El tinglado está listo

venezuela/colombia | anti-fascism | non anarchist press Saturday October 11, 2008 15:04 by Sergio Otálora Montenegro - El Espectador

ERA EL CENTAVO QUE FALTABA PARA el peso: decretar la conmoción interior con la excusa de un paro judicial. Las motivaciones de semejante medida pintan a Colombia como un país con una justicia operante, que de pronto se ve obstaculizada en su funcionamiento ejemplar por un puñado de jueces y funcionarios politizados, buscapleitos, testarudos, que actúan, además, de manera ilegal.

El presidente Uribe saca de su cubilete unas cifras descomunales: 120 mil 751 procesos que no se han fallado, dice; 25 mil 284 audiencias que no se realizaron, informa, “esto le causa al país una tragedia”, anuncia con rictus severo. En el paraíso de la impunidad, este tono de indignación, por parte de un gobierno indolente, resulta por lo menos grotesco.

Y paradójico, cuando el mismo que ahora se presenta como defensor implacable de las instituciones, busca sabotear la ley de víctimas presentada en el Congreso, que tiene el fin, precisamente, de hacer justicia, reparar de manera integral a aquellos que han sufrido en carne propia el drama del conflicto armado.

Uno de los puntos clave de la contrapropuesta oficial es que el Gobierno no reconocería sus propias faltas, por desapariciones forzadas o asesinatos de civiles inermes. ¿La razón? Los únicos que violan los derechos humanos en Colombia, o vulneran el derecho internacional humanitario, son los particulares, los grupos al margen de la ley. El Estado, a menos que sea vencido en juicio, no tendría por qué reconocer nada. Mejor dicho: para esta administración, los cientos de testimonios y pruebas que vinculan, desde hace más de veinte años, a miembros de las Fuerzas Armadas con los paramilitares, y que los acusan de crímenes de lesa humanidad, son puro cuento.

Obvio: si lo que existe es una amenaza terrorista contra las instituciones y la sociedad en general, y no un conflicto armado endémico, mal puede el Ejecutivo hacerse responsable de actos que, por el contrario, lo ponen en el mismo terreno de las víctimas.

En ese argumento cargado de cinismo, es donde se encuentra, precisamente, el motor de la impunidad: desconocer por completo las profundas responsabilidades del Estado y sus agentes, por acción u omisión, en una cadena infinita de crímenes que han sido denunciados ante la justicia sin que haya habido condenas sustanciales. Es la lógica que ha impedido que se desmonte esa estructura de complicidades entre mandos militares y escuadrones de la muerte, y es la misma racionalidad que ha vuelto inoperantes a los organismos de control y al sistema judicial a la hora de juzgar a los acusados, cuando los hay.

Ahora, con una cara de palo aterradora, salen con el viejo expediente de decretar medidas de excepción (antes de la Constitución del 91, se recurría al estado de sitio permanente) para conjurar un conflicto laboral. El argumento es que se ha paralizado la justicia y, por lo tanto, se ha puesto en peligro la estabilidad de la República. ¿Por Dios, cuándo ha sido operante? Los jueces trabajan con las uñas; cuando cumplen a cabalidad con su misión, los persiguen o asesinan. O los atacan y los ponen en entredicho, como a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Era el centavo que faltaba para el peso: ya tenemos seguridad democrática, que es, en lo esencial, bala sin más pretextos. Ya se están dando las condiciones para perpetuar en el poder a Uribe o a sus conmilitones. Ahora, bajo el rigor de la conmoción interior, se “resuelve” por decreto una huelga, aunque se deja constancia de que se “mantiene la voluntad de diálogo”. El tinglado está listo para poner en marcha el autoritarismo más cerrero con fachada de legalidad.