Pronunciamiento ante el cobarde asesinato de Edwin Legarda

Pronunciamiento ante el cobarde asesinato de Edwin Legarda

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1. Es con profundo dolor que denunciamos el asesinato del hermano indígena Edwin Legarda, miembro del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y esposo de la vocera de la Minga Indígena y Popular, Aida Quilcué. El compañero Legarda fue asesinado por miembros del batallón José Hilario López, perteneciente a la III División del Ejército Colombiano, en la madrugada del 16 de Diciembre, cuando transitaba por la vereda San Miguel en el municipio Totoró (Cauca).

2. Enviamos nuestras sentidas condolencias a la familia Legarda-Quilcué y un abrazo solidario a las comunidades del CRIC, que sufren nuevamente la pérdida de un hermano en un atentado selectivo por parte de las fuerzas del Estado. Les hacemos saber que su lucha es nuestra lucha y esta nueva muerte enluta nuestros corazones pero no nubla, sino que refuerza aún más, nuestra convicción de lo justo de su causa.

3. La versión oficial sobre el asesinato de Legarda no hace sino levantar más dudas sobre este incidente y revela el desprecio más absoluto de los uniformados colombianos por los derechos humanos: según esta versión, el ejército habría disparado después de que Edwin Legarda habría ignorado un “alto” en un retén improvisado y sin debida identificación. Nos preguntamos entonces cómo es posible que Legarda haya muerto con tres balas en el tórax, y que muchos de los 17 disparos que recibió el vehículo en que viajaba sean de frente. A todas luces esta versión es inverosímil. Pero aún si aceptamos la versión oficial como verdadera, nos preguntamos desde cuándo es práctica aceptable en Colombia el disparar a matar a quién no se detenga en un retén. Esta versión es desmentida no solamente por las pruebas, sino además por los testigos que hablan de un ataque premeditado precisamente al vehículo en que se desplazaba el compañero Legarda y no a otros vehículos que le acompañaban. Preocupa aún más el hecho de que este vehículo era frecuentemente usado por Aida Quilcué, y probablemente, sería ella el verdadero blanco del cobarde ataque.

4. Estos hechos no son un caso aislado en Colombia, sino que constituyen una práctica sistemática y recurrente por parte de un Estado que, históricamente, ha respondido con una violencia salvaje y desproporcionada a las demandas sociales. Este acto constituye una clara retaliación en contra del movimiento indígena por el cuestionamiento al gobierno debido a la Minga y particularmente en contra de Aida Quilcué por su valiente rol como líder de aquel movimiento. No es primera vez, tampoco, que fuerzas del Estado, o fuerzas obscuras a su servicio desde las sombras, castigan a los familiares de sus contradictores.

5. La muerte de Edwin Legarda, se suma al asesinato de al menos 70.000 personas por razones políticas desde 1990 y al asesinato de al menos 1.120 indígenas desde que Uribe asumió como presidente en el 2002 (por lo menos un 75% de estos crímenes han sido cometidos por el Estado o por paramilitares en connivencia con éste).

6. Recordemos también que al menos cinco de los organizadores de la marcha del 6 de Marzo fueron asesinados, lo cual demuestra que la tolerancia con quienes disienten del Estado colombiano, y del régimen del presidente Uribe, es prácticamente nula. Esta amarga experiencia reciente, nos entrega una sólida base para pensar que este hecho, particularmente ocurriendo en un país como Colombia, signado por la violencia política, no es una coincidencia y que se trata, mas bien, de un acto de retaliación.

7. Este hecho, por lo demás, ocurre escasamente a una semana de que el vicepresidente Francisco Santos pidiera “disculpas” ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas por los casos de “falsos positivos” (ejecuciones “extra-judiciales” por parte del Ejército que luego son pasadas como “bajas en combate”). Apenas una semana transcurrió desde este Consejo que se expresó en duros términos ante la realidad colombiana, forzando las disculpas de Santos, y ya el Estado colombiano respondía con un nuevo acto de terrorismo en contra de los pueblos indígenas, burlándose de esta instancia internacional fiscalizadora de los derechos humanos.

8. Nos parece que el ofrecimiento de indemnizaciones que se apresura a hacer el Ministro Juan Manuel Santos representa una nueva burla al movimiento indígena y una falta de respeto a los familiares de Edwin Legarda. ¿Cree el ministro que un problema que es fundamentalmente político, pero también de justicia, se soluciona con un par de monedas? ¿Cree que se trata de asesinar dirigentes y luego callar la protesta con dinero? ¿Cree que los indígenas debieran estar agradecidos por los aires de “generosidad” con los que ofrece esta indemnización, como que fuera un favor? Sin lugar a dudas, este gobierno está demasiado acostumbrado a poner precio a las cabezas, a las manos amputadas, a las personas. Con los indígenas, sin embargo, se equivoca, pues han dado demasiadas muestras de dignidad en las recientes movilizaciones como para ser embaucados por tales ofrecimientos.

9. Apoyamos a las organizaciones indígenas, sociales y populares en su demanda para que haya justicia y castigo ejemplar en contra de los criminales que perpetraron este cobarde y vil asesinato. Pero nos asiste la triste certeza de que no existen garantías en Colombia para que haya ni una investigación cabal de los hechos, ni mucho menos justicia, más aún cuando vemos que esta semana 18 militares acusados de “falsos positivos” quedarán en libertad por razones técnicas y no por inocencia. Que la investigación quede en manos del Fiscal Mario Iguarán, quien se ha caracterizado por su ineficiencia en los casos de parapolítica, es una pésima señal. Creemos que este crimen, y tantos otros crímenes de Estado debieran igualmente ser investigados por la Corte Penal Internacional y por organismos internacionales que tengan una mayor imparcialidad.

10. De igual manera, creemos que hay responsabilidades políticas ineludibles tras este crimen: es hora de que el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos renuncie. Son demasiadas las arbitrariedades y violaciones que bajo su responsabilidad política han sido cometidas por el Ejército, siguiendo los lineamientos políticos por él dictados bajo las banderas de la Seguridad Democrática. Así mismo, creemos imprescindible emprender medidas concretas para avanzar en la desmilitarización de los territorios indígenas, única manera de evitar que situaciones como esta se vuelvan a repetir. Huelga decir que esta demanda ha sido exigida en vano por el movimiento indígena en las recientes movilizaciones.

11. Llevamos años pidiendo justicia antes innumerables crímenes sufridos por la población indígena, por los campesinos y por los trabajadores, y hemos chocado invariablemente con el muro de la impunidad; esperamos que las investigaciones que el ministerio de defensa ha dicho adelantará entreguen resultados pronto, y que no choquemos una vez más con este muro. Pero estas investigaciones son insuficientes: los pueblos no necesitan hermosos y completos informen cada vez que se les masacra, sino que queremos que se nos deje de asesinar. Por ello, creemos que la prioridad debe estar en las responsabilidades políticas y en avanzar en demandas como la desmilitarización, no solamente de los territorios indígenas, sino que de toda la política colombiana.

12. Apoyamos, por último, todas las movilizaciones que emprendan los pueblos indígenas colombianos en protesta por este brutal asesinato. La ilegitimidad de los métodos de este régimen, legitima toda forma de resistencia civil y popular.

Por el derecho a vivir libres, sin miedo, en paz y en pleno goce de una sociedad justa

Grupo Raíces (Grúpa Fréamhacha)
Dublín, Irlanda (Baile Átha Cliath, Éire)
17 de Diciembre del 2008