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Liberaciones de las FARC-EP vuelven a poner al Acuerdo Humanitario en la agenda política colombiana

category venezuela / colombia | imperialismo / guerra | opinión / análisis author Sunday February 15, 2009 09:38author by José Antonio Gutiérrez D. Report this post to the editors

Análisis del impacto de las liberaciones unilaterales de las FARC-EP de seis rehenes en el problema de la Geurra y la Paz en Colombia, y cómo el eje del escenario se desplaza desde lo militar a lo político.

Campamento de las FARC-EP en el Caquetá (Imagen de M. Hower)
Campamento de las FARC-EP en el Caquetá (Imagen de M. Hower)


Las liberaciones unilaterales de las FARC-EP vuelven a poner al Acuerdo Humanitario en la agenda política colombiana

Pocos pensábamos que la iniciativa surgida a raíz de un intercambio epistolar entre una agrupación de intelectuales colombianos liderados por la senadora liberal Piedad Córdoba (llamado “Colombianos por la Paz”) y el secretariado de las FARC-EP sobre el tema del acuerdo humanitario tendría semejante trascendencia. Su gran impacto no solamente se debe a que a comienzos de Febrero se logró la liberación unilateral de dos secuestrados civiles en poder de esta insurgencia, así como de cuatro uniformados capturados en acciones bélicas, lo que constituye un indudable gesto de buena voluntad por parte de los insurgentes, el cual es muy valioso si consideramos el contexto actual de agudización de una guerra ya demasiado degradada.

Pero este impacto se debe también al efecto demoledor que tuvo sobre ciertas premisas del uribismo. Algunas de las premisas fundamentales del uribismo ha sido el de no negociar con “terroristas” (dicho sea de paso, Uribe no tuvo ningún inconveniente en negociar con los paramilitares, que no solamente llevaron la barbarie del conflicto colombiano a su paroxismo, sino que además, abiertamente, reconocían estar involucrados con el narcotráfico), que no hay nada político que discutir con las FARC-EP ni con ninguna otra agrupación insurgente, además de su postura opuesta al Acuerdo Humanitario (intercambio de prisioneros entre las partes). Esta liberación unilateral de rehenes echó por tierra estas premisas y modificó radicalmente el panorama político en relación al conflicto.

El Acuerdo Humanitario nuevamente en la agenda política

El cambio más evidente, es que el proceso abierto por “Colombianos por la Paz” ha vuelto a instalar el Acuerdo Humanitario, que Uribe creía absolutamente superado desde la Operación Jaque[1]. Los civiles liberados, el ex-parlamentario Sigifredo López y el ex-gobernador del Meta, Alan Jara, se refirieron a la urgencia del Acuerdo de Humanitario como una manera de avanzar hacia la liberación del resto de rehenes en poder de la insurgencia y rechazaron públicamente la política de rescate militar impulsada por el gobierno. Opiniones que, como era de esperar, no cayeron nada bien al bloque dominante.

Alan Jara fue quien causó un auténtico terremoto en el uribismo con sus declaraciones francas y sinceras. Estas declaraciones, trataron de ser deslegitimadas, con una maratón de contra-declaraciones de uniformados que habían sido rehenes de la insurgencia (incluyendo los recientemente liberados unilateralmente así como algunos liberados en la Operación Jaque[2]) que intentaban reforzar las línea del gobierno, llegando incluso a utilizar psiquiatras para “demostrar” que opiniones favorables al Acuerdo Humanitario serían fruto de la euforia del momento y no de posiciones políticas maduras y razonadas (!?)[3]. Con serenidad e inteligencia, expresó su opinión respecto al conflicto, a la solución política, al acuerdo humanitario y a su cautiverio. No es difícil imaginar el por qué causaron tanto revuelo sus declaraciones:

“El compromiso ahora es trabajar por el acuerdo humanitario, esa es la prioridad en este momento, traerlos acá, a quienes están allá. No he mencionado a los denominados secuestrados económicos o extorsivos, clamamos por la libertad de todos ellos, pero para ello se requiere avanzar en ese proceso y dar pasos en el intercambio. Creo que las Farc han hecho un gesto y ese gesto debe ser correspondido. Lo importante es que trabajemos para traerlos y que la libertad tiene que ser para todos los colombianos sin excepción.

(...) Dure dos meses con mucho temor de que la guerrilla me matara, ya cuando me reunieron con los demás políticos, militares y policías ese temor pasó y a partir del momento en que se rompe la zona, es decir, hace 7 años, el temor no ha sido que la guerrilla me mate, sino que el Gobierno me haga matar o me mate, porque es que en cuatro oportunidades nos cayeron bombas desde los aviones muy cerca y la guerrilla corría a protegernos y el avión del gobierno encima. Nosotros sabemos que un operativo no conduce sino a la muerte de quienes estamos allí. Un operativo es igual a una sentencia de muerte. La instrucción es clara: “vivos no los quitan”, entonces la vida siempre está en peligro. Es el mundo al revés… La impresión mía es que el Presidente no ha ayudado para nada a que se produzca el intercambio humanitario, y no lo digo con resentimiento ni por amargura por los años que estuve secuestrado, lo digo porque ese es el análisis general.”
[4]

En las opiniones de Jara, hay que destacar, no cabe lugar para la satanización vulgar de los insurgentes[5], la cual ha sido constante del uribismo, y aunque sea necesario aclarar que las FARC-EP están lejos de ser ángeles, lo que se busca con esta satanización es cerrar todas las puertas al diálogo y atizar la polarización que alimenta la guerra.

El eco de las palabras de Jara, más los resultados concretos logrados por las gestiones de “Colombianos por la Paz” que lograron la liberación de los últimos “canjeables” civiles, han tenido un eco inmediato en sectores de la sociedad colombiana que demuestran que el Acuerdo Humanitario tiene una chance real de romper el punto muerto en el que se encuentra el conflicto, como lo plantea una columna de Ramiro Bejarano:

“Que se haya liberado a los canjeables políticos, es un mensaje que el país debe entender, porque necesariamente el Gobierno va a tener que cambiar de partitura. Las Farc ya no tienen civiles secuestrados en calidad de canjeables, sino sólo soldados y policías, por lo que se dan las condiciones del DIH, para promover un acuerdo humanitario.”[6]

Incluso, la misma embajada norteamericana en Colombia ha cambiado su discurso y de boca del embajador Brownfield han planteado que, de haber propuestas concretas, estarían dispuestos a incluir a los guerrilleros extraditados a EEUU Simón Trinidad y Sonia, en un eventual intercambio humanitario[7] –idea que fue inmediatamente desechada por Uribe[8]. Pero independientemente de la predecible reacción de Uribe, esto demuestra que el tema del Acuerdo Humanitario vuelve a estar presente y que hay posibilidades reales de hacerlo avanzar y sacarlo del entrampamiento en que se ha encontrado por tantos años. Esto explica la desesperación de Uribe que lo lleva a reforzar una línea que fracasó políticamente: como botón de muestra, hoy, a contravía de las peticiones de los liberados y de un segmento importante de la opinión pública, ha llamado a aumentar la presión militar con fines de “liberar” a los secuestrados[9]. Obviamente, es incapaz de comprender los cambios que operan en la sociedad colombiana y que cada vez más evidencian su bancarrota política.

El desgaste de la estrategia política de Uribe-Plan Colombia

Esta iniciativa, a su vez, dejó al desnudo el progresivo agotamiento de Uribe como figura-proyecto y demostró que los sectores opuestos al régimen van recuperando la iniciativa política. Esto ya se había podido constatar en un sentido general en las movilizaciones que sacudieron a Colombia a fines del año pasado (huelgas y la Minga indígena y popular)[10]. Pero las liberaciones refuerzan la noción de que este fenómeno de agotamiento no es ajeno tampoco a la guerra, que ha sido el bastión fuerte de Uribe, el eje en torno al cual ha girado toda su política de gobierno. La pérdida de iniciativa frente al conflicto refleja la profundidad de la crisis que carcome al proyecto autoritario que Uribe ha sustentado. Un columnista de El Espectador, Francisco Gutiérrez, escribía de manera contundente:

“El episodio de las liberaciones de los secuestrados deja muchas reflexiones. La primera, muy simple, es: qué bien Piedad Córdoba. Logró sacar adelante su gestión humanitaria contra viento y marea, desafiando la taimada hostilidad del Gobierno, enfrentando amenazas de muerte, y derrotando a su propio carácter vivaz y sanguíneo. No sólo obtuvo un éxito resonante: también encontró el tono adecuado, su tono, para hablarle al país y a la comunidad internacional.

Toca decirlo: en contraste, Uribe y su gabinete hicieron un triste papel. Sin atreverse a atacar abiertamente la iniciativa, le pusieron palos en la rueda. Y ya en la recta final, como se ha vuelto costumbre, emitieron periódicamente declaraciones enfáticas que tuvieron que retirar a regañadientes poco después. Que no hubo sobrevuelos. Que sí, que sí los hubo, pero sólo a esta o a aquella altura. Que el grupo de Piedad no podía participar en la liberación (que es como decir que en un concierto de U2 no puede participar Bono). Que ahora sí, pero sólo ella. Que había que restringir a toda costa la participación de la prensa. Que no, que ya no. Hasta en los detalles nimios: que el almirante XY no le mentó la madre a los periodistas. Que sí, pero que pedía excusas. Estamos gobernados por unas gentes que carecen totalmente de la noción de dignidad republicana. Son estridentes, a veces amenazantes, pero poco serios.”
[11]

Como bien menciona el autor, ante la iniciativa tomada de manera audaz por sectores de reconocida oposición a la línea guerrerista del gobierno, Uribe respondió con una actitud caprichosa, atolondrada y emitiendo declaraciones torpes. Lo que muestra, una vez más, la bancarrota en que la línea guerrerista de Uribe se encuentra, tras casi ocho años de Plan Colombia.

Tras asumir una postura de que no boicotearía las liberaciones, en los momentos previos a éstas no hizo sino todo lo que estuvo a su alcance para garantizar su fracaso (y sabemos que hubiera sacado un buen capital político a costa de los cadáveres de los rehenes): ordenó sobrevuelos de aviones de guerra en la zona, con fines de claro hostigamiento, hubo rastreo militar de la misión guerrillera que llevaba a los rehenes a su liberación, incluso, llegando a enfrentamientos que pusieron en riesgo la vida de los rehenes y que costaron la vida a dos guerrilleros. Luego, cuando el periodista de Telesur Jorge Botero informó sobre estas actividades de hostigamiento, el gobierno la montó contra la prensa, pretendiendo impedir a la prensa acceso a los liberados y acusó a este periodista y al corresponsal de Radio France en Colombia, Hollman Morris, de ser auxiliadores de las FARC-EP. No solamente estos señalamientos irresponsables han puesto a los periodistas en la mira del paramilitarismo, valiéndoles así mismo acoso de unidades del ejército (hecho que llegó a ser denunciado por la ONU y la misma OEA), sino que en una reacción típica de Uribe se subvierten los principios éticos y lo condenable no es ya el haber puesto en riesgo a los rehenes, sino el que los periodistas hubieran informado de esto.

También nos quedan dudas respecto a una serie de atentados con explosivos que se han sucedido en Saravena, en Ocaña y en Bogotá[12], de los cuales se ha culpado automáticamente a las FARC-EP, sin mayores pruebas, pero que más bien parecen ser parte de la guerra psicológica que el Estado libra mediante los llamados “falsos positivos”[13]. Estos hechos huelen mucho a auto-atentados a fin de enrarecer el ambiente en torno a las liberaciones.

Pero como si esto ya no fuera poco, luego la emprendió en contra de “Colombianos por la Paz”, señalando vagamente que no “nos dejemos engañar” por el “Bloque Intelectual de las FARC”[14], con su claro maniqueísmo que acusa a toda forma de oposición de ser auxiliadora de la “guerrilla”. Pero en esta ocasión hubo algo más que su clásico maniqueísmo. Hubo en esta declaración también un intento casi desesperado de tratar de legitimar su estrategia guerrerista, insinuando que las liberaciones ocurridas no eran sino un “engaño” (?!) y desviar así la atención sobre el asunto del Acuerdo Humanitario que se planteaba nuevamente con estas liberaciones[15]. Y para coronar toda esta serie de declaraciones tan previsibles como torpes, Uribe tuvo la desvergüenza para decir... ¡que estas liberaciones se estaban manejando con “oportunismo político”! Esto de boca de una persona que ha manejado todo el conflicto con un irritante e inigualable oportunismo político!

Las palabras del columnista Daniel García-Peña resumen muy bien la imagen que Uribe proyectó con estas liberaciones:

“(...) el país debería preocuparse más por la conducción errática que Uribe les dio a las liberaciones y le ha dado a este conflicto que aún se niega a reconocer. Nunca supimos si fue la Virgen de los Remedios o doña Lina Moreno quien lo iluminó para que reversara decisiones tomadas en caliente, que no sólo ponían en peligro la operación humanitaria sino que reflejan la forma impositiva y emotiva con la cual maneja asuntos de Estado.

Confundir el derecho de los periodistas a cubrir un evento de interés público (y por tanto a los ciudadanos y ciudadanas de estar informados) con la “exaltación del terrorismo” es mucho más que una frase desafortunada: constituye un ataque a la libertad de prensa y a la integridad personal de muchas personas.

Afirmar que “la paz no se puede manejar con oportunismo político” por parte de quien se ha hecho elegir y reeligir sobre la popularidad de la guerra, que tiene el Ministro de Defensa más pantallero de la historia y que montó el show mediático más espectacular jamás visto con la ‘Operación Jaque’, es una muestra de su cinismo absoluto.

El Gobierno debería, más bien, seguir el ejemplo de Piedad Córdoba, que en medio de incontables obstáculos y aguantando toda clase de improperios, insultos y agresiones por parte de las barras bravas del furibismo, ha obrado con dedicación y discreción, que hasta el propio Uribe por fin tuvo que reconocer.”
[16]

¿Hacia la salida política y negociada?

Con estas liberaciones unilaterales, los canales de diálogo de la opinión pública con la insurgencia, que parecían haberse cerrado definitivamente tras la Operación Jaque, se vuelven a abrir. Pese a la insistencia del gobierno en aislar a la insurgencia, como parte de su ofensiva militar y guerrerista, esta iniciativa vuelve a crear un puente de diálogo que permite sentar las bases para una futura salida política y negociada al conflicto social y armado colombiano. Y más aún, el hecho de que el diálogo entregue frutos, inhabilita, en términos morales, al gobierno para oponerse a iniciativas de esta naturaleza.

Lo cual, a su vez, rompe el monopolio que Uribe quería imponer al Estado colombiano sobre las iniciativas de solución del conflicto. Desde la Operación Jaque, Uribe hizo lo posible y lo imposible para inhabilitar la labor de cualquier otro actor, que no fuera el Estado (o agentes sancionados por el Estado con su beneplácito), en labores de carácter humanitario o relativas al conflicto. Esta actitud ya no es posible de sostener tras la exitosa gestión de “Colombianos por la Paz”.

De esta manera, el conflicto vuelve a politizarse. O más bien, se evidencia una vez más la naturaleza política del conflicto, hábilmente negada hasta el cansancio por la maquinaria de propaganda del uribismo, comandada por el siniestro José Obdulio Gaviria, primo de Pablo Escobar. Otros actores, y desde lógicas ajenas a la “Seguridad Democrática” patrocinada por Uribe (que no es sino la racionalización política del Plan Colombia), toman la palabra en lo relativo al conflicto y ponen sobre el tapete propuestas para su superación que necesariamente implican propuestas de “paz con justicia social”. Es decir, de superar el conflicto mediante reformas sociales que modifiquen las relaciones de poder y la estructura social que sirvieron de parteras del conflicto armado. El tema de la transformación social, de esta manera, vuelve a instalarse y, de paso, se saca el conflicto del terreno de lo puramente “militar”. De más está decir que el Estado siempre ha entendido la negociación con la insurgencia como nada más que la negociación de los términos de desmovilización. Otros actores, ajenos a esta lógica, pueden perfectamente plantear la problemática política que se ha negado desde la cúpula gobiernista.

Dice Alan Jara en sus declaraciones respecto de la solución política al conflicto:

“Celebro desde luego la decisión que han tomado de liberar a 7 personas y espero que eso pueda indicar un camino político, porque la solución es política. En las últimas siete semanas, que es lo que llevaba caminando hasta el día de ayer, pude vivir ya no en un campamento aislado sino la vida diaria, cotidiana de la guerrilla, y las Farc no están derrotadas. No sé qué percepción se tenga acá afuera, pero allá en el monte hay muchos, la mayoría jóvenes, y no veo una salida distinta a la negociada (...) Yo considero que las Farc no están derrotadas

(...) Tienen una red de mantenimiento envidiable, de la coordinación que tienen y de la gente que entra y tienen unas circunstancias y es la gente que está entrando a la guerrilla es muy joven. La guerrilla casi no tiene gente de más de 30 años, entonces cuando usted mira en todo, porque me llevaban rodeado y pude ver varios grupos guerrilleros y todos con gente joven, uno dice, no puede estarse acabando porque o si no quedarían sólo los viejos. Y resulta que van entrando y van entrando, y tuve la oportunidad de hablar con muchos de ellos y uno me dijo muy sinceramente que tenía tres hectáreas de coca, que paso el avión y se las fumigó y se le acabó la vaina y se metió a la guerrilla. Le pregunté a otro y me dijo lo mismo, yo le dije y ‘que hacía’, y me dijo, ‘no, yo recogía la coca allá también’. Hay muchas causas que hacen que mucha gente joven todavía esté entrando a la guerrilla y la cuestión es que mientras sigan existiendo esas causas la guerrilla no se va a acabar.”
[17]

Alan Jara no solamente cuestiona en sus declaraciones el triunfalismo del gobierno que proclama el “fin del fin” de las FARC-EP y su inminente derrota militar, tema que ya habían cuestionado ciertos estudios [18], sino que enlaza el conflicto con las causas sociales que le dan origen, conexión que Uribe siempre ha negado.

Los mismos insurgentes parecen ir comprendiendo que lo que definirá el conflicto será precisamente el aspecto político. En una entrevista de fines del 2007, el comandante Pablo Beltrán, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), hace un balance autocrítico del desarrollo del conflicto desde fines de los ’80 (que coincide con la desmovilización de varios movimientos insurgentes, incluido el M-19 y gran parte del EPL, con un proceso de Asamblea Constituyente, con el término de la Guerra Fría y el comienzo del Nuevo Orden Mundial) y plantea que la creciente militarización como respuesta a la guerra sucia desatada por el Estado, fue uno de los más graves errores de los guerrilleros, entre otras cosas por el impacto que tuvo sobre el pueblo[19], pero también porque la respuesta exclusivamente militar era inadecuada:

“Frente a esta nueva situación (fines de los ’80, ed.), la guerrilla decide dar una respuesta eminentemente militar. La respuesta política que intentamos fue presentar una propuesta conjunta de paz. Esa fue una respuesta acertada, pero duró muy poco: se agotó en 1993. De ahí en adelante, quedó solamente la respuesta militar. Eso fue un error, es decir, que la guerrilla respondiera sólo en el terreno militar a una ofensiva contrarrevolucionaria desarrollada tan a fondo, de manera simultánea, en los planos ideológico, político y militar. Frente a esa ofensiva contrarrevolucionaria integral, las guerrillas colombianas respondimos de forma unilateral”.
[20]

No resulta casual entonces que ahora también el ELN se interese en el intercambio iniciado por “Colombianos por la Paz”, más allá del mero Acuerdo Humanitario, como lo han expresado públicamente[21].

El pueblo como un actor central en la solución del conflicto

Pero así como consideramos de gran importancia el que se “politice” el conflicto social y armado como una manera de superar el actual impasse, creemos que esto también significa que el conjunto del pueblo tiene que tomar posición; como plantean muchas organizaciones populares, nadie es neutral ante el conflicto. Y con esto no queremos replicar desde la izquierda las posiciones maniqueas uribistas, eso que o se está con las FARC-EP o con el gobierno, sino que significa asumir que la resolución del conflicto no es un asunto que debe quedar en manos exclusivas de los actores armados. La cuestión central de la guerra y la paz en Colombia (¿qué paz?) incumbe al conjunto del pueblo.

Esto, porque la guerra no es sino la máxima expresión de un modelo de saqueo y exclusión social. Es mediante la guerra que se ha cristalizado, tras seis décadas, la hegemonía del bloque dominante. La paz, por su parte, no es meramente el que los insurgentes de desmovilicen: la paz, si quiere ser sostenible y con contenido, es la superación de las causas estructurales que dieron origen al conflicto[22]. Por eso se habla de paz con justicia social y no de paz de los cementerios. Por esto es que la solución al conflicto debe ser un asunto de todo el pueblo. Durante la Tercera Mesa Nacional Indígena de Paz y Derechos Humanos, la intervención de Camilo Álvarez, representante de la ANUC -UR[23], fue claramente en este sentido:

“(...) un segundo reto al que nos enfrentamos, es romper con la idea de que la paz y/o sus procesos son de exclusividad de quienes están armados, o de los sectores intelectuales o de ONGs. Los procesos de paz planteados del conflicto social y armado al ser eminentemente sociales y políticos nos corresponden directamente a nosotros/as, siendo los/as protagonistas principales. En este sentido, el centro de las aproximaciones con la insurgencia del ELN y la posibilidad de acercamiento con las FARC deben hacer parte de nuestra estrategia, no como asistentes a los mínimos acuerdos entre ellos y el gobierno (acuerdo humanitario, casas de paz, etc.), sino entre nuestras luchas y el Estado, la reforma agraria, los derechos humanos, la democracia, la soberanía, la vida.”[24]

Si estamos claros que la solución al conflicto no pasa por la solución militar, tampoco podemos aceptar que este tema sea solamente patrimonio de los actores armados. El pueblo, que se rearticula después de la desintegración social que dejó tras de sí la violencia paramilitar desde fines de los ’90, vuelve a posicionarse en el escenario colombiano como un actor protagónico, como lo demostraron las movilizaciones de fines del 2008. Este pueblo debe reclamar su lugar central en cualquier eventual proceso de solución política del conflicto, llámesele diálogo nacional, proceso de paz, o como sea –recordemos, que la guerra de Colombia es ante todo una guerra de clases, una guerra que se siente tan fuerte como en los frentes de guerra, en los bolsillos de los trabajadores, en el hambre del campesino, en la fatiga del cortero. Y un pueblo que despierta, no puede ser ajeno a una cuestión que le afecta directamente, más aún cuando solamente este pueblo es el que tiene las llaves de la superación definitiva del conflicto.

Sabemos que el proceso no será ni corto ni fácil, pero ya pareciera haber empezado a andar gracias a la iniciativa de “Colombianos por la Paz”. Y estamos convencidos de que tal proceso no podrá disociarse de las luchas populares que ya se vislumbran en el horizonte, luchas que han de ser frontales en contra del modelo de saqueo y muerte, y del Estado narco-paramilitar que ha quedado como legado de la era de Uribe. Junto a la salida política, la urgencia de la transformación social vuelve a instalarse en la agenda política.

José Antonio Gutiérrez Danton
14 de Febrero del 2009





[1] Para un análisis de la Operación Jaque, revisar el artículo “Colombia: el cálculo político disfrazado de ‘humanitarismo’” http://www.anarkismo.net/article/9563

[2] http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo114740...tario

[3] http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo114797...rensa

[4] Sus declaraciones completas se encuentran en http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo114671...abras Las citas se toman de esta nota.

[5] “Una cosa es la decisión de mantenernos durante tanto tiempo en la selva por parte de los jefes de la guerrilla y otra cosa es el trato diario y cotidiano. Nos dan lo que está a su alcance. No hay maltrato, no hay grosería, no hay humillaciones ni nada parecido, simplemente, lo que hay (...)Las cadenas, la mayoría de las veces son usadas como método de seguridad. No suelen ponernos cadenas para torturarnos. Cuando estamos en campamentos cerrados, con mallas y líneas de seguridad, no hay cadenas. Cuando salimos al área, hay cadenas, para caminar, hay cadenas. Hasta los mismos guerrilleros encargados de ponerlas arrugan la cara cuando tienen esa misión. Prefiero recordarlos a la mañana siguiente, cuando nos las quitaban.”

[6]http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpre...-fria

[7] http://www.elespectador.com/articulo116927-eeuu-escucha...sonia

[8] http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo1...tario Cabe destacar que Uribe no tiene ningún argumento de peso en su rechazo enconado: éste se sustenta en que el cargo por el que los dos guerrilleros estarían presos en EEUU sería el de narcotráfico, pero tras seis juicios, no se les ha podido encontrar culpables de este cargo.

[9] http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo1...rados

[10] Sobre las huelgas, revisar los artículos “¡Conmoción en Colombia!” http://www.anarkismo.net/article/10234 y “Corteros de Caña, a las puertas de una victoria histórica” http://www.anarkismo.net/article/10668. Sobre la Minga, puede revisarse el artículo “Colombia, un régimen en crisis y un pueblo en Minga” http://www.anarkismo.net/article/10737

[11] http://www.elespectador.com/columna115319-piedad-el-cap...llena

[12] Las FARC-EP solamente han aceptado la autoría de un atentado, en Cali, contra un retén de policía, que dejó cuatro policías muertos y 13 heridos según parte de la Columna Manuel Cepeda de esa organización guerrillera.

[13] Hemos tratado con anterioridad y en extensión el tema de los falsos positivos. Ver “Los Falsos Positivos: los horrores de una guerra mediática” http://www.anarkismo.net/article/10199

[14] http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo1...iente

[15] http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo115943...s-paz

[16] http://www.elespectador.com/columna115330-mas-piedad

[17] http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo114671...abras

[18] Que indicaban que las FARC-EP mantendrían al menos 12.000 combatientes distribuidos en 74 frentes y 26 columnas móviles con presencia en casi todo el país. El número de bajas en el Ejército ha sido bien alto: se calcula que solamente el Bloque Oriental de las FARC-EP ha causado 1.200 bajas en el 2008. Si bien es cierto que las nuevas tácticas de guerra del Ejército propinaron golpes importantes a la insurgencia, pareciera que ésta los ha asimilado, se ha adaptado a las nuevas condiciones y ha respondido con nuevas tácticas. Ver el siguiente informe http://www.anarkismo.net/article/11632

[19] Menciona, por ejemplo, que cuando el secuestro comenzó a afectar a las capas medias, se deslegitimaron en parte las “armas guerrilleras”.

[20] Entrevista al comandante Pablo Beltrán (ELN), fines del 2007, editada en un folleto titulado “De la Resistencia al Poder Popular”, Oceansur ediciones, 2008, p.26.

[21] http://www.elespectador.com/articulo111041-eln-interesa...r-paz

[22] Sobre los orígenes del conflicto, puede leerse nuestros artículos anteriores “A 60 años del Bogotazo” http://www.anarkismo.net/article/8873 y el artículo “Desenmarañando la Madeja Colombiana” en revista Hombre y Sociedad, número 23, Invierno del 2008.

[23] Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –Unidad y Reconstrucción.

[24] “Memorias de la Tercera Mesa Nacional Indígena de Paz y Derechos Humanos”, ponencia de Camilo Álvarez, ANUC UR, 2006, pp.72-73.

author by Editorial - El Espectadorpublication date Tue Feb 17, 2009 07:37Report this post to the editors

EN MUY POCOS DÍAS LA ACTITUD del gobierno hacia el intercambio humanitario sufrió un giro vertiginoso.

Habrá acuerdo con las Farc si y sólo si liberan a todos los secuestrados que tienen en su poder. Y entre tanto las operaciones militares se intensificarán a la espera de una rendición definitiva tan lejana como irreal. El grupo de Colombianos por la Paz, de cuya iniciativa intelectual se pasó por un corto rato de lo militar a lo político, rápidamente fue satanizado. Tildado por el presidente Uribe de “bloque intelectual de las Farc”, las obvias reacciones por lo imprudente y desafortunado de la declaración no se hicieron esperar.

Más allá del riesgo que ahora corren los miembros del aguerrido grupo que despertó, se organizó y algo hizo por modificar el discurso de la guerra —riesgo que dicho sea de paso siempre queda impune como ocurre cada que se recurre a la estigmatización—, el mensaje confirma que de un tiempo para acá el monopolio sobre la discusión de los temas estratégicos lo tiene el Gobierno. Quien pronuncie las palabras “negociación”, “paz” o “acuerdo” es convertido en guerrillero. Disentir está prohibido.

No hay espacio para los intelectuales que cuestionan, pero los aduladores que todo lo aprueban sí son bien recibidos. La oposición ni siquiera es contra el intelectual en sí mismo. El sablazo es para el intelectual que no legitima y la política de seguridad democrática, con todo lo bueno y lo malo que pueda tener, es aprobada en tanto que verdad única e irrefutable.

En un momento de creciente atomización como el que Colombia atraviesa, el llamado al silencio de los intelectuales no podría ser menos atinado. Los partidos políticos difícilmente canalizan las expectativas de los ciudadanos. A la Iglesia se le ve dividida. Los falsos positivos y las posteriores destituciones hacen mella en el Ejército. Las organizaciones sociales, reducidas a focos dispersos, en más de una ocasión son señaladas de cómplices del terrorismo. El Congreso, escenario para el debate de las ideas y la confrontación, protagoniza escándalos que nos hacen ruborizar. Antes que vetarlos por sus observaciones, y más aún desde el momento en que no le juegan a la polarización, los intelectuales deberían ser estimulados. Cuando todo lo de raíz colectiva está fragmentado, la voz del intelectual, su mirada reposada y su equidistancia, pueden ser integradoras.

Por lo demás, entre la lógica de la guerra y la lógica de la paz debería haber una lógica de la mediación. Después de los frustrados sucesos del Caguán, la mediación quedó criminalizada. En la lógica del exterminio a la que ciegamente se ha aferrado el Gobierno, nada es negociable. Se cierran todos los espacios. Ni la recién creada Comisión de la Memoria Histórica, cuyo trascendental trabajo es una luz en el camino, está autorizada para contactar a la insurgencia. Pese a que toda sociedad en conflicto está en la obligación de abrir espacios para la mediación, ahora el diálogo es un delito. Hemos olvidado el espíritu negociador que prevaleció en otras épocas y permitió importantes conquistas. Es más, no se trata únicamente de la confrontación política, estamos ante una sociedad que no tolera la crítica.

En lugar de agraviar, aplastar y amordazar debería haber una invitación a la movilización intelectual, al intercambio de ideas y a la proliferación de debates. La vida pública no se agota en la existencia de las Farc, y mal harían los intelectuales, aun los palaciegos, en no asistir a su cita con la historia. Más allá de las modas y las convenciones, con actitud crítica y no complaciente, los intelectuales son los llamados a intervenir en el monólogo que nos ha sido impuesto.

Related Link: http://www.elespectador.com/articulo118275-el-momento-d...uales
author by CRICpublication date Thu Mar 12, 2009 07:13Report this post to the editors

Santander de Quilichao, Febrero 19 de 2009

Señor Comandante
ALFONSO CANO
y demás miembros del Secretariado
FARC-EP
Montañas de Colombia

Aprovechamos el canal abierto por la confluencia de Colombianos y Colombianas por la Paz, que lidera la Senadora Piedad Córdoba Ruiz, con quien nos reunimos previamente, para buscar una comunicación epistolar con ustedes y poner en consideración las siguientes apreciaciones y cuestionamientos, en el marco de nuestro compromiso expreso y ancestral por la paz, por la solución política del conflicto y por el diálogo y la negociación como camino para construir aquéllas.

Los pueblos indígenas de Colombia y en particular los del Cauca hemos avanzado en los últimos 40 años en precisar nuestro proyecto político estratégico, que podemos sintetizar en tres elementos: 1) La necesidad de transformar el sistema político para que haya justicia, democracia y gobierno de los más, vida buena y armonía con la naturaleza; 2) la necesidad de que en ese nuevo sistema político se respete de verdad y en profundidad el derecho de los pueblos indígenas a gobernarnos y a gobernar los territorios y los recursos naturales, junto a nuestro compromiso y convicción de que la Madre Tierra no es propiedad de nadie (y menos de las transnacionales) sino que debe ser protegida y liberada para que alimente y cuide a todos los seres vivos; y 3) la necesidad de que las relaciones entre los pueblos sean de entendimiento, respeto y solidaridad. Dicho en otras palabras, buscamos un sistema político verdaderamente democrático (y no lo hay), un sistema económico alternativo que no destruya la naturaleza y el ambiente, y una sociedad en armonía.

Todo lo anterior necesita y supone la construcción de la paz. En la urgente consolidación de la paz, hemos llegado a una conclusión simple pero que consideramos verdadera: “No habrá paz para los colombianos y las colombianas, si no hay paz para los indígenas, y no habrá paz para los indígenas si no hay paz para todos los colombianos”. No queremos simplemente ser excluidos de la guerra y sus atrocidades, al tiempo que ésta sigue asolando al país y a los otros pueblos; no queremos meternos en un caparazón mientras la gente se asesina. No. Queremos que la guerra termine.

Humildemente, consideramos que hemos avanzado en todos esos propósitos. En el departamento del Cauca, la organización y la movilización indígenas nos han permitido consolidar ejercicios reales de autogobierno y poder popular, hemos logrado un creciente control sobre territorios y recursos naturales, y persistimos en defender un modo de vida que no acabe con la naturaleza ni con la vida. No somos ingenuos sobre estos logros. Sabemos que son relativos frente al avance del modelo económico extractivista y depredador, que construir gobiernos democráticos de base comunitaria es lento, que defender un modo de vida alternativo en medio del consumismo es a veces imposible. Pero aún así, toda nuestra organización está dispuesta a defender, con todos los medios posibles, estos avances. Porque están encaminados a un propósito justo, y porque entendemos que pueden ser un
aporte al conjunto del movimiento popular.

Pero contra estos propósitos que consideramos justos, atentan no solo el modelo económico depredador y el sistema político ilegítimo y mafioso que hoy desgobiernan al país. Públicamente hemos dicho que varios de sus comportamientos y acciones están en abierta contravía con lo que venimos construyendo: mientras nosotros construimos un gobierno municipal popular que le rinde cuentas a los cabildos y a la asamblea de comuneros, ustedes se toman el municipio, destruyen algunas casas y dan pretexto para que la fuerza pública invada las comunidades; nosotros, desarmados y con la cara descubierta, desmontamos las trincheras de la policía del centro de Caldono, Toribío y Jámbaló para que su presencia no afecte a la población civil, mientras ustedes dejan minas antipersona y no tienen ninguna consideración por la gente que no hace parte de la guerra; mientras nosotros sin ningún temor le hacemos juicio a los militares que han asesinado a comuneros indígenas, ustedes secuestran a funcionarios indígenas y no indígenas de la alcaldía de Jambaló para enjuiciarlos por robar dinero, como si no hubiéramos dado muestra de tener capacidad de aplicar justicia comunitaria. Es como si ustedes estuvieran en contra del poder popular y del gobierno directo de los comuneros; un comunero nos decía que pareciera que ustedes estaban por la toma del poder que los pobres y los indios hemos construido con mucho esfuerzo, y habían renunciado a tomarse el poder que tienen los ricos.

Lo que ahora más nos preocupa es la campaña que de tiempo atrás vienen ustedes impulsando para crear estructuras paralelas a las que nosotros hemos construido. Los grupos de milicianos y las iniciativas que ellos mueven dentro de las comunidades, se han convertido en un enorme factor de riesgo para la vida de los indígenas y en una amenaza a la organización. Ustedes saben que las armas enferman a la gente que las carga, los hace más arrogantes y vanidosos frente a los que van desarmados; saben también que muchos jóvenes se meten en esos grupos por razones que no son políticas, a veces incluso para resolver problemas familiares, o para eludir el cumplimiento de obligaciones o sanciones de la comunidad, y casi siempre se trata de muchachos y muchachas con escasa formación política; y también ustedes saben que cuando hay grupos armados cerca, siempre hay los que quieran acudir a ellos para que les resuelvan sus problemas personales. Muchas de estas peleas se presentan como peleas políticas, y los encargados de los grupos armados terminan prestándose a ese juego con el propósito de ganar amigos o de que algunas personas les deban favores.

Más grave todavía, es que esos grupos milicianos son las fuentes con que las organizaciones armadas alimentan de información “confiable” su intervención política. El resultado es que ustedes terminan haciendo política a base de rumores, de chismes y de peleas personales, que se convierten en señalamientos absurdos. Ahora mismo, tenemos amenazados por gente de ustedes (no sabemos si con orden del Secretariado) a los líderes más destacados de la ACIN y el CRIC, y a asesores no indígenas que nos han acompañado por 30 y 40 años, acusados de ser amigos del gobierno. Y a los funcionarios de la alcaldía indígena acusados de robarse plata, en pura retaliación porque nuestra guardia indígena los liberó y nuestra justicia sancionó a los milicianos indígenas responsables del secuestro, ahora están en la lista de gente que debe ser asesinada. En otra época se hablaba de juicios populares; ahora la mera voluntad de una persona basta para condenarla a muerte.

Por ese camino, de involucrar forzadamente a la gente en un grupo armado, o de forma voluntaria pero sin atender a consideraciones políticas, vamos a llegar a situaciones de señalamientos generalizados, que han producido masacres como la de nuestros hermanos Awá o las que han pasado con los
Kankuamos, y a repetir un montón de atropellos y crímenes que ustedes han reconocido. Cada situación será distinta, pero en el fondo lo que hay es el interés de ustedes y del Estado, de meternos a fuerza en la lógica guerrera.

Ya les dijimos que nosotros no somos externos al conflicto, estamos dentro como víctimas y queremos estar dentro como actores que ayuden a resolverlo. Pero no queremos ser un grupo armado, no queremos que nuestros comuneros se vuelvan combatientes de ningún ejército, porque hemos
encontrado que la movilización directa de la gente, el gobierno popular y la organización consciente de todos y todas, son más poderosas que cualquier fuerza armada; y nuestra propia experiencia nos dice que una fuerza armada que se separa de la gente que la parió y se impone sobre ella, se vuelve una fuerza de ocupación, y toda fuerza de ocupación se vuelve odiosa para la gente y está condenada a la derrota.

Sabemos que la guerra produce estas situaciones. Pero eso no las justifica. Y por el contrario, nos obliga a resolverlas, y a resolver el conflicto mismo. En eso estamos comprometidos. Queremos que esta carta sirva para abrir un diálogo público con ustedes, que esperamos sea directo y transparente, que ayude a resolver los problemas y a avance en el camino de la paz, y que no agrave la situación. Y esperamos que a ello contribuyan las órdenes que ustedes den para impedir que las amenazas y señalamientos de que hemos hablado se conviertan en una realidad dolorosa para nuestro pueblo.

Dada la urgencia de esta situación esperamos una pronta respuesta.

Atentamente,


ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA-ACIN
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA -CRIC

Adhieren: Colombianos Colombianas por la Paz


Piedad Córdoba Ruíz, Alpher Rojas Carvajal, Alberto Cienfuegos, Medófilo Medina, Daniel Samper Pizano, Jorge Enrique Botero, Alan Jara, Olga Amparo Sánchez, Francisco Caraballo, Marck Chernik, Felipe Zuleta, Leopoldo Múnera Ruíz, María Elvira Bonilla, Alfredo Beltrán Sierra, Luis Jorge Garay, Mario Esteban Hernández, Víctor Manuel Moncayo, Ricardo García Duarte, Gloria Cuartas, Iván Cepeda Castro, Florence Thomas, Gloria Inés Ramírez, Alfredo Gómez-Muller, Luís Fernando Medina, Andrés Felipe Villamizar, Angélica Mateus Mora, María Teresa Arizabaleta, Carlos Salgado, Fabio Morón Díaz, Rocío Londoño Botero, Consuelo González de Perdomo, José Gregorio Hernández, William Ospina, Gabriel Misas Arango, Lilia Solano, Gustavo Gallón Giraldo, Luís Eladio Pérez, Ricardo Sánchez A, Oscar Tulio Lizcano, Carlos Miguel Ortiz, Claudia Rugeles de Jara, Jaime Angulo Bossa, Jimmy Viera, Orlando Beltrán Cuellar, Alfredo Molano B, Javier Darío Restrepo, Darío Arizmendi Posada, Ramón Jimeno, David Sánchez Juliao, Gustavo Álvarez Gardeazábal, Ricardo Bonilla G, Vera Weiller, Hollman Morris, Harold Alvarado Tenorio, Arlene B. Tickner, Vladimir Flores (Vladdo), Fabio López de la Roche, Luis Eduardo Celis, Gustavo Páez Escobar, Marlene Singapur, Alberto Rojas Puyo, Francisco Leal Buitrago, Hernando Gómez Buendía, John Sudarsky, Efraín Viveros, Daniel García-Peña, Consuelo Ahumada, Renán Vega Cantor, Felipe de Brigard, Álvaro Camacho Guisado, Ricardo Montenegro V, León Valencia A, Raúl Alameda O, Marleny Orjuela, Gladis Jimeno, Fabiola Perdomo E, Deyanira Ortiz Cuenca, Martha Arango de Lizcano, Ángela de Pérez, Yolanda Polanco P, Daniel Pecaut, Gabriel Izquierdo S.J., Fernán González S.J., Oscar Mejía Quintana, Mauricio Rojas Rodríguez, Gelasio Cardona Serna, , Carlos A. Rodríguez Díaz, Apecides Alviz F, Julio Roberto Gómez, Sergio Pulgarín Mejía, Juanita Barreto G, Blas Zubiría Mutis, Sergio Bustamante, Padre Henry Ramírez Soler cmf, Arnulfo Bayona, Ramiro Galvez, Juan Sebastián Lozada P, Álvaro Camacho Guisado, Apolinar Díaz-Callejas, Lisandro Duque Naranjo, Jaime Caicedo T, Ciro Quiroz, Miguel Ángel Herrera Z, Carlos Lozano Guillen, Fabián Acosta, Jairo Maya Betancur, Jorge Gantiva Silva, Carlos Villalba Bustillo, Constanza Vieira, Venus Albeiro Silva, Santiago García, Pepe Sánchez, Patricia Ariza, Carlos Álvarez Nuñez, Víctor Gaviria, Jennifer Steffens, Bruno Díaz, Zulia Mena, Gustavo Duncan, Lilia Solano, Julio Silva Colmenares, Arturo Escobar, Rafael Ballén, William García Rodríguez, César Augusto Ayala Diago, Diego Otero Prada, Rubén Darío Flórez, Darío Villamizar H, Luís Alfonso Ramírez, Fabián Acosta, Alonso Ojeda Awad, Eduardo Gómez, Carlos Villamil Chaux, Fernando Estrada G, Moritz Akerman, Sara Leukos, Pilar Rueda, Marina Gallego, Leonor Esguerra, Luz Helena Sánchez, Clara Elena Cardona, Osana Medina, Deide Olaya, Irma Ortiz, María Eugenia Sánchez, Martha Zapata, Dunia Esther León Fajardo, Olga Lucía Ramírez, Darío Morón Díaz, Santiago Vásquez L, Enrique Santos Molano, Libardo Sarmiento Anzola, Reinaldo Ramírez García, Antonio Ramírez Caro, Cristóbal González, Fabio Velásquez, Darío I Restrepo, Jairo E. Gómez, Daniel Libreros C, Héctor Moreno Galviz, Mauricio Archila Neira, Dora Lucy Arias, Luís Alberto Ávila A, Norma Enríquez R, Orsinia Polanco, Caterina Hayeck, Guillermo Silva, Luís Enrique Escobar, Eduardo López Hooker, Eduardo Carreño, Alexandra Bermúdez, Fernando Arellano, Gabriel Awad, Cristo Rafael García Tapias, Alfonso Santos C, Jorge Lara Bonilla, Miguel Eduardo Cárdenas, Andrés A. Vásquez M, Jaime Calderón Herrera, Álvaro Bejarano, Álvaro Delgado, Álvaro Villarraga, Armando Palau, Juan de Dios Alfonso, Carlos Rosero T, María Eugenia Liévano, Gonzalo Uribe Aristizabal, Edgar Martínez C, Esperanza Márquez M, Dídima Rico Chavarro, Danilo Rueda R, Eduardo Franco Isaza, Evelio Ramírez, Alejandra Millar, Patricia Ramírez, Gabriel García B, Gabriel Ruiz O, Germán Arias Ospina, Gustavo Puyo T, Gustavo García, Hernán Cortés A, Emperatriz de Guevara, Robertina Sánchez, Enrique Murillo, Milena Murillo Sánchez, María Areiza, María de Los Ángeles Moreno, Diana Murillejo, Norma Trujillo, Gloria María Marín, Dolores Carrero, Carlos Julio Forero, César Guarín, Carmen Guarín Uriel Pérez, Cecilia Ramírez, Virginia Franco, Eufracio Beltrán, Marlen Sarmiento, Luís Evelio Pinchao, Myriam de Roa, Janeth González, Paola Callejas, Amanda Rojas, Henry Rosas, Edna Margarita Sánchez Rivas, Paola Sánchez Rivas, Magdalena Rivas, Silvio Hernández, Olga Lucía Rojas, Gricelda Medina, Víctor Rojas, Carolina Rojas Medina, Rosalba Sierra, María Concepción Chagueza, Janeth Moreno Chagueza, Fernando Romero Romero, Oscar Romero R, Esperanza Estrada, Fanny Martínez, Cielo Erazo, Blanca Mayta de Erazo, Luz Dalia Mora, Andrés Bazante, Trinidad Orjuela, Tiberio Donato, Carmenza Gómez, Jaqueline Donato Gómez, Oliva Solarte, Patricia Trujillo Solarte, Gladiys Duarte, Ruth Amelia Argote, Alfredo Rojas, Susy Abitol Arenas, Daniel Lasso, Marleny Orjuela Manjarres, Ivonne González, Jaime Pulido Sierra, Jaime Vasco A, Juanita Bazán A, Luís Eduardo Salcedo, Luís Jairo Ramírez H, Mario Santana, René Antonio Flórez C, Víctor José Pardo, María Teresa de Mendieta, Silvia Patricia Nieto. Siguen más de 155.000 firmas...

author by Agencia Prensa Ruralpublication date Tue Mar 31, 2009 20:11Report this post to the editors

Colombianas y Colombianos por la Paz;

Senadora Piedad Córdoba

Bogotá.


Reciban el saludo cordial de las guerrilleras y guerrilleros de las FARC-EP.

El diálogo epistolar sobre el problema de la guerra y la paz, reúne cada día a más y más colombianos, y suscita la adhesión de las más variadas organizaciones y personalidades del mundo, bajo la certeza del carácter político que reviste la confrontación.

Estamos seguros que la reciente liberación unilateral de seis prisioneros a instancias de su importante gestión, estimula el esfuerzo colectivo que busca la solución al inmenso drama que vive Colombia. Colombianas y Colombianos por la Paz está haciendo renacer la esperanza de un país que siente en lo profundo de su ser nacional que nuestro destino histórico no puede ser la guerra civil ni tampoco el sometimiento indefinido a un régimen corrupto e injusto, eminentemente militarista, guardián de intereses políticos y económicos de una minoría oligárquica y de una élite privilegiada, antidemocrática, excluyente socialmente, sorda a las angustias de las mayorías nacionales e insensible ante los reclamos y necesidades de la gente humilde. En las FARC-EP estamos convencidos que otra Colombia es posible y que se pueden forjar entre todos, alternativas políticas hacia la elaboración del proyecto de una nueva sociedad más equilibrada, incluyente y justa.

Quisiéramos reiterarles que estamos listos para el canje de prisioneros de guerra y en disposición de no hacer del lugar de diálogo un obstáculo insalvable, privilegiando la libertad de los prisioneros en poder de las partes contendientes.

Para nuestros voceros Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada y Fabián Ramírez reclamamos garantías efectivas, consignadas en protocolos acordados con nosotros, que definan condiciones de modo, tiempo y lugar, y publicitados con suficiente anticipación. Se hace necesario que además del acompañamiento de CPP también exista una veeduría de la comunidad internacional.

Estas exigencias no son un capricho. Ustedes y todo el país presenciaron las provocaciones y el riesgo real que rodearon y casi frustran la liberación unilateral de los cuatro uniformados, de Alan Jara y Sigifredo López que nos releva de referirles innumerables situaciones anteriores de idéntica factura y concepción.

En su misiva nos piden regresar al tema de las retenciones económicas, sobre el que ya les reflexionamos anteriormente con toda franqueza. Sucede que el Gobierno, en aras de su lucha contrainsurgente, impulsa una matriz de opinión artificial y mentirosa en busca de un efecto en la población, deliberadamente falaz y manipulador.

Las cifras oficiales insisten, a través de una campaña machacona, que las FARC tendrían en su poder a más de 3.800 retenidos por razones económicas. Hemos consultado con todas nuestras estructuras político-militares desplegadas en el territorio nacional y podemos informar que, a la fecha, bajo responsabilidad de las FARC-EP, sólo existen nueve retenidos por concepto de la ley 002.

El militarismo a ultranza y la desinformación que distingue a este gobierno ha intoxicado con su reconocida perfidia el asunto. Recordamos que en la carta anterior enumeramos el universo de los actores que en Colombia, practican esta modalidad.

Queremos insistirles en la importancia de mantener vigente la bandera de libertad para los presos políticos, la mayoría de ellos víctimas de montajes no ajenos a la estrategia gubernamental de disuasión a cualquier intento de proyecto de alternativa y opción política, así como también a no dejar apagar la lucha sobre esos crímenes oficiales y sistemáticos publicitados como "falsos positivos", las desapariciones forzadas y los desplazamientos que hoy estremecen a la opinión mundial.

Estamos analizando las propuestas de la senadora Piedad Córdoba encaminadas a dinamizar el camino hacia la paz con justicia social, y en este marco anunciamos el compromiso de enviar, cuando tengamos condiciones propicias, pruebas de supervivencia de los 20 militares y policías prisioneros, a sus familiares.

En atención a esa misma solicitud, los restos del mayor Guevara serán entregados a su madre en fecha y lugar que indicaremos más adelante cuando la situación de orden público lo permita, a la vez que elevamos la solicitud a Colombianas y Colombianos por la Paz a exigir del Gobierno Nacional la entrega de los cadáveres de los comandantes Raúl Reyes e Iván Ríos a sus familiares.

De ustedes, atentamente:

Secretariado del Estado Mayor Central, FARC-EP

Montañas de Colombia, marzo 28 de 2009

author by Alfonso Cano - FARC-EPpublication date Thu Apr 16, 2009 21:03Report this post to the editors

Montañas de Colombia, Marzo del 2009

Diálogo epistolar Compatriotas: Acin, Asociación de Cabildos del norte del Cauca; Cric, Consejo Regional Indígena del Cauca. Santander de Quilichao

Reciban un cordial saludo que por su intermedio quisiéramos extender a todas las comunidades indígenas del Cauca.

Nada fácil ha sido la lucha de los sectores populares que conformamos Colombia, reivindicando derechos, buscando justicia, igualdad de posibilidades, bienestar general y sobre todo la dignidad que desde hace más de 500 años nos han conculcado sucesivamente los imperios de España, Inglaterra y Estados Unidos así como también los nacionales dueños del gran capital y sus socios, los insaciables latifundistas.

Cabe recordar hoy, cómo, en el departamento del Cauca durante la segunda mitad del siglo pasado, se libraron duras e intensas batallas de recuperación de tierras usurpadas por la aristocracia valle caucana a las comunidades indígenas de esta parte del país, luchas que contaron, como siempre, con la plena e incondicional solidaridad de las FARC - EP y con nuestra participación activa, una y otra nacidas de una concepción revolucionaria de la sociedad y expresamente señaladas en los documentos fundacionales farianos que nos convocan a luchar sin desmayo por la devolución a las comunidades indígenas de las tierras que les han sido arrebatadas. Somos pues, parte integral de esta lucha. Relacionamos aquellos momentos de la historia reciente, no solo porque sintetizan la teoría y la práctica de las FARC - EP alrededor de las tierras comunitarias, sino también porque evidencian nuestro permanente compromiso y positiva disposición en beneficio de la causa indígena, al punto que hoy en día, varios frentes e innumerables unidades guerrilleras están conformadas mayoritariamente por combatientes provenientes de diferentes etnias, continuadores de la epopeya libertaria de importantes héroes indígenas de la historia nacional.

Un proceso de consolidación de Colombia, como nación, desata dinámicas no exentas de generarnos dificultades muy puntuales y desencuentros en algunas zonas, originadas en la enorme complejidad del conflicto colombiano.

Han transcurrido 22 años desde la firma de acuerdos entre la dirigencia indígena y el Estado Mayor Central de las FARC - EP en los cuales los jefes de la insurgencia hicimos " un llamamiento a los frentes que operan en zonas de población indígena, a recoger en su actividad el espíritu y la letra del SEXTO PUNTO del PROGRAMA AGRARIO DE LOS GUERRILLEROS que exige el respeto a la organización autónoma de las comunidades indígenas, a sus cabildos, su vida, su cultura, su lengua propia y su organización interna ", llamado que hoy reafirmamos y reiteramos públicamente.

Pero, vale señalar que desde entonces, la confrontación fratricida en Colombia, antes que amainar se intensificó y que a pesar de nuestra manifiesta disposición por lograr acuerdos conducentes a la convivencia democrática y a la paz, los distintos presidentes no solo incrementaron la estrategia neoliberal de nefastas consecuencias sociales sobre la mayoría de la población sino que acentuaron la violencia fortaleciendo la maquinaria de guerra y su paramilitarizada concepción de la seguridad nacional.

Los "diálogos de paz" con la insurgencia revolucionaria efectuados durante ese tiempo, solo buscaron nuestra capitulación o, como lo reconoció públicamente el presidente Pastrana, "ganar tiempo para fortalecer la fuerza pública estatal" multiplicando su capacidad de agresión y redoblando esfuerzos por comprometer a la población civil en el conflicto sin tener jamás la decisión política de poner fin a confrontación. Tal estrategia oficial sumó nuevas dificultades a la crítica situación de los sectores populares en todo el territorio nacional.

Todo ello a pesar que las comunidades indígenas, las minorías étnicas, los pobres, el campesinado, los trabajadores, las FARC, es decir el pueblo colombiano, los sectores excluidos y perseguidos secularmente, anhelamos la paz con intensidad, la hemos reclamado, guerreado, una paz entendida no solo como la ausencia de confrontación militar sino también de convivencia con justicia social, democracia, progreso, soberanía y , como bien lo señalan ustedes, de vida buena en armonía con la naturaleza.

Esa es nuestra razón de ser y nuestra lucha, que la necesitamos convocante, confluyente y unitaria como condición de victoria lo que nos permite compartir la sabia conclusión del Primer Congreso Indígena y Popular de Cauca y Valle del Cauca de septiembre del 2004 que señaló: "Esta vez salimos a convocar pueblos, organizaciones y procesos populares. Marchamos para expresar nuestro compromiso de unirnos y trabajar tejiendo la solidaridad recíproca que hace falta para defender la vida. Esta vez sabemos que solos no podemos y que nos necesitamos mutuamente para entender, para resistir y para crear un país y un mundo posible y necesario".

En las innumerables ocasiones en que localmente los mandos farianos han tenido la invaluable experiencia de intercambiar con las autoridades indígenas del Cauca, sobre nuestras respectivas cosmogonías, hemos expresado identidad con la esencia de principios como Territorio, Unidad, Cultura, Autonomía, Resistencia, Justicia y Moral que los participantes indígenas nos han expuesto con generosidad. Esa misma armonía con nuestra visión del mundo nos ha facilitado buscar la solución a muchas de las dificultades concretas, cuando en la cotidianidad de la lucha, nos las hemos tropezado.

Debemos de proseguir esos intercambios con la mayor frecuencia que nos sea posible, dadas las circunstancias, para lo cual tenemos la mejor disposición. Cada diálogo, cada acercamiento, cada razonamiento que realicemos conjuntamente allanará senderos civilizados para superar la dificultad.

Millones de quienes conformamos los sectores sociales de Colombia agredidos por las arrogancias del poder, explotados de mil formas, violentados por hacendados, terratenientes y poderosos, tenemos la certeza que solo la confluencia unitaria y popular hará posible una Nueva Patria, donde quepamos todos, en democracia y con pleno respeto.

Los grandes abismos e injusticias que padecemos los de abajo, los explotados, las etnias, los despojados y desplazados solo podremos superarlas construyendo un nuevo régimen político que represente genuinamente los intereses populares colombianos, lo que nos reclama prevalencia férrea de los elementos unitarios y discusión fraternal de cualquier diferencia. Es la esencia de la reflexión que queremos compartir con ustedes en esta ocasión. Les agradecemos su atención, Por el secretariado del Estado Mayor Central de las FARC - EP, Compatriota,

Alfonso Cano

author by Secretariado del Estado Mayor Central - FARC-EPpublication date Fri Apr 17, 2009 19:28Report this post to the editors

Resaltamos el creciente respaldo nacional e internacional a "Colombianas y Colombianos por la Paz" en su esfuerzo convergente por lograr un acuerdo humanitario que libere los prisioneros de guerra de las dos partes y ensanche espacios hacia la solución política del conflicto, propósito que comparten cada vez más colombianos, como el manifestado por la Conferencia Episcopal, que con motivo de la semana santa, clamó por la reconciliación entre los colombianos así como el esfuerzo despojado de odios del profesor Moncayo en procura de un referendo nacional por el acuerdo humanitario. El realismo de todos ellos contrasta con el llamamiento presidencial de un cese de fuego unilateral por parte de la guerrilla, mientras militares y paramilitares continúan su ofensiva a lo largo y ancho del territorio nacional.

Iniciar la búsqueda de un proceso serio que encuentre los caminos de los acuerdos, la reconciliación, la convivencia y la democracia, significa entender que todos debemos aportar, principalmente el Estado como responsable fundamental del conflicto y que la bilateralidad es indispensable como regla de oro y cimiento de confianza que construye bases sólidas para avanzar.

Por ello, hemos planteado la concreción de un acuerdo humanitario generador de hechos tangibles por las dos partes, que abone pasos subsiguientes hacia la superación definitiva de la confrontación.

Ante la reiterada solicitud de la senadora Piedad Córdoba, de Colombianas y Colombianos por la Paz, del profesor Moncayo y de los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, anunciamos nuestra decisión de liberar unilateralmente al cabo Pablo Emilio Moncayo y entregarlo personalmente a una comisión encabezada por la senadora Córdoba y el profesor Moncayo una vez se organicen los mecanismos que garanticen la seguridad de la operación.

Así evidenciamos una vez más nuestra decisión irreversible de alcanzar el acuerdo humanitario sin más dilación y sembrar con certezas los caminos que lleven a la solución política del conflicto.

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, abril 16 de 2009

 
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