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Saturday October 25, 2008 06:39 by ONIC - ONIC
A pesar de la reiterada posición del Presidente Álvaro Uribe de no dialogar mientras no se levantara la movilización de los Pueblos, y no ceder a lo que él llama presiones, este domingo se sentaran frente a frente las Autoridades Indígenas con el Mandatario Nacional en la ciudad de Calí. De gobierno a gobierno. La María Piendamó, 20 de Octubre de 2008. Sr. Presidente de la República Dr. Álvaro Uribe Vélez. Al no encontrar soluciones verdaderas y duraderas a la grave problemática social y de derechos humanos, las comunidades participantes en la Minga Indígena de Resistencia Social y Comunitaria nuevamente le hacemos entrega de esta carta abierta, con el fin de concretar el debate público pendiente que desde hace 4 años usted prometió cuando marchamos hacia la ciudad de Cali. La siguiente es la agenda de trabajo. 1. VIOLACION AL DERECHO A LA VIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS. • El presidente de la República debe resarcir públicamente el buen nombre del CRIC, de las organizaciones sociales y de las personas respetables a quienes este gobierno ha señalado de terroristas y delincuentes, colocándolos en inminente riesgo. • Respeto y garantías a la libre movilización social como un derecho constitucional de los colombianos y colombianas. • El gobierno nacional debe reparar integralmente a las comunidades indígenas víctimas de la violencia de Estado, que para el caso del departamento del Cauca se cuentan la masacre del Naya ocurrida en el año 2001, la masacre del Nilo ocurrida en el ano de 1,991, la masacre de Gualanday y la masacre de San Pedro ocurridas en el año 2.000, muertos y heridos en los Rituales de Liberación de la Madre Tierra, la Cumbre Social de los Pueblos y de la Minga Social y Comunitaria. Así mismo para las víctimas de otros pueblos y organizaciones del país. • Asignación presupuestal y respeto a las iniciativas autónomas de protección establecidas en los territorios por las comunidades en el marco de sus Usos y Costumbres. • Exigimos el desmonte de las estrategias que vinculan a las comunidades en el conflicto social y armado, tales como el pago de recompensas, batallones de alta montaña, familias guarda bosques, erradicación manual de cultivos de uso ilícito que se desarrollan en el marco de la política de seguridad democrática y el plan Colombia. • Exigimos el cumplimiento del derecho internacional humanitario, el cual es violentado al instalar trincheras en medio de la población civil, utilizar a la población y las viviendas como escudo de guerra, bombardeos aéreos a la población civil, detenciones arbitrarias, ocupación de los sitios de asambleas permanentes y áreas civiles. • Atención y reparación integral a la población desplazada y garantías para su retorno. • Exigimos la salida negociada al conflicto social y armado, y el restablecimiento del acuerdo humanitario. • Exigimos el respeto a labor de la Corte Suprema de Justicia en el caso de investigación al proceso de la parapolitica. 2. AGRESION Y OCUPACIÓN TERRITORIAL. • Desmilitarización total e inmediata de los territorios indígenas. • Detener la entrega de concesiones en territorios indígenas a las transnacionales y multinacionales. • Detener las fumigaciones de cultivos de uso ilícitos en territorios indígenas, toda vez que afecta a la madre naturaleza y coloca en riesgo la vida. • Detener el fomento de proyectos destinados al monocultivo. Al contrario exigimos fortalecer los procesos de soberanía alimentaria y los procesos de conservación ambiental. • Adoptar y respetar el papel de las autoridades tradicionales como legitimas autoridades ambientales en los territorios indígenas. 3. ADOPTAR LA DECLARACIÓN DE LA ONU SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS • Mediante un acto jurídico el gobierno debe adoptar la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas declarada por la ONU. 4. LEGISLACION DEL DESPOJO QUE COLOCA EN RIESGO LA PERVIVENCIA DE LOS PUEBLOS. • Desmonte inmediato del Estatuto de Desarrollo Rural- ley 1152 de 200 que viola abiertamente el convenio 169 de la OIT, desconoce los derechos indígenas y de los campesinos y legaliza el robo de tierras hecho mediante la violencia. • Derogatoria de los decretos presidenciales: 616-2838, 616-2838, 1500 y 779. • Replanteamiento de legislación y de aplicación de la misma en los casos de ley 142 de 1.994, ley 1156 de 2007, estatuto minero, ordenamiento de cuencas. • Respeto constitucional de la consulta previa y de los derechos especiales de los pueblos indígenas y afrocolombianos en la aplicación de estas leyes y en la formulación de las nuevas. • El Presidente de la República debe explicar porque se ignoro completamente la consulta a los pueblos sobre el TLC, realizada por indígenas y sectores sociales, y abrir un debate nacional sobre su conveniencia e inconveniencia, para transmitir sus conclusiones al congreso de los Estados Unidos. • El presidente de la Republica debe garantizar el debate nacional y la consulta popular para la firma de tratados con otros con otros países y con la Unión Europea. 5. ACUERDOS INCUMPLIDOS CON ORGANIZACIONES Y MOVILIZACIONES SOCIALES. • El gobierno nacional debe cumplir de manera inmediata todos los acuerdos firmados entre la organización indígena, así como de las demás actores sociales y el Estado colombiano. Para que este tema sea operativo, se deben asignar de manera inmediata los recursos necesarios de acuerdo como lo establecen las comunidades. Para agilizar este tema, las comunidades han definido el método de trabajo que será socializado una vez se instale el debate. La presente agenda de trabajo será robustecida con las exigencias, propuestas e iniciativas de la población y los sectores que se vayan vinculando a la Minga nacional. Lo esperamos señor Presidente, su presencia es indelegable. Atentamente:
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