el Congreso, por la intervención del gobierno contra Panamericana Televisión (importante medio televisivo nacional), a través de la entidad estatal Sunat (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria). Entonces ya se le acumulaban dos pedidos de interpelación, que es el primer paso a la censura al Gabinete Ministerial. Una mancha gigantesca en el currículum de Yehude simon, quien no ha escondido nunca sus pretensiones presidenciales para el 2011.

Además ya había fracasado en su intento de pretender tomar el control de la situación y comprometer la representatividad del movimiento nativo a través de mecanismos de cooptación y entrampamiento como la denominada “mesa de diálogo”. De esta manera la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) expidió el Decreto Supremo.

Entonces, el horror frente a los hechos acontecidos en la Selva sirve de pretexto a los fujimoristas y la derecha tradicional para marcar distancias del desprestigiado gobierno y señalar en particular al Premier como el directo responsable por su intransigencia en el diálogo. Esto permitía allanar el camino para la interpelación y segura censura del Gabinete Simon. Eso lo sabía perfectamente el ex alto mando y vocero legal del MRTA, hoy “demócrata, humanista” muy bien adiestrado. Bueno, ya se ha quitado la careta. El autoritario siempre lo será, sea que vire a la “derecha” o a la “izquierda”.

Por ello, más por táctica política que por convencimiento del “error”, al igual que el partido de gobierno, el partido más oportunista en la historia republicana de Sudamérica, comprendieron que ya no podían nadar contra la corriente. La contundencia de la protesta, y la solidaridad activa tanto a nivel nacional como internacional hizo su gran parte. Así fue como se obligó a que el Gobierno acepte dar marcha atrás y presentar un proyecto para derogar los dos principales decretos de todo el paquete.

Con esa promesa acudió Simon a dialogar finalmente con algunos dirigentes nativos, no con los 390 Apus que ha dicho. Jamás se reunió con todos ellos.

CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA AUN SE MANTIENE

Cabe aquí hacer una atingencia, para comentar los pormenores del Acta de Acuerdo entre el gobierno y los nativos.

La cita fue en la localidad de San Ramón (Chanchamayo-Junín), el 15 de junio, donde a nombre del Ejecutivo firmaron el “acta de entendimiento”, el Premier Yehude Simon; el Ministro del Ambiente, Antonio Brack; el ministro de Agricultura, Carlos Leyton; el ministro de Salud, Oscar Ugarte; el Jefe del Gabinete de Asesores de la PCM, Javier Málaga; el Secretario de Coordinación de la PCM, Juan Figueroa; y la Secretaria de Coordinación de la PCM, Ronald Ibarra.

Por el Gobierno Regional de Junín, firmaron el titular, Vladimiro Huaroc; y el Gerente de Desarrollo Social, Walter Angulo Mera. También el alcalde de San Ramón, Willy Hamar Astete, el representante de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, Rubén Calderón, y el Gobernador de San Ramón, Moisés Uribe. Además, estuvo presente Gustavo Mendoza de la Defensoría del Pueblo de Chanchamayo y Mario Jerí, Comisionado para la Paz de Chanchamayo.

Por parte de los indígenas estuvieron presentes:

Lidia Rengifo, Coordinador de la Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central (Vocera Oficial), Percy Amaro, Presidente de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central, David Cochache, vocero oficial, Fernando Rivas, de la Federación de Comunidades Nativas Ashaninkas del Bajo Perené, Mario Flores, del KANUJA, Héctor Santos, de la Asociación de Nacionalidades Ashaninkas del Pichis, José Rojas, Presidente de OCAR, Antonio Martínez, Presidente de CONAVANSAT, David Barboza, delegado de OARA, Lindon Pishagua, Dirigente de UNAY, y Luis Fernández, Presidente de AYACURIS YANESHA.

Los acuerdos fueron los siguientes:

“1.- El Ejecutivo se compromete a tramitar ante el Poder Legislativo la derogatoria de los Decretos Legislativos 1090 y 1064, en el plazo más breve posible: (antes del jueves 18 de junio del presente año) y los otros Decretos Legislativos relacionados a la demanda de las Comunidades Nativas se discutirán en el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos que se instalará el día martes 16 de junio del presente, a las 6:00 PM.

2.- Los representantes de las Comunidades Nativas, plantean que levantarán el bloqueo de la carretera por el lapso de 4 horas, coordinándose con la PNP, cada día, hasta que se derogue los Decretos Legislativos.

3.- Los representantes de las Comunidades Nativas se constituirán en la ciudad de Lima, para incorporarse al Grupo de Trabajo el día 16 de junio del presente.

4.- Por otro lado se garantiza la participación en el diálogo de AIDESEP y de todas las otras organizaciones representativas de las Comunidades Nativas.

5.- Se encarga al grupo de Trabajo estudiar los mecanismos de consulta establecidos mediante el Convenio 169 de la OIT.

6.- El Poder Ejecutivo se compromete a garantizar el trabajo de los núcleos ejecutores de FONCODES con participación de las Comunidades Nativas.

7.- El Grupo de Trabajo debatirá la pertinencia del Proyecto Paquizapango.

8.- La delegación del Poder Ejecutivo reconoce que la protección de los bosques es una tarea urgente e impostergable para lo cual propone que el Grupo de Trabajo asuma una agenda conjunta con los pueblos nativos para impedir la depredación de la Amazonía.

9.- Se acuerda expresar la solidaridad y asumir la atención de los heridos por los sucesos de violencia ocurridos en Bagua.

10.- El Ejecutivo anuncia que existe la voluntad del Gobierno a levantar el estado de emergencia en Bagua, en cuanto se deroguen los Decretos Legislativos cuestionados y se levanten la toma de carreteras.

11.- Las autoridades y los dirigentes de las Comunidades Nativas, saludan el trabajo de la Policía Nacional del Perú, por su comportamiento profesional y responsable en las medidas de fuerza asumidas por las comunidades.”

Lamentablemente un análisis de los “11 puntos” evidencia que más allá de lograr la derogatoria de los D.L. 1090 y 1064, además de la discusión de los demás decretos cuestionados, esto solo servirá al gobierno para ganar tiempo, y con Yehude o sin él, y con el D.L. 1090 y 1064, el hecho es que existen toda una serie de resoluciones y decretos que establecen convenios ya firmados por el gobierno para la sesión de lotes que abarcan prácticamente toda la Selva peruana, a empresas transnacionales, para la exploración y explotación de sus recursos.

Sea con los eufemismo que sea, con el maquillaje tecnócrata o sin él, la venta de las tierras es un hecho que está íntimamente ligado a la ejecución del propio Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, y los que se firmen con los demás países con pretensiones imperialistas de la Comunidad Europea y de Asia.

La participación de los representantes de las comunidades y del propio AIDESEP, en el Grupo de Trabajo no es un logro, ya estaba determinado ello en el propio Decreto que aprobó la PCM y que ignoró Pizango. Un logro hubiera sido el que se amnistíe o se lograse la inmunidad para sus dirigentes perseguidos por la represión, pese a la justicia de su causa, ampliamente reconocida con esta derogatoria consumada.

Pizango está en Nicaragua, pero el Gobierno ha anunciado que se reserva el derecho de pedir su extradición posteriormente. El Apu Santiago Manuin (quien ganara el premio Reina sofia por la paz), acribillado por la policía y abandonado al creérsele muerto apareció vivo y aferrándose a la vida en un hospital. Ahora el gobierno ha firmado una orden de captura contra él. Es decir, apenas se restablezca o esté más estable su salud, será detenido y no podrá dar su versión sobre como empezó la masacre. Nada respecto a la situación de los dirigentes y a la persistente criminalización de la protesta hay en el Acta. Entonces no estamos ante un logro completa o real, sino ante una simple concesión.

El punto más grave –creemos- es el que se refiere a que “las autoridades y los dirigentes de las Comunidades Nativas, saludan el trabajo de la Policía Nacional del Perú, por su comportamiento profesional y responsable en las medidas de fuerza asumidas por las comunidades”. Es decir, los dirigentes nativos agradecen y saludan la masacre perpetrada por las fuerzas represivas contra sus hermanos.

¿Han pensado los dirigentes en que si prospera una comisión investigadora o una “comisión de la verdad” para el caso de los sucesos de Bagua del 5 de junio del 2009, y evidenciarse que se cometieron delitos de lesa humanidad, habrá un documento oficial en que los mismos dirigentes nativos desmienten de alguna forma esa versión?

No les podemos achacar a nuestras comunidades el preocuparse por la seguridad e integridad de su cotidianidad y su organización ancestral, alterada por la irrupción de las transnacionales, de las instituciones opresivas y represivas del Estado. Es la primera vez que han acometido un enfrentamiento frontal contra el principal enemigo de la libertad, el Estado. No han salido mal parados. Han pagado el costo social necesario para crecer en experiencia de luchas. Y seguramente lo harán mejor la próxima vez.

EL DEBATE EN EL CONGRESO

Ahora bien, volviendo al tema del Pleno en el Parlamento del jueves 18, es necesario mencionar que tras un largo debate, el Pleno del Congreso derogó los ominosos decretos legislativos 1090 y 1064, por 82 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención; siendo exonerada de la segunda votación.

Tal como lo anunciaron, la derecha tradicional representada en Unidad Nacional (UN) votó en contra de la derogatoria, tal como lo habían anunciado previamente y culpó al gobierno de ”dejarse ganar y no poner mas mano dura para cuidar las inversiones privadas extranjeras”.

El congresista de UN, Javier Bedoya de Vivanco, dio a conocer este acuerdo. “Votaremos porque las leyes se mantengan. Es una actitud solitaria pero principista, pero sabemos que derogando estamos sentando un nefasto precedente, de haber convalidado la toma de vías, y hoy se anuncia que para mañana en la noche los mineros de la Oroya tomarán Carretera Central”. Queda claro los intereses politicos y económicos que defiende su partido pro-imperialista.

En tal sentido evidenció los principales temores de la derecha peruana actualmente ante un posible desborde popular. Además, reiteró en la posición de la derecha nacional a favor del capital extranjero, al decir que “es evidente que no se realizó la consulta, pero ello no convierte a esas leyes en inconstitucionales porque la actual Constitución no le otorga rango superior a los Convenios Internacionales, en todo caso se ha infringido una violación de carácter legal pero no se ha violado la Carta Magna”.

Por su parte, el congresista aprista César Zumaeta se refirió al mensaje presidencial de la noche anterior, dado por su líder, el mandatario Alan García que “da tranquilidad necesaria” al país, en la medida que “es necesario recuperar la estabilidad en medio de un camino de paz y reconciliación”. Toda una mentira populista muy tipicos del reaccionario partido de gobierno.

De parte de la bancada fujimorista, el que expresó más claramente el estado de ánimo fue el legislador Carlos Raffo, ex jefe de prensa de Palacio de Gobierno durante la dictadura de Alberto Fujimori-, quien sostuvo que votarían a favor de la derogatoria de los decretos. Aclaró, sin embargo que “una cosa es que los nativos tengan razón y otra que haya quienes se quieran subir al coche”. Claro tinte de oportunismo miserable de la bancada fujimorista.

…LA LUCHA DEBE CONTINUAR

Ahora bien, con este nuevo giro en la agenda politica nacional, las cosas deberán replantearse. El gobierno sin duda, tendrá un respiro frente a la oleada de convulsión social que se vive todavía en el país. Con este nuevo anuncio de la derogatoria se busca entrar en una etapa de repliegue para analizar las fichas movidas hasta el momento y analizar una nueva ofensiva neoliberal.

Pero ya no solo son las comunidades amazonicas las que mantienen sus medidas de lucha, ahora son las comunidades andinas como en Apurimac quienes han iniciado protestas y huelgas contundentes en contra el TLC y del entreguismo de sus tierras. Sin duda la lucha continua y nuevas gestas se daran durante los dias venideros.

Como libertarios solo nos queda no bajar la guardia y mantenernos dentro de las luchas que nuestro pueblo afronta con heroismo y tenacidad. Frente a la violencia y las estrategias del Estado y el Capitalismo, nos urge la construccion del verdadero poder popular de abajo hacia arriba y que se extienda como reguero de pólvora por todo el pais para construir la verdadera resistencia no solo a este modelo económico sino al sistema en si y toda la estructura que mantiene la división de clases.

Unión Socialista Libertaria
Lima, 19 de Junio, 2009