Los Falsos Positivos: los horrores de una guerra mediática

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Sunday October 12, 2008 10:36

by José Antonio Gutiérrez D.

El conflicto social y armado que azota a Colombia desde hace seis décadas, sufrió una extraordinaria transformación desde el ascenso de Uribe al poder en el 2002: desde entonces, el campo de batalla privilegiado dejó de estar en los campos colombianos o en sus montes, y pasó a estar en los medios informativos. Es por ello que se respira en los pasillos de la Casa de Nariño, una urgencia por “mostrar resultados”, por seguir la batalla mediática para demostrar que realmente el Estado colombiano, con un “macho” con los pantalones bien firmes a la cabeza, realmente está ganando esa guerra que parecía imposible de ganar. En ese afán por mostrar resultados, los medios por los cuales éstos se consiguen son secundarios: lo importante es el fiambre, la mano cortada, los cuerpos despedazados. Eso es lo que cuenta.

Los Falsos Positivos: los horrores de una guerra mediática

“Los Nadie, que cuestan menos que la bala que los mata”
(Eduardo Galeano)

El conflicto social y armado que azota a Colombia desde hace seis décadas, sufrió una extraordinaria transformación desde el ascenso de Uribe al poder en el 2002: desde entonces, el campo de batalla privilegiado dejó de estar en los campos colombianos o en sus montes, y pasó a estar en los medios informativos. La principal guerra que hoy se libra es mediática, y desde las pantallas televisivas o desde las ediciones de la prensa, el ministro de defensa Juan Manuel Santos, el general Montoya o Naranjo, y hasta el propio presidente Uribe, se encargan de transmitir a todo el país, cómo si se tratara de un macabro reality show, los últimos “golpes contundentes” a las guerrillas (principalmente a las FARC-EP) o se exhiben, con un morbo rayano en lo pornográfico, los insurgentes capturados o los cadáveres de los guerrilleros abatidos.

Es por ello que se respira en los pasillos de la Casa de Nariño, una urgencia por “mostrar resultados”, por seguir la batalla mediática para demostrar que realmente el Estado colombiano, con un “macho” con los pantalones bien firmes a la cabeza, realmente está ganando esa guerra que parecía imposible de ganar. Y para ganar esta guerra mediática, el Estado colombiano no se hace el angosto a la hora de gastar en propaganda: del presupuesto nacional del 2007, $12.800.000.000 se gastaron en propaganda, un 42% de lo cual fue succionado directamente por el Ministerio de Defensa para la propaganda belicista[1].

En ese afán por mostrar resultados, los medios por los cuales éstos se consiguen son secundarios: lo importante es el fiambre, la mano cortada, los cuerpos despedazados. Eso es lo que cuenta. Y es con ese fin que se ha establecido todo un sistema de estímulos para que la soldadesca se motive a entregar los ansiados resultados: ascensos, días libres, amen de la presión puesta por la exigencia de “cuotas de muertos” por parte de los altos mandos militares. La existencia de estas cuotas de muertos ha debido ser reconocida por el mismo Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos –aunque de la boca para afuera las critique como una situación “preocupante”, se sabe que es él mismo quien ha dado la venia y que nadie se ha saltado la cadena de mando castrense para establecer esta práctica[2].

Ese sistema de estímulos, en el marco de la estrategia de cooperación cívico-militar del actual gobierno, se ha traducido también en la creación de una extensa red de informantes (o “sapos” como se les llama coloquialmente) que colaboran con información a cambio de unos cuantos “pesitos” –que pueden ir de unos $5.000 por entregar un cilindro-bomba hasta muchos miles de millones por dar información sobre algún miembro del secretariado de las FARC-EP. Esto ha llevado a una degradación del conflicto al más puro estilo del Far West: el caso más repugnante fue el del guerrillero “alias Rojas”, que mató a su propia pareja sentimental y al miembro del secretariado de las FARC-EP Iván Ríos por la recompensa. Para dar prueba del asesinato, acudió al regimiento más cercano con una mano mutilada de Ríos...

Los civiles por las suculentas recompensas y los soldados por las posibilidades de hacer carrera, son de esta manera puyados para que apuren el tranco en esta fiebre de los “resultados”.

Falsos Positivos: a la caza de recompensas y beneficios

Es en este contexto en donde tiene que entenderse el fenómeno típicamente colombiano de los “falsos positivos”. Un concepto que a cualquiera que no esté familiarizado con la realidad colombiana le parece sencillamente un oximorón, pero que es en realidad una palabrita cuya sola mención hace que a cualquier campesino colombiano le den escalofríos.

En medicina, un falso positivo es cuando a alguien se le diagnostica de una enfermedad que no padece. En la jerga militar colombiana, un falso positivo, es algo similar: declarar un resultado positivo del Ejército a algo que no lo es. Puede ser el montaje de auto-atentados de los cuales culpan a las fuerzas insurgentes, puede ser la supuesta “frustración” de algún plan terrorista por parte del Ejército, puede ser culpar de una masacre cometida por terceros a las guerrillas, puede ser asesinar a civiles para luego presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate, puede ser algo tan “inocente” como una desmovilización masiva ficticia[3], en fin, la lista de posibilidades de falsos positivos es bastante larga y extensa.

Los fines que se persiguen con ello son múltiples. Algunas de las motivaciones de los falsos positivos son:

-Tender cortinas de humo para distraer la atención pública de situaciones escandalosas que involucren al gobierno o al Ejército;
-Buscar desacreditar y aislar a los insurgentes culpándolos de atrocidades que no han cometido;
-Obtener beneficios por parte de los militares (ascensos y días libres) o recompensas por parte de los “sapos” de la red de informantes (los cuales muchas veces comparten con sus socios en el Ejército);
-Cumplir con las metas impuestas por los mandos superiores so pena de castigos y maltrato físico;
-Inflar los resultados favorables al gobierno, como por ejemplo, decir que se ha dado de baja a tal número de guerrilleros en combate cuando no es verdad;
-Tratar de mostrar más eficiencia de la que realmente tiene el Ejército (por ejemplo, con los montajes de atentados “frustrados”);
-Deshacerse de elementos molestos de la oposición o del movimiento popular, sin necesidad de asumir directamente las consecuencias;
-Culpar de sus propios crímenes (o de los crímenes de sus aliados en la mafia paramilitar y narcotraficante) a los insurgentes;
-Aumentar la popularidad del Supremo Líder colombiano (Álvaro Uribe) por oposición a la satanización de la insurgencia;
-Un largo etcétera según las motivaciones políticas o personales del momento...

Los “falsos positivos” son también un espacio en donde se puede dar una efectiva “cooperación” cívico-militar. En la red de informantes, hay muchos que se ganan la vida “sapeando” y cuando no hay qué “sapear”, pues no ha faltado quien se ha puesto a inventar atentados o los han montado ellos mismos en complicidad con su oficial amigo. Al final, todo vale por unos cuantos pesos que se sacan de recompensa y que la comparten salomónicamente uniformados y no uniformados.

Auto-atentados y Montajes

No es raro que se atribuya a las fuerzas guerrilleras algo que no ha sido de su autoría; en realidad, se ha convertido en deporte nacional para los medios y autoridades colombianas salir a culpar a las FARC-EP a los tres segundos de ocurrido cualquier crimen en el país. Pero los casos de atentados atribuidos a la insurgencia y que han resultado ser de autoría del Ejército (como parte de esta guerra mediática) no son pocos. Y es que se sacan buenos dividendos políticos de los petardos. Los atentados han marcado las dos elecciones presidenciales del 2002 y del 2006 y, en ambos casos, han logrado polarizar la opinión pública a favor de Uribe.

Hay muchísimos casos donde se sospecha la participación de militares en atentados atribuidos a la insurgencia, tales como el atentado al club El Nogal (Febrero del 2003) el bombazo de la Escuela Superior de Guerra (Octubre del 2006) y más recientemente en los atentados de Ituango y Cali. Estos dos últimos atentados, ocurridos hace pocas semanas, ocurren en un contexto sumamente complicado para el régimen de Uribe y mientras en Cali, el objetivo del carro-bomba fueron las dependencias del Poder Judicial, con quien Uribe libra una batalla desde hace un año, en Ituango, el objetivo fue una comunidad que sectores de inteligencia del Ejército culpan de colaborar con la “guerrilla”[4]. Pese a que sobran razones para sospechar “falsos positivos” en un sinnúmero de atentados recientes, nos limitaremos a ilustrar esta práctica con algunos casos conocidos y comprobados judicialmente.

Tal es el caso del Carro-bomba en la Escuela José María Córdova (Barrio Gaitán, Bogotá), en el contexto de las elecciones presidenciales del 2006. Pese a que existen dudas sobre la participación del DAS en la preparación de los atentados de las elecciones del 2002, es en los atentados del 2006 donde ya se ha establecido la responsabilidad penal y se cuenta con bases sólidas e irrefutables para sostener que estos atentados fueron causados por el Ejército.

El 31 de Julio del 2006 estalló un carro bomba en Bogotá, en el barrio Gaitán, mientras pasaba un convoy militar. En la acción murió un reciclador y diez soldados resultaron heridos[5]. Como podía esperarse, la estridencia en contra de las FARC-EP fue inmediata[6]: “narco-terroristas”, “asesinos”, “pobre reciclador”, etc. Y la popularidad de Uribe se disparaba mientras juraba venganza y mano dura. En esas semanas también se encontraron una serie de explosivos, carros bombas, camiones bombas, hasta una casa bomba, con lo cual el Ejército aparecía ante los medios dando la imagen de una eficiencia que jamás han tenido para evitar atentados. Pero esto no eran más que auto-atentados. Los informantes recibían el dinero por la información, y luego se lo repartían con los soldados que hacían los operativos; incluso, el mismo hombre que abandonó un carro-bomba se presentó luego a cobrar la recompensa por la información que permitió “evitar” este atentado “terrorista”[7]. Es que las recompensas son jugosas: en el caso del carro-bomba de la Escuela José María Córdova, la recompensa era de U$400.000 para quien diera “información” que permitiera capturar a los farianos que, indudablemente, estarían detrás de este bárbaro hecho[8]...

Sin embargo, algunos meses más tarde, cuatro soldados de la XIII Brigada y una informante, eran capturados por ser ellos los verdaderos autores de este atentado y de los montajes de atentados fallidos[9]. Para entonces, Álvaro Uribe ya había sido elegido presidente y la verdad no alteraría este hecho consumado: los autoatentados habían logrado su propósito que no era otro sino enrarecer el ambiente, crear una histeria colectiva, una polarización que favoreciera a Álvaro Uribe como el candidato de la contra-insurgencia.

Algunos otros auto-atentados... haciendo memoria

La memoria en Colombia es frágil. Esto quizás se deba a que las atrocidades se suceden tan de prisa, que cuando aún no se termina uno de secar las lágrimas por una masacre, ya han ocurrido tres más. Esta es una de las razones por las cuales muchos de los “falsos positivos” caen rápidamente en el olvido: nuevos titulares más sangrientos y la propaganda gubernamental se encargarán del resto. Si bien en la era de Uribe los autoatentados se han convertido en una verdadera moda, en realidad no es algo tan novedosos como parecería. Para que se vea que el tema de los autoatentados no es cuento nuevo, reproduzco una lista publicada en El Espectador, periódico que de ninguna manera podemos considerar como de izquierdas y que públicamente ha apoyado al régimen de Uribe. El artículo se titula “Los montajes militares de atentados confirmados por la Fiscalía” y apareció en Septiembre del 2006, en el contexto del arresto de los militares de la XIII Brigada por las bombas del barrio Gaitán ya mencionadas. Mencionan los siguientes casos:

§ Noviembre 1988. En Segovia (Antioquia), un grupo armado incursionó en la población y asesinó a casi medio centenar de personas. Un oficial de la Policía, en directo y a través de la radio, fingió ser producto de un ataque guerrillero. La justicia confirmó que fue un montaje y que los agresores fueron paramilitares.

§ Julio 1989. La XIII Brigada del Ejército informó sobre la muerte de cuatro presuntos miembros de un grupo de justicia privada, durante un enfrentamiento en el edificio Altos del Portal en Bogotá. El caso resultó ser un montaje de algunos militares involucrados con el narcotráfico.

§ Agosto 1989. Cuatro días después del asesinato de Luis Carlos Galán, el F-2 de la Policía capturó en Bogotá a cinco personas, a quienes sindicó del magnicidio. El grupo, encabezado por Hubis Hazbum duró cinco años en prisión. Después se constató que fue un montaje. Los verdaderos asesinos no tuvieron castigo.

§ Octubre 1995. En pleno escándalo del proceso 8000, se conoció una cinta magnetofónica en la que el investigador del presidente Samper, Heyne Mogollón, trataba de acomodar su versión por el supuesto desvío de un crédito agropecuario con el gerente de un banco. El tema resultó ser un montaje de inteligencia militar.

§ Diciembre 1997. La policía antinarcóticos anunció que el entonces secretario de gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno Villa, importaba insumos químicos desde China y se los vendía a paramilitares del Urabá. La justicia pudo aclarar que fue un montaje sin pruebas para desacreditar al ex funcionario público.

§ Octubre 1998. En Bogotá fue secuestrado el industrial Benjamín Khoudary. Cuatro meses después fue encontrado su cadáver. Inicialmente se habló de un plagio de la guerrilla, pero la justicia comprobó que un grupo de militares de la XIII Brigada, encabezado por el coronel Jorge Plazas, hizo parte del plan criminal.

§ Julio 2002. El DAS capturó al abogado Javier Carvajalino, a quien se acusó de ser el cerebro de un plan para estrellar un avión contra la Casa de Nariño o el Congreso de la República. 127 días después la Fiscalía lo absolvió tras advertir que fue un montaje de inteligencia organizado con un falso informante.

§ Noviembre 2003. En Cajamarca (Tolima), en un operativo del Ejército murieron cinco personas presentadas como guerrilleros. Esta semana trascendió que un capitán de la VI Brigada promovió un montaje para no reconocer que eran campesinos y que hubo un "pacto de sangre" para que nadie dijera la verdad.

§ Junio 2005. El ex director del DAS en el Atlántico, Emilio Vence Zabaleta, fue capturado por la Fiscalía General de la Nación tras conocerse que hizo parte de tres montajes de igual número de supuestos atentados contra el presidente Álvaro Uribe Vélez.

§ Septiembre 2006. Un grupo de militares de la XIII Brigada resulta involucrado en montajes de supuestos atentados en la antesala de la posesión del presidente Uribe Vélez.[10]

Masacres y el “tape-tape”

Otra variante de los falsos positivos es cuando se atribuye a las fuerzas insurgentes masacres o crímenes en los cuales no tienen nada que ver. Esto sirve al doble propósito de satanizar la insurgencia, a la vez que distraer la atención pública de los verdaderos autores. Recientemente, por ejemplo, en El Tambo, en Cauca, una decena de campesinos fueron baleados e inmediatamente se culpó al ELN; de hecho, hasta el vicepresidente Francisco Santos salió a culparlos. Finalmente, esto quedó en nada, y silenciosamente resultó ser esta una masacre de los paramilitares “emergentes” Los Rastrojos[11].

Algo parecido ocurrió con la masacre de Jamundí, ocurrida en esa localidad (en Valle del Cauca) el día 21 de Mayo del 2006, cuando ocurrió un ataque de militares coludidos con el narcotráfico para acabar quizás la única unidad del cuerpo anti-narcóticos de la policía judicial (DIJIN) que cumplía eficientemente su trabajo. Primeras versiones hablaron de que los militares confundieron al a unidad de la DIJIN con un batallón fariano, resultando en esta operación militar, 8 policías de élite asesinados. Aunque no se culpó a las FARC-EP directamente, indirectamente sí se utilizó esta “excusa” para encubrir el crimen como un “error”. Finalmente, se estableció que los soldados estaban a sueldo de los carteles de droga y que sabían muy bien donde estaban metiendo el plomo[12].

El caso más grotesco de esta práctica de “tapar” los crímenes de terceros con la insurgencia, fue el de la Masacre de San José de Apartadó, en Antioquia: en Febrero del 2005, donde 60 paramilitares, con la complicidad de militares de la XVII Brigada masacraron vilmente a ocho personas, incluidos tres menores de edad, uno de 11 años, otro de 5 años, y otro apenas de 21 meses de edad, los cuales fueron degollados y desmembrados, para luego ser arrojados a una fosa común[13]. Los niños fueron asesinados con el mayor sadismo, propio del paramilitarismo que se ensaña con los hijos de sus víctimas, degollados con machete frente a sus padres, según el testimonio de los paramilitares:

"Los niños estaban debajo de la cama. La niña era muy simpática, de unos 5 ó 6 años y el peladito también era curiosito (...) Propusimos a los comandantes dejarlos en una casa vecina pero dijeron que eran una amenaza, que se volverían guerrilleros en el futuro (...) 'Cobra' tomó a la niña del cabello y le pasó el machete por la garganta (...) el padre de la niña degollada les suplicaba de rodillas que no mataran a los menores". Además contó (ed, el paramilitar) cómo la niña creyó que se trataba de un paseo y le guardó a su hermanito una muda de ropa para el viaje. "Le decía adiós con la manito"" [14]

El gobierno, con Uribe mismo a la cabeza, montó un espectáculo con “desmovilizado” fariano incluido, en el que se afirmaba hasta el cansancio que las víctimas habían sido masacradas por las FARC-EP[15], en una entrevista-montaje ampliamente difundida[16]. El Ejército públicamente desmentía cualquier participación en el hecho, y también echaba toda la culpa sobre las FARC-EP[17]. Sin embargo, las investigaciones concluyeron que la responsabilidad era de paramilitares con la connivencia de la XVII Brigada del Ejército: hasta la fecha, 15 militares han sido apresados[18].

Ejecuciones Extra-Judiciales

Pero los “falsos positivos” no son solamente, como hemos dicho, montajes de atentados (frustrados o llevados a efecto) o mentiras para responsabilizar a los grupos insurgentes de masacres cometidas por otros actores. De hecho, la manera más frecuente en que este término se usa, es con los centenares de casos de campesinos desprevenidos que han sido asesinados por el ejército y luego presentados como guerrilleros dados de baja en combate, a fin de cobrar de esta manera beneficios y, de paso, dar los “resultados” que tanto exigen sus superiores. ¡A veces, estos beneficios pueden ser tan sólo 5 días de descanso por guerrillero muerto, como ha sido denunciado por un ex-suboficial de la Brigada Móvil XV (Ocaña, Norte de Santander)![19]

Esto es algo que desde que Uribe está en el poder se ha vuelto una práctica rutinaria: el Washington Post puso el toque de alarma a principios de año, al denunciar que, desde mediados del 2002 hasta mediados del 2007, se registraron unos 955 casos de ejecuciones extrajudiciales a manos del Ejército. Y las cifras suman y siguen... Como denunciaba este periódico, “los civiles son tomados, ejecutados y vestidos con uniforme de manera tal que pueden reclamar los cuerpos como guerrilleros muertos”. Algunas unidades militares, incluso, “portan ‘kits’ que incluyen granadas y pistolas que pueden ser plantadas cerca de los cuerpos”[20].

Como hemos dicho, las cifras suman y siguen: hasta la fecha se sabe de unos 1015 casos denunciados desde el 2002[21], cuando Álvaro Uribe asume la presidencia, pero la cifra debe ser mucho más alta, si tomamos en consideración que hay una subrepresentación de las denuncias, ya que muchos familiares sienten demasiado miedo para denunciar y saben que las probabilidades de impunidad son extremadamente altas como para siquiera molestarse en poner la denuncia.

Recientemente, han salido a la luz casos atroces, como el caso de, al menos, 46 muchachos de diversos puntos del país que fueron encontrados en fosas en Ocaña (Norte Santander), dados, supuestamente, de baja en combate por el Ejército[22]. 23 de estos muchachos eran provenientes de Soacha y Ciudad Bolívar, sectores populares de la capital. Primero, se dijo que los muchachos habían sido reclutados y luego asesinados por las FARC-EP en acciones disciplinarias. Luego, se descubrió que el Ejército ya los había declarado como muertos en combate, y se desprendió que el tiempo pasado entre su desaparición y su asesinato era demasiado breve, de tan sólo un par de díás, como para que hayan sido reclutados, entrenados y mandados a combatir por parte de algún grupo insurgente[23].

Hoy hay mucha confusión respecto a qué fue lo que pasó: lo cierto, es que todos los dardos apuntan al Ejército, y específicamente, a la Brigada 30, comandada por el general Paulino Coronado, la cual ya había sido denunciada en otras ocasiones por ejecuciones extrajudiciales, incluso de una persona con problemas mentales[24]. Al parecer, los secuestraron con la ayuda de la banda paramilitar Águilas Negras[25], según ciertas versiones, fingiendo reclutamiento a grupos “irregulares”, según otras versiones, habiéndoles ofrecido trabajo en otros lugares del país. Muchas de las madres de los muchachos dicen que antes de desaparecer habían comentado que les saldría algún trabajo fuera de su localidad[26].

Este caso ha producido conmoción en Colombia, precisamente, porque cada vez se hace más evidente que esto se ha convertido en una práctica sistemática por parte del Ejército, y no han faltado las voces que han denunciado limpieza social. En el parlamento, de hecho, se ha denunciado recientemente el caso de 155 jóvenes ejecutados de esta misma manera[27].

Este modus operandi (secuestrar mediante el ofrecimiento de trabajos fuera de la zona de origen) para buscar candidatos a víctima de falsos positivos, tiene antecedentes: en marzo del 2006 los jóvenes Daladier Herrera y Omar Alfredo Osorio, de Córdoba, recibieron ofertas de trabajo en fincas de ese departamento cuando en realidad, estaban siendo reclutados para ser convertidos en víctimas de un “falso positivo”. Y eran los candidatos perfectos, nada más que por ser campesinos pobres, cuya vida tiene menos valor que las balas que les matan. Fueron llevados a Montería, donde fueron asesinados por el Ejército y disfrazados de guerrilleros dados de baja en combate. Hoy, hay 12 militares procesados por este horrendo crimen[28].

Más baratos que las balas que les matan...

En este afán de los resultados, no solamente se asesina a la verdad, sino que con ella muere toda consideración ética y uno que otro ser humano. Muerto sin que siquiera le dieran el tiempo para entender por qué lo mataban. Sencillamente, por el crimen de ser campesino, de ser pobre. La mentira que impera como regla de conducta en las altas esferas del gobierno colombiano, sirve de mortaja para esta tragedia que se vive en miles de hogares populares. No es por nada que el 89% de los periodistas no creen en los informes militares del gobierno, según encuesta realizada por el Observatorio de Medios de la Universidad de la Sabana[29]. A los familiares de las víctimas no les basta sencillamente con no creer: necesitan saber la verdad. Pero a muchas familias aún el miedo les impide exigirla. Pero el miedo que ha impuesto el terror paramilitar y su aliado en el gobierno se va erosionando. Y las voces que hoy reclaman, no solamente la verdad, sino que la justicia y que expresan su repugnancia por este sistema de traficantes de la muerte, se multiplican por todo el territorio colombiano. Y solamente esta marea humana es la que puede desmantelar el aparato terrorista del Estado. Muchos en la izquierda ponen todas sus esperanzas en la intervención de organismos humanitarios internacionales, y aunque estos indudablemente tengan un rol que jugar en la lucha por la verdad y la justicia, las tareas políticas, de fondo, solamente pueden ser realizadas por el pueblo. Y ya hay signos por doquier de que el pueblo despierta, pierde el miedo y amenaza con convertirse en una arrolladora avalancha...

José Antonio Gutiérrez D.
11 de Octubre del 2008

Los Falsos Positivos: los horrores de una guerra mediática

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Falsos Positivos: a la caza de recompensas y beneficios

Auto-atentados y Montajes

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Ejecuciones Extra-Judiciales

Más baratos que las balas que les matan...

José Antonio Gutiérrez D. 11 de Octubre del 2008

José Antonio Gutiérrez D.
11 de Octubre del 2008