Exigimos respeto por la vida e integridad de la Familia Quilcue

venezuela / colombia | represión / presos | non-anarchist press Thursday May 14, 2009 06:20 by ONIC - ONIC onic at onic dot org dot co Calle 13 No. 4 - 38, Bogotá DC (57+1)284 21 68

La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena condena y denuncia el atentado contra la vida de Mayerli Alejandra Legarda Quilcue, menor de edad -12 años- por sujetos armados, que el pasado 11 de mayo, pretendieron ingresar a su casa para asesinarle. Exigimos a las autoridades competentes del Estado, Fiscalía General y órganos competentes de seguridad del Estado asumir con responsabilidad y trasparencia la investigación judicial para condenar y judicializar a los responsables.

Exigimos respeto por la vida e integridad de la Familia Quilcue y garantía para la realización del libre ejercicio de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas.

Hechos:

El día 11 de mayo siendo aproximadamente las 6:00 de la tarde La niña Mayerli Alejandra Legrada Quilcue se encontraba al frente de su casa, en la vereda Clarete, Popayán-Cauca; cuando sufrió una amenaza directa con arma de fuego por parte de cuatro sujetos armados que se movilizaban en un vehículo y apuntaron con armas cortas hacia ella.

La niña observó el peligro y se internó en su habitación, los sujetos que se movilizaban en un carro blanco del que no pudo identificarse placas rodearon la casa y, al ver que la Guardia Indígena tomaba medidas de seguridad emprendieron la huida con rumbo a Popayán.

Mayerli es hija de Aída Quilcue, vocera de la Minga de Resistencia Indígena y Comunitaria y, de Edwin Legarda, asesinado el pasado 16 de diciembre por la Fuerza Pública en el municipio de Totoró.

La compañera Aída y su familia ha sido víctima de constantes atentados que ya le costó la vida, en diciembre de 2008 al padre de Mayerli Alejandra: Edwin Legarda. Otro hecho, según nos informaron las Autoridades del CRIC, fue el día 10 de mayo cuando algunas personas que se identificaron como funcionarios de Bienestar familiar intentaron entrar al colegio donde la menor estudia y, luego visitaron su vivienda; allí interrogaron a Mayerli sin permiso ni conocimiento de su señora madre, Aída Marina Quilcue Vivas.

Otro acontecimiento denunciado por la Consejería Mayor del CRIC, fue el sucedido el pasado 21 de abril; una patrulla de la policía estuvo merodeando la misma casa y luego le hicieron seguimiento al carro asignado a Mayerli, quien se movilizaba por la vía Panamericana. En un sitio solitario de la vía el vehiculo fue detenido; los uniformados amenazantes con sus armas de dotación pretendieron requisarlo, lo cual no fue permitido por la guardia indígena que le custodiaba. Este hecho fue puesto de conocimiento de los organismos de control del Estado el día 22 de abril del 2008.

A esto se suma hechos que ya son conocidos públicamente como asesinatos selectivos de autoridades, líderes y comuneros indígenas, lo mismo que constantes amenazas y persecuciones en su contra; se han registrado desplazamientos forzados y masivos de varias comunidades a causa del conflicto armado y el despojo territorial, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Esto evidencia que hay una persecución política contra Aída Quilcue, Vocera de la Minga de Resistencia Indígena, contra las autoridades y dirigentes indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca y contra el movimiento indígena nacional y, una estrategia de generar pánico y división interna en las organizaciones y comunidades indígenas y, desestructurar el proceso organizativo y de resistencia civil de los pueblos indígenas.

Saludamos a la Compañera Aída Marina Quilcue, a su hija Mayerli Alejandra y a todos los compañeros indígenas del Cuaca, nos solidarizamos con ustedes y les exhortamos a denunciar cualquier evento o amenaza que ponga en riesgo la vida e integridad personal, cultural y territorial de los miembros de nuestras comunidades y pueblos indígenas.

Condenamos:

En este sentido la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, ONIC, condena y denuncia, ante la comunidad nacional e internacional, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante las autoridades encargadas de proteger la vida y garantizar la seguridad de todos los colombianos, el atentado contra la vida de Mayerli Alejandra Legarda Quilcue, menor de edad -12 años- por sujetos armados, que el pasado 11 de mayo, pretendieron ingresar a su casa para asesinarle. La ONIC se suma al llamado del CRIC a que el Estado colombiano detenga la guerra contra los indígenas.

En el mismo sentido condenamos y rechazamos las amenazas y persecuciones constantes contra autoridades indígenas en el Cuaca, una de ellas contra Luz Emerita Cuspian, gobernadora del Cabildo de Huila, Tierradentro, recibida a través de un panfleto firmado por las AUC, Águilas Negras y llamadas telefónicas anónimas.

Denunciamos esta política de guerra como estrategia para forzar el desplazamiento indígena y el abandono de los territorios ancestrales de nuestras comunidades.

Responsabilizamos y Exigimos:

Responsabilizamos al Gobierno Nacional por cualquier acción que ponga en riesgo la vida y afecte la integridad de la compañera Aída Marina Quilcue, de su familia y de cualquier autoridad, líder o comunero del Cauca. Exigimos, nuevamente, al presidente Álvaro Uribe a que se disculpe públicamente por su ofrecimiento de pago de recompensas para romper la unidad indígena, realizado en marzo del 2008 en la ciudad de Popayán, pues mientras esto no suceda sus agentes seguirán considerando un favor a su gobierno acechar y hasta asesinar a los indígenas.

Exigimos a las autoridades competentes Fiscalía General y órganos competentes de seguridad del Estado, asumir con responsabilidad y trasparencia la investigación judicial para condenar y judicializar a los responsables de este crimen que vulnera los derechos humanos y pone en constante riesgo la vida e integridad de nuestros hermanos indígenas, con el agravante de que, en este caso, se ha atentado contra una menor de edad, quien cuenta actualmente con medidas cautelares.

Llamamos a los organismos defensores de los derechos humanos, a la Comisión de Derechos de la CIDH, al Sistema de Naciones Unidas y en general a la comunidad internacional para que exijan al gobierno nacional que se investiguen y se condenen estos hechos y que asuma medidas para proteger la vida e integridad, y garantizar la seguridad de Mayerli Alejandra, de su señora Madre Aída Quilcue y de todas las autoridades, líderes y comuneros indígenas.